37159(08-02-12)

2012

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso nº 37159  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

                                     Magistrado Ponente:   

                                     JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA   

                                     Aprobado Acta No.31   

Bogotá,  D.  C., ocho (08) de febrero de dos  mil doce (2012).   

VISTOS  

Resuelve  la  Sala  el recurso de reposición  interpuesto  por  el  apoderado  de  WILSON  ORLANDO  SERNA  HOYOS, requerido en  extradición  por  el  Gobierno  de los Estados Unidos, contra el auto que negó  las pruebas solicitadas.   

ANTECEDENTES  

1.   Dentro  del  trámite  de extradición que se surte ante esta Corporación, en la oportunidad  prevista  en  el  artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, el apoderado  de   WILSON  ORLANDO  SERNA  HOYOS,  solicitó  se  oficiara  al  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  para que por su conducto se reclamara al Gobierno de los  Estados    Unidos    el   “indictmen”  especificando  los  delitos  que  se  le  imputan  al  requerido y  “describiendo  los  actos  o conductas específicas,  claras  y  concretamente  realizadas  por  mi  defendido  en el territorio de la  República  de  Colombia”.  Así mismo, que el Agente  Especial  de la DEA Brian Dejoy ampliara su testimonio, con el propósito de que  especificara   los   actos   ejecutados   por   su  poderdante,  señalando  las  circunstancias  de  tiempo,  modo y lugar en que habría violado la ley penal de  los Estados Unidos.    

El  representante  del  Ministerio  Público,  solicitó  oficiar  a la Fiscalía General de la Nación, a fin de establecer si  contra  el  requerido  se  adelantaba  alguna investigación penal o había sido  absuelto  o condenado por algún delito y solicitar a la Registraduría Nacional  del Estado Civil, allegar la tarjeta decadactilar.   

2. En relación con  las  pruebas  deprecadas  por  el defensor, la Sala las negó por impertinentes,  atendiendo  a que lo que perseguía era controvertir los fundamentos fácticos y  jurídicos  de  la  acusación  número  11-CR-10187-PBS  proferida por la Corte  Distrital  de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, aspectos que  por  ser  sustanciales,  debían ventilarse al interior del proceso que allí se  le adelantaba.   

2.1. Igual decisión  se  adoptó frente a la solicitud probatoria del Ministerio Público, por cuanto  dada  su  extrema  generalidad  al  no  concretar qué autoridad judicial y qué  clase  de  diligenciamiento  podía  estar  relacionado en contra del requerido,  hacían  improcedente su práctica, y, en lo relativo a la tarjeta decadactilar,  se  señaló  que  si bien ello era procedente, se tornaba innecesario, dado que  las  pruebas  aportadas  por el Gobierno de los Estados Unidos, en forma clara y  cierta   mostraban   que   WILSON   ORLANDO   SERNA   HOYOS   era   la   persona  requerida.        

LA IMPUGNACIÓN  

Inconforme con la determinación, el apoderado  interpuso  el  recurso  de reposición, pues en su criterio, la Sala interpretó  de  manera  equivocada  su  solicitud probatoria, como quiera que en el caso del  indictmen,  lo  que  buscaba  era controvertir el cuarto requisito exigido en el  artículo  502 de la Ley 906 de 2004, esto es, la equivalencia de la providencia  proferida  en  el  extranjero  con  la acusación emitida en Colombia, ya que el  documento  aportado  por  el  Gobierno  de los Estados Unidos adolecía de dicho  presupuesto.   

Y  en  cuanto a la ampliación del testimonio  del  Agente  Especial  de  la  DEA,  ello  tenía  como  finalidad  “verificar  el  cumplimiento  de  la  exigencia  de la misma carga  probatoria  ordenada  por  la  Ley  906  de  2004,  art  337, requisitos para la  acusación.”   

Adicionalmente,  refiriéndose  a  una de las  pruebas  que  solicitó  la  Procuraduría,  negada  su  práctica  por la Sala,  consideró  que  debía oficiarse a la Fiscalía para determinar si contra SERNA  HOYOS  se  adelantaba  alguna  investigación,  en aras de la protección de las  garantías  constitucionales  de sus nacionales, una de las cuales es el nos bin  in idem.   

CONSIDERACIONES   

1. De acuerdo con la  jurisprudencia  reiterada  de esta Corporación, el recurso de reposición tiene  como  finalidad que el funcionario judicial que emitió la providencia la revise  y  corrija los errores de orden fáctico o jurídico en que hubiere incurrido; y  que, si a ello hubiere lugar, la revoque, reforme o adicione.   

