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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado ponente
STP6739 – 2019
Radicación Nº 104494
Acta N° 129
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante, CRISTIAN ALBERTO ARISTIZÁBAL OBANDO, contra el fallo proferido el 4 de abril de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala de Decisión Penal, que negó el amparo de sus derechos fundamentales a la libertad y a la resocialización.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron delimitados por Tribunal A quo en los siguientes términos:
“Narra el accionante que fue condenado a una pena privativa de la libertad de 8 años, 5 meses y 15 días por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, al incurrir en las conductas punibles de Concierto para Delinquir, Tráfico, Fabricación o Porte de estupefacientes y Porte o Tenencia de armas de fuego.
Indica que cuando descontó las tres quintas (3/5) partes de la pena, peticionó a la Jueza Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, quien vigila el cumplimiento de la sanción, el subrogado penal de la libertad condicional, al considerar que cumplía con el requisito objetivo y subjetivo para tal efecto.
Señala que mediante auto interlocutorio del 10 de octubre de 2018, el aludido Despacho negó la Libertad Condicional, precisando que a pesar de cumplir con el factor objetivo de haber superado las 3/5 parte de la pena, ello no sucedía con el subjetivo, argumentando que fue sancionado disciplinariamente por el Consejo de Disciplina del EMPSC de Calarcá, Quindío, a través de la resolución 0262 del 24 de marzo de 2015, lo que conllevó a que su conducta fuera calificada en el grado regular entre el 12 de febrero y el 11 de agosto de 2015.
Refiere que inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación en su contra, del que conoció el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, Quindío, Despacho que mediante auto del 14 de diciembre de 2018 confirmó la providencia adoptada por la a quo.
Expresa que los jueces de primera y segunda instancia al proferir las decisiones que hoy son objeto de tutela, quebrantaron sus derechos a la resocialización y libertad, en tanto, si bien obra en el expediente que cometió una falta disciplinaria, también lo es que su conducta desde que empezó a purgar la pena hasta que se profirió dicha sanción siempre fue buena y ejemplar.
Adicionalmente, afirma que desde el 24 de marzo de 2015 hasta la fecha de la solicitud de libertad, 10 de octubre de 2018, su conducta tuvo las características antes mencionadas.
Alega que según lo anterior, su comportamiento durante el tiempo de cautiverio ha sido bueno y los funcionarios tutelados únicamente miraron un periodo de 6 meses, es decir, el mismo no corresponde a una deficiente calificación como se quiere hacer ver.
Por otro lado, señala que los accionados no revisaron que durante todo el tiempo que lleva detenido su conducta ha sido calificada como buena, ha laborado y estudiado, además, se encuentra ubicado en un sitio de mediana seguridad.
Indica que los funcionarios judiciales olvidaron que el factor de resocialización es uno de los fines de la pena y no se debe mirar un solo periodo en referencia al comportamiento del condenado, sino todo el tiempo que ha estado privado de su libertad.
Finalmente, solicita se tutelen sus derechos fundamentales de resocialización y libertad, ordenando que se le otorgue el subrogado penal de la libertad condicional.”
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 29 de marzo del año en curso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala de Decisión Penal, avocó el conocimiento de la presente acción y dispuso lo pertinente para la debida integración del contradictorio y el cumplimiento del principio de publicidad.
1. En respuesta, la Juez Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, informó que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, el 27 de noviembre de 2014, condenó al actor a la pena de 8 años, 5 meses y 15 días de prisión como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y porte de armas de fuego. El citado se encuentra privado de la libertad desde el 5 de agosto de 2013.
El 13 de febrero de 2018, el despacho a su cargo le negó la libertad condicional al señor ARISTIZABAL OBANDO, con fundamento en que su conducta fue calificada como regular, entre el 11 de febrero y el 10 de agosto de 2017, al haber sido sancionado disciplinariamente por el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Calarcá (EPMSC de Calarcá), a través de Resolución Nº 142 del 20 de febrero de 2017. Decisión confirmada en segunda instancia por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, el 7 de mayo de 2018.
