33474(10-02-10)

2010

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso     n.°  33474   

CORTE   SUPREMA   DE  JUSTICIA   

SALA   DE   CASACIÓN  PENAL   

Magistrada Ponente:  

MARÍA    DEL    ROSARIO   GONZÁLEZ   DE  LEMOS   

Aprobado Acta No. 038.  

          Bogotá D.C., febrero diez (10) de dos mil diez (2010).   

VISTOS  

          Procede  la  Sala  a definir la competencia en este asunto, dado que  la  defensa  de  NICOLÁS  CASTRO PLESTED,  en  desarrollo  de  la  audiencia  de formulación de acusación,  aduce  que  no es competente el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado  de Bogotá, sino uno Penal del Circuito Ordinario de Cundinamarca.   

HECHOS     Y  ANTECEDENTES   

          El   señor   Jerónimo   Alberto  Uribe  Moreno acudió el 9 de julio de 2009 ante la Fiscalía  General  de  la  Nación  con el fin de poner en conocimiento la creación de un  grupo  en  la red de información facebook,  denominado  “Me comprometo a matar a  Jerónimo     Alberto    Uribe,    hijo    de    Álvaro    Uribe”.   

          Luego  de  las  correspondientes  labores de investigación, en este  caso  con  el  apoyo  de  unidades  especializadas  en  informática,  se logró  establecer  que  el  creador  del  grupo  en la red operó bajo el seudónimo de  “Cuervo     del     Salado”,     hasta   encontrar   el   vínculo   con   el   señor   NICOLÁS  CASTRO  PLESTED, residente en la  calle  5  número  10-32,  casa  14,  “Conjunto  Residencial  Pepita”, de la  localidad de Chía, a donde se procedió a darle captura.   

En  audiencia  preliminar  concentrada, cuya  realización  tuvo  lugar  el  2  de  diciembre de 2009 ante el Juzgado 14 Penal  Municipal  con  Función  de  Control  de Garantías, se legalizó la captura de  CASTRO  PLESTED, a quien se  le  formuló  imputación  por  el  delito  de instigación a delinquir agravado  (art.  348,  inc.  2°  del C.P.), conducta por la cual se decretó en su contra  medida   de   aseguramiento  de  detención  preventiva  en  establecimiento  de  reclusión. El procesado no se allanó a los cargos.   

El  31  de diciembre siguiente, la fiscalía  presentó  escrito  de  acusación  en contra del mencionado por el mismo delito  que le fuera imputado.     

El 26 de enero de la presente anualidad, ante  el  Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, se dio inicio a  la  audiencia de formulación de acusación, durante la cual la defensa impugnó  la competencia del juzgador.   

En    tal    sentido,    planteó    dos  aspectos:   

En primer lugar, que la competencia radica en  los  juzgados  penales  del circuito ordinarios, por cuanto no está probado que  la  conducta  cometida haya tenido fines terroristas;  por consiguiente, no  se  trata  de  la  modalidad  agravada  del inciso segundo del artículo 348 del  C.P.,   cuyo  conocimiento  está  asignado  a  los  juzgados  penales  del  circuito                especializados1, sino de la básica del primer  inciso a cargo de aquellos y,   

En  segundo  orden, que como la conducta fue  cometida  en el ciberespacio, pero originada en el municipio de Chía, compete a  un  juzgado  del  distrito  judicial de Cundinamarca2.   

Escuchados  los argumentos de la defensa, la  titular  del  despacho  judicial  ordenó  su remisión a esta Sala, conforme al  trámite establecido en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004.   

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

1.  La  Corte es competente para conocer del  presente  incidente, habida cuenta que el numeral 4º del artículo 32 de la Ley  906  de  2004  le  asigna  el  conocimiento  “de la  definición  de  competencia  cuando  se  trate  de (…) juzgados de diferentes  distritos”,  como  aquí ocurre por estar sustentada  la  impugnación  sobre  este  aspecto  en que el conocimiento no corresponde al  Juzgado  Tercero  Penal  del  Circuito  Especializado de Bogotá, sino a uno del  distrito judicial de Cundinamarca.   