2.   Para   tal  propósito,  es  necesario  que  quien  impugna la decisión exponga las razones  jurídicas  que  lo  llevan  a considerar que la Sala se equivocó al decidir en  modo  injusto,  errado  o  impreciso;  y  demostrar que la providencia impugnada  causa   un   agravio   urgente  de  reconsiderar  para  restablecer  el  derecho  quebrantado.1   

3. En el caso objeto  de  análisis,  tales presupuestos no se acreditan, pues el apoderado se limitó  a  reiterar  la  pretensión probatoria con la manifestación simple y llana que  lo  perseguido  era complementar la acusación número 11 CR 10187 PBS proferida  el  12  de  mayo de  2011 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para  el  Distrito  de  Massachusetts,  y  a  que  se  determinara si se adecuaban los  presupuestos  en  el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, sin indicar los yerros  en  que  se incurrió por parte de la Sala en esa decisión, la trascendencia de  los  mismos  y   por  qué  surgía  la  necesidad de aclarar, modificar, o  revocar  la  determinación  adoptada, motivo suficiente para que se deniegue el  recurso.   

3.1. No obstante, la  Sala  estima  pertinente  señalar  que  no  resulta  cierta la apreciación del  impugnante,      en      cuanto      afirma      que      el     “indictmen”  no  describe  los  actos  o  conductas  claras y concretas supuestamente realizadas por el requerido, pues de  la  revisión de dicho documento, el cual se acompañara a la documentación que  soporta  el  pedido  de extradición debidamente traducido al idioma castellano,  ninguna  duda  surge  en torno a los hechos de la acusación, la fecha en que se  perpetró  el  ilícito  y la adecuación típica de tales comportamientos a las  normas penales de los Estados Unidos.   

Sobre    el    particular,    así    se  precisó:   

Cargo Uno: “(Sección 1956 (h) del Título  18    de    los   Estados   Unidos   –Asociación  delictuosa  para  lavar dinero). El gran jurado expide  la siguiente acusación:”   

“…desde una fecha desconocida pero por lo  menos  mayo  de  2007,  o  alrededor  de esa fecha, y en forma continua hasta la  fecha   de  esta  acusación  formal,  inclusive,  en  Boston,  Woburn,  Revere,  Somerville,   Cambridge  y  otros  lugares del Distrito de Masachusetts, el  Distrito  Sur de Nueva York, el Distrito Este de Pensilvania, el Distrito Sur de  Florida,  el  Distrito  de  Puerto  Rico,  el Distrito Sur de Texas, el Distrito  Norte  de Illinois, el Distrito Sur de California, el Distrito Norte de Georgia,  el  Distrito  de  Nueva  Jersey  y  otros  lugares  en  los Estados Unidos, y en  Colombia,  México,  Panamá,  San Martín, Venezuela, Guatemala, Portugal , los  países  Bajos  y  otros lugares (…), los acusados en el presente documento, a  sabiendas  e intencionalmente se aunaron, confabularon, confederaron y acordaron  entre  ellos  y con otras personas, conocidas y desconocidas para el gran jurado  para:   

“(a)  a  sabiendas  de  que  los  bienes  implicados  representaban  las  ganancias de alguna forma de actividad ilícita,  llevar  a  cabo  transacciones  financieras  e  intentar hacer eso, afectando el  comercio  interestatal y extranjero, cuando de hecho implicaban las ganancias de  una   actividad   ilícita   especificada…en  contravención  de  la  Sección  1956(a)(1)(B)(i) del Título 18 de los Estados Unidos…”   

“(b) transportar, transmitir y transferir,  e  intentar  transportar,  transmitir  y  transferir,  un  instrumento monetario  y   fondos  de  un  lugar  de  los  Estados  Unidos a un lugar fuera de los  Estados  Unidos,  y  a  través  del  mismo,  y a un lugar dentro de los Estados  Unidos  desde  un  lugar  del  exterior  de  los Estados Unidos, y a través del  mismo,  a  sabiendas  de que el instrumento monetario y los fondos implicados en  el  transporte,  la  transmisión y la transferencia representaban las ganancias  de  alguna  forma  de  actividad  ilícita…,  en contravención de la Sección  1956(a)(2)(B)(i)   del   Título   18   del   Código  de  los  Estados  Unidos;  y,   

