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GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado Ponente
STP10704-2021
Radicación n° 118221
Acta No 191
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela promovida por Jhon Jairo Alzate Vallejo, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a ser juzgado sin dilaciones injustificadas.
Al presente trámite fueron vinculadas las demás partes e intervinientes dentro de la actuación penal que se cuestiona, así como el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López, Meta y la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.
1. LA DEMANDA
Indica el libelista que en su contra se adelantó proceso penal por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado, actuación judicial que culminó con sentencia de primera instancia proferida el 30 de noviembre de 2015 por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López, en donde fue condenado a una pena de 144 meses de prisión.
Asegura que dicha decisión fue oportunamente apelada, razón por la cual el proceso fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, autoridad judicial que, hasta el momento, no ha resuelto el referido recurso.
Expone que, de acuerdo con el auto de 26 de febrero de 2021, el Tribunal le informó que su causa se encuentra ubicada en el turno 57 de sentencias ordinarias de Ley 906 de 2004 y en el 34 de sentencias con persona privada de la libertad, sin embargo, afirma, comoquiera que ha desarrollado actividades para redimir pena que, junto con el cumplimiento de la misma, en la actualidad, equivalen a 112 meses, es decir, un 78 % de la pena impuesta, eso significa que cuando se profiera decisión ya habrá cumplido la sentencia. Al respecto, afirma:
«…desde el 22 de enero de 2016 a la fecha solo ha avanzado en promedio TRES (3) TURNOS POR MES. Y si aún falta de acuerdo a lo conceptuado de que “está ubicado en el turno cincuenta y siete (57) de sentencias ordinarias de Ley 906 de 2004”: o sea que faltaría 19 meses; o “y turno treinta y cuatro (34) de sentencias ordinarias con preso”, o sea que faltaría 10 meses: esto demostraría que estoy cerca de cumplir la condena, sin que se me haya realizado la ALZADA PARA EMITIR EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA y que en caso de ser absuelto, demostraría que el daño físico y moral por haber estado detenido purgando una Condena injusta, y por lo tanto no hay dinero en el mundo para la reparación moral y física que se me ha ocasionado a mí y a mi familia.»
Refiere también, que no puede ser razón de justificación de la tardanza la alta carga laboral aducida por el despacho accionado, como así se determinó por esta Corte en unas decisiones de similares circunstancias (cita las providencias STC15393-2016 y STP1271-202 radicación Nº 109079) y por la Corte Constitucional (CC T-929-1999), por lo que, argumentó que « Sobre la congestión existente en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, la misma no obedece únicamente a una inactividad injustificada, velando porque dicha demora podría tener motivos razonables, el tiempo que ha pasado desde la asignación del proceso de apelación (22 de Enero de 2016), supera con creces lo tolerable Sesenta y Cinco (65) meses, de tal manera que en razón a la Sentencia T-230 de 2013, se hace necesario acudir a la segunda opción de la precedentemente mencionada, para resolver los casos de mora judicial justificada, esto es: “ordenar excepcionalmente la alteración del orden para proferir la decisión que se eche de menos (…) Cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado”.».
En virtud de lo anterior, estima el actor que, al haber transcurrido ya más de cinco años y cinco meses sin que su recurso de apelación hubiera sido resuelto, sus derechos fundamentales han sido vulnerados por la autoridad demandada en tutela, razón por la cual depreca su protección y que, como consecuencia de ello, se ordene al Tribunal accionado que proceda a resolver la alzada interpuesta.
2. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS
1. El Fiscal 34 Seccional de Puerto López, indicó que no haría pronunciamiento y se atendría a lo resuelto en sede de tutela.
2. En similar sentido se pronunció el titular del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López, al indicar que acataría lo resuelto por la Sala, y a la par, manifestó que, en todo caso, el señalamiento del actor se dirige en contra de su superior jerárquico, es decir, Sala Penal del Tribunal de Villavicencio.
3. Igualmente, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Meta, señaló que no ha vulnerado las garantías del actor y carece de legitimidad en la causa por pasiva.
4. La Abogada Asesora del Despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal accionado, indicó que remitió la vinculación de la demanda al Despacho 004 de la misma Corporación, en la medida que es este el que adelanta el proceso en contra del accionante en segunda instancia.
5. La Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, por conducto de uno de sus integrantes (titular del Despacho 004), argumentó que no ha vulnerado las garantías del promotor, de acuerdo con las siguientes razones:
i. El proceso penal objeto de cuestionamiento, fue asignado por reparto al Despacho 001 de dicha Corporación el 20 de enero de 2016.
ii. El 26 de febrero de 2021, se informó al actor que su proceso se encuentra en el turno 57 de sentencias ordinarias de Ley 906 de 2004 y en el 34 de sentencias con persona privada de la libertad, y que en el menor tiempo posible sería resuelta la apelación.
iii. Ante la creación del Despacho 004 de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, en auto de 16 de marzo de este año se remitió el expediente a éste, en virtud del Acuerdo No. CSJMEA21-18 de 17 de febrero del año en curso, del Consejo Superior de la Judicatura.
