Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP2583-2019
Radicación n.° 102696
(Aprobación Acta No. 51)
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
VISTOS
Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por Óscar Jaramillo Botero contra el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 11 de diciembre de 2018, que declaró improcedente el amparo invocado contra el Juzgado 11 Penal del Circuito de Cali con Función de Conocimiento y el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Cali con Función de Control de Garantías, con ocasión de las decisiones emitidas en otra acción de igual naturaleza.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron recogidos en la decisión de primera instancia en los siguientes términos:1
Refiere que formuló acción de tutela en contra el Juzgado 7o Penal Municipal y 11 Penal del Circuito de Cali, por violación a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Que la empresa SERVICIOS TEMPORAL SERTEMPO S.A. hoy SUMMAR S.A.S. Cali, toda vez que violaron normas de carácter laboral al dar por terminado el contrato laboral de su hija JENNY JARAMILLO MONTENEGRO (fallecida), quien se encontraba estado debilidad, ante lo cual interpuso tutela en contra de la empresa referida, que correspondiera en primera instancia al Juzgado 7o Penal Municipal de Cali, autoridad que negó el amparo con fundamento en fallo de carácter laboral que profirió el Juzgado 13 Laboral del Circuito, sin tener en cuenta que dicha demanda laboral “fueron por no haber practicado examen de retiro al terminar dicho contrato laboral”. Decisión que fue confirmada por el Juzgado 11 Penal del Cuito de Cali, con los mismos argumentos de primera instancia.
Agrega que la acción de tutela que fuera de conocimiento de las autoridades accionadas, se fundamenta en que SERVICIOS TEMPORAL SERTEMPO S.A. hoy SUMMAR S.A.S., vulneraron los derechos fundamentales de su hija JENNY JARAMILLO MONTENEGRO al haber dado por terminado su contrato de trabajo, sin permiso del Ministerio de Trabajo.
Considera que la decisión de los Jueces accionados, presenta defecto orgánico, atendiendo que no son expertos en materia laboral “para cumplir la exigencia de esa especialidad por cuyo motivo considero ineficaz en su estudio que no podía ser tenido en cuenta por presentar falencias en sus apreciaciones”. (Textual).
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 11 de diciembre de 2018 declaró improcedente el amparo invocado porque la acción de tutela no fue establecida para censurar decisiones de la misma naturaleza.2
LA IMPUGNACIÓN
El 18 de diciembre de 2018, el accionante presentó recurso de impugnación, insistiendo sobre en los argumentos con base en los cuales elevó su solicitud de amparo y la necesidad de llegar a la verdad en relación con el daño ocasionado a su difunta hija Yenny Jaramillo Montenegro.3
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por Óscar Jaramillo Botero contra el fallo de tutela de primera instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Al respecto, el problema jurídico que convoca a la Sala consiste en determinar si contra los fallos proferidos dentro de la acción de tutela 2017-00206, se configuran las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias de igual naturaleza, y en consecuencia debe concederse el amparo invocado.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias de igual naturaleza.
Como ha sido recurrentemente reiterado por esta Corporación, la acción constitucional de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales. Su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el accionante, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.
Por este motivo, y como ha sido desarrollado por la Doctrina constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta».
En línea con lo anterior, se ha considerado que si bien excepcionalmente es viable acudir a la acción de tutela cuando la solicitud de amparo versa sobre el trámite o procedimiento adelantado en el marco de otra acción de igual naturaleza, esta salvedad no aplica para las decisiones adoptadas en las mismas, pues uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias es «Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela».4
En ese sentido, cuando el asunto que se aborda se refiere a la regla fijada sobre la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, este parámetro solo admite de forma excepcionalísima su levantamiento, si se cumplen las condiciones señaladas en la providencia de unificación jurisprudencial SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, en la cual se señalaron tres requisitos:
a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit) [5]. c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual.6 (Textual).
Queda entonces claro que en atención a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto de la autonomía judicial, la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando se dirige a cuestionar una decisión judicial, tiene carácter excepcional, y su prosperidad está atada a que se cumplan los requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que quien acude a ella tiene la carga no sólo respecto de su planteamiento, sino de su demostración.
Análisis del caso concreto.
En el caso bajo examen, el accionante censura que los fallos proferidos dentro de la acción de tutela 2017-00206 no valoraron adecuadamente las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario laboral que su difunta hija promovió contra la empresa Sertempo S.A. hoy Summar S.A.S., lo cual le ha impedido conocer la verdad en relación con el daño a ella ocasionado.
Al respecto, la Sala encuentra que debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia porque se descarta que se configuren los requisitos que excepcionalmente habilitan la acción de tutela en estos casos, pues, en primer lugar, se evidencia que la presente solicitud de amparo comparte identidad procesal con la radicada bajo el número 2017-00206, en la medida que se fundamentan en los mismos hechos y la misma causa petendi, la cual tiene que ver con la revisión y revocatoria de las decisiones laborales proferidas dentro del proceso ordinario laboral que en su momento fue promovido por la ciudadana Yenny Jaramillo Montenegro.