(c)  a  sabiendas,  participar  e  intentar  participar   en   transacciones   monetarias   por  medio  de  una  institución  financiera,  a  través  de  una y a una de ellas, en los Estados Unidos y en la  jurisdicción  marítima  especial  de  los  Estados  Unidos con efectos para el  comercio  interestatal  y extranjero, en bienes obtenidos delictuosamente por un  valor   mayor   de   $10.000   y   provenientes   de   una   actividad  ilícita  especificada…,  en  contravención  de  la  Sección  1957  del Título 18 del  Código  de  los  Estados  Unidos. Todo en contravención de la Sección 1956(h)  del  Título  18  del  Código  de  los  Estados  Unidos, orientaron, ordenaron,  indujeron  y  procuraron  a  otra  persona para que transportara, transmitiera y  transfiriera  un  instrumento  monetario  y fondos desde un lugar de los Estados  Unidos  hasta  un  lugar  y  a través de un lugar fuera del mismo, es decir, la  entrega  de $575.125,00 en moneda estadounidense, en Isla Verde, Puerto Rico, el  2  de  junio  de  2009,  el  depósito  y  la  trasferencia  de ese dinero a una  institución  financiera  en  el  Distrito  de  Masachusetts, y la transferencia  electrónica  posterior  de  $546.321,75  el  10  de junio de 2009, a una cuenta  bancaria    en   Portugal…   todo   en   contravención   de   las   Secciones  1956(a)(2)(B)(i)   y   2   del   Título   18   del   Código   de  los  Estados  Unidos…”   

“ALEGACIÓN DE DECOMISO RELACIONADO CON EL  LAVADO  DE  DINERO (Sección 982(a)(1) del Título 18 del Código de los Estados  Unidos…”.   

Las mismas consideraciones expuestas, aplican  en  cuanto  a la pretensión de que se amplíe el testimonio del Agente Especial  Brian  Dejoy,  como  quiera  que  de su revisión, la Sala verifica que éste de  manera  clara,  precisa y concreta expuso todo cuanto le constaba en relación a  los   hechos   que   motivan   la   solicitud  de  extradición  y  la  eventual  participación del requerido en su realización.   

4. En relación con  la  prueba que solicitara la Delegada de la Procuraduría General de la Nación,  relativa  a  oficiar  a  la  Fiscalía  General  de  la  Nación   a fin de  establecer   si   contra   WILSON  ORLANDO  SERNA  HOYOS  se  adelantaba  alguna  investigación  penal o había sido absuelto por algún delito, que fuera negada  por  la  Sala,  se  advierte que lo que pretende la defensa, es revivir la etapa  probatoria cuando ha precluído la oportunidad para ello.   

En  este  sentido,  véase  que  la  parte  interesada  –Delegado de la  Procuraduría-,  en  momento alguno interpuso recurso contra la decisión, luego  estuvo  de  acuerdo  con su negativa, razón por la cual,  la petición del  defensor en tal sentido, carece de interés.   

5.  De  otro  lado,  atendiendo  a  que a folio 46 del cuaderno original reposa el poder otorgado por  el  requerido  en extradición a la doctora Emperatriz Herrera Cuenca, se ordena  su  reconocimiento  en  los  términos y para  los efectos allí previstos.   

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de  Justicia, Sala de Casación Penal,   

RESUELVE  

1. No reponer el auto  impugnado,  de  conformidad  con  las razones a que se hizo alusión en la parte  considerativa de la presente decisión.   

2.  Reconocer  a la doctora Emperatriz Herrera  Cuenca,  como  apoderada del señor WILSON ORLANDO SERNA HOYOS, en los términos  y para los efectos previstos en el poder allegado.   

Contra esta decisión, no procede recurso alguno.   

Notifíquese y cúmplase  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ   

JOSÉ  LUIS  BARCELÓ  CAMACHO                                       FERNANDO  ALBERTO CASTRO CABALLERO   

SIGIFREDO   ESPINOSA   PÉREZ                                                               MARÍA   DEL   ROSARIO   GONZÁLEZ  MUÑOZ   

AUGUSTO  J.  IBÁÑEZ  GUZMÁN                                                                             LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO   

JULIO  ENRIQUE  SOCHA  SALAMANCA                                                                                                    JAVIER ZAPATA ORTIZ   

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria  

    

1 Corte  Suprema  de  Justicia.  Sala  de  Casación  Penal. Auto del 10 de julio de 2001  (radicación  15100);  auto  del 10 de agosto de 2006 (radicación 24934);   auto  del  8  de  junio  de 2007 (radicación 25838) y auto de 8 de mayo de 2008  (radicación 29168).     

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