Asistente Jurídico Inteligente
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N.° 2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP1840-2019
Radicación n.° 103187
Acta 49
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
VISTOS:
Resuelve la Sala la impugnación presentada por CAROLINA CARVAJAL CUBILLOS, contra la sentencia de tutela proferida el 30 de enero de 2019 por la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca, que negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por el Juzgado 1º Penal Municipal de Fusagasugá con Función de Control de Garantías la entidad impugnante.
Al trámite fueron vinculados los Juzgados 1º Penal Municipal de Fusagasugá con Función de Control de Garantías, Penal del Circuito con Función de Conocimiento y de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad con sede en Soacha, el Ministerio Público, la Fiscalía 3ª de la Estructura de Apoyo Seccional de Cundinamarca y el defensor público.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
El 24 de noviembre de 2010, el Juzgado 32 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento condenó a CAROLINA CARVAJAL CUBILLOS a 12 años de prisión, tras declararla penalmente responsable del delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa, concierto para delinquir y falsedad material en documento público agravada por el uso en concurso homogéneo, cometido en concurso heterogéneo, en circunstancias de mayor punibilidad. Adicionalmente, no le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni el sustituto de prisión domiciliaria.
Por auto del 3 de agosto de 2016, el Juzgado 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá concedió a la accionante la prisión domiciliaria, con la implementación de brazalete electrónico como medio de control.
Sin embargo, en audiencia del 26 de junio de 2018 tras imputarle cargos por los delitos de concierto para delinquir, en concurso con estafa agravada dentro del radicado 2017-0054, es decir, en una actuación diferente a aquella en la cual la demandante estaba cumpliendo la privación de la libertad, el Juzgado 1º Penal Municipal de Fusagasugá con Función de Control de Garantías, a solicitud de la Fiscalía 3ª de la EDA, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En tal virtud, fue traslada a la Cárcel del Buen Pastor de esta ciudad.
La accionante acudió al juez de tutela en busca del amparo de sus derechos al debido proceso y defensa, censurando la decisión emitida por el Juzgado 1º Penal Municipal de Fusagasugá con Función de Control de Garantías, alegó que esa autoridad desconoció que está cobijada con la prisión domiciliaria, por ende, requirió que se le permita continuar en su residencia.
TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA:
Por auto del 17 de enero de 2019, el Tribunal Superior de Pasto admitió la demanda y corrió el traslado correspondiente a los sujetos pasivos aludidos.
El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá con sede en Soacha, señaló que tras la imposición de la medida de aseguramiento a la accionante por cuenta del proceso 2017-00054, seguido por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada, el 19 de octubre de 2018, dispuso la remisión de la actuación a los Juzgados de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad de Bogotá.
El Juzgado 1º Penal Municipal de Fusagasugá con Función de Control de Garantías, relató el decurso de la actuación y defendió la legalidad de su decisión. A la par, destacó que si bien la defensa interpuso recurso de apelación, el mismo no fue concedido por carecer de los presupuestos del artículo 178 de la Ley 906 de 2004.
El Tribunal Superior de Cundinamarca negó el amparo señaló que la demanda incumple los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.
Durante la diligencia de notificación personal, la accionan impugnó el fallo, sin indicar el motivo de su inconformidad.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Al tenor de lo normado en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, la Sala es competente para resolver la segunda instancia, respecto de la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial.
La accionante controvierte por vía de tutela la decisión emitida el 26 de junio de 2018 por el Juzgado 1º Penal Municipal de Fusagasugá con Función de Control de Garantías, a través de la cual le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y, con ello, desconoció la prisión domiciliara la cual, en su criterio, «es un derecho adquirido».
En primer término, encuentra la Corte que la demandante pudo controvertir la aludida decisión a través de los recursos ordinarios, con sustento en argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela, pero no lo hizo.
Por tanto, la irregularidad procesal que ahora denuncia quedó en firme por causa de su inactividad, situación que no puede modificarse a través de la vía constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador (Cfr. CC-Sentencias SU–111 de 1997, T–1217 de 2003).
De otra parte, acorde con los medios de convicción allegados al trámite, advierte la Sala que la decisión cuestionada se ofrece razonable.
En efecto, si bien el Juzgado 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en auto del 3 de agosto de 2016, arribó a la conclusión de que por virtud de las conductas punibles de estafa agravada en la modalidad de delito masa, concierto para delinquir y falsedad material en documento público agravada por el uso en concurso homogéneo, cometido en concurso heterogéneo, en circunstancias de mayor punibilidad la ciudadana CAROLINA CARVAJAL CUBILLOS satisfizo los requisitos exigidos por la ley para cumplir la pena en su domicilio, es cierto que otro juez de la República encontró que la aludida debe estar privada de la libertad en establecimiento carcelario por su presunta autoría en los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada.
Se trata de dos decisiones que se han emitido frente a comportamientos distintos desplegados por CARVAJAL CUBILLOS que tienen como sustento diversas razones. En el caso de la prisión domiciliaria porque se encontró que pese a cometer los mencionados delitos, en este momento ha cumplido más de la mitad de la pena, cuenta con arraigo social y familiar y garantizó mediante caución el cumplimiento de sus obligaciones.
Pero, así mismo, ha sido ahora afectada con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al considerarse, según consta en la presente actuación, que por razón de la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada constituye un riesgo para la comunidad y, además, por cuanto su lugar de residencia es donde viene desplegando la actividad delictiva de la empresa fachada de papel.
Es manifiesto entonces, que la decisión llamada a efectivizarse en este momento es aquella que comporta una restricción más severa de la privación de la libertad, porque no resulta viable soslayar el pronunciamiento emitido por un Juez de la República, quien ha dictaminado que la aquí accionante constituye actualmente un peligro para la comunidad y, además, que cumplir la medida de aseguramiento preventiva en su lugar de residencia es insuficiente. Solamente si esa medida pierde vigencia, ahí sí se materializará la que únicamente comporta reclusión en su domicilio.
Así las cosas, si se inicia otro proceso y allí se adopta una decisión que restringe más severamente su libertad, es claro que será esta última la llamada a aplicarse con preferencia a las medidas de menor entidad, salvo si ella decae con posterioridad, porque, como se dijo, esa es la valoración actual que frente a la personalidad del reo ha hecho un Juez de la República con ocasión de la presunta comisión de otros delitos, que no puede esquivarse ni diferirse en el tiempo.
En otras palabras, sólo si se hace efectiva en este momento la decisión proferida por el Juzgado 1º Penal del Municipal de Fusagasugá con Función de Control de Garantías podrá cumplirse los fines de la detención preventiva, esto es, evitar que CARVAJAL CUBILLOS afecte los intereses de la comunidad y garantizar que no evada la justicia.
Propósitos que no se satisfacen con la prisión domiciliaria, pues no se justipreciaron las circunstancias en que se desarrollaron los hechos constitutivos de la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada, las que llevaron al Juzgado accionado, a concluir acerca de la necesidad de la medida de aseguramiento intramural.
Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2019, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca negó el amparo solicitado por CAROLINA CARVAJAL CUBILLOS.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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