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Proceso No 27843
CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado PonenteJORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta N° 124
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007).
V I S T O S
La Corte resuelve la definición de competencias surgida entre el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Risaralda) y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia (Quindío), para conocer del recurso de apelación interpuesto por el condenado JONATHAN UNI SANTACRUZ contra la decisión que le negó la prisión domiciliaria.
H E C H O S
En la sentencia se sintetizaron de la siguiente manera:
“En hora de la mañana del 15 de agosto de 2006, miembros de la Policía Nacional realizaban labores rutinarias de revisión a los equipajes de los pasajeros que abordarían un vuelo de la aerolínea Avianca, en el trayecto Pereira Bogotá y con conexiones internacionales.
“Al notar algo anormal en una maleta que tenía la etiqueta N° 591076, se llamó a su propietario Jonathan Uni Santacruz y en su presencia se abrió el equipaje, encontrándose ciertas porciones de una sustancia que parecía ser estupefaciente”.
A N T E C E D E N T E S
1. Agotada la audiencia preliminar de formulación de imputación y aceptados los cargos por parte del imputado, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con función de conocimiento de Pereira (Risaralda), mediante sentencia del 6 de diciembre de 2006, condenó a Jonathan Uni Santacruz a las penas principales de 48 meses de prisión y multa equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de rigor, como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
2. Atendiendo la petición que elevó el condenado, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia (Quindío), despacho judicial que verifica el cumplimiento de la pena, mediante providencia del 30 de abril de 2007, negó a Jonathan Uni Santacruz la sustitución de la prisión formal por prisión domiciliaria, decisión contra la cual el sentenciado interpuso el recurso de apelación.
Por auto del 11 de mayo siguiente, el citado Juzgado concedió dicho recurso de apelación y, por ende, de conformidad con los artículos 34 y 478 del Código de Procedimiento Penal, remitió las diligencias “al Juzgado fallador, ello es, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Risaralda)”.
3. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del pasado 6 de junio se declaró incompetente para resolver el referido recurso de apelación, toda vez que, según sus razonamientos, de conformidad con el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, el competente es la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia.
Sostiene que “si bien el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 establece que las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad relacionadas con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que dictó sentencia, debemos referir que en la práctica, dado que los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad ostentan la calidad de despachos con categoría de circuito dentro de la Rama Judicial, sus decisiones al ser apeladas son conocidas por su superior funcional, no siendo otro que la sala de decisión penal de cada tribunal”.
Considera que, teniendo en cuenta los principios constitucionales, “resultaría un contrasentido que frente a una de sus decisiones el recurso de apelación debiera ser decidido por un juzgado penal municipal o promiscuo municipal –su inferior jerárquico– o uno que fuese penal o promiscuo del circuito –sus pares jerárquicamente hablando–, cuando precisamente el núcleo fuerte del derecho a la doble instancia consagrado de manera legal, presupone que un superior estudie la situación decidida en la primera instancia para proceder a confirmarla o revocarla”.
En esas condiciones, devolvió las diligencias al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas proponiendo colisión negativa de competencias.
4. Por su parte, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia (Quindío), por auto del 15 de junio del año en curso, luego de citar los artículos 6° y 478 de la Ley 906 de 2004 y 5° de la Ley 57 de 1887, indicó que “con la aplicación de las normas en comento”, surge evidente que es el juez el que dictó la sentencia el competente para conocer de la referida impugnación, sin que ello implique ninguna vulneración a los principios constitucionales.
En consecuencia, aceptando la colisión propuesta, remitió el expediente a esta Corporación para que se dirima el conflicto.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La colisión negativa de competencias se suscitó entre el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, despachos pertenecientes a diferentes Distritos Judiciales, por lo que no hay duda que corresponde a esta Colegiatura resolverlo, según así lo dispone el numeral 4° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.
2. Con el fin de resolver el presente conflicto, debe, en primer término, precisarse que los hechos por los cuales se dictó sentencia condenatoria en contra de Jonathan Uni Santacruz sucedieron el 15 de agosto de 2006, razón por la cual la actuación se adelantó integralmente con base en el procedimiento contemplado en la Ley 906 de 2004, toda vez que en el Distrito Judicial de Pereira ya regía el nuevo sistema de enjuiciamiento penal.
