Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado ponente
STP12334-2021
Radicación n° 118845
Acta 233.
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
ASUNTO
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el accionante SET BENAVIDES CANTILLO, frente a la decisión proferida el 5 de agosto del presente año, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, por medio de la cual, negó el amparo de las garantías fundamental al debido proceso, a la defensa, la propiedad privada y el principio de buena fe, presuntamente vulneradas por los Juzgados Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, trámite al que fueron vinculados, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, el Banco Davivienda y las partes e intervinientes en el proceso penal fundamento de la acción de tutela1.
ANTECEDENTES
Los sucesos y pretensiones que motivaron la solicitud de amparo fueron reseñados por el A quo constitucional, de la forma como sigue:
II.- DE LOS HECHOS
Los expone el accionante en la demanda de tutela de la siguiente
manera:
PRIMERO. Soy propietario del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliario No. 190-60311 y código catastral No. 20001010410630003000 adquirido mediante compraventa realizada con la señora YALILE CALDERON PRADA en el año 2011 siendo registrada la compraventa en la oficina de instrumentos públicos de Valledupar, como consta en la anotación No. 12 de 27 de octubre de 2011 del Certificado de Tradición y Libertad del inmueble.
SEGUNDO. El inmueble lo adquirí en obra gris por un valor de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS 160.000.000 M/c, correspondiéndome la transición a “obra blanca”. Para la compra del inmueble solicité crédito hipotecario a Davivienda S.A en Valledupar, Cesar, quienes la aprobaron el 13 de octubre de 2011 y realizaron el estudio de títulos con la ayuda de uno de sus abogados dando aprobación y visto bueno para la compra del bien.
TERCERO. Una vez realizada la compra, se registró hipoteca como consta en la anotación No. 14 del 27 de octubre de 2011 en favor del banco DAVIVIENDA S.A. y una afectación de vivienda Familiar como consta en la anotación No. 13 del 27 de octubre de 2011, con el propósito de garantizar una vivienda a mis 3 hijos, de los cuales 2 de ellos continúan siendo menores de edad.
CUARTO. Por lo antes dicho, llevo más de Nueve (9) años y medio pagando impuestos del inmueble, así como el crédito hipotecario a Davivienda S.A. y ejerciendo actos de señor y dueño de manera pública, legal y transparente, configurándose la prescripción adquisitiva de en su modalidad ordinaria.
QUINTO. Me enteré de la existencia de un proceso penal en el que es objeto mi inmueble, sin embargo, nunca he sido llamado para ser escuchado por parte de la administración de justicia, se ha omitido mi participación para aportar las pruebas necesarias que lleven al juez más allá de toda duda que la propiedad la adquirí de manera legal, usando crédito hipotecario con DAVIVIENDA S.A, quienes realizaron el estudio de títulos a través de un abogado designado por la entidad bancaria, con título de compraventa la cual fue perfeccionada mediante la escritura No. 2762 del 21 de octubre de 2011 y la inscripción posterior en la Oficina de instrumentos Público de Valledupar, Cesar bajo la anotación No. 012.
SEXTO. Radiqué el día 25 de septiembre de 2019 solicitud ante la fiscalía octava seccional Valledupar con el fin de que me incluyeran dentro del proceso como víctima. A lo que respondió el día 21 de octubre de 2019 mediante oficio No. 20510411-02-08-1351 diciendo que la calidad de víctima se adquiere previa solicitud de la Fiscalía y decreto del juez en la audiencia de formulación de acusación, y que me avisarían con antelación a la realización de dicha audiencia con el fin de aportar las pruebas necesarias y que tenga en mi poder.
SÉPTIMO. El día 29 de noviembre de 2019 se realizó la anotación No. 015 en el registro de instrumentos públicos del inmueble mencionado, en el que se indica que el JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR impuso mediante oficio 3404 del 22 de noviembre de 2019 la medida cautelar de PROHIBICIÓN JUDICIAL DEL PODER DISPOSITIVO.
