Asistente Jurídico Inteligente
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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
STP2617-2021
Radicación Nº 115218
Acta No. 63.
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por JOSÉ GERARDO ALAVA THOMAS, a través de apoderado, contra la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura – hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, al interior de la actuación disciplinaria No. 520011102000201700751-00 que se adelantó en su contra.
A la actuación se ordenó vincular como terceros con interés las partes e intervinientes en el proceso disciplinario.
PROBLEMA JURÍDICO
Refirió el accionante que su derecho fundamental fue vulnerado por los jueces disciplinarios que resolvieron su proceso, pues a su juicio sustentaron la sanción en aspectos eminentemente objetivos y dejaron de lado el análisis del elemento subjetivo en la conducta: no se acreditó el daño causado; no se valoraron circunstancias puntuales como la etapa procesal en la que supuestamente faltó a sus deberes como abogado; no se demostró la afectación «a la mala imagen de la profesión» y tampoco hubo omisión en el ejercicio de defensa técnica. En consecuencia solicitó dejar sin efectos las decisiones censuradas.
ANTECEDENTES PROCESALES
1. Mediante auto de 18 de febrero de 2021 la Sala avocó conocimiento de la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada y ordenó correr traslado de la demanda a las autoridades accionadas y partes vinculadas a fin de garantizarles sus derechos de defensa y contradicción.
2. Con fallo del 4 de marzo siguiente la Sala negó el amparo al derecho fundamental reclamado, no obstante, como la Secretaría de la Sala ni siquiera había tramitado la notificación del auto que avocaba el conocimiento de la demanda, la Sala se vio en la necesidad de decretar de oficio la nulidad de la sentencia, a fin de que se adelantara el trámite correspondiente y las partes accionadas y vinculadas tuvieran la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción. La nulidad decretada no afectó la validez de las pruebas allegadas.
3. Con informe secretarial de 15 de marzo siguiente regresan las diligencias al despacho el estudio de fondo de la tutela.
RESULTADOS PROBATORIOS
1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño manifestó que lo pretendido por el actor era hacer uso de la acción de tutela como si se tratase de una instancia adicional, lo que resulta a toda luces improcedente, máxime cuando ni siquiera se hizo presente en las audiencias que se adelantaron en el proceso disciplinario y solo compareció para recurrir la decisión de primera instancia.
Por lo demás señaló que con su decisión no vulneró derechos fundamentales.
2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó que la acción de tutela no podía emplearse como una tercera instancia y que para su procedencia contra decisiones judiciales debía constatarse rigurosamente el cumplimiento de los requisitos generales y específicos desarrollados por la jurisprudencia (sentencias CC C-590/05; T-887/11 y SU-267/19).
3. La Secretaría Comisión Nacional de Disciplina Judicial hizo un recuento del trámite adelantado al proceso disciplinario del accionante en segunda instancia, refirió que mediante decisión de 22 de enero de 2020 se confirmó la decisión sancionatoria y concluyó que las actuaciones adelantadas por esa secretaría se desarrollaron con estricta observancia de los mandatos legales y constitucionales, en pleno respeto por los derechos fundamentales y garantías de las partes.
4. Las partes vinculadas y accionadas guardaron silencio durante el término de traslado concedido por el despacho del magistrado ponente.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por JOSÉ GERARDO ALAVA THOMAS.
2. La Sala, a fin de resolver el problema jurídico planteado atenderá la línea jurisprudencial que ha establecido esta Corporación1, i) en lo relacionado con la necesidad de que la acción de tutela se ejerza dentro de un término razonable desde la presunta vulneración del derecho fundamental; y ii) lo equivocado que resulta tomar la acción de tutela como mecanismo para controvertir las actuaciones y decisiones judiciales, pues no puede entenderse como un recurso más de libre escogencia por parte del interesado y en cualquier tiempo, salvo que se trate de actuaciones que carezcan de motivación o fundamento objetivo, contrariando su voluntad para hacer imperar la arbitrariedad y el capricho del funcionario, o resulten manifiestamente ilegales.
Ello se funda en uno de los más preciados principios constitucionales (artículo 228 de la Carta Política), que orientan el desarrollo de la actividad judicial, como lo es la autonomía e independencia de los jueces, el cual igualmente se encuentra ilustrado por la seguridad jurídica.
Lo anterior porque es dentro del desarrollo o al interior de la respectiva actuación que las partes deben ejercer sus actos de postulación encaminados a superar los eventuales vicios de fondo o de estructura que se susciten en la tramitación del respectivo asunto.
Se ha aceptado la procedencia de la tutela para controvertir un trámite o providencia judicial cuando se ha incurrido en una causal de procedibilidad, es decir, si el funcionario judicial genera un perjuicio irremediable emanado de una ostensible arbitrariedad que entra en contradicción con la constitución o la ley, con trascendencia en la vulneración de un derecho fundamental de la persona, previo claro está el cumplimiento de unos requisitos de carácter formal, que determinan la procedencia del amparo, y que son definidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional (CC T-923/04 y T-116/03) en los siguientes términos:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
f. Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela.»
Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos.
3. Así, por regla general, la acción de tutela contra decisiones judiciales es improcedente, pues así lo impone la necesidad de preservar el debido proceso, el principio de juez natural y el de seguridad jurídica, sin embargo, excepcionalmente puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el trámite procesal el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en donde la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas causales generales o especiales de procedibilidad (CC. T-332/06), o cuando el mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico resulta ineficaz, evento en el cual procede como dispositivo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.
4. Bajo este panorama, a tono con el marco fáctico expuesto, el presente asunto no se aviene a ninguno de los presupuestos que permitirían un estudio constitucional de los hechos en que sustenta la vulneración a los derechos fundamentales cuyo amparo reclama el accionante.
Como se indicó inicialmente, una las características más importantes de la acción de tutela es la inmediatez, pues con ella se busca la protección de los derechos fundamentales en el momento en que estén siendo afectados o amenazados con la conducta del accionado. No de otra forma se explicaría la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario.
La Corte Constitucional en la sentencia T-541 de 2006, hizo alusión a los requisitos generales que se requieren para que la acción de tutela proceda contra decisiones judiciales, entre los cuales y para el caso que aquí interesa precisó el de la inmediatez, señalando al respecto:
«La Corte ha entendido que la tutela contra una decisión judicial debe ser entendida no como un recurso último o final, sino como un remedio urgente para evitar la violación inminente de derechos fundamentales. En esta medida, recae sobre la parte interesada el deber de interponer, con la mayor diligencia, la acción en cuestión, pues si no fuera así la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las partes.
En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica.
En consecuencia, la tensión que existe entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, se ha resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de la tutela, que la misma sea interpuesta, en principio, dentro de un plazo razonable y proporcionado».
4.1 En el presente asunto tal requisito no se cumple, toda vez que el proveído mediante el cual se resolvió en última instancia la actuación disciplinaria seguida contra el demandante fue proferido el 22 de enero de 2020 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y la solicitud de protección constitucional se presentó hasta el 15 de febrero de 2021, es decir, más de 1 año después de la presunta vulneración, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado, pues si se emitió una decisión arbitraria, que atentó contra sus garantías fundamentales, como se desprende de lo señalado en la demanda, lo natural y lógico habría sido advertir dicha situación y rechazarla en ese mismo momento.
Desde luego que la Sala no desconoce que no existe normatividad legal que señale de manera expresa un término para acudir a la jurisdicción para la protección de los derechos transgredidos, no obstante, ello tampoco quiere señalar que en cualquier tiempo y so pretexto de vulneración a sus garantías fundamentales, se acuda al mecanismo de amparo con el fin de desconocer el carácter legítimo de las providencias judiciales, pues ello generaría no solo inestabilidad jurídica, sino que atentaría indefectiblemente contra la inmutabilidad de la cosa juzgada, máxime cuando desde el mismo momento en que se profirió el fallo censurado, las autoridades judiciales debatieron el asunto que hoy pretende revivir el actor.
4.2 Por otro lado, si en gracia de discusión se admitieran los argumentos del demandante para soportar que acudió en un término razonable, esto es, que fue notificado de la decisión mediante telegrama del 2 de febrero de 2021; tampoco procedería el amparo deprecado, pues lo que se observa es su afán por insistir en aspectos que fueron ampliamente debatidos al interior del proceso disciplinario, como si la acción de tutela fuese una instancia adicional a la cual acudir cuando en el proceso ordinario no se accede a lo reclamado por quien formula el amparo.
En ese orden, la simple discrepancia de criterios entre lo solicitado y lo resuelto no es suficiente para activar la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial; para ello resulta fundamental que quien formula el reproche demuestre la existencia de, por lo menos, uno de los siguientes vicios: i) defecto orgánico (falta de competencia del funcionario judicial); ii) defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido); iii) defecto fáctico (que la decisión carezca de fundamentación probatoria); iv) defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales); v) error inducido (que la decisión judicial se haya adoptado con base en el engaño de un tercero); vi) decisión sin motivación (ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos en la decisión); vii) desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretación de los derechos definidos por la Corte Constitucional) y viii) violación directa de la Constitución.
Alegó el accionante que en la actuación seguida en su contra no se acreditó el daño causado con su conducta; los jueces disciplinarios no valoraron circunstancias puntuales como la etapa procesal en la que supuestamente faltó a sus deberes como abogado; no se demostró la afectación «a la mala imagen de la profesión» y tampoco hubo omisión en el ejercicio de defensa técnica.
