28471(10-10-07)

2007

Asistente Jurídico Inteligente

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                                Proceso No 28471   

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrada Ponente:  

MARÍA   DEL  ROSARIO  GONZÁLEZ DE LEMOS   

Aprobado acta N° 193.  

Bogotá, D. C., octubre diez (10) de dos mil  siete (2007).   

VISTOS  

Se   pronuncia   la   Sala  acerca  de  la  admisibilidad  de  la  demanda  de  casación  interpuesta  por  el  defensor de  LUIS     ARMANDO    MAESTRE    PASSION,  contra  la  sentencia del 21 de junio del cursante año, mediante  la  cual  el  Tribunal  Superior  de  Bucaramanga  revocó parcialmente el fallo  adoptado  el 9 de mayo del mismo año por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de  la  misma  sede,  que condenó al mencionado procesado a la pena principal de 36  meses  de  prisión  y  a  la  accesoria de inhabilitación para el ejercicio de  derechos  y  funciones  públicas  por el mismo término, como autor responsable  del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.   

HECHOS  

Ocurrieron el 27 de mayo de 2006, día en que  LUIS     ARMANDO    MAESTRE    PASSION,  aprovechando  que  la  menor  S. J. D.  N.,  de  6  años  de  edad,  quedó   a  su  cuidado  por  unos  instantes  en  la  residencia  ubicada  en  la carrera 13 No. 18-29 del municipio de Floridablanca,  la  besó en la boca y le efectuó manipulación en el área genital, de lo cual  se   dio   cuenta   Blendhy  Karina  Nova  Ordóñez,  madre   de   la   niña  y  cuñada  de  MAESTRE  PASSION, cuando momentos después  regresó  a  la  casa,  apreciando  en  la  víctima algunas huellas del vejamen  sexual.   

ACTUACIÓN PROCESAL  

1. Tras iniciar la respectiva indagación, la  fiscalía  solicitó audiencia preliminar con miras a obtener autorización para  capturar  a  LUIS ARMANDO MAESTRE PASSION.  La  diligencia  se  llevó  a cabo el 13 de abril de 2007 ante el  Juzgado  17 Penal Municipal con funciones de control de garantías, cuyo titular  accedió a la solicitud.   

2.   Producida  la  captura  del  entonces  indiciado,  el  Juez  11 Penal Municipal con funciones de control de garantías,  el  15 de abril del citado año, realizó audiencia preliminar para legalizar la  captura,   formular  la  imputación  e  imponer  medida  de  aseguramiento.  La  fiscalía  atribuyó el ilícito de acto sexual con menor de 14 años y, por esa  misma  conducta punible, el juez profirió medida de aseguramiento de detención  preventiva.   

3.  En el curso de la referida audiencia, el  procesado  se  allanó  a  la  imputación,  por  cuya  razón  el  20  de abril  siguiente,     la    fiscalía    presentó    el    respectivo    escrito    de  acusación.   

4. El 9 de mayo de 2007, el Juez Sexto Penal  del  Circuito  de  Bucaramanga  profirió  sentencia,  condenando a LUIS  ARMANDO  MAESTRE  PASSION a la pena  principal  de  36  meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el  ejercicio  de  derechos y funciones públicas por el mismo término. Además, le  concedió  el  subrogado  de  la  suspensión condicional de la ejecución de la  pena.   

5.  El ente acusador apeló oportunamente la  sentencia,  concretando  su  inconformidad a la decisión de conceder el aludido  subrogado.   

6.  El  Tribunal Superior de Bucaramanga, al  resolver  la  alzada,  atendió  la  pretensión del impugnante, por cuya razón  revocó  el  numeral  4º  de  la  parte  resolutiva  de la sentencia de primera  instancia  y,  en  su  lugar,  negó al procesado el sustituto de la suspensión  condicional de la ejecución de la pena.   

7. Contra la sentencia de segunda instancia,  oportunamente,   la   defensa  interpuso  el  recurso  de  casación,  allegando  simultáneamente     el     escrito    sustentatorio    de    la    impugnación  extraordinaria.   

LA  DEMANDA   

          El  defensor  del  acusado formula un solo cargo contra la sentencia  de  segunda  instancia. Lo apoya en la causal primera de casación de la Ley 906  de  2004,  a cuyo amparo denuncia la violación directa de la ley sustancial, en  la  modalidad  de  aplicación  indebida. Cita como normas violadas el artículo  5º  de la Ley 890 de 2005 y los artículos 181.1, 315, 317.3, 351, 474 y 475 de  la  Ley  906  de  2004.  Como  fundamento  del  reproche  ofrece  los siguientes  razonamientos:   

          “El  Tribunal  Superior de Bucaramanga,  sala  penal,  revocó  el  subrogado  penal  de la suspensión condicional de la  ejecución  de  la  pena,  el  cual  le había concedido la juez sexta penal del  circuito,  …,  todo esto sin que hubiese o existiese norma alguna en las leyes  906  de  2004  y  890  de 2004 que regían la conducta punible desplegada por el  sentenciado  a  la  fecha  de  la  comisión del reato.   