OCTAVO. La medida cautelar se impuso sin siquiera informarme previamente teniendo en cuenta que se involucra mi inmueble en hechos pasados que desconozco y por ende, me han excluido del debate jurídico probatorio. Sin olvidar que llegué al conocimiento de dicha medida cautelar al consultar el certificado de tradición y libertad del inmueble a través de Internet el día 16 de abril de 2021.
NOVENO. Los días 16 de abril de 2021 y 20 de abril del mismo año envié al correo del juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Valledupar, desde la dirección electrónica ediset09@igmail.com, correo con archivos adjuntos solicitando el reconocimiento como víctima y acceso al expediente toda vez que están perjudicando mis derechos fundamentales e intereses, sin embargo, pasados más de un mes, no me dieron respuesta.
DÉCIMO. En vista de la falta de respuesta, el día 12 de julio del mismo año envié nuevamente la solicitud al juzgado cuarto penal municipal, obteniendo como resultado, un correo de respuesta del citador del centro de servicios IVAN COTES MENDEZ con tres archivos adjuntados correspondientes al proceso Rad. 2000160-01.231-2011-02145 identificados así: COME0221.pdf, ACTA CONSTANCIA DE REMISIÓN CU1 2011-0214500. docx y 2011-02145 SD.pdf.
DÉCIMO PRIMERO. En los archivos recibidos se observa que el imputado es el señor LEONARDO ENRIQUE RUEDA MANJARREZ quien aceptó cargos en audiencia de imputación y le resta la realización de audiencia de allanamiento, la cuál ha sido reprogramada para el día 31 de agosto.
DÉCIMO SEGUNDO. Dentro del escrito de acusación se encuentra mi nombre en la casilla de víctima 2, sin embargo, no me han llamado, notificado, dado a conocer el expediente que inició en el 2019 y hasta el día 12 de 2021 he tenido acceso a unos archivos correspondientes a este. Siendo infructuosos los intentos por ser reconocido como víctima ante el silencio del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, hecho que tampoco permite mi acceso a todo el expediente del proceso Rad. 20001-60-01231-2011-02145 o tener certeza de que los archivos recibidos corresponden a la totalidad del expediente.
DÉCIMO TERCERO. No obstante, la falta de llamado a mi persona dentro del proceso como propietario, habiendo adquirido el inmueble mediante justo título y creyendo que como el banco DAVIVIENDA S.A. realizó el estudio de títulos con sus abogados y aprobó la compra, la tradición era válida sin saber que con posterioridad me encontraría en esta circunstancia en donde se ha vulnerado mi propiedad al encontrarse limitado el poder dispositivo sobre dicho inmueble.
III.- PRETENSIONES
Con fundamento en los hechos expuestos en precedencia, la accionante solicita que el Juez de tutela le ampare los derechos fundamentales que considera vulnerados y en consecuencia se ordene:
3.1.- Al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, el levantamiento de la medida cautelar impuesta mediante oficio 3404 del 22 de noviembre de 2019 la medida cautelar de PROHIBICIÓN JUDICIAL DEL PODER DISPOSITIVO sobre el inmueble con matrícula inmobiliario No. 190-60311 y código catastral No. 20001010410630003000, así mismo sea escuchado dentro del proceso para indicar la forma en que adquirió el inmueble.
3.2.- Al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, que vincule a Davivienda a la investigación penal con el fin de que informe el procedimiento que realizó para el estudio de los títulos de la vivienda de su propiedad y se determinen los presuntos responsables del yerro que lo indujo a error sobre dicho bien y el procedimiento que realizó para conceder el crédito con el que se adquirió el precitado bien, igualmente que el referido juzgado lo reconozca como tercero poseedor de buena fe.
3.3.- Que se ordene el decreto de la propiedad del inmueble a su
favor, al configurarse la prescripción adquisitiva de dominio en su modalidad ordinaria.
