AP636-2015(45331)

2015

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

PATRICIA    SALAZAR  CUÉLLAR   

MAGISTRADA  PONENTE   

AP636-2015   

Radicación    No.:  45.331   

Acta      No.  44   

Bogotá  D.  C., once (11) de febrero de dos  mil quince (2015)   

VISTOS  

De  acuerdo  con lo dispuesto por el numeral  4º  del  artículo  32 de la Ley 906 de 2004, define la Sala de Casación Penal  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  la  competencia  para conocer del proceso  adelantado    contra    LUIS    EDUARDO    CIFUENTES  GALINDO   por  los  delitos  de  secuestro  extorsivo  agravado,  homicidio  agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego  o   municiones   y   concierto   para  delinquir,  luego  que  la  fiscalía  78  especializada  impugnara  la  competencia  del  Juzgado  1º  Penal del Circuito  Especializado de Conocimiento de Cundinamarca.   

ANTECEDENTES  RELEVANTES   

1.  Da  cuenta  la  actuación  que  el  día  9  de  noviembre  de 2012 en las horas de la mañana,  Humberto  Sarmiento  Villate  se  dirigía hacia La universidad Sergio Arboleda,  ubicada  en  el  norte  de  esta  ciudad, cuando fue secuestrado por un grupo de  delincuencia  común,  que,  luego de solicitar mediante llamada telefónica una  fuerte  suma  de dinero a su padre para su entrega, lo trasladó al municipio de  Yacopí   –Cundinamarca-,  donde  finalmente  fue ultimado con un disparo en el rostro, continuando con las  llamadas  extorsivas  para  su supuesta liberación. Se esclareció dentro de la  investigación   que   las   mismas   provenían   del  interior  de  un  centro  penitenciario.   

El 13 de febrero de 2013, hizo presencia ante  el  GAULA  Cundinamarca,  Jorge  Alberto Torres Berrio quien afirmó haber hecho  parte   de   aquellos   hechos,  y  mencionó  el  nombre  de  los  partícipes,  especialmente,  a  LUIS EDUARDO CIFUENTES GALINDO alias  “El  Aguila”,  que  se  encuentra  privado  de  la  libertad  en el pabellón de Justicia y Paz de la Penitenciaría Nacional Modelo  en  calidad  de  postulado, a  quien  sindicó  de  financiar  el  crimen  y ordenar la ejecución de Sarmiento  Villate,   afirmaciones   contrastadas   por   la   Policía   Judicial   en  su  investigación.   

2.  Conforme  se  desprende  del  plenario, por solicitud de la Fiscalía, el 5 de agosto de 2014,  ante  el  Juzgado  24  Penal  Municipal con Función de Control de Garantías de  Bogotá  se  adelantó  audiencia  de  formulación  de  imputación y medida de  aseguramiento   contra  CIFUENTES  GALINDO1.    

3.   El  20  de  noviembre  de  2014,  la fiscalía 78 Especializada de la Unidad Nacional contra  el  Crimen Organizado, presentó escrito de acusación en contra de LUIS  EDUARDO  CIFUENTES  GALINDO  alias “El Aguila”,  por  los  delitos  de  secuestro  extorsivo  agravado,  homicidio  agravado,  fabricación,  tráfico  y  porte  de  armas  de fuego o municiones y  concierto   para   delinquir   ante   el  Juzgado  Primero  Penal  del  Circuito  Especializado de Cundinamarca.   

          El  despacho inició a la diligencia, no obstante, cuando dio el uso  de  la  palabra  a  los  sujetos  procesales  para que se pronunciaran sobre los  aspectos   que   contempla   el  artículo  339  del  Código  de  Procedimiento  Penal2,  intervino  el  representante de la fiscalía quien estimó que en  el   presente   caso   se   presentaba   una   causal   de   incompetencia   por  territorialidad.   