Contrario a ese supuesto, se observa el actor no acreditó con elementos de juicio idóneos la ausencia de responsabilidad en la conducta por la que resultó sancionado.
El proceso disciplinario se originó como consecuencia de una compulsa de copias decretada por el Juzgado 4° Penal del Circuito de Pasto, cuando en desarrollo de un proceso penal, JOSÉ GERARDO ALAVA, en su calidad de abogado del acusado, faltó a su deber de asistir a una audiencia en la que se verificaría el allanamiento a cargos de su prohijado.
Por ese incumplimiento el juez de conocimiento en el proceso penal se vio en la necesidad de aplazar la audiencia, no sin antes ordenar la compulsa de copias con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Nariño.
Luego de agotadas las etapas correspondientes en el proceso disciplinario, el juzgador concluyó que JOSÉ GERARDO ALAVA había incumplido con sus deberes como abogado en la actuación penal, mostró una conducta poco diligente e impidió el correcto y oportuno desarrollo del proceso, al punto que se vio truncada la audiencia y tuvo que ser aplazada por el juez de la causa.
Además de lo anterior, el juez disciplinario consideró que el sancionado debió anunciar con anticipación los motivos que le impedían asistir a la audiencia, así el juez penal hubiese tenido la oportunidad de ordenar su aplazamiento con antelación y no se habría configurado la falta por la indebida diligencia profesional.
Así, como el encartado tuvo la oportunidad de justificar su conducta en el proceso penal, incluso con posterioridad al suceso que motivó la compulsa de copias, y no lo hizo, se ratificó su incuria, descuido, negligencia e incumplimiento a sus deberes como abogado.
4.3 Tampoco resulta acertado atribuir yerros en la valoración probatoria por parte de los accionados, pues fue el mismo disciplinado quien asumió una actitud pasiva y descuidada en su defensa, dejando fenecer la oportunidad que tuvo para exponer los supuestos de hecho que justificarían su conducta en el proceso penal.
Sobre el particular, en la sentencia censurada se expuso: «[a]demás, el encartado a pesar de las diferentes citaciones que se le hicieron, no acudió al proceso disciplinario para rendir su versión libre y pedir la recepción del testimonio o pruebas que consideraba indispensables para su defensa […].»
Lo anterior evidencia la negligencia en la que recayó el disciplinable, pues pudo asistir a las audiencias a las que fue citado dentro del proceso disciplinario y solicitar las pruebas que consideraba pertinentes para el caso, además el instructor de primera instancia solicitó las pruebas necesarias que demostraran la ocurrencia de los fácticos.»
En ese orden, de las pruebas allegadas y la valoración efectuada por el juez ordinario no se advierte la existencia de alguno de los defectos específicos de procedibilidad antes mencionados, por el contrario se evidencia el respeto por las garantías fundamentales de las partes e intervinientes, distinto es que el actor tenga un criterio interpretativo diverso del acogido por el juzgador respecto de la adecuación de su conducta, no obstante ello por sí solo no comporta vía de hecho alguna susceptible de ser enmendada por este medio excepcional.
Conforme con lo anterior, como la parte actora pretende una interpretación diversa de la acogida por el juez natural de la causa, lo cual es abiertamente improcedente porque el Constituyente no le otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, salvo que se demuestre la incursión en causales de procedibilidad por parte del funcionario judicial, aspectos que en el presente caso no concurren, lo procedente será negar el amparo constitucional invocado.
Recordemos que la proyección material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche y que en sede de la acción de tutela no es posible efectuar una nueva valoración sobre el asunto reseñado como si dicho mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer un criterio particular.
Así lo ha sostenido la Corte Constitucional -T-336 de 2002- al establecer que:
«El juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error. En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las ordenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto».
Insiste la Sala, la acción de tutela no se orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones, su objeto está únicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales del afectado, situación que aquí no sucedió.
Si se admitiera que el juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites, o de los supuestos desaciertos en la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios de instancia, no sólo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural, y las formas propias del juicio laboral contenidos en el artículo 29 Superior.
5. Acorde con lo anterior, al no observarse ninguna vía de hecho en las providencias cuestionadas, ni la trasgresión de derecho fundamental alguno, la demanda no tiene vocación de prosperar, en consecuencia, se negará el amparo constitucional invocado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. Negar el amparo constitucional invocado por JOSÉ GERARDO ALAVA THOMAS, de conformidad con las razones expuestas en precedencia.
2. Notificar este fallo a las partes de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.
Cúmplase,
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Ver entre otras, STP-5074-2018, 17 abr. 2018, rad. 96314, STP1635-2018, 06 feb. 2018, rad. 96794 y STP787-2018, rad. 96314.