Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Magistrado Ponente
AP1008-2017
Radicación: 49692
Aprobado Acta No. 050
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
VISTOS
La Corte estudia si la demanda de casación presentada por la defensa del procesado Jeison Stic Garzón Abella reúne los requisitos para ser admitida, en orden a que en sede de casación la Sala emita un pronunciamiento de fondo, respecto de la sentencia condenatoria anticipada proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio el 9 de noviembre de 2016, mediante la cual confirmó el fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad que lo condenó como coautor del delito de concusión en concurso con prevaricato por omisión.
HECHOS
Fueron narrados en la sentencia de segunda instancia como sigue:
Acorde con el escrito de acusación, presentado el 29 de julio de 2014, los hechos se pueden sintetizar en que el 12 de julio de 2013, Jeison Stic Garzón Abella y Michael Mauricio Molina Esguerra, patrulleros de la Policía Nacional adscritos al CAI popular de esta ciudad, abordaron a los señores Juan Camilo Daza López y Daniel Cáceres quienes se desplazaban en una motocicleta, encontrándoles una bolsa de marihuana, motivo por el cual les dieron a conocer los derechos del capturado, los esposaron y les indicaron que irían a la cárcel, sin embargo les hicieron prometer que si les cancelaban la suma de $1.000.000 no los judicializarían. Los patrulleros procedieron a retener la moto en la que se desplazaban los individuos, prometiendo devolver esos elementos a media noche, una vez hicieran la entrega dineraria, como en efecto ocurrió en el bar Campai, omitiendo la judicialización de quienes llevaban la sustancia prohibida.
ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES
1. Los anteriores acontecimientos dieron lugar a que la Fiscalía formulara a los patrulleros de la Policía Nacional, imputación como presuntos coautores de los delitos de concusión y prevaricato por omisión en audiencia preliminar llevada a cabo el 25 de junio de 2014 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de control de garantías de la ciudad de Villavicencio.
El imputado Michael Mauricio Molina Esguerra aceptó los cargos, mientras que su compañero Jeison Stic Garzón Abella los rechazó, motivo por el que se rompió la unidad procesal.
A este último se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia.
2. El escrito de acusación fue presentado el 29 de julio siguiente, el cual se formuló en diligencia del 12 de septiembre de 2014, momento en el que el procesado aceptó los cargos.
3. Es así que la audiencia de verificación de allanamiento, individualización de pena y sentencia fue dirigida por el Juez Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, a consecuencia de lo cual el 19 de junio de 2015 emitió fallo condenatorio contra Jeison Stic Garzón Abella como coautor de los delitos de concusión y prevaricato por omisión, imponiéndole la pena de 100 meses y 20 días de prisión, multa de 68.89 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 106 meses y 20 días.
La prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena le fueron negadas, razón por la que se dispuso que en firme la sentencia condenatoria, el procesado fuera recluido en un establecimiento carcelario.
4. Contra el fallo de primer grado interpuso apelación la defensa con el objeto de que se sustituyera la prisión intramural por domiciliaria, dada la condición de padre cabeza de familia de Jeison Stic Garzón Abella.
5. En decisión de 9 de septiembre de 2016 el Tribunal se pronunció, confirmando integralmente la sentencia de primer grado.
6. Contra esta última determinación recurrió en casación la defensa, motivo por el que se ocupa la Sala de la calificación de la demanda.
LIBELO DE CASACIÓN
La defensa acude a la causal primera para indicar que fue equivocada la decisión del Tribunal de Villavicencio al avalar la del a quo de negar la prisión domiciliaria al acusado como padre cabeza de familia, toda vez que se acreditó que sus dos menores hijas dependen del sustento que este provee al hogar y, por tanto, deben prevalecer los derechos de estas frente a la potestad del Estado de hacer cumplir la pena de prisión que se le impuso.
En sustento de lo anterior cita el demandante el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006, para resaltar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Luego, señala que el cuidado y protección de las hijas del acusado no puede ser asumido por la madre, puesto que ésta debe salir a trabajar para garantizar el mínimo vital de su familia, mientras el padre permanece en casa custodiando las menores. Agrega que Jeison Stic Garzón Abella ha cumplido los compromisos inherentes a su reclusión domiciliaria.
A lo anterior suma el hecho de que una de las niñas padece de una discapacidad cognitiva que exige cuidados especiales de los que la madre no podrá encargarse, puesto que debe ausentarse para ir a laborar y no cuenta con el apoyo de otro familiar que la apoye en ausencia del padre, ni tampoco con la capacidad económica para sufragar un cuidador.
Solicita que se case la sentencia y se otorgue el sustituto penal de la prisión domiciliaria.
TRASLADO NO RECURRENTE
El delegado de la Procuraduría sostiene que no se observa irregularidad alguna que afecte el trámite y luego de hacer una serie de precisiones normativas en torno a los requisitos que exige el recurso de casación, afirma que el demandante omitió señalar cual es la finalidad que persigue con el recurso.
Adicionalmente, que el casacionista no evidencia que los argumentos del Tribunal para negar la prisión domiciliaria deban ser reformulados, los que en criterio del Ministerio Público, corresponden a una correcta interpretación de la Ley 750 de 2002 y de la jurisprudencia que la desarrolla, de donde la afirmación acerca de que el procesado no reúne las condiciones para ser considerado padre cabeza de familia es acertada, por cuanto la madre está en capacidad de encargarse de la hijas de la pareja.