          En  efecto,  acotó  que  los  hechos  investigados ocurrieron en la  ciudad  de  Bogotá, pero que en atención al paro judicial que se adelantaba en  el  mes  de noviembre del año anterior, dicha secretaría no prestaba atención  al  público, por lo cual se vió impelido a radicar el escrito de acusación en  el  Centro  de  Servicios  Administrativos  de los Juzgados Penales del Circuito  Especializado  de  Cundinamarca,  toda vez que para ese momento se cumplían los  150 días que tenía para presentarlo.   

          Surtido  el  traslado  a los demás intervinientes, la representante  del  Ministerio Público se mostró de acuerdo con la petición de la fiscalía,  y  argumentó  que  los  delitos  objeto de acusación ocurrieron en esta ciudad  capital.  La  defensa  del  imputado,  por  su  parte,  estimó que los punibles  investigados   se   consumaron   en   el   municipio   de  Yacopí  –Cundinamarca-,  y  por  lo  tanto,  el  Juzgado   sí   es   el   competente   para   avocar   el   conocimiento  de  la  actuación.   

          Consideró  el juez que si tal y como lo sustentó el ente acusador,  su  intención  era  presentar  el  referido  escrito en el distrito judicial de  Bogotá,  pero  ello  no ocurrió por causas ajenas a su voluntad, lo procedente  es  radicar la competencia allí, máxime cuando por los mismos hechos ya se han  adelantado  y  culminado  procesos  contra  otros  de  los partícipes; además,  acotó  que  los  elementos fundamentales de la acusación se encuentran en esta  ciudad.  Con lo anterior, dio aplicación al artículo 54 de la Ley 906 de 2004,  y ordenó la remisión del asunto a la Corte Suprema de Justicia.   

CONSIDERACIONES  DE  LA  CORTE   

1. Corresponde a la  Sala  de  Casación  Penal  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia, conforme a los  lineamientos  contenidos  en  el  numeral  4°  del  artículo 32 del Código de  Procedimiento  Penal  (Ley  906  de 2004),   definir   la   competencia   cuando   se   trate   de   aforados  constitucionales  y  legales,  o  de  tribunales, o de  juzgados de diferentes distritos.   

A  su  turno,  el  artículo  54 de la misma  codificación,  frente al trámite relacionado con la definición de competencia  dispone:   

Cuando  el  juez  ante  el  cual  se  haya  presentado  la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las  partes   en   la  misma  audiencia  y  remitirá  el  asunto  inmediatamente  al  funcionario  que  deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3)  días  decidirá  de  plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de  lo  previsto  en  el  artículo 286 de este Código y cuando la incompetencia la  proponga la defensa.   

Por   ello,   como   lo   ha  indicado  la  jurisprudencia      de     esta     Corporación3,  es  de su resorte definir la  manifestación  de incompetencia cuando ésta involucra a juzgados de diferentes  distritos  judiciales,  como sucede en el presente caso, donde plantea la propia  fiscalía,  que  quien  debe  conocer el asunto es un Juzgado Penal del Circuito  Especializado  del  Distrito  Judicial  de  Bogotá y no el que en la actualidad  tramita  el proceso penal, es decir, el Juzgado 1º homólogo de Cundinamarca, a  quien  le  correspondió  conocer  la causa adelantada en contra de LUIS EDUARDO CIFUENTES GALINDO alias “El Aguila”.   

Procede  en  consecuencia la Sala, a definir  qué  autoridad  judicial  asumirá  el  proceso  adelantado  por los delitos de  secuestro  extorsivo  agravado,  homicidio  agravado,  fabricación,  tráfico y  porte  de  armas  de  fuego  o  municiones  y  concierto  para delinquir, que se  adelanta contra aquel.   

          2.  El  artículo 43 de la Ley 906 de 2004  dispone que es competente para conocer del juzgamiento:   

…el  juez  del  lugar donde ocurrió el delito.   

   

Cuando no fuere posible determinar el lugar  de  ocurrencia  del  hecho,  este se hubiere realizado en varios lugares, en uno  incierto  o  en  el  extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija  por  el  lugar  donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de  la  Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la  acusación.   