El 10 de octubre de 2018, se le reconoció al actor redención de pena y se le negó nuevamente la libertad condicional, previa ponderación de su proceso de resocialización, con fundamento en que no cumplía con el requisito de observar buena conducta durante el tratamiento penitenciario, en consideración a que el Consejo de Disciplina del EPMSC de Calarcá, a través de la Resolución 0262 del 24 de marzo de 2015, calificó su conducta en el grado de regular, entre el 12 de febrero y el 11 de agosto del mismo año. Providencia igualmente confirmada en segunda instancia, el 13 de diciembre de 2018.
Frente a los hechos de la demanda, precisó la funcionaria que la negativa del beneficio deprecado no obedeció a un capricho del despacho a su cargo, resaltando que en el auto del 10 de octubre de 2018 se hizo una ponderación entre el tiempo que el señor ARISTIZABAL OBANDO lleva privado de libertad, la fecha en que fue sancionado y la pena impuesta en la sentencia, deduciéndose que el mismo debía continuar privado de la libertad para mostrar un avance en su proceso de resocialización.
Por lo anterior, solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda.
2. El doctor Andrés Giovanni Rosas Calvo, Juez Penal del Circuito Especializado de Armenia, manifestó que en ese despacho cursó el proceso con radicación 630016000059 2012-00819, adelantado en contra del actor, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y porte de armas de fuego. El 27 de noviembre de 2014, se condenó al señor ARISTIZABAL OBANDO a la pena de 8 años, 5 meses y 15 días de prisión.
En proveído del 13 de diciembre de 2018, el despacho a su cargo confirmó la decisión emitida el 10 de octubre del mismo año por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, que negó al actor la libertad condicional. Lo anterior, pues si bien se cumplía el requisito objetivo y se había acreditado el arraigo del sentenciado ARISTIZABAL OBANDO, la gravedad de los delitos por los que fue condenado, el daño potencial creado y la intensidad del dolo, no arrojaban un pronóstico favorable para la concesión del subrogado penal, sin dejar de lado que su comportamiento intramural no siempre fue idóneo, dado que en un periodo su conducta se calificó de regular.
Con ese fundamento, solicitó denegar el amparo.
EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala de Decisión Penal, negó la acción de tutela, con fundamento en que los despachos accionados, al negar al actor la libertad condicional, no cometieron ningún desafuero, ni sus decisiones fueron producto de la arbitrariedad al haber valorado los argumentos y pruebas allegadas por el actor conforme los postulados de la sana crítica, arribando a conclusiones aceptables. Situación que, por sí sola, bastaba para negar el amparo al no avizorarse la transgresión de derechos fundamentales alegada.
LA IMPUGNACIÓN
La decisión anterior fue impugnada por el accionante, al considerar que el Tribunal de primera instancia no realizó un estudio de su vida carcelaria ni de los factores de resocialización. Tampoco tuvo en cuenta que su comportamiento en el establecimiento de reclusión siempre ha sido bueno y ejemplar -salvo el periodo de 6 meses en que fue calificado de regular- y que ha estudiado y realizado cursos en el SENA. Aspectos que, de haber sido analizados minuciosamente junto con la prueba aportada, hubiesen llevado a que el fallo de tutela “hubiera sido diferente”.
En tal directriz, estimó que el estudio del Juez Constitucional debió centrarse en establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la resocialización y a la libertad condicional. En ese orden y de conformidad con la prueba documental que allegó, considera que el fin punitivo de la resocialización, en su caso, se encuentra satisfecho para acceder a la libertad condicional.
Por lo anterior, solicita que se revoque el fallo impugnado y en su lugar se le otorgue el sustituto penal en mención.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la sentencia adoptada en primera instancia el 4 de abril de 2019, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, al ser su superior funcional.
2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o cuando ésta se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.
3. Tratándose de acción de tutela contra decisiones judiciales, la misma se torna improcedente, salvo que aquellas comporten vías de hecho, atendiendo a que su finalidad no es la de revivir oportunidades o momentos procesales culminados, reponer términos de ejecutoria que permitan la impugnación de las decisiones o constituirse en el escenario donde puedan efectuarse valoraciones probatorias diferentes a la que realizó el juez de conocimiento, a quien corresponde hacer esa labor de acuerdo con la competencia que le asigna la ley.
Si así fuera, ha dicho la Corte, el recurso de amparo, instrumento de defensa de derechos fundamentales, trocaría en medio adverso a la seguridad jurídica y a la estabilidad social. Por estas razones el juez de tutela debe respetar las competencias regladas atribuidas a otras autoridades, sin afectar su autonomía.
4. En el caso de estudio, el problema jurídico a resolver radica en determinar si la negación de la libertad condicional al actor, por cuenta de las autoridades accionadas, vulneró los derechos fundamentales invocados.
5. Desde ya, advierte esta Sala que las decisiones confutadas no estructuran una vía de hecho que ameriten el amparo constitucional, atendiendo a que ninguna de ellas se apartó del contenido del artículo 64 del Código Penal que regula la libertad condicional de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 64. LIBERTAD CONDICIONAL. Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:
1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.
Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.
En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.
El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.
En efecto, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, en la providencia del 13 de febrero de 20181, fundamentó la negativa de la libertad condicional en que, el señor ARISTIZABAL OBANDO no cumplía con el requisito del buen comportamiento en el establecimiento carcelario, basándose para ello en la Resolución Nº 142 del 20 de febrero de 2017, expedida por el Consejo de Disciplina del EPMSC de Calarcá, en la cual se calificó la conducta del actor en el grado de regular, durante el periodo comprendido entre el 11 de febrero y el 10 de agosto de 2017. Así mismo, acogió las consideraciones que sobre la gravedad de la conducta se tuvieron en cuenta en el fallo condenatorio proferido contra el accionante el 27 de noviembre de 2014, al momento de analizarse la viabilidad de concedérsele la suspensión condicional de la ejecución de la pena:
“…Adicionalmente, sobre los comportamientos realizados por los acusados se puede aducir que desplegaron múltiples acciones para mantenerse vinculados a la empresa criminal descrita, bajo el claro conocimiento y comprensión de estar sosteniendo la venta continua de estupefacientes a un amplio espectro de la población quindiana, con el conocimiento y uso de armas de fuego para defender o agredir a quienes no se acogiesen a sus interés (sic), lo que permite concluir una proyección subjetiva negativa para la concesión del referido beneficio, pues dado el nivel de organización alcanzado es alta la probabilidad de repetición de tal tipo de comportamientos, o en otras palabras, atendida la gravedad de los delitos cometidos y la articulación colectiva para su ejecución, se evidencia el alto peligro en que se ubica a la sociedad y esto permite estimar inviable la aplicación del referido mecanismo…””
Posteriormente, en providencia del 10 de octubre de 20182, el citado juzgado negó al accionante la libertad condicional con fundamento en lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-757 de 2014, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal y lo expuesto por esta Corte en la sentencia STP6166-2015 (79531) atinente al análisis que deben hacer los jueces sobre la gravedad de la conducta, conforme la valoración efectuada en la sentencia condenatoria. Así mismo, tuvo en cuenta lo expuesto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia en decisión del 20 de febrero de 2018 dentro del radicado 2006-00535, y en el fallo de tutela del 21 de marzo del cursante año, en donde se sugiere una nueva postura al momento de estudiar la solicitud de libertad condicional, consistente en que se tenga en cuenta no solamente la gravedad de la conducta, sino también el proceso de resocialización de quien solicita el beneficio.