          2.  Con el fin de definir la competencia en este asunto, comiéncese  por  señalar que el incidente se ha promovido oportunamente y por interviniente  legitimado  para  tal  efecto, con sujeción a lo establecido en el artículo 54  de   la   Ley  906  de  2004,  acerca  de  lo  cual  la  Sala  ha  precisado  lo  siguiente:      

“…El  momento ideal para que las partes  cuestionen  la  competencia es en la audiencia de formulación de la acusación,  que  es  cuando  formalmente  se da inicio al juicio oral y las partes tienen la  oportunidad      de     expresar     si     se     presentan     causales     de  incompetencia…”3.   

         De  lo  anterior  se  colige  que  el  incidente  de  definición de  competencias  con  la  Ley  906  de  2004  puede  surgir  a iniciativa del mismo  funcionario  judicial, cuando considera que carece de competencia para asumir el  conocimiento  del  proceso,  o  de  las partes, y particularmente de la defensa,  como             aquí             sucede4.            

Entonces, aunque el presente incidente no se  originó  en  la  manifestación  unilateral  del  juez  en  torno a su falta de  competencia,  nació  a  consecuencia  del  reclamo  que  impetró la defensa en  desarrollo  de la audiencia de formulación de acusación, constituyéndose este  momento,  dicho  sea  de  paso,  en  escenario  propicio  para  que  las  partes  controviertan  ese aspecto, como así lo dispone el inciso tercero del artículo  43 ibídem.   

          3.  Elucidado  lo  anterior,  corresponde  determinar  si  le asiste  razón    al    defensor    de    NICOLÁS   CASTRO  PLESTED al impugnar la competencia del Juzgado Tercero  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Bogotá para asumir el conocimiento del  presente asunto.    

En  cuanto  al primer aspecto en que se basa  para  cuestionar la competencia, referido a que no esté demostrada la causal de  agravación  del  delito  de  instigación  a  delinquir  prevista  en el inciso  segundo  del  artículo  348  del  Código  Penal  por  el  cual  se acusó a su  defendido  y  que  a  la  postre  otorga  competencia a los juzgados penales del  circuito  especializado para conocer de este asunto a tenor de lo establecido en  el  numeral  21  del  artículo  35  de  la  Ley  906 de 2004, precísese que la  determinación  de  competencia debe fundarse en los términos consignados en el  escrito  de  acusación  y  no  en un tema que será materia de discusión en el  juicio.     

          En   reiteradas  ocasiones  ha  dicho  la  Sala  que  así  como  la  acusación  constituye  el marco fáctico y jurídico que fija las reglas dentro  de  las  cuales  se desarrollará el debate propio de la fase de juzgamiento, de  igual  manera  tal  pieza  procesal  ha de ser la base para determinar el juez a  cargo  de quien debe quedar la tramitación de dicha etapa de la actuación, sin  que  sea pertinente para ese efecto considerar circunstancias no contempladas en  el pliego de cargos.   

          Tal  es el criterio que de antaño la Sala ha prohijado con respecto  al  procedimiento  establecido  en  la  Ley  600 de 2000, pero que igual resulta  aplicable  frente a la Ley 906 de 2004, pues sobre el particular los fundamentos  teleológicos  de  los  dos  sistemas  son  similares. Pertinente, pues, resulta  evocar dicha postura jurisprudencial:   

“La  resolución  acusatoria  es  pieza  procesal  fundamental,  que  una  vez  ejecutoriada  señala  el marco general y  limítrofe  para  el  desarrollo  de  la  fase  del  juicio,  en acatamiento del  principio   de  congruencia;  por  tanto,  para  determinar  cuál  es  el  Juez  competente  para dirigir la causa a que da lugar esa específica pieza procesal,  no  es  factible  hacer  deducciones  ni  inferencias  a  partir de elementos de  convicción  que  no  forman parte del sumario, ó raciocinios que no hayan sido  tenidos  en  cuenta en el propio pliego de cargos”5.   

