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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado ponente
AP3769-2018
Radicación N° 47762
(Aprobado Acta No. 302)
Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el recurso de reposición formulado contra la decisión del 21 de noviembre de 2017, mediante la cual se inadmitió la demanda de revisión interpuesta por GABRIEL BANGUERA HURTADO.
HECHOS
Así fueron reseñados en la sentencia de segunda instancia:
Los hechos que dieron lugar al caso que nos ocupa inician a mediados del mes de octubre de 2008 cuando el señor GABRIEL BANGUERA miembro activo del Cuerpo Técnico de investigación y al mismo tiempo compañero de estudios de ERIKA RUBIANES (Funcionaria pública que se desempeña como asesora jurídica de la Dirección de la Cárcel de Villahermosa), en el posgrado de derecho constitucional de la Universidad Santiago de Cali, la llama para solicitarle se vean urgentemente pues requiere hacerle conocer una información muy importante.
Efectivamente ERIKA se encuentra con GABRIEL BANGUERA en las afueras de las instalaciones principales de Medicina Legal y allí, el funcionario público, le informa que accidentalmente había tenido conocimiento de una compañera suya de nombre LEDYS RAMOS también funcionaria pública adscrita al C. T. I. llevaba a cabo una investigación penal en su contra. Le pregunta entonces si es su deseo que contacte a su compañera de trabajo para que tenga mayor información sobre el delicado asunto, a lo cual recibe una respuesta afirmativa.
Días más tarde LEDYS RAMOS MILLÁN se presenta sorpresivamente en la oficina de ERIKA RUBIANES, ubicada en la cárcel de varones de Villahermosa y empieza por informarle que efectivamente ella tenía una investigación bastante adelantada y comprometedora en su contra. Le explica que en el curso de esta se ha dado cuenta, entre otras cosas, que ella extorsionaba a los presos, que les cobraba dinero por información y que pertenecía a una bien organizada banda criminal del norte del Valle.
Así mismo le señala que ella esta (sic) en capacidad de suprimir de su informe, -que debe ser rendido directamente al Dr. Iguarán en Bogotá- sus ilícitas actuaciones con el fin que la investigación que se seguía en su contra fuera archivada; de esa forma, evitaría que su carrera profesional se viera truncada, que su vida familiar y emocional se deteriorara y de otro lado como consecuencia de sus delitos, no tuviera que ir a la cárcel, es decir que estos quedarán impunes. Eso sí a cambio debería entregarle la suma de setenta ($70.000.000) millones de pesos, la que eventualmente le podría rebajar un poco.
Ante la anterior solicitud constreñida la Dra. Rubianes le dice que si bien ella no está incursa en los delitos, no quiere tener más problemas y le pide que le dé un tiempo para pensarlo y consultarlo pues ella no posee esa cantidad de dinero en el momento. Esta conversación es grabada por la señora ERIKA RUBIANES en su celular, el cual pone a disposición de las autoridades. Días más tarde empieza a llamarla nueva y reiteradamente su compañero de estudios, GABRIEL BANGUERA para preguntarle cuál era finalmente la respuesta frente a la petición de dinero de su compañera LEDYS RAMOS, a lo que la ofendida le manifiesta que todavía no tiene una respuesta pues se trata de mucho dinero. Algunas de estas llamadas son grabadas también por la denunciante y puestas a disposición del órgano investigador. Luego de consultar con varias personas por el temor que le genera esta CONCUSIÓN decide denunciar el hecho ante las autoridades, momento en el cual se inicia la investigación.1
ANTECEDENTES
Agotada la actuación pertinente, el 19 de agosto de 2014, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali condenó a GABRIEL BANGUERA HURTADO y LEDYS RAMOS MILLÁN, como coautores del delito de concusión, a 96 meses de prisión, multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 25 de febrero de 2015, confirmó la referida condena.
En providencia del 5 de agosto del mismo año,2 esta Corporación inadmitió el libelo de casación presentado por la defensa de los condenados.
Posteriormente, GABRIEL BANGUERA HURTADO presentó demanda de revisión con fundamento en lo previsto en los ordinales 1º, 3º y 6º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 y 1º, 2º, 3º y 6º del artículo 380 del Decreto 1400 de 1970 -Código de Procedimiento Civil-.
Contra el auto del 21 de noviembre de 2017, en el cual se inadmitió la demanda respectiva, el accionante interpuso reposición.
PROVIDENCIA RECURRIDA
Mediante decisión CSJ AP7718 – 2017, la Sala resolvió no dar trámite a la demanda de revisión, por cuanto no satisface los presupuestos establecidos para superar el juicio de admisibilidad correspondiente.
