Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado ponente
ATP1326-2019
Radicación n.° 105108
(Aprobación Acta No. 203)
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre sobre el cumplimiento de las órdenes de tutela impartidas a la Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, mediante el fallo STP3892-2019 emitido el pasado 26 de marzo dentro del radicado 103565.
ANTECEDENTES
1. Los ciudadanos Judith Consuelo García Triana y Samuel Hernández Ayala, mediante apoderado judicial, remitieron escrito informando sobre el presunto incumplimiento de las órdenes de tutela impartidas contra la Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, mediante fallo proferido el 26 de marzo de 2019 dentro del expediente radicado bajo el número 105108.1
Se trata de una providencia en la que esta Corporación resolvió:
3. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia de Judith Consuelo García Triana y Samuel Hernández Ayala, por las razones anotadas en precedencia.
4. En consecuencia, ordenar a la Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, que, dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente decisión, acorde con los parámetros del artículo 5 de la Resolución No. 0-5007 de 2004 expedida por la Fiscalía General de la Nación y la Resolución No. 0178 de 2018 expedida por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, adelante las diligencias necesarias con el fin de establecer la ubicación física del expediente radicado bajo el número 8915.
De no ser posible lo anterior, procederá de inmediato a iniciar el trámite de reconstrucción.
Todo ello en procura de resolver debidamente la procedencia de la acción de extinción de dominio y de las medidas cautelares decretadas sobre el lote de terreno «La Carbona» identificado con el número de matrícula inmobiliaria 200-19711. (Textual).
2. Mediante auto de 6 de junio de hogaño, se requirió a la Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, para que informara sobre el cumplimiento de la providencia referida y allegara las pruebas que considerara pertinentes.2
3. La Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, informó lo siguiente:3
El 5 de abril fui notificada de la sentencia…// En virtud de lo anterior, el 6 de abril de 2019, la suscrita avocó su conocimiento y dispuso la solicitud de un Investigador de Policía Judicial para llevar a cabo diligencias tendientes a dar cumplimiento con la citada sentencia.
Una vez asignado el Investigador, mediante resolución del 24 de abril de 2019, se ordenó a la servidora de Policía Judicial Sandra Marcela Arango Rodríguez, establecer la ubicación física del expediente radicado bajo el número 8915 824631 adelantado por la extinta Unidad de Ley 30 de 1986, con ocasión de la actuaciones adelantada por la Unidad Investigativa de orden público SIJIN en el inmueble denominado “La Carmona”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 200-86789, ubicada en la vereda El Salado del municipio de Rivera (Huila), propiedad del señor Hernando Molina Cardona, Investigación que fuera adelantada en contra de los señores Luis Carlos Velásquez Durán y Luis Antonio Perdomo Perdomo.
Para el efecto se ordenó llevar a cabo inspección judicial, primero en los Juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá, de no reposar allí el expediente se llevaría a cabo tal diligencia en los Juzgados de Ejecución de Penas de la ciudad de Neiva (Huila) y en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de la misma ciudad.
A su vez se le ordenó obtener de la oficina de Registro de instrumentos Públicos del Circulo de Neiva (Huila) copia del historial de los inmuebles Finca “La Carmona”; identificada con el folio de matrícula inmobiliaria número 200-86789, así como del predio “La Carbona”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 200-19711 y el predio “El Carbón”.
El 5 de junio de 2019, la servidora Sandra Marcela Arango Rodriguez, presentó informe de Policía Judicial de la misma fecha, indicando los resultados de las labores dispuestas, entre otras, informó sobre la ubicación de la actuación penal requerida y las dificultades para tener acceso a la totalidad de la misma por el estado en que se encuentra. Al informe acompañó algunas copias de las piezas procesales que obtuvo en la inspección que realizó al proceso.
Analizadas las copias obtenidas por la Investigadora Judicial designada para este asunto, se consideró que para mejor proveer era necesario obtener copia de otras piezas procesales, por lo que el Despacho dispuso a través de resolución del 10 de junio del presente año, el desglose íntegro del o los incidentes que se hayan promovido en relación con los predios “La Carbona” y/o “La Carmona”, incluidos los pronunciamiento del grado jurisdiccional de consulta, especialmente de aquél en donde se profirieron las resoluciones del 29 de abril de 1993 y del 8 de febrero de 1994 (Folios 51 y siguientes y 98 y siguientes del cuaderno Nro. 2) respectivamente, con el propósito de tomar decisión de fondo correspondiente.
Además, se ordenó obtener copia de las indagatorias rendidas por el señor Luis Antonio Perdomo Perdomo; así como de las ampliaciones a la misma, en caso de que se hayan recepcionado; así como copia de las sentencias de primera y segunda instancia que se hayan proferido en contra del señor Luis Antonio Perdomo Perdomo y copia de la diligencia de ocupación del bien inmueble ubicado en la vereda El Salado, municipio de Rivera (Huila), finca “La Carmona”, realizada por la Unidad de Orden Público de la SIJIN del Departamento de Policía (Huila), a que se refiere el oficio Nro. 0290 del 26 de febrero de 1992. Al parecer esta acta se encuentra en los folios 12 al 13 del cuaderno copias 1, según se desprende de lo consignado en la página 3 de la resolución de Segunda instancia del 8 de febrero de 1994 (Folio 98 del cuaderno Nro. 2.)