En esa directriz, fundó la improcedencia de la libertad condicional solicitada por el actor no solamente en la gravedad de las conductas punibles por las que fue sancionado, acorde conforme lo expuesto en la sentencia condenatoria del 27 de noviembre de 2014, sino también en su inadecuado comportamiento durante el tratamiento penitenciario, según la Resolución Nº 262 del 24 de marzo de 2015 expedida por el Consejo de Disciplina del EPMSC de Calarcá, en la que se calificó su conducta en el grado de regular durante el periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 11 de agosto de 2015, aclarando que la Resolución Nº 142 del 20 de febrero de 2017 “fue dejada sin efectos”.
Adicionalmente, el Juzgado de Ejecución de Penas realizó una ponderación entre el tiempo que ARISTIZABAL OBANDO llevaba privado de la libertad, el quantum de la pena impuesta y el tiempo que le faltaba por descontar, arribando a la conclusión que el mismo no había mostrado un avance en su resocialización.
Por otra parte, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia, en proveído del 13 de diciembre de 2018, mediante el cual resolvió la alzada interpuesta por el actor contra la decisión anterior, expuso las razones por las cuales consideraba que CRISTIAN ALBERTO ARISTIZABAL no tenía derecho al referido sustituto, las cuales se remiten a las consideraciones tenidas en cuenta en la sentencia condenatoria, en relación con la valoración de la conducta punible:
“En efecto, acerca de la gravedad de las conductas por las cuales se condenó al ciudadano CRISTIAN ALBERTO ARISTIZABAL OBANDO, se puso de presente el uso de armas de fuego para defender el negocio ilícito y agredir a quienes se opusieran a los intereses de la estructura criminal. También se aludió al alto nivel de organización, a la probabilidad de reiteración de los comportamientos ilícitos y a “la articulación colectiva para su ejecución”. Pero además de aludir a la gravedad, este despacho hizo referencia también al daño potencial creado (“alto peligro”) y a la intensidad del dolo “”claro conocimiento y comprensión de estar sosteniendo la venta continua de estupefacientes”). Así las cosas, además de la gravedad del delito, fueron otros aspectos, todos de signo negativo, los que incidieron en la valoración de la conducta”.
Bajo tales precisiones, el reparo del censor se vislumbra impróspero, al no generar ninguna duda que los despachos judiciales accionados, en las decisiones atacadas, expusieron una argumentación acorde al ordenamiento jurídico y jurisprudencia vigentes. Así mismo, tuvieron en cuenta los aspectos que, en la sentencia condenatoria proferida contra el actor, incidieron en la valoración sobre la gravedad de la conducta, relacionados con el daño potencial creado y la intensidad del dolo. Así mismo, se incluyó el análisis de su proceso de resocialización, concluyendo los referidos juzgados, de manera razonada y fundamentada, que el citado no cumplía con el requisito subjetivo del adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario. En consecuencia, tales providencias no estructuran vías de hecho que ameriten el amparo constitucional.
Distinto a como pregona el actor, el hecho de que su comportamiento en el establecimiento carcelario haya sido bueno y ejemplar por un tiempo prolongado, no se erige en presupuesto suficiente para optar por su libertad condicional, al prever el artículo 64 del Código Penal, una pluralidad de requisitos de carácter concurrente, significando lo anterior que la ausencia de uno de ellos basta para declarar la improcedencia del sustituto.
6. Así las cosas, se reitera, el razonamiento de los funcionarios que resolvieron este asunto no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, ya que en manera alguna se percibe ilegítimo, arbitrario, caprichoso o irracional. Cosa distinta es que el actor discrepe de las decisiones que obtuvo frente a su pedimento de libertad condicional, lo que, por sí solo no justifica la protección constitucional, por cuanto ello desbordaría la naturaleza residual y subsidiaria de la presente acción. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad con que cuenta para insistir en su pretensión de libertad condicional, de estimarla viable.
Por las razones expuestas, la sentencia impugnada se confirmará.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas No. 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Confirmar el fallo impugnado, conforme las expuestas en la parte motiva.
2. Notificar esta providencia a las partes de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Enviar copia de la presente decisión al proceso objeto de reproche.
4. Remitir el expediente con destino a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
Cúmplase
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fl. 72 C.O.
2 Fl. 66 ibíd.