Así, entonces, aun cuando el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira con funciones de conocimiento propuso colisión negativa de competencias al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, no cabe duda alguna que la institución que regula este tipo de controversia es la definición de competencia consagrada en la Ley 906 de 2004, razón por la cual procede la Corte a definirla de la siguiente manera:
Observa la Sala que la controversia suscitada entre los mencionados despachos judiciales, radica en el entendimiento que cada uno le otorgó a los artículos 34, numeral 6°, y 478 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), preceptivas que, frente a una correcta hermenéutica, permiten concluir que el competente para conocer del citado recurso de apelación es el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, el cual profirió la sentencia condenatoria en contra de Jonathan Uni Santacruz.
En efecto, en un caso similar a éste y recientemente la Sala se pronunció respecto del alcance interpretativo de las mencionas normas, razón por la cual, dada la importancia del tema, se hace necesario remitirse a dichas consideraciones:
“3. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad remitió el recurso de apelación contra su decisión de negar la libertad condicional a los ciudadanos condenados al Juzgado que profirió el fallo condenatorio, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34.6 y 478 de la ley 906 de 2004, el primero que refiere a la competencia de las salas penales de los tribunales y el segundo, que señala:
‘Artículo 478. Decisiones. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia.’
“4. El Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira refutó al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad e interpretó que la norma que define el punto es el artículo 34.6 de la ley 906 de 2004 que señala que las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:
‘6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de ejecución de penas.’
“La Sala advierte que la disputa plantea una aparente incompatibilidad entre dos normas del mismo estatuto procedimental.
“Obsérvese.
“El artículo 34.6 ibídem asigna a las salas penales de los tribunales superiores el conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de ejecución de penas.
“En extremo distinto, el artículo 478 del mismo cuerpo normativo establece que cuando las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia.
“La resolución del aparente conflicto normativo reclama la atención hacia los criterios generales de interpretación de las normas procesales.
“Sobre el particular, la ley 57 de 1887 enseña:
‘Artículo 5°. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella.
‘Si en los códigos que se adopten se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:
‘1. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.
‘2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior…’
“El caso leído a través de la pauta en precedencia indica que el competente para conocer del recurso de apelación es el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, con funciones de conocimiento, que profirió el fallo condenatorio.
“El artículo 34.6 consagra la regla general de competencia de los tribunales para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de los jueces de ejecución de penas; no obstante, el artículo 478, norma posterior dentro del mismo código, contiene una circunstancia de concreción y exactitud referida a las decisiones que adoptan estas mismas autoridades, pero sobre mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, en cuyo caso se aplica la regla de competencia especial para los sentenciadores de primera o única instancia.
“El artículo 478 de la ley 906 de 2004 preceptúa una excepción al factor funcional de competencia de los tribunales en lo que tiene que ver con los recursos de apelación contra las decisiones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación.
“La controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la sentencia.
“Adicionalmente, la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas -redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otras- aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profirió la condena.
“El asunto por resolver no puede definirse con categorías de conveniencia o funcionalidad, como lo expone el Juez que profirió el fallo, porque la competencia es una categoría procesal que se corresponde con el principio de la legalidad.
“La pena y su régimen de ejecución y vigilancia no son ajenos a este principio, el cual comprende, también, al juez natural de estos asuntos, con fundamento en la preceptiva superior (artículo 29, Inc.3°). Entonces, a menos que se trate de un supuesto de hecho que obligue a aplicar la excepción de legalidad del artículo 6°, no podrá invocarse ley procesal distinta a la vigente al tiempo de la actuación procesal.
“Conclusión: respecto de las decisiones que adoptan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el competente, por mandato expreso, concreto y posterior de la Ley 906 de 2004, es el juez que profirió la condena en primera o única instancia, siempre y cuando la actuación se haya iniciado y adelantando, en su integridad, con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal”.1
En esas condiciones, como el recurso de apelación es este caso se interpuso contra la providencia que negó la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad y toda vez que la actuación se inició y adelantó en su integridad bajo los parámetros legales del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, debe necesariamente concluirse que el competente para conocer de dicha impugnación es el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, despacho judicial que, el 6 de diciembre de 2006, dictó sentencia a través de la cual condenó a Jonathan Uni Santacruz, como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
R E S U E L V E
1. DECLARAR que la competencia para conocer del asunto que se adelanta contra JONATHAN UNI SANTACRUZ, corresponde al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Risaralda). Por lo tanto, remítansele las diligencias.
2. Por Secretaría de la Sala, infórmese lo decidido al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia (Quindío).
Contra esta decisión no procede ningún recurso.Comuníquese y cúmplase.
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA MAURO SOLARTE PORTILLA
JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUÍZ NUÑEZ
Secretaria
1 Ver rad. 27612 colisión de competencia del 13 de junio de 2007.