Las   partes   podrán   controvertir  la  competencia   del   juez   únicamente   en   audiencia   de   formulación   de  acusación.   

Además,   el  artículo   51   ejusdem,   regula   las   distintas  modalidades   en  que  puede  presentarse  la conexidad.  De  manera  concreta  los  numerales   2º,   3º  y  4º,  indican la existencia  de     este     fenómeno    cuando    acaece   un   concurso   de   conductas  punibles, en los siguientes términos:   

2.  Se impute a una persona la comisión de  más  de  un  delito  con  una acción u omisión o varias acciones u omisiones,  realizadas con unidad de tiempo y lugar.   

3.  Se impute a una persona la comisión de  varios  delitos,  cuando  unos  se  han  realizado  con  el  fin de facilitar la  ejecución  o procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia  de otro.   

4.  Se  impute  a  una  o  más personas la  comisión  de  uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de  actuar  de  los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y,  la  evidencia  aportada  a  una  de  las  investigaciones  pueda  influir  en la  otra.   

A   su   vez,   el  artículo        52        de       la       normatividad       citada,  al  referirse  a la competencia  por conexidad, expresa:   

Cuando  deban  juzgarse  delitos  conexos  conocerá  de  ellos  el  juez de mayor jerarquía de acuerdo con la competencia  por  razón  del  fuero  legal  o la naturaleza del asunto; si corresponden a la  misma  jerarquía será factor de competencia el territorio, en forma excluyente  y  preferente,  en  el  siguiente  orden:  donde se haya cometido el delito más  grave;  donde  se  haya  realizado  el  mayor  número de delitos; donde se haya  producido  la  primera  aprehensión  o  donde  se  haya  formulado  primero  la  imputación.   

Cuando  se trate de conexidad entre delitos  de  competencia  del  juez  penal  de  circuito  especializado  y cualquier otro  funcionario judicial corresponderá el juzgamiento a aquel.   

          3.  Como  se  referenció  atrás,  en  el  proceso  se  investiga  la  comisión de varias conductas punibles, ocurridas en  Bogotá  D.C. y el municipio de Yacopí departamento de Cundinamarca, por lo que  es  preciso  aplicar al caso el factor de conexidad contenido en el artículo 51  del  Código Penal y las reglas que sobre la competencia en estos casos estipula  el  apartado  52  del  Código  de Procedimiento Penal, agotándolas en el orden  establecido       en      esa      disposición4.    

          Así,  no  se  censura  la  jerarquía  del  juez al que corresponde  conocer  del  proceso,  toda vez que por la naturaleza del asunto, las conductas  punibles,  de  secuestro extorsivo agravado y de concierto para delinquir que se  le   endilga,  atribuye  la  competencia  a  los  jueces  penales  del  circuito  especializados.   

Por  lo  tanto,  debe revisarse el requisito  relativo    al    factor    territorial    y   dentro   de   él,   «en      forma     excluyente     y  preferente»,  el  lugar donde se cometió la conducta  punible más grave.   

En   el  escrito  de  acusación  se  hace  referencia   a   que  el  actuar  delictivo  del  cual  participó  CIFUENTES   GALINDO   fue  ejecutado  por  «…un     grupo     de    delincuencia    común  organizado»5   de  esta  ciudad,  además,  relata  la  ocurrencia  de  reatos  de  secuestro extorsivo, homicidio agravado,  fabricación  tráfico  y  porte de armas de fuego o municiones y concierto para  delinquir,   en   los   cuales   aparece   como   víctima   Humberto  Sarmiento  Villate.   

Al respecto, se observa en la acusación, que  los  delitos  de  mayor  entidad,  son los de secuestro extorsivo agravado, (que  dada  la imprecisión del escrito se entiende ocurrió en Bogotá y continuó en  el  municipio de Yacopí, departamento de Cundinamarca) y el homicidio agravado,  último  que  se  cometió  en aquel lugar donde fue ultimado Sarmiento Villate,  con   «…un   disparo   que   le  propinó  en  el  rostro…»6.   