Solicita en consecuencia que se inadmita la demanda.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En el sistema procesal, la casación se concibe como un medio de control constitucional y legal que procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos o garantías procesales. Por lo mismo, debe concluirse que este recurso, concebido como un control constitucional, es consecuencia natural de la función que ejerce la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación, según así lo prevé el artículo 235 de la Carta y, por ende, guardiana de los fines primordiales contemplados en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
De acuerdo con lo que estatuye la citada ley 906, para que la demanda sea admitida se requiere que el libelista, además de contar con interés, acredite la afectación de derechos o garantías fundamentales, para lo cual también deberá formular y desarrollar los correspondientes cargos, demostrando la necesidad de intervención de la Corte en aras de lograr alguno de los fines establecidos para la casación, es decir, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por éstos y la unificación de la jurisprudencia, propósitos que, como lo tiene dicho la Corte, son los mismos del proceso penal, lo que explica que las causales de casación tengan un diseño dirigido a lograr esos fines.
Es así que el recurso extraordinario no es un instrumento que permita continuar con el debate fáctico y jurídico llevado a cabo en el agotado proceso, por lo que no es procedente realizar toda clase de cuestionamientos a manera de instancia adicional a las ordinarias del trámite, sino que debe ser un escrito claro, lógico, coherente y sistemático en el que, al tenor de los motivos expresa y taxativamente señalados en la ley, se denuncien errores bien sea de juicio o de procedimiento en que haya podido incurrir el sentenciador.
2. En el evento que ocupa la atención de la Sala, desde ya se anuncia la inadmisión de la demanda al adolecer de claros yerros de postulación y argumentación que en manera alguna evidencian algún vicio en la sentencia.
Lo primero que se observa es que si bien el censor enuncia la causal primera como soporte del cargo, no lo desarrolla en absoluto al dejar de precisar cuál fue la equivocación en la aplicación del derecho, es decir, si se trató de una aplicación indebida, interpretación errónea o exclusión evidente de alguna norma que tampoco identifica, formas estas en las que el juez puede incurrir en este tipo de violación.
No refiere que su intención sea la de demostrar la trasgresión directa de la ley, pues ni siquiera la menciona, mucho menos se ocupa de enseñar que pese a que el Tribunal hizo una declaración que no es objeto de controversia, erró al seleccionar el precepto que la regula o, habiendo acertado en su escogencia, le dio un alcance que no le correspondía.
La demanda no pasa de ser un escrito en el que el recurrente manifiesta su inconformidad con la decisión de los jueces de instancia de negar la prisión domiciliaria al procesado, exponiendo motivos propios con el fin de argumentar que aun con la presencia de la madre, las menores hijas de éste se encontrarían en una situación en la que es apremiante la presencia del padre, pero sin evidenciar cual fue la equivocación del Tribunal al concluir que en Jeison Stic Garzón Abella no concurrían las condiciones para reputar que es una persona cabeza de hogar y que por tal razón no se imponía privilegiar los derechos de las menores frente a la aplicación legítima de la pena de prisión.
El libelo rompe los principios que regulan el recurso de casación como por ejemplo el de crítica vinculante, puesto que su contenido no guarda ningún rigor respecto de los presupuestos de adecuada fundamentación que pertenecen a la causal primera de casación que es la enunciada por el censor; también el de sustentación suficiente, toda vez que la Sala desconoce las razones por las cuales presuntamente el Tribunal incurrió en un yerro de aplicación del derecho, falencia que por razón del principio de limitación no puede ser corregida por la Corte.
Es palmario que el demandante no acusa a la sentencia de adolecer de alguno de los errores atacables en casación, como sí que pretende utilizar la sede extraordinaria como si se tratara de una tercera instancia en la que es pasible exponer libremente las razones que motivan su desacuerdo con la decisión del ad quem, tratando de persuadir a la Corte sobre la viabilidad del sustituto ante las particulares circunstancias de la familia del procesado, pero de las que definitivamente no logra extraerse un Estado de abandono de las menores hijas de éste al hacerse efectiva la pena de prisión que se le impuso.
Esa fue la conclusión expuesta en la sentencia y que el censor no logra rebatir a partir de la demostración de que las particularidades del entorno familiar del acusado fueron dadas por probadas en forma incorrecta o desatinadamente apreciadas. Por el contrario, pone de presente eventualidades adicionales para justificar que la madre, aun estando a cargo de sus hijas, no puede asumir su cuidado por tener que ausentarse de su casa para poder laborar, en contravía de lo que expuso ante el Tribunal, ya que allí manifestó que ésta era ama de casa y que ella junto con sus descendientes dependían económicamente de Jeison Stic Garzón Abella.
Es decir, el demandante pretende someter a estudio hechos que no fueron conocidos por los falladores de instancia para que ahora sean considerados en sede de casación y, además de ello, se aprecien medios de convicción aportados con la demanda con los que pretende acreditar una incapacidad cognitiva en una de las menores, sin que tal circunstancia hubiera sido discutida en las instancias como correspondía.
Todas las anteriores falencias hacen que la demanda sea inepta para acreditar que se requiere de un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte, motivo por el que será inadmitida.
De otra parte, del estudio del proceso no se vislumbra violación de derechos fundamentales o garantías de los intervinientes que determine el ejercicio de la facultad oficiosa de índole legal que al respecto le asiste a la Sala, en punto de asegurar su salvaguarda.
En caso de que se acuda al mecanismo de insistencia, deberán seguirse los parámetros fijados en CSJ AP, 12 dic 2005 rad. 24.322.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de Jeison Stic Garzón Abella.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es viable la interposición del mecanismo de insistencia en los términos precisados atrás por la Sala.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSE LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
GUSTAVO E. MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria