STP3757-2021

2021 abril

Asistente Jurídico Inteligente

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EUGENIO  FERNÁNDEZ CARLIER  

Magistrado  Ponente  

  

STP3757-2021  

Radicación  nº 116034  

Acta  n°. 82  

  

  

Bogotá,  D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021).  

  

  

ASUNTO  

  

Se  pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela  presentada por DANY  ROSA SIMANCA MIZATT,  contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro  Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,  por la presunta vulneración de su derecho fundamental de  petición.  

  

  

  

  

  

  

Refirió  la accionante que la Unidad  de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del  Consejo Superior de la Judicatura vulnera sus derechos fundamentales  al no pronunciarse respecto de la solicitud que radicó ante  esa dependencia 20 de enero de 2021, en la que reclamó el  reconocimiento de su práctica jurídica.  

  

  

ANTECEDENTES  PROCESALES  

  

Con  auto de 8 de abril del presente año, esta Sala avocó el  conocimiento de la acción de tutela y  ordenó correr traslado de la demanda a la autoridad  administrativa accionada a fin de garantizarle su derecho de defensa  y contradicción.  

  

  

RESULTADOS  PROBATORIOS  

  

Mediante  escrito de 9 de abril, la Directora de la la  Unidad  de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del  Consejo Superior de la Judicatura informó que, en respuesta a  lo solicitado por la accionante, expidió la Resolución  No. 2066 de 2021, «por  medio de la cual se le reconoció el cumplimiento de la  Práctica Jurídica a la Egresada Dany Rosa Simanca  Mizatt» cuya  copia adjuntó para que hiciera parte de las presentes  diligencias.  

  

De  igual forma sostuvo que de conformidad con el Decreto Legislativo No.  491 del 28 de marzo de 2020, notificó al correo electrónico  de la solicitante la citada Resolución. De este trámite  también se allegó copia.  

  

Consecuente  con lo anterior solicitó  declarar superado el hecho que motivó la presente acción  de tutela.  

  

CONSIDERACIONES  

  

1.  De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo  2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo  1º del Decreto 1983 de 2017, la Sala de Casación Penal es  competente para resolver la demanda de tutela instaurada por DANY  ROSA SIMANCA MIZATT,  al  comprometer actuaciones del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad  de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.  

  

2.  La  Sala, a efectos de resolver el problema jurídico planteado,  atenderá la línea jurisprudencial que al respecto ha  establecido la Corte Constitucional y esta Corporación cuando  la situación  de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido  superada1.  

  

Ha  señalado el máximo órgano de la Jurisdicción  Constitucional que cuando  la situación fáctica que motiva la presentación  de la acción de tutela se modifica en el sentido de que cesa  la acción u omisión que en principio generó la  vulneración de los derechos fundamentales, de manera que la  pretensión presentada para procurar su defensa fue satisfecha;  la solicitud de amparo pierde eficacia en la medida en que desaparece  el objeto jurídico sobre el que recaería una eventual  decisión del juez de tutela. En consecuencia, cualquier orden  de protección sería innocua. Sobre este particular la  Corte Constitucional2  ha indicado que:  

  

«El hecho  superado ocurre, particularmente, cuando una acción u  omisión de la entidad accionada logra satisfacer completamente  la pretensión objeto de la acción de tutela, y esto  ocurre entre el término de presentación del amparo y el  fallo correspondiente. En estos eventos, la intervención del  juez de tutela carece de sustento y hace improcedente el estudio de  fondo. Sin embargo, el juez deberá en su fallo demostrar  que se satisfizo plenamente la pretensión de la acción  de tutela, pues de lo contrario deberá garantizar la plena  garantía y respeto de los derechos fundamentales».  

  

3.  En el caso sub  judice,  encuentra la Sala que se dan los presupuestos establecidos por la  Corte Constitucional y esta Corporación para declarar la  carencia actual de objeto por superarse el hecho que motivó la  solicitud de amparo, esto es, porque con su actuar la entidad  accionada  salvaguardó el derecho fundamental que se acusaba vulnerado,  como pasa a verse.  

  

3.1  Indicó la accionante que pese a haber allegado la  documentación pertinente para el reconocimiento de su práctica  jurídica, la Unidad  de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del  Consejo Superior de la Judicatura no había resuelto lo  solicitado, ni informado el estado actual de su trámite.  

  

3.2  De  los elementos de prueba allegados por la accionada se logró  establecer que ya adelantó el trámite correspondiente y  expidió la Resolución No. 2066 de 2021 de 9 de abril de  2021, por medio de la cual reconoció a favor de la demandante  la práctica jurídica como requisito para optar al  título de abogada. (Carpeta  de respuestas, Anexo 1. Resolución 2066 de 2021).  

  

Así  mismo, se informó y acreditó que tal resolución  fue debidamente notificada por correo electrónico a la  interesada el mismo día de su expedición a través  del Oficio No. 2066. (Carpeta  de respuestas, Anexos 2 y 3).  

  

4.  En  este orden, es evidente que la presunta vulneración  de los derechos fundamentales invocada fue superada, pues de las  pruebas que obran en el expediente de tutela se concluye que la parte  accionada adelantó el trámite correspondiente a su  competencia, expidiendo a favor de la accionante la certificación  solicitada.  

  

Así  las cosas, evidenciada la carencia actual de objeto por haberse  superado el hecho que la originó, lo procedente será  negar el amparo reclamado (Cf. CSJ STP4634-2015, CSJ STP6708-2015 y  CSJ STP1647-2018, entre otras).  

  

En  mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas  No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de  Justicia, administrando justicia en nombre de la República y  por autoridad de la Ley,  

RESUELVE  

  

1.  Negar  el amparo reclamado por DANY  ROSA SIMANCA MIZATT,  al haberse superado el hecho que lo originó.  

  

2.  Notificar  este fallo a las partes de conformidad con el artículo 30 del  Decreto 2591 de 1991.  

  

3.  Enviar  el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión  de este fallo, en caso de no ser impugnado.  

  

  

  

PATRICIA  SALAZAR CUÉLLAR  

  

  

  

  

JOSÉ  FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA  

  

  

  

  

EUGENIO  FERNÁNDEZ CARLIER  

  

  

  

NUBIA  YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria  

  

1          CC T-970/2014, T-597/2015, T-669/2016, T-021/2017, T-382/2018 y          T-038-2019, entre otras.  

2          CC T-011/2016, T-439/2018 y T-048/2019.      

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