Por  lo anterior, para la Sala la condición  del    «delito      más     grave»,  tampoco  resuelve  este  asunto  por cuanto ambos punibles en su  límite  superior  consagran  la pena de 600 meses de  prisión,   (artículos   169   y   170  Num. 3º, 6º  y  13º, y artículos 103 y  104   Num.   2º,  4º,  y  7º    del    Código  Penal,          respectivamente).   

Entonces,  acudimos    al   siguiente   factor,   «donde  se  haya  realizado  el  mayor  número         de         delitos»,   y  sobre  el  particular  resulta  pertinente  recordar  que en  «…el  delito permanente  la  consumación se prolonga en el tiempo hasta cuando  cesa   el   atentado   al  bien  jurídico    objeto    de    tutela,    sin    que    corresponda   a   una  realización      del      comportamiento     por  tramos»,  y  ello permite  aseverar  que en el caso de los punibles de secuestro extorsivo y concierto para  delinquir7      se     actualizaron  en el Municipio de Yacopí –Cundinamarca-,   lugar  donde  también se ultimó  a  «Humberto  Sarmiento Villate, con un disparo que  le  propinó  en  el  rostro,  haciendo  uso  de  un  arma  de fuego 9mm marca  Broween»8   

Así las cosas,  resulta  evidente  que  los  punibles  de  secuestro  extorsivo  y  concierto para delinquir,    enrostrados    a    CIFUENTES  GALINDO,  ocurrieron  tanto  en  Bogotá  como  en el Municipio de Yacopí             –Cundinamarca-,       pero  la  nota  distintiva la aporta el  lugar  donde  se  cometieron  los  ilícitos de porte  ilegal  de  armas y el homicidio agravado, siendo ese  el    factor   que   define   la   competencia   en  el  distrito judicial de  Cundinamarca     concretamente     en   Yacopí,   donde   sin   duda   se  cometió       el      mayor      número   de   delitos,   factor   que  trasciende  la  voluntad  de  la fiscalía y el hecho  que    otros    vinculados   al   asunto   hubiesen   sido   juzgados   en   esta   ciudad   capital,   como   lo  estimó el A Quo en sus argumentaciones.   

          Así  las  cosas, la Sala dispondrá que la competencia para conocer  del  proceso  adelantado  contra LUIS EDUARDO CIFUENTES  GALINDO  alias “El Aguila” es del Juzgado 1º Penal  del Circuito Especializado de Cundinamarca.   

En  mérito  de  lo  expuesto,  LA  CORTE  SUPREMA  DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE   

         

1.  Declarar  que la competencia  para  conocer  de  este  asunto  corresponde  al  Juzgado 1º Penal del Circuito  Especializado     de     Cundinamarca,     a    donde    será    remitido    el  expediente.   

2.  Contra  esta  decisión no procede recurso alguno.   

3.  Comuníquese y  Cúmplase.   

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO  

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

MARÍA     DEL    ROSARIO    GONZÁLEZ  MUÑOZ   

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

EYDER PATIÑO CABRERA  

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria   

    

1  Folio 35 del Escrito de Acusación.   

2     ARTÍCULO  339.  TRÁMITE. Abierta por el juez la audiencia,  ordenará  el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá  la  palabra  a  la  Fiscalía,  Ministerio  Público y defensa para que expresen  oralmente  las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades,  si  las  hubiere,  y  las  observaciones  sobre  el escrito de acusación, si no  reúne  los  requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo  aclare, adicione o corrija de inmediato.   

3. Auto  de 3 de octubre de 2007, radicado 28343, entre otros.   

4  En  ese  sentido, CSJ AP2685 –  2014 y CSJ AP, 21 de febrero de 2007, Rad. 26830.   

5  Folio 2 Escrito de Acusación.   

6  Folio 3 Escrito de Acusación.   

7  C.S.J,  Sala  de  Casación Penal Rad 31.407 de 25 de  agosto    de    2010    y    40.545    de    25    de    septiembre   de   2013,  respectivamente.   

8  Folio 3 Escrito de Acusación.     

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