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Proceso No 27496
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JAVIER ZAPATA ORTIZ
Aprobado Acta No. 117
Bogotá D. C., once (11) de julio de dos mil siete (2007).
VISTOS
Decide la Sala sobre la solicitud de prescripción de la acción penal respecto de los delitos contra la fe pública, formulada por el defensor de WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO; y se adoptan otras determinaciones, antes de calificar el aspecto formal de las demandas de casación que dicho defensor y el apoderado de EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO, presentaron contra el fallo emitido por el Tribunal Superior de Cúcuta, el 25 de septiembre de 2006.
HECHOS
Fueron relatados de la siguiente manera, por el Tribunal Superior de Cúcuta en el fallo de segundo grado:
“A través de escritos anónimos se informó a la Fiscalía, que el ciudadano WILLIAM URIBE CASTILLO, actuando como representante de la empresa Constructora U.C.C., solicitó y obtuvo, por concepto de I.V.A., reintegros de la DIAN por cuantías aproximadas a doscientos millones de pesos ($ 200.000.000.oo), en relación con unos materiales de construcción que habían sido adquiridos para la construcción de la sede CORPONOR, pero que fueron presentados, para obtener los reintegros, como materiales para construcción de vivienda de interés social en el Proyecto La Concordia III (folio 4 anexo 4).
Para lograr la fraudulenta devolución, se falsificaron facturas, además de que para no facilitar esta investigación penal se ocultaron otros documentos.
En el operativo delictivo, se vinculan, acusan y condenan, además del mencionado, a los procesados EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO, funcionario de la DIAN; y los ciudadanos GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA, contadora y revisores fiscales de la empresa constructora antes citada.”
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
1. Con base en la información inicial y pluralidad de pruebas paulatinamente recaudadas, la Fiscalía Sexta Seccional de Cúcuta abrió investigación, vinculó mediante indagatoria a los implicados y al resolver su situación jurídica, con proveído del 30 de junio de 2000, los afectó con medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, sin excarcelación. (Folio 738 cdno. 3)
2. Recaudada la prueba necesaria, el Fiscal instructor cerró la investigación, el 13 de octubre de 2000. (Folio 1174 cdno. 4)
3. Al calificar el mérito del sumario, el 7 de noviembre de 2000, la Fiscalía Sexta Seccional de Cúcuta profirió resolución contra las siguientes personas:
WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO, contratista y representante legal de la empresa Constructora U.C.C., como determinador de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado.
EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO, servidor público, empleado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, como autor de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.
GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, contadora pública de la Constructora U.C.C., como cómplice de peculado por apropiación; y autora de falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado.
RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA, contador público y revisor fiscal de la Constructora U.C.C., como cómplice de peculado por apropiación y autor de falsedad en documento privado; y
MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ, contadora pública y revisora fiscal de la Constructora U.C.C., como cómplice de peculado por apropiación y autora de falsedad en documento privado. (Folio 1249 cdno. 4)
4. La acusación fue apelada y, no obstante, recibió confirmación el 12 de enero de 2001, con resolución emitida en esa fecha por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Cúcuta. (Folio 1384 cdno. 5)
5. Adelantó la fase de la causa el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta; surtió los traslados para alistar las audiencias preparatoria y pública; y finalizado el debate, con sentencia del 6 de abril de 2005, condenó a los implicados así:
WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO, como determinador de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado, a ochenta (80) meses y cinco (5) días de prisión; y le negó el subrogado de la ejecución condicional de la pena y la prisión domiciliaria.
EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO, como autor de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, a setenta y cuatro (74) meses cinco (5) días de prisión; y le negó el subrogado de la ejecución condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA, como cómplices de peculado por apropiación y autores de falsedad por ocultamiento de documento privado, a treinta y cuatro (34) meses quince (15) días de prisión cada uno; y les concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
A todos los implicados impuso inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena restrictiva de la libertad; los condenó a indemnizar los perjuicios causados a la DIAN por la suma de $ 67.601.657.oo “pagadera en la forma y plazos señalados en la parte motiva”; y al pago de multa por valor de $ 67.601.657 “prorrateable en la forma enunciada en la parte motiva”. (Folio 2634 cdno. 8B)
6. Al desatar la apelación interpuesta por los defensores y los implicados, con fallo del 25 de septiembre de 2006, el Tribunal Superior de Cúcuta confirmó, con las siguientes modificaciones, la decisión de primera instancia:
Declaró que las condenas a la pena de prisión por los ilícitos determinados en la sentencia impugnada quedaban así: EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO, a 64 meses 15 días; WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO, a 70 meses 15 días; GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, a 30 meses; MARÍA YANETH RANGÉL DÍAZ, a 30 meses.