FALLO RECURRIDO
La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar negó el amparo por tratarse de un proceso en curso, siendo en la audiencia de verificación de allanamiento donde el accionante puede formular sus postulaciones; máxime que, la definición de fondo frente al inmueble, serán motivo de pronunciamiento en la sentencia que haya de emitirse.
En lo referente a la audiencia de suspensión del poder dispositivo consideró que la decisión se ajustó al ordenamiento jurídico y fue emitida por el juez competente con miras a evitar perjuicios irremediables a los involucrados en la litis y terceros.
DE LA IMPUGNACIÓN
El accionante reitera con argumentos contenidos en la demanda de tutela.
Destacó en especial que, primera instancia, parte de un hecho equivocado, esto es, que él tiene conocimiento del proceso, cuando lo cierto es que, solo con ocasión de la tutela fue citado por el juzgado de conocimiento a la audiencia de verificación del allanamiento e incluso, al parecer las copias que le fueron entregadas no corresponden a la totalidad del expediente.
Manifestó su percepción de “abandono” por parte de la Fiscalía, pues la única información que ha recibido de ésta es que, la calidad de víctima es reconocida en la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, no le informó sobre la decisión de suspensión del poder dispositivo, ni que, en el proceso podía terminar con antelación.
Insistió en la postulación de afectación del derecho al debido proceso, por no haber sido convocado a la audiencia de suspensión del poder dispositivo, pese al interés que le asistía; derecho que resaltó, si se le garantizó plenamente a la otra víctima.
CONSIDERACIONES
De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la impugnación instaurada contra el fallo de tutela emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.
En el presente asunto, el problema jurídico se contrae a resolver la impugnación interpuesta por el accionante, contra el fallo de primera instancia emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, que declaró improcedente el amparo de los derechos presuntamente quebrantados por los Juzgados Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esa ciudad, al considerar que las presuntas irregularidades alegadas dentro del proceso adelantado contra Leonardo Enrique Rueda Monjarrez donde SET BENAVIDES CANTILLO ostenta la condición de víctima.
Son tres los escenarios jurídicos propuestos por el accionante, en los que el accionante insiste en la impugnación, que serán abordados de manera separada. Corresponde a los siguientes:
El primero, corresponde a que, pese a figurar en el certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 190-60311, como el actual propietario del inmueble, no fue convocado a la audiencia celebrada el 29 de julio de 2019 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, donde, entre otras, se decretó la suspensión del poder dispositivo de dicho bien.
El segundo, corresponde al hecho de que, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, no lo ha convocado, pese a ostentar la condición de víctima, a las sesiones que ha fijado para la celebración de la audiencia de verificación del allanamiento al que se acogió el procesado -Leonardo Enrique Rueda Manjarrez, siendo que, la Fiscalía Octava Seccional de esa ciudad, le indicó que era ante ese despacho que debía fijar sus postulaciones como víctima.
El tercero, tiene que ver con la expedición de las copias del proceso, básicamente refiere el accionante que, que si bien le fueron entregadas algunas -que anexa a la demanda de tutela- tiene la percepción de que no corresponden a la totalidad del expediente.
De la audiencia de suspensión del poder dispositivo
A partir de los documentos aportados por el accionante y algunos intervinientes, es un hecho cierto que, el 29 de julio de 2019, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, se llevaron a cabo las audiencias de: i) formulación de imputación, ii) suspensión del poder dispositivo y iii) medida de aseguramiento, última de la cual, la fiscalía desistió.
A dichas audiencias comparecieron, la fiscalía, la defensa y el apoderado de otra víctima María Teresa Viloria de Armas, abogado Jairo Alberto Maldonado Martínez, persona que presentó la noticia criminal.
Sin embargo, no sucede igual en torno a la audiencia de suspensión del poder dispositivo, en la medida que, a la misma debía estar convocada no solamente aquella que formuló la noticia criminal, sino las demás víctimas o personas que pudieran verse afectados.
