Asistente Jurídico Inteligente
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N.° 2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP10373-2019
Radicación n.° 105883
Acta 184
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS:
Resuelve la Corte la impugnación presentada por el apoderado judicial de ODEARDO ANTONIO ACEVEDO MORALES contra la sentencia de tutela proferida el 22 de mayo de 2019 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, el Juzgado 1° Laboral del Circuito de la misma ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
Al trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral 2016-00230.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
Según se establece de la actuación, ODEARDO ANTONIO ACEVEDO MORALES instauró demanda ordinaria laboral contra la Administradora de Pensiones –Colpensiones-, con el fin de que se le reconociera y pagara pensión de invalidez a partir del 1° de febrero de 2011, en razón a que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño le determinó una pérdida de capacidad laboral del 60.23%, dictamen que fue confirmado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Mediante sentencia del 19 de junio de 2018, el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Pasto acogió las pretensiones de la demanda. Sin embargo, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad en proveído del 1° de noviembre de 2018 la revocó y, en su lugar, absolvió a la Administradora de Pensiones –Colpensiones-, tras considerar que el actor no acreditó los requisitos contenidos en la Ley 860 de 2003.
En criterio de la parte actora, la decisión de segunda desconoció el principio de la condición más beneficiosa. Resaltó que no tuvo en cuenta su situación de «discapacidad y adulto mayor que ostenta [69 años]».
Por tal motivo, acudió ante la jurisdicción constitucional en procura del amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, la igualdad, la vida digna, el mínimo vital y la salud. En consecuencia, solicitó que tras dejar sin efectos la referida determinación, se ordene el reconocimiento y pago de la aludida prestación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA:
Por auto del 13 de mayo de 2019, la Sala de Casación Laboral admitió la acción de tutela y notificó la iniciación del trámite a las autoridades judiciales mencionadas.
El Juzgado 1° Laboral del Circuito de Pasto relató el decurso de la actuación, defendió la legalidad de su decisión y remitió, en calidad de préstamo, el expediente con radicado 2016-00230.
La Administradora de Pensiones –Colpensiones- indicó que la decisión cuestionada no puede ser modificada o revocada por cuanto se encuentra en firme. Agregó que la tutela no es un mecanismo que reemplace los procesos judiciales, por lo que solicitó que se declare improcedente la presente acción y, en consecuencia, se archive la misma.
Dentro del término legalmente conferido para ello, los demás accionados y vinculados guardaron silencio.
La Sala de Casación Laboral negó el amparo solicitado. Indicó que la solicitud de protección constitucional no cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto el demandante no hizo uso del recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia.
La parte actora impugnó la sentencia. Argumentó que no interpuso el recurso extraordinario de casación porque la cuantía del trámite no ascendía a 120 salarios mínimos legales vigentes, como exige la normativa pertinente y que en el presente caso se le debe dar aplicación a la condición más beneficiosa por tratarse de una persona discapacitada y de la tercera edad.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Conforme al artículo 1º del Acuerdo número 001 del 15 de marzo de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte, en armonía con el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnación interpuesta contra la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral.
En primer lugar, el accionante pudo controvertir el fallo del Tribunal Superior de Pasto, a través del recurso extraordinario de casación, aduciendo argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela. No obstante, optó por renunciar a ese mecanismo y acudir a esta vía excepcional.
Así las cosas, la solicitud de amparo se torna improcedente –numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991-, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional –Sentencia T – 1217 de 2003-.
En ese orden, resulta evidente que el descuido puesto de presente permitió que la decisión de segunda instancia cobrara firmeza, situación que no puede modificarse a través de la vía constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador (Sentencia SU – 111 de 1997).
Con la intención de excusar su descuido, ODEARDO ANTONIO ACEVEDO MORALES argumentó que no ejercitó el mencionado recurso extraordinario debido a que la cuantía de sus pretensiones no excedía los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstos en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo.
Sin embargo, tal explicación no justifica de manera suficiente la incuria del accionante ni habilita un pronunciamiento por parte del juez de tutela, en razón a que correspondía al Tribunal de segunda instancia, y no al interesado, determinar el importe del derecho prestacional reclamado y, consecuente con ello, la viabilidad o no de estudiar el asunto en sede de casación.
Con todo, advierte la Sala que en el presente asunto los razonamientos planteados en la decisión cuestionada se ofrecen ajustados a derecho, en tanto se encuentran fundamentados en las disposiciones aplicables y la jurisprudencia pertinente.
En efecto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto precisó que el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de la condición de invalidez, en este caso tal suceso ocurrió el 4 de noviembre de 2011 y, por ello, la norma llamada a regir es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Sin embargo, aclaró que el demandante no cumplió los requisitos establecidos en dicha normativa, pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de 50% o más.
Así mismo, indicó que no es viable aplicar el principio de la condición más beneficiosa bajo el contenido del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, pues no puede emplearse la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, rigen hacia futuro. (CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016). Por ende, concluyó que la norma aplicable es la que se encuentra vigente a la fecha de ocurrencia el siniestro, en el presente caso la fecha en la cual se estructuró la invalidez.
Por último, destacó que el actor no cumplió con las nuevas exigencias para el acceso a la pensión de invalidez contenidas en el artículo 39 de la ley 100 de 1993, ni con los requerimientos reglados de la condición más beneficiosa, puesto que no estaba cotizando y tampoco tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez.
Es manifiesto que la decisión reprochada se aprecia razonable y debidamente motivada, por lo que no estructura ninguno de los defectos que hace procedente la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Ante tal panorama, el principio de autonomía de la función jurisdiccional (artículo 228 de la Carta Política), impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida sólo porque el impugnante no la comparte o tiene una comprensión diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los hechos probados y la interpretación de la legislación pertinente.
Se confirmará, por ende, la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR el fallo del 22 de mayo de 2019 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial de ODEARDO ANTONIO ACEVEDO MORALES.
2. NOTIFICAR este proveído conforme al artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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