          Pues   el   beneficio   concedido  por  la  juez  sexta  penal  del  circuito,…,  el cual consistió en la suspensión condicional de la ejecución  de  la  pena, estuvo revestido y amparado de toda legalidad, ya que asi (sic) lo  contempla  el  Art.  5º  de la Ley 890 de 2004, el cual derogó tácitamente el  Art.  64  de la Ley 599 del 2000, que a la vez fue modificado por la Ley 733 del  2002,  de  manera que por virtud del principio de favorabilidad, es aplicable el  Art.  5º de la primera ley, ya que genera mayores posibilidades de acceder a la  libertad  condicional.  Y  de  soslayo,  la  dosificación  de la pena principal  impuesta  cuyo  cuántum  penal  no  arriba  a  los cuatro (4) años, pues en la  dosificación penal la pena llegó a 36 meses de prisión”.   

          De  la  anterior forma, pidió casar la sentencia impugnada para, en  su  lugar,  ratificar el fallo de primer grado, en cuanto concedió al procesado  la suspensión condicional de la ejecución de la pena.   

PARA   RESOLVER   SE  CONSIDERA   

En la Ley 906 de 2004 el recurso de casación  encuentra  fundamento  sólo  en  la  medida  en  que  se  busque  con  él,  el  cumplimiento  de  alguno de los fines previstos en su artículo 180, esto es, la  efectividad  del  derecho material, el restablecimiento de las garantías de los  intervinientes,  la  reparación  de  los  agravios  inferidos  a  éstos  y  la  unificación de la jurisprudencia.   

Por   ello,  aparte  de  los  presupuestos  tradicionales  relacionados  con  el interés para recurrir y la elaboración de  la  demanda  de  manera  lógica y comprensible, es deber del actor acreditar la  necesidad  del  fallo  en orden a cumplir alguna de las finalidades referidas en  precedencia.  Así  se  desprende  de  lo establecido tanto en el artículo 183,  como  en  el  inciso  segundo  del  artículo 184 del estatuto procesal en cita.   

De acuerdo con la norma última citada, no se  seleccionará  el  libelo  si  el  demandante  carece  de interés, prescinde de  señalar  la  causal,  no  desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su  contexto  se  advierte  fundadamente  que  no  se precisa del fallo para cumplir  algunas de las finalidades del recurso.   

Lo  anterior,  desde luego, sin perjuicio de  que  la  Corte  supere  los  defectos de la demanda para decidir de fondo, si se  presenta  alguna  de las situaciones referidas en el inciso cuarto del precitado  artículo 184.   

En el caso que ocupa la atención de la Sala,  se  observa  que  el  casacionista  si  bien  ostenta  interés  para recurrir y  mencionó,  además,  la causal sobre la cual apoya el único cargo que formuló  contra  la  sentencia  de  segundo  grado,  no cumplió las demás exigencias de  motivación referidas en precedencia.   

En efecto, el único motivo de inconformidad  lo  dirige  el  actor  contra la decisión del ad quem  de   no  conceder  el  subrogado  de  la  suspensión  condicional   de   la  ejecución  de  la  pena,  aspecto  que  no  implica  una  retractación  con  respecto  al allanamiento de los cargos efectuado durante la  audiencia  preliminar  de  formulación  de la imputación. De otra parte, en la  demanda  se  invoca  la  causal primera de casación contemplada en el artículo  181 de la Ley 906 de 2004.   

No obstante, el impugnante ni explicó cuál  o  cuáles  fines  pretende  lograr con el recurso, ni desarrolló los cargos de  sustentación.  Esto  último porque se sustrajo por completo a controvertir los  fundamentos  con  los  cuales  el  Tribunal negó el sustituto de la suspensión  condicional de la ejecución de la pena.   

Al respecto, se tiene que el sentenciador de  segunda  instancia  consideró  que  aunque el procesado cumplía el presupuesto  objetivo  previsto  en  el  artículo 63 del Código Penal, no ocurría lo mismo  con  el  aspecto subjetivo, por cuanto las modalidades y gravedad de la conducta  punible indicaban la necesidad de la pena.   

El  Tribunal  fundamentó dicha conclusión,  señalando  que el delito cometido por el acusado constituye un grave atentado a  la  integridad  y formación sexuales de la víctima, amén de que conmueve a la  sociedad,  porque  lo ejecutó un allegado a la familia, quien se aprovechó que  la  afectada  quedó  por  unos instantes bajo su cuidado para someterla a actos  sexuales, sin importarle que tan sólo contaba con 6 años de edad.   