Una sencilla verificación del certificado de tradición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria n° 190-60311, permitían verificar que SET BENAVIDES CANTILLO es la persona que figura como actual titular del derecho real de dominio, quien, a su vez, constituyó una hipoteca con el Banco Davivienda, entidad bancaria que le otorgó el crédito para su adquisición de dicho bien.
Luego, claramente, debió convocársele a dicha diligencia, no solamente porque, en últimas, la medida afectaba directamente a dicho ciudadano, sino porque, de acuerdo con el contenido del escrito de acusación presentado por la fiscalía el 21 de octubre de 2019, SET BENAVIDES CANTILLO también ostentaba la condición de víctima.
Ahora, si bien, es importante puntualizar que, de acuerdo con lo informado por el accionante en la demanda de tutela, desde el año 2019 tenía conocimiento de la existencia, lo cierto es que, cuando indagó a la fiscalía sobre la actuación ésta, en un oficio del 21 de octubre de 2019, le indicó que en el escrito de acusación fue incluido como víctima y que era ante juzgado de conocimiento en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, de cuya fecha sería informado, donde debía presentar los documentos que acreditaban esa condición.
Sin embargo, ante la ausencia de alguna citación, elevó petición de expedición de copia del expediente ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal Con Funciones de Control de Valledupar, quien solamente le indicó no tenerlo y precisó que su actuación se limitó a llevar las audiencias de formulación de imputación y suspensión del poder dispositivo.
No obstante, lo cierto es que, finalmente el centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de esa ciudad, el 12 de julio del año en curso, le expidió copia de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación, momento en que, se percató que no había sido convocado a la audiencia de suspensión dispositivo celebrada el 29 de julio de 2019 y que, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, no lo había citado a las fechas dispuestas para llevar a cabo audiencia de verificación del allanamiento, que para la fecha de presentación de la tutela, aún no había tenido lugar..
Ello para señalar que, aun cuando desde el 29 de julio de 2019 a la fecha, han transcurrido 2 años, lo cierto es que, en estricto sentido, solo hasta el 12 de julio del año en curso, fecha en que el centro de servicios judiciales expidió las copias solicitadas, el accionante conoció con exactitud lo sucedido dentro de ese asunto.
Lo anterior, sumado al hecho de que, precisamente de acuerdo con los documentos aportados por el accionante y la intervención del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar -despacho de conocimiento- finalmente, no se ha llevado a cabo la audiencia de verificación del allanamiento parcial, es decir, la medida de afectación del inmueble vigente es la de suspensión del poder dispositivo.
En el anterior contexto, en torno a este punto, se concederá el amparo del derecho al debido proceso de SET BENAVIDES CANTILLO y en tal virtud, se dejará sin efecto la audiencia de suspensión de poder dispositivo celebrada el 29 de julio del año en curso, manteniendo incólume la de formulación de imputación celebrada en la misma data.
En tal virtud, se ordenará al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar que, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, convoque la celebración de audiencia de suspensión del poder dispositivo, que deberá fijarse para los diez (10) días siguientes al plazo inicial.
Para el efecto, deberá garantizarse el llamado de SET BENAVIDES CANTILLO y las demás partes e intervinientes que puedan interés en la actuación, incluido el Banco Davivienda, en favor de quien dicho ciudadano constituyó una hipoteca.
De la no citación por parte del juzgado de conocimiento
Respecto de este punto, se dirá que, de acuerdo con los documentos aportados a la demanda de tutela y la intervención del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar, en efecto, dicha autoridad judicial no había citado a SET BENAVIDES CANTILLO a las diferentes fechas que ha fijado para la celebración de la audiencia de verificación del allanamiento a cargos, desde octubre de 2019, sin que haya podido llevarse a cabo por diferentes razones.
Luego, en principio, asistía razón al accionante en predicar la vulneración de garantías fundamentales, pues, en efecto, no había sido llamado al proceso, pese a que, como mencionara con anticipación, la fiscalía lo incluyó como víctima, habiendo aportado incluso sus datos de notificación.