El argumento inicial con el que se arribó a tal determinación consistió en que el interesado incumplió la carga de invocar de forma independiente, atinada y sin incurrir en contradicciones los motivos en que fundaba su pretensión rescisoria y pese a haber citado los numerales 1º, 2º, 3º y 6º del artículo 380 del Decreto 1400 de 1970, no indicó las razones por las cuales consideraba que dichos preceptos tenían aplicación en el caso examinado.
Por otra parte, se indicó que la demanda no satisfizo las exigencias de la causal 1ª, en la medida que no se demostró la existencia de una contradicción entre los hechos acreditados en el proceso y los declarados en la sentencia, a partir de lo cual pueda advertirse que «se presenta una discrepancia en torno al número de personas que tomaron parte en la realización de la conducta típica y que esta disconformidad de carácter cuantitativo condujo a la condenación de por lo menos un inocente».
Igualmente, se hizo énfasis en que lo pretendido por el actor era insistir en su inocencia, al sostener que la conducta punible fue cometida únicamente por LEDYS RAMOS MILLÁN, cuando en el fallo se definió el debate en torno a la coparticipación criminal.
En relación con el ordinal 6º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, se dijo que el libelista no aportó copia auténtica de la decisión judicial en que se declara la falsedad de las pruebas que fundamentaron la condena en su contra, simplemente se limitó a manifestar que fue declarado responsable con base en «mentiras».
Finalmente, frente al numeral 3 de la citada norma, se concluyó que las pruebas calificadas como nuevas por el demandante, resultaron insuficientes para establecer en grado de certeza su inocencia, además, se destacó que la intención de GABRIEL BANGUERA HURTADO era promover una nueva discusión sobre su responsabilidad «a partir de elementos intrascendentes o marginales, alegatos que, como ha señalado la jurisprudencia en casos similares, resultan improcedentes en sede de revisión».
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
El censor allegó declaración extrajuicio rendida por el investigador del Cuerpo Técnico de Investigación ANDRÉS FELIPE MURILLO COPETE, el 27 de diciembre de 2017, con el fin de acreditar su tesis defensiva, esto es, no haberse asociado con nadie para cometer el delito contra la administración pública por el cual fue condenado y demostrar que a través del deponente se enteró de la investigación seguida contra su compañera de estudios ERIKA RUBIANES CEBALLOS, a quien aseguró simplemente haberle dicho que «compareciera a las instalaciones del cuerpo técnico de investigación de Cali a solicitud de la señora LEDYS RAMOS, situación que me generó confianza sobre la veracidad de la supuesta investigación».
Indicó también que en anterior oportunidad ERIKA RUBIANES CEBALLOS y LUIS FERNANDO LÓPEZ ESCOBAR formularon denuncia en su contra por la presunta comisión de un delito de concusión, sin embargo, «al ser VERIFICADO por los investigadores del CTI Cali, pudieron constatar que no son ciertos los hechos allí denunciados».
Reprochó que las autoridades pertinentes no le hayan suministrado copia del mencionado expediente, pese a solicitarlo de forma reiterada mediante derechos de petición; lo cual generó la violación de sus derechos, así como que se profiriera fallo condenatorio en su contra, al impedírsele «probar las falencias que se orquestaron en mi contra»,.
Restó credibilidad al testimonio de ERIKA RUBIANES CEBALLOS, pues «con lo demostrado en su denuncia temeraria, se puede concluir que tiene otras intenciones que no corresponden a la verdad».
Finalmente, cuestionó el dictamen pericial rendido por YANETH LUCÍA ROSERO MARADIAGO, quien «da fe que la voz en los audios es la mía, sin ningún tipo de soporte técnico para su conclusión».3
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Corte tiene dicho que el recurso de reposición debe orientarse a demostrar que los argumentos expuestos en la providencia recurrida son equivocados, confusos o incompletos, y por tanto, que se hace necesario revocarla, aclararla o complementarla, con el fin de ajustarla al ordenamiento jurídico (CSJ AP7293-2014, Radicación 43991).
Su ejercicio y éxito implican, por consiguiente, que el peticionario exponga de manera seria y fundada las razones a partir de las cuales puede evidenciarse el desacierto de la decisión recurrida y la necesidad de su corrección, siendo totalmente inocuo reducir las alegaciones a los mismos argumentos de la demanda, ya evaluados y descartados en la decisión impugnada.