Según el juzgador de segundo grado, quienes  realizan   esa   clase  de  conductas  no  tienen  un  mínimo  respeto  por  la  individualidad  de quienes componen la sociedad, especialmente de los menores de  edad,  pues  solamente  les  importa  la satisfacción de sus protervos deseos e  instintos sexuales de manera irracional.   

El  censor, en momento alguno, se refirió a  los  argumentos  del  fallador  para  rebatirlos,  mediante la demostración del  error  o errores que lo llevaron a violar directamente la ley sustancial, según  el  motivo  de  casación que invocó. Se limitó tan sólo a sostener de manera  genérica  que  la  decisión  del  a quo estuvo  revestida  y  amparada  de  legalidad.  Es  más,  en  forma  contradictoria  pidió  la  aplicación, por favorabilidad, del artículo 5º de  la  Ley  890  de 2004, norma que regula el sustituto de la libertad condicional,  figura  jurídica  distinta  a  la que suscitó la inconformidad del impugnante.   

Si  el recurso de casación implica formular  un  juicio  a  la  legalidad y constitucionalidad de la sentencia, resulta claro  que  el  demandante,  para derruirla total o parcialmente, debe controvertir sus  fundamentales,  acreditando los desafueros en que incurrió el fallador. Nada de  ello   hizo   el   actor,   quien  de  esa  manera  se  abstuvo  de  desarrollar  “los   cargos   de   sustentación”,  exigencia  que,  como  se  expresó, está contenida en el inciso  segundo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.   

Los evidentes defectos de motivación llevan  a  la  Sala  a  inadmitir  la  demanda, sin que advierta la necesidad de superar  dichas  falencias  para decidir de fondo, pues no se observa en la actuación la  violación  de  garantías  fundamentales  que deba restablecer de oficio, ni la  presencia  de  alguna de las situaciones a que se refiere el inciso cuarto de la  disposición antes citada.   

   

          Cuestión final.   

Habida  cuenta  que  contra  la decisión de  inadmitir  la  demanda  de  casación  presentada  por  la  defensa  procede  el  mecanismo  de  insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 184  de  la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el  trámite  a  seguir  para que se aplique el referido instituto procesal, la Sala  ha  definido  las reglas que habrán de seguirse para su aplicación1,    como  sigue:   

          i)        La  insistencia  es  un  mecanismo  especial  que  sólo  puede  ser  promovido  por  el  demandante,  dentro  de  los cinco (5) días siguientes a la  notificación  de  la  providencia  por  cuyo  medio la Sala decida inadmitir la  demanda  de  casación,  con el fin de provocar que ésta reconsidere lo decido.  También  podrá  ser  provocado  oficiosamente  dentro  del  mismo término por  alguno  de  los  Delegados  del  Ministerio  Público  para  la  Casación Penal  –  siempre que el recurso  de   casación   no   hubiera   sido  interpuesto  por  un  Procurador  Judicial  –, el Magistrado disidente  o  el  Magistrado  que  no  haya  participado  en  los  debates  o  suscrito  la  providencia inadmisioria.   

          ii)                       La  solicitud de insistencia puede elevarse ante  el  Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, ante  uno  de  los  Magistrados  que  haya  salvado  voto  en  cuanto  a  la decisión  mayoritaria  de  inadmitir  la demanda o ante uno de los Magistrados que no haya  intervenido en la discusión.   

          iii)                      Es potestativo del Magistrado disidente, del que  no  intervino  en  los debates o del Delegado del Ministerio Público ante quien  se  formula  la  insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la  Sala  o  no  presentarlo  para su revisión, evento último en que informará de  ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.   

          iv)                       El  auto  a  través  del  cual  se  inadmite la  demanda  de  casación  trae  como  consecuencia  la  firmeza de la sentencia de  segunda  instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que  la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.   

          En  mérito  de  lo  expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE  CASACIÓN PENAL,   

RESUELVE   

          INADMITIR  la  demanda  de  casación  interpuesta  por el defensor de  LUIS ARMANDO MAESTRE PASSION.   

         De    conformidad    con    lo   dispuesto   en   el   inciso     segundo    del    artículo  184  de  la  Ley  906  de   2004  y,  en  los  términos  referidos  en  el  acápite   final   de   esta  determinación,  contra  la    misma    procede  la insistencia.   

Notifíquese y cúmplase.  

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO   

Cita medica  

SIGIFREDO          ESPINOSA  PÉREZ           MARÍA DEL ROSARIO  GONZÁLEZ DE LEMOS   

AUGUSTO         J.             IBÁÑEZ        GUZMÁN                         JORGE  LUIS  QUINTERO  MILANÉS             

YESID           RAMÍREZ  BASTIDAS                      JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA   

                                                           JAVIER ZAPATA ORTÍZ   

             TERESA RUIZ NÚÑEZ   

          Secretaria   

    

1 Providencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24322.     

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