Declaró que a RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA quedaba condenado como lo decidió el A-quo, a 34 meses 15 días de prisión; y le disminuyó la multa a $ 12.908.744.oo.
Redujo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas al mismo término que cada sanción restrictiva de la libertad; y negó la prisión domiciliaria a EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO, en contra de quien ordenó expedir boleta de captura. (Folio 324 cdno. 2 segunda instancia)
7. Inconformes con lo decidido por el Juez colegiado, los defensores de WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO y EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO interpusieron el recurso de casación.
8. Mientras se surtían los traslados para el recurso extraordinario, después de reconocer redención de pena por trabajo y enseñanza llevados a cabo bajo el régimen penitenciario, con auto del 12 de diciembre de 2006, el Tribunal Superior de Cúcuta concedió libertad provisional a EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO. (Folio 460 Cdno. 2 segunda instancia)
9. Cuando aún se encontraba el expediente en el TRIBUNAL Superior de Cúcuta, el defensor de WILLIAM EBERTO URIUBE CASTILLO solicitó se declare prescrita la acción penal por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado.
El Tribunal Superior de Cúcuta explicó que desde que concedió el recurso extraordinario perdió competencia y no podía modificar el fallo de segundo grado; por lo cual, con auto del 17 de abril de 2007, se inhibió de pronunciarse de fondo sobre aquella petición. (Folio 594 cdno. 2 segunda instancia)
De ese modo, antes de calificar el aspecto formal de las demandas de casación, la Sala resolverá lo que en derecho corresponda con relación a la solicitud de prescripción pendiente; y de oficio analizará la misma temática para los coprocesados respecto de los ilícitos contra la fe pública y del peculado por apropiación endilgado a título de cómplices.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Es preciso recordar que en el presente asunto se atribuyen delitos contra la fe pública a personas con calidades diferentes, que inciden en la manera de contabilizar el término prescriptivo de la acción penal.
1.1 Además de peculado por apropiación, el señor WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO, ciudadano particular, contratista, fue condenado por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado.
Como los ilícitos contra la fe pública que a él se atribuyen fueron cometidos para facilitar la reclamación de unos dineros a la DIAN, a través de la Constructora U.C.C., que actuó como empresa privada, desligada de funciones públicas, la prescripción sigue las reglas comunes aplicables a los ciudadanos particulares. Esto es, ocurre en un lapso mínimo de 5 años, por disposición de los artículos 83 y 86 del Código Penal, Ley 599 de 2000.
1.2 El empleado de la DIAN, EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO, fue condenado por peculado por apropiación; y por falsedad ideológica en documento público, puesto que en el ejercicio de sus funciones suscribió documentos con información contraria a la realidad, que se utilizaron luego para el pago indebido de los dineros a la Constructora U.C.C.
En su caso, el término mínimo de prescripción para el delito contra la fe pública es de 6 años y 8 meses, en atención a lo previsto en el inciso 5 del artículo 83 del Código Penal, Ley 599 de 2000.
1.3 Con los procesados GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA, ocurrió que, aunque eran contadores públicos y en la resolución acusatoria se dice que faltaron a la verdad en los documentos que suscribieron en el ejercicio de sus funciones siendo revisores fiscales de la Constructora U.C.C, finalmente sólo fueron condenados como autores de falsedad por ocultamiento de documento privado y como cómplices de peculado por apropiación.
Vale decir, fueron condenados por ocultar unos documentos, y no por faltar a la verdad en los balances y otros documentos privados que suscribieron siendo revisores fiscales, en el ejercicio de su función consistente en otorgar la fe pública. Por ello, en su caso, no resulta aplicable la Ley 43 de1990, en cuanto –para efectos penales- asimila a los profesionales de la contaduría pública, a servidores públicos.