Se descarta que en relación con este asunto se haya presentado algún hecho nuevo que habilite acudir a este escenario constitucional, porque como será desarrollado más adelante, existe otro mecanismo judicial para revisar los fallos de tutela.
En segundo lugar, la Sala considera que el accionante no probó que las decisiones censuradas fueran producto de un fraude, ya que lo único que se evidencia es una diferencia de criterio con las autoridades accionadas, a partir de la cual no se logra derruir el ideal de justicia presente en el derecho.
Finalmente, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo no es procedente porque el accionante tuvo la oportunidad de impulsar recurso de revisión de la acción de tutela. Se trata del mecanismo principal de defensa, como fue recogido en la sentencia SU-1219 de 2001:
Ahora bien, los jueces de tutela también pueden incurrir en arbitrariedades inexcusables al proferir una sentencia de tutela, que sitúan su conducta en los extramuros del derecho. Frente a esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este evento, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de control para evitar la vulneración de los derechos fundamentales mediante sentencias de tutela, en nombre de la defensa de los mismos…
…
El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional… (Textual).
Se trata de una oportunidad con la que el accionante contó y del escenario idóneo para debatir si las decisiones censuradas ciertamente contrariaban la doctrina fijada mediante la sentencia SU-377 de 2014.
Como fue detallado en la sentencia SU-1219 de 2001, la revisión puede ocurrir porque la Corte Constitucional decide oficiosamente seleccionar el caso, o porque una autoridad competente para ello insiste en su revisión. Se trata de un procedimiento previsto en los artículos 49 a 52 del reglamento interno de esa Corporación.
De esta manera, si ese alto tribunal decide no seleccionar de oficio un caso para revisión, y el accionante considera que hay afectación de sus derechos fundamentales, lo procedente es que promueva el recurso de insistencia ante dicha Corporación.
Al respecto, fue consultada la página de la Corte Constitucional para revisar el trámite dado a la acción de tutela 2017-00206 en sede de revisión, encontrando que la misma fue radicada en esa Corporación el 23 de abril de 2018 bajo el número interno T6726500; que el 21 de mayo siguiente ese alto tribunal decidió no seleccionarla; como no fue interpuesto el recurso de insistencia, las decisiones censuradas hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional y el expediente fue regresado al Juzgado de origen.7
De esta manera, se verifica que en el presente caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad y se descarta que el trámite adelantado haya sido contrario a los derechos invocados, comoquiera que se evidencia que la Corte Constitucional, intérprete autorizado de la Carta Política, guardiana de la integridad del texto superior en virtud de su artículo 241, y órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, decidió no seleccionar su caso para revisión, y que el accionante tampoco acudió a la Procuraduría General de la Nación o a la Defensoría del Pueblo, para que dichas autoridades, si encontraban que su caso cumplía con los requisitos del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, promovieran el recurso de insistencia ante dicha Corporación.
Se evidencia entonces que de los tres supuestos establecidos en la jurisprudencia para que proceda la tutela contra decisión de tutela, no se cumple ninguno. Por lo cual debe declararse la improcedencia de la solicitud de amparo.
En línea con lo anterior, en relación con el sentido de la decisión adoptada en el fallo de tutela impugnado, la Sala debe precisar que declarar la improcedencia de la solicitud y denegar la tutela son determinaciones diferentes, que no pueden concurrir, como fue explicado en sentencia T-883 de 2008:
Denegar la acción implica un análisis de fondo, mientras que la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración. (Textual).
Por lo tanto, en relación con el presente asunto, en tanto se constata que no se cumple con el requisito general de procedibilidad de «Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela», la Sala confirmará la providencia de primera instancia declarando la improcedencia del amparo invocado.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado.
2. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito.
3. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 38 a 39, cuaderno 1.
2 Folios 37 a 55, cuaderno 1.
3 Folios 61 a 62, cuaderno 1.
4 Cfr. CSJ STP4138-2015, 07 abr 2015, Rad. 78.692; STP15965-2017, 03 oct 2017, Rad. 94054; STP19469-2017, 21 Nov 2017, Rad. 94930; STP4239-2018, 20 mar 2018, rad. 97340; STP5259-2018, 17 Abr 2018, Rad. 97814; STP5256-2018, 17 Abr 2018, Rad. 97847; STP6894-2018, 22 May 29018, Rad. 98307; entre otras.
5 Para hacer más comprensible el fraude que daría lugar a revisar una sentencia de tutela, se trae a colación la sentencia T-218 de 2012 de la Corte Constitucional, mediante la cual se revisó un fallo en la que un Juez de tutela de Magangué (Bolívar) le concedió a varias personas una pensión por su labor como docentes, a pesar que no contaban con los requisitos: sus cédulas de ciudadanía no eran de Magangué o Bolívar, no tenían su residencia en ese departamento, y prestaron sus labores en Departamentos diferentes al mencionado. Por este motivo, y por cuanto era necesario proteger al erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, mediante acción constitucional de tutela la Corte Constitucional dejó sin efectos esa sentencia proferida por el Juez de tutela de Magangué.
6 Cfr. CC T-072, T-093 y T-286 de 2018.
7 Corte Constitucional [en línea:] http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/ (última consulta: febrero 18 de 2019).