Sin embargo, esta situación fue superada durante el trámite de primera instancia, pues, con ocasión de la interposición de la acción de tutela emitió auto del 29 de julio del año en curso, donde dispuso expresamente la citación de SET BENAVIDES CANTILLO.
Por manera que, en las actuales condiciones resultaría inane una orden.
Ahora, es importante destacar que, las omisiones en que incurrió el juzgado de conocimiento en la citación del accionante no ha generado ninguna afectación material de las garantías del actor, dado que, finalmente, las sesiones de audiencia convocadas con anterioridad no se realizaron y de acuerdo con la información contenida en la página web de la Rama Judicial2, respecto de la cual, existe un deber de actualización, hasta el momento, no se ha llevado a cabo la misma.
Sobre esa misma base, es importante destacar al accionante que, como indicó el A-quo al tratarse de un proceso en curso, sus postulaciones derivadas de su condición de víctima deben ser presentadas ante el juez de conocimiento.
Se le ilustra además que, en caso no poder concurrir ante las autoridades judiciales a través de abogado privado, existe la posibilidad de que, de no contar con recursos económicos, solicitar asistencia por parte de la Defensoría del Pueblo.
De la expedición de las copias
Frente a este punto, se dirá que, de acuerdo con la propia información suministrada por el accionante, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Valldupar entregó a SET BENAVIDES CANTILLO fotocopia de lo actuado dentro del proceso fundamento de la acción de tutela, a partir de la audiencia de formulación de imputación y son éstas las que aportó junto a la demanda.
Ahora, en estricto sentido, como la fase de investigación se inicia con la audiencia de formulación de imputación, resultaba totalmente viable que, ante la solicitud de copias, le fueran entregas aquellas que contenían lo actuado a partir de esa audiencia.
Ahora, si lo pretendido por el actor es eventualmente obtener copia de lo actuado en la fase de indagación, es ante la Fiscalía que debe elevar petición en tal sentido, pues, corresponde a una documentación con la que sólo esa parte cuenta.
Luego, comoquiera que las copias entregadas corresponden a aquellas con que cuenta la actuación a partir de la fase de investigación, no existiría vulneración de garantías fundamentales.
En conclusión, se revocará la decisión de primera instancia, en su lugar, se concederá el amparo del derecho al debido proceso de SET BENAVIDES CANTILLO, en relación con la audiencia de suspensión del poder dispositivo. En lo demás se mantiene la decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 03 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: Revocar el fallo impugnado, en los términos y por las razones contenidas en esta decisión. En su lugar, conceder el amparo del derecho al debido proceso de SET BENAVIDES CANTILLO.
Segundo: Dejar sin efecto la audiencia de suspensión del poder dispositivo celebrada el 29 de julio del año en curso, dentro del radicado 200016001231-2011-02145 adelantado contra Leonardo Enrique Rueda Manjarrez manteniendo incólume la de formulación de imputación celebrada en la misma data.
Tercero: Ordenar al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar que, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, convoque de nuevo la celebración de audiencia de suspensión del poder dispositivo dentro del proceso Leonardo Enrique Rueda Manjarrez, que deberá fijarse para dentro los diez (10) días siguientes al vencimiento del primer plazo.
Para el efecto, deberá garantizarse el llamado de SET BENAVIDES CANTILLO y las demás partes e intervinientes que puedan interés en la actuación, incluido el Banco Davivienda, en favor de quien dicho ciudadano constituyó una hipoteca.
Cuarto: Remitir copia de esta decisión, al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar.
Quinto: Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
GERSON CHAVERRA CASTRO
EYDER PATIÑO CABRERA
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 i) Fiscalía: 8 Seccional de Valledupar, ii) Ministerio Público: Procuraduría 177 Judicial II de Valledupar, iii) Procesado: Leonardo Enrique Rueda Manjarrez, iv) Defensor: Jhon Carlos Rodríguez Ferreira, v) Apoderado víctimas: Jairo Alberto Maldonado Martínez.
2https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=E2lgOOC%2fHvlZRETz%2fZY%2fryAbgPY%3d