Como a la fecha no se han obtenido los resultados a la orden impartida el 10 de los cursantes, se requirió telefónicamente a la Investigadora designada para que rinda oportunamente el informe correspondiente, para adoptar la decisión del caso. (Textual).
Para acreditar sus actuaciones, esta accionada remitió copia de los soportes respectivos.4
4. A partir de esa respuesta, la Sala constató que hasta ese momento la autoridad accionada venía dando cumplimiento a lo ordenado mediante el fallo STP3892-2019 emitido el pasado 26 de marzo dentro del radicado 103565, por lo que mediante auto ATP1063-2019 de 28 junio hogaño, se abstuvo iniciar el incidente de desacato solicitado.5
5. El pasado 8 de julio, la Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de acreditar el cumplimiento de las órdenes de tutela que le fueron impartidas, remitió copia de la Resolución de 2 de julio de 2019 proferida dentro del expediente radicado bajo el número 8915, mediante la cual se pronunció sobre los bienes inmuebles «La Carbona» identificado con la matrícula inmobiliaria 200-0019711 y «El Carbón» identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 200-86789.6
6. El pasado 19 de julio, con el fin de contar con elementos de juicio suficientes para decidir, se dispuso correrle traslado de ese informe a Judith Consuelo García Triana, Samuel Hernández Ayala y su apoderado judicial, para que se pronunciaran sobre el mismo.7
7. El pasado 5 de agosto, la Secretaría informó que el 30 de julio anterior, el apoderado de los accionantes se notificó personalmente de la referida decisión8 y vencido el término concedido no presentó intervención alguna.9
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para verificar el cumplimiento del fallo STP3892-2019 emitido el pasado 26 de marzo dentro del radicado 103565.
El problema jurídico que convoca a la Sala consiste en determinar si a partir de la decisión proferida el 2 de julio de 2019 por la Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, debe declararse el cumplimiento de las órdenes de tutela impartidas mediante el fallo STP3892-2019 emitido el pasado 26 de marzo dentro del radicado 103565.
Al respecto, la Sala procedió a revisar la Resolución de 2 de julio de 2019 proferida dentro del expediente radicado bajo el número 8915, encontrando que, en lo que concierne al amparo concedido, mediante esa providencia la autoridad accionada determinó que la Unidad Investigativa de Orden Público de la SIJIN del Departamento de Policía de Huila, por error ordenó la ocupación del bien identificado con el número de matrícula inmobiliaria 200-0019711.
Por ese motivo, resolvió «…comunicar a la Dirección Nacional de Estupefacientes y/o a la Sociedad de Activos Especiales SAE y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva (Huila) que el inmueble denominado “La Carbona” identificado con la matrícula inmobiliaria 200-0019711, no se requiere para efectos de extinción de dominio, ni para ningún otro efecto dentro de este proceso y, en consecuencia, se proceda de inmediato a levantar los gravámenes y anotaciones que se hayan impuesto sobre el mismo con ocasión del proceso número 8915 (24631) adelantado por la extinta Unidad de Ley 30 de 1986».
De esta manera, comoquiera que el amparo concedido mediante el fallo STP3892-2019 emitido el pasado 26 de marzo dentro del radicado 103565, estaba encaminado a que se resolviera la situación jurídica del lote de terreno «La Carbona» identificado con el número de matrícula inmobiliaria 200-19711, se constata que la Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, sí dio cumplimiento a la orden que le fue impartida.
Aunado a lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que la parte accionante no presentó objeción alguna frente a la decisión adoptada por la autoridad accionada y, que en caso de inconformidad con la determinación adoptada por la autoridad accionada, podrá ejercer su derecho de contradicción y defensa en el marco del proceso número 8915 (24631).
Por estas razones se declarará el cumplimiento de las órdenes de tutela impartidas mediante el fallo STP3892-2019 emitido el pasado 26 de marzo dentro del radicado 103565, y se ordenará el archivo de las actuaciones.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA N° 1,
RESUELVE
1. DECLARAR que la Fiscalía Segunda delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, cumplió las órdenes de tutela impartidas mediante el fallo STP3892-2019 proferido el pasado 26 de marzo dentro del radicado 103565, por las razones anotadas en precedencia.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, informando que contra la misma no procede recurso alguno.
3. Cumplido lo anterior, ARCHIVAR las diligencias.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 1 a 4.
2 Folios 7 a 9.
3 Folios 11 a 12.
4 Folios 13 a 27.
5 Folios 29 a 38.
6 Folios 41 a 43.
7 Folios 44 a 45.
8 Folio 48.
9 Folio 49.