iv. El despacho 004 recibió un total de 350 procesos provenientes de los despachos 001, 002 y 003 de la Sala Penal demandada.
v. Revisado dicho inventario, indica que se contabilizaron los términos de prescripción de los procesos para asignarles turno, y así, le correspondió al proceso del accionante el turno 85, por cuanto, primero, la formulación de imputación sucedió el 24 de marzo de 2014 y como se trata de un delito sexual contra menor, el término de prescripción es de 10 años; segundo, no solo se recibieron procesos del referido despacho sino de los tres que componen la Sala Penal del Tribunal; y, por último, dado que existen procesos con términos de prescripción más cortos que hacen imperiosa su proyección antes del trámite del accionante. Circunstancias que repercutieron, necesariamente, en la asignación de un turno más lejano que el que tenía en el despacho 001.
vi. Desde la fecha en que el despacho recibió los procesos reasignados, se han emitido 246 decisiones: 15 sentencias ordinarias de Ley 906 de 2004 y Ley 600 de 2000, 21 decisiones de impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia, 44 autos de ejecución de penas, 30 autos interlocutorios de Ley 906 de 2004, 31 sentencias anticipadas de Ley 906 de 2004 y Ley 600 de 2000, 104 sentencias de tutela de primera y segunda instancia y 2 consultas de desacato, además de la proyección de autos de sustanciación, contestación de acciones constitucionales y demás trámites administrativos, actividad que permite evidenciar la ardua labor realizada con el fin de impartir celeridad al trámite de los procesos a cargo.
vii. A lo que se suma que, arguyó, el Distrito Judicial de Villavicencio es el más congestionado del país, pues recibe mensual y anualmente una mayor carga laboral que los demás despachos de otros Distritos, como puede verse en el reporte estadístico del año 2020.
viii. Situación que, además, ha sido puesta en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura y las altas Cortes para que se ofrezca una solución pronta y definitiva a aquella, en tanto, afecta a los usuarios de la administración de justicia por la mora en la resolución de los procesos y a los administradores de justicia, al realizar esfuerzos inhumanos para tratar de resolver con celeridad las actuaciones; a lo que debe sumarse, que no se cuenta con suficientes colaboradores, comoquiera que tan solo se asignó al Despacho 004 un auxiliar y un abogado asesor y, diariamente, se revisan alrededor de 5 tutelas de los demás despachos y entre 4 y 8 decisiones de otra naturaleza.
3. CONSIDERACIONES
1. Es competente la Sala para conocer del presente asunto conforme con lo dispuesto por 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, toda vez que el reproche involucra al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
2. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona ostenta la facultad para promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
3. Revisada la demanda de tutela, se establece que, en el presente asunto, el problema jurídico a resolver se contrae a establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, incurrió en una afrenta a los derechos fundamentales de Jhon Jairo Alzate Vallejo, al no haber resuelto aún el recurso de apelación interpuesto por su defensor en contra de la sentencia de primera instancia proferida en su contra el 30 de noviembre de 2015 por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López.
4. Para resolver ello, necesario se hace precisar, la posición de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia:
“El Art. 29 de la Constitución establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” y regula en forma básica este derecho, el cual tiene carácter fundamental, lo que significa que es inherente a toda persona, incluyendo, por la naturaleza y fines del mismo, a las personas jurídicas, y es de aplicación inmediata conforme a lo estatuido en el Art. 85 ibídem. Dicho derecho, en su modalidad judicial, está estrechamente vinculado al derecho de acceso a la administración de justicia, o derecho a la jurisdicción, que contempla el Art. 229 superior y que consiste en la facultad de acudir a la administración de justicia por parte del Estado para la resolución de los conflictos particulares o para la defensa del ordenamiento jurídico. Dicha vinculación se explica por ser el proceso y, en particular, la sentencia que ordinariamente le pone fin, el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción.” (C.C. Sentencia C-1083/05)
Al igual que, su posible afectación con ocasión del fenómeno de la mora judicial, en los siguientes términos:
“(…) la mora judicial constituye una barrera para el goce efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia. Este fenómeno es producto de diferentes causas, en la mayoría de los casos está relacionada con el número elevado de procesos que corresponde resolver a cada despacho, los cuales superan las condiciones estructurales del mismo, y por lo tanto dificulta evacuarlos en tiempo (fenómeno conocido como hiperinflación procesal); evento en el cual la jurisprudencia constitucional ha determinado que no existe vulneración del derecho al debido proceso, pues la dilación no es imputable a la negligencia del funcionario judicial, sino que encuentra justificación en la falta de capacidad logística y humana existente para resolver los asuntos que le fueron asignados para su decisión.”
5. Aspectos que, contrastados en el caso concreto, no permiten acceder a la pretensión del accionante, a pesar del tiempo que ha tomado la resolución del recurso de apelación que presentó contra la sentencia condenatoria emitida en su contra.