Así las cosas, se tiene que en este caso el  escrito  de  acusación  presentado  por  la  fiscalía  es claro en formular en  contra  de CASTRO PLESTED el  cargo  por el delito de instigación a delinquir en su modalidad agravada por el  inciso  segundo  del  artículo  348  del  Código  Penal  de  manera genérica,  conducta  que,  en cualquiera de sus variables, es de conocimiento de los jueces  penales  del  circuito  especializados como taxativamente lo estatuye el aludido  numeral  21  del  artículo  35 de la Ley 906 de 2004, de lo cual se infiere que  carece   de   razón   el   defensor   al   impugnar   la  competencia  por  ese  aspecto.   

En  cuanto  al  segundo  punto sobre el cual  gravita    la    misma    pretensión,   orientado   a   señalar   grosso  modo  que  la conducta punible se  cometió  en  el  municipio de Chía y que, por tanto, es competente un despacho  judicial  del  distrito  judicial de Cundinamarca, se ha de señalar que tampoco  asiste razón al señor defensor.   

Ciertamente, de acuerdo con los términos del  escrito    de    acusación    la    conducta    imputada    se   configuró   a  raíz     de  la creación, por parte del procesado, en la red de  información         “facebook”,  de  un grupo  que   instaba   a  dar  muerte  a  Jerónimo  Alberto  Uribe,   bajo   la   denominación   de  “Me  comprometo  a  matar  a  Jerónimo  Alberto  Uribe,  hijo de  Álvaro    Uribe”,   cuya   cobertura   mundial   y  transnacional,  no  permite  precisar que haya tenido ocurrencia en el municipio  de Chía.   

Frente  a tales supuestos, por consiguiente,  en  que el factor territorial no presta utilidad para establecer la competencia,  es  necesario  acudir  a  las  pautas  del  inciso  segundo del artículo 43 del  estatuto procesal penal, según el cual:   

“Cuando  no  fuere  posible determinar el  lugar  de ocurrencia del hecho, éste se hubiere realizado en varios lugares, en  uno  incierto  o  en  el  extranjero, la competencia del juez de conocimiento se  fija  por  el  lugar  donde  se  formule la acusación por parte de la Fiscalía  General  de  la  Nación,  lo  cual  hará  donde  se  encuentren  los elementos  fundamentales de la acusación…”.   

Pues bien, como en este caso la audiencia de  formulación  de  acusación  tuvo  inicio el pasado 26 de enero ante el Juzgado  Tercero  Penal  del  Circuito  Especializado de Bogotá, es a este funcionario a  quien  corresponde legalmente proseguir con su conocimiento. Además, porque los  elementos  fundamentales  de  la  acusación  se encuentran en esta ciudad, como  claramente   se  constata  con  la  información  contenida  en  el  escrito  de  acusación.   

          En  tales circunstancias, la competencia para conocer de este asunto  corresponde  al  despacho  judicial  que viene conociendo de la actuación, como  así lo declarará la Sala.   

          En  mérito  de  lo  expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE  CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE   

          1.-  DEFINIR  la competencia en el sentido  de  determinar  que  el  conocimiento  de este asunto  corresponde  al  Juzgado  Tercero  Penal  del Circuito  Especializado  de  Bogotá,  a  cuyo  despacho se ordena devolver la actuación.   

Contra  esta  decisión  no  procede recurso  alguno.   

Cópiese y cúmplase,  

MARÍA   DEL   ROSARIO   GONZÁLEZ   DE  LEMOS   

JOSÉ       LEONIDAS       BUSTOS  MARTÍNEZ                     SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ   

ALFREDO   GÓMEZ   QUINTERO                         AUGUSTO             J.            IBÁÑEZ  GUZMÁN                                   

JORGE       LUIS       QUINTERO  MILANÉS                          YESID  RAMÍREZ  BASTIDAS                                                                     

JULIO         E.        SOCHA  SALAMANCA                   JAVIER ZAPATA ORTÍZ   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

Secretaria  

    

1   Record   8’08’’.   

2  Record  14’09’’   

3 Auto  de  fecha  octubre  10  de  2006,  rad.  26203.    

4  Auto de julio 5 de 2007.   

5 Auto del 6 de octubre de 2004. Radicación 22738.     

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