En el asunto sometido a estudio, el impugnante cuestionó, por vía de reposición, la inadmisión de la demanda de revisión promovida con fundamento en las causales 1ª, 3ª y 6ª del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, no obstante, revisadas las razones del disenso es preciso anunciar su falta de aptitud para variar la conclusión a la que arribó la Sala el 21 de noviembre de 2017.
Lo anterior, por cuanto se advierte que el censor persiste en atribuirle de manera exclusiva la realización de la conducta punible por la que fue condenado, a la coacusada LEDYS RAMOS MILLÁN, cuando tal situación fue estudiada por los funcionarios de primera y segunda instancia, quienes con base en los medios de convicción practicados determinaron que el delito de concusión fue perpetrado por GABRIEL BAGUERA HURTADO en coautoría con aquélla.
Bajo esa perspectiva, es claro que la intención del recurrente es propiciar un nuevo debate sobre los elementos de juicio en que se fundó la declaratoria de responsabilidad penal, de allí que vuelva a controvertir la entidad probatoria del testimonio de la víctima ERIKA RUBIANES CEBALLOS y del dictamen pericial efectuado por la experta YANETH LUCÍA ROSERO MARADIAGO, desconociendo la naturaleza, fines y esencia de la acción de revisión, la cual no puede emplearse como una tercera instancia.
De manera pacífica, la Sala ha advertido que el mecanismo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal no se estableció para continuar con la discusión clausurada, sino que su finalidad es la de permitir un cuestionamiento serio y ponderado al sentido de la decisión con la que culminó definitivamente la controversia procesal, por ello las causales que se invocan deben ser tal suficiencia para poner en entredicho la justeza de las sentencias atacadas y no simplemente limitarse a exponer argumentos subjetivos y adjuntar elementos que dejan en el plano de lo posible o hipotético la aducida inocencia, pues no puede olvidarse que lo pretendido es la remoción de los efectos de la cosa juzgada.
Al respecto, esta Corporación precisó que:
[E]mpeñarse en controvertir lo que con suficiencia se analizó en las instancias y culminó con ejecutoria de la condena, representa una indebida prolongación del debate que desnaturaliza no solo el cometido básico de la acción de revisión, sino los efectos materiales de la cosa juzgada, como si de verdad una vez finiquitado el proceso pudiera acudirse a una especie de tercera instancia que en ejercicio circular ad infinitum, permita al desfavorecido con el fallo seguir planteando sus tesis derrotadas.4
Así mismo, debe mencionarse que la declaración rendida por ANDRÉS FELIPE MURILLO COPETE el 27 de diciembre de 20175 ante notaría y que el recurrente aportó con el escrito de impugnación en aras de dar sustento a su pretensión, si bien no fue allegada con la demanda, constituye, al igual que la rendida por el referido investigador del CTI el 19 de enero de 2016 al Notario Catorce del Círculo de Cali6, objeto de valoración en la providencia recurrida, una estrategia para continuar con la controversia en cuanto a que sí existió una indagación penal contra ERIKA RUBIANES CEBALLOS, de la cual el sentenciado GABRIEL BANGUERA HURTADO se enteró por casualidad.
Llama la atención que sin exponer ninguna razón jurídica, probatoria o fáctica que conlleve un análisis distinto, el recurrente se empeñe en un tema sobre el que la Sala se pronunció al resolver la inadmisibilidad del libelo y concluyó que era insustancial un alegato al respecto, en la medida que «los juzgadores de instancias establecieron que ‘la contribución realizada por parte del señor Banguera Hurtado, resultó esencial, toda vez que aquél fue el puente entre quien finalmente resultó constreñida y la funcionaria que directamente efectuó la petición pecuniaria’, para los cuales resultan intrascendente la forma de cómo se enteró de la supuesta indagación penal…»7
Así las cosas y en tanto no fueron refutados los aspectos esenciales en virtud de los cuales se dispuso la inadmisión de la demanda de revisión presentada por GABRIEL BANGUERA HURTADO no hay salida distinta a mantener la decisión adoptada el 21 de noviembre de 2017.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
RESUELVE
1º NO REPONER el auto proferido en la fecha y condiciones atrás anotadas.
2º Contra este proveído no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Conjuez
ALFONSO DAZA GONZÁLEZ
Conjuez
ABEL DARÍO GONZÁLEZ SALAZAR
Conjuez
MAURICIO PAVA LUGO
Conjuez
JUAN CARLOS PRÍAS BERNAL
Conjuez
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Conjuez
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fls.73-74.
2 CSJ AP5714 del 24 de septiembre de 2014, Rad. 44131.
3 Fls.142-146
4 CSJ AP, 18 de diciembre de 2013, Rad. 42.398
5 Fl.147.
6 Fl.41.
7 Fl.133.