5.1. Lo anterior porque, el Tribunal Superior de Villavicencio, a través de la Magistrada a cargo de la actuación, en su respuesta informó los motivos de la tardanza reprobada y que, en criterio de esta Sala de Casación, descartan un actuar negligente de su parte, en tanto, obedece a una situación que precedía, incluso, a la asignación del proceso en su despacho, pues, como lo expresó, el proceso se le remitió el 16 de marzo pasado, junto con 349 procesos más provenientes de los demás despachos de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, lo que ahora impone, que deba esperar que se desate la alzada conforme con el turno que le fue asignado en atención a los criterios de priorización y organización que se establecieron dada la alta carga laboral que en ese Tribunal se reporta.
5.2. A lo que se agrega, que ese despacho, desde el 16 de marzo de esta anualidad, se ha mostrado activo, así, ha emitido un importante número de decisiones entre sentencias ordinarias (15) y anticipadas (31), proveídos relativos a manifestaciones de impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia (21), providencias en sede de ejecución de penas (44) y autos interlocutorios de Ley 906 de 2004 (30), a las que se suman las sentencias de tutela de primera y segunda instancia (104) y consultas de desacato (2), además de la proyección de autos de sustanciación, contestación de peticiones constitucionales y demás trámites administrativos, acciones que permiten evidenciar la ardua labor realizada con el fin de impartir celeridad al trámite de los procesos a cargo.
5.3. También resaltó, la funcionaria judicial, que ese órgano judicial atraviesa por una difícil situación, originada en la congestión judicial, pues día a día la carga laboral aumenta y no cuentan con el personal suficiente para afrontar dicha situación, lo cual los ha llevado a un punto en el cual su capacidad humana se ha visto ampliamente excedida por la demanda laboral que existe en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.
Congestión judicial que en la actualidad, es un fenómeno que surge de la alta asignación laboral que, de acuerdo con el reporte de estadística de 2020 es la mayor de todo el país.
6. Argumentos, que como ya se advirtieran, desestiman que la tardanza en la que ha incurrido el Tribunal Superior de Villavicencio para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria proferida el 30 de noviembre de 2015 en contra del accionante, sea producto de una inactividad injustificada del accionado, sino a una suma de circunstancias que han desembocado en una alta congestión judicial, cuya consecuencia inevitable, es el retraso en la toma de decisiones.
7. En ese sentido, encuentra la Sala que es comprensible la demora en la que ha incurrido la autoridad colegiada demandada para resolver la apelación que acá se reclama, pues como ya se advirtió, han sido diversas circunstancias las que han impedido el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, ya que se ha superado la capacidad humana de los funcionarios que tienen a su cargo la resolución del asunto acá reseñado.
8. De allí que el quejoso, deba aguardar el turno correspondiente para obtener su decisión final en el caso sometido al escrutinio de las autoridades judiciales; pues en el anterior panorama, no aparece procedente la acción de tutela para alterar el orden de egreso de los procesos dispuesto, pues admitir tal postura sería poner en riesgo los derechos de otros usuarios de la administración de justicia que también esperan por la resolución de su caso.
9. En conclusión, estima la Sala que en el presente asunto, no se ha vulnerado el derecho de acceso a la administración de justicia reclamado por el accionante, pues como ya se señaló, su caso se encuentra en turno para ser resuelto y, la tardanza en dicha actividad, no es fruto de un acto negligente imputable al funcionario que tiene a su cargo dicha actuación, sino por el contrario, obedece a una infortunada situación laboral que afecta a todos los usuarios de la administración de justicia en el Distrito Judicial de Villavicencio, motivo por el cual, se negará el amparo deprecado.
10. De otra parte, en tanto es conocida la congestión judicial de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, dado que ha sido tratada en distintas providencias emitidas por esta Sala de Tutelas, entre ellas STP-2021, rad. 114700; STP-2021, rad. 110660; SPT-2020, rad. 973; SPT-2020, rad. 1126181 y a pesar de que, en el contexto actual, se encuentra que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020, creó un cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, para completar un total de cuatro (4) despachos de la Sala Penal, lo cual supone una redistribución del inventario de procesos y una consecuente disminución de la carga efectiva de cada uno de los despachos preexistentes.
Aun se considera necesario comunicar al Consejo Superior de la Judicatura, para que, conozca la situación que acá se ventiló, y de ser el caso, conforme con sus competencias continúe evaluando y adoptando las medidas que estime pertinentes relacionadas con la congestión judicial de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, a fin de verificar si resultan o no suficientes para mitigar efectivamente la situación advertida.
Por lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Sala de Decisión de Tutela No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- Negar el amparo constitucional invocado por Jhon Jairo Alzate Vallejo.
Segundo.- Comunicar al Consejo Superior de la Judicatura en los términos de esta providencia.
Tercero.- De no ser impugnado este fallo ante la Sala de Casación Civil de la Corporación, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo estable el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GERSON CHAVERRA CASTRO
Magistrado
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado
EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Así mismo, la Sala de Casación Penal ha abordado este mismo asunto en los siguientes fallos STP1207-2019, radicado 102783, STP10980-2019 radicado 106100, STP14723 radicado 107384, SPT5750 de 2020 radicado 110660, SPT4351 de 2020 radicado 110729, SPT5360 de 2020 radicado 110545, y más recientemente en STP-2020, radicado 973.