Ciertamente, la Ley 43 de 1990, “por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones”, establece:
“Articulo 10. De la fe pública.
(…)
PARAGRAFO. Los contadores públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar conforme a las leyes.”
Dicho precepto fue demandado por quienes lo estimaban contrario a la Carta. No obstante, mediante Sentencia C-530 de 2000, la Corte Constitucional lo declaró exequible, entre otros, con estos argumentos:
“Por lo mismo, el interrogante que se le formula a la Corte es si la ley puede asimilar a los contadores, cuando otorguen fe pública en materia contable, a funcionarios públicos, para efectos de las sanciones penales.
(…)
No excede pues la norma acusada los parámetros superiores en que se funda la equidad, porque al someter la ley a los contadores públicos al mismo nivel de responsabilidad penal que se demanda de los funcionarios públicos, tiene en cuenta que estos profesionales ejercen materialmente una actividad, asimilable a una función pública, como es la de otorgar fe pública sobre los actos propios de su profesión, ejercicio que apareja, por lo mismo, una responsabilidad especial en términos similares a la que se deduce contra los funcionarios del Estado, quienes, como es obvio, ejercen funciones públicas.”
En ese orden de ideas, el término de prescripción para el delito de falsedad por ocultamiento de documento privado que se endilga a GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA, también es de 5 años, dado que no es factible asimilarlos a servidores públicos, porque al ocultar los documentos actuaron como ciudadanos particulares y no en el ejercicio de la función de contadores públicos consistente en otorgar la fe pública.
2. Bajo las anteriores premisas, a continuación se hace el estudio de la prescripción de la acción penal por los ilícitos contra la fe pública.
La resolución acusatoria quedó ejecutoriada el doce (12) de enero de 2001, cuando la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Cúcuta la confirmó íntegramente. En aquella fecha quedó interrumpida la prescripción; y a partir del día siguiente se reanudó el cómputo de los términos, en la forma establecida en el artículo 86 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que es del siguiente tenor:
“Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente, debidamente ejecutoriada.
Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará de nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10) años”
El artículo 86 transcrito debe interpretarse armónicamente con el artículo 83 ibídem, relativo al término de prescripción de la acción penal para los delitos atribuidos a los servidores públicos, que en su quinto inciso estipula:
“Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte.”
A la sazón, en Sentencia del 1° de septiembre de 2004, después de un estudio detallado del asunto, esta Sala de la Corte expresó:
“En síntesis, recapitulando, la Sala de Casación Penal recoge las diversas posturas vertidas en autos y sentencias a partir de la entrada en vigencia del Código Penal, Ley 599 de 2000, y en su lugar sostiene que en la sistemática jurídica colombiana si un servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realiza una conducta punible, la prescripción de la acción penal ocurrirá en un tiempo no menor de seis (6) años y ocho (8) meses, bien que el fenómeno ocurra en la etapa de instrucción (antes de quedar ejecutoriada la resolución de acusación), bien que acaezca en la fase del juzgamiento (después de alcanzar firmeza la resolución acusatoria); no importando que el delito se sancione con pena no privativa de la libertad, o que la pena máxima de prisión –si la hubiere- fuere inferior a cinco años.”
El Código Penal aplicable al tiempo de los hechos, Decreto 100 de 1980, sancionaba los delitos contra la fe pública de que se trata, así:
-. Artículo 211. Falsedad en documento privado, con prisión de 1 a 6 años.
-. Artículo 219. Falsedad ideológica en documento público, con prisión de 3 a 10 años.
-. Artículo 224. Falsedad por ocultamiento de documento privado, con prisión de 1 a 6 años.
En el Código Penal que ahora rige, Ley 599 de 2000, los mismos ilícitos se reprimen así:
-. Artículo 289. Falsedad en documento privado, con prisión de 1 a 6 años.
-. Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público, con prisión de 4 a 8 años.
-. Artículo 293. Falsedad por ocultamiento de documento privado, con prisión de 1 a 6 años.
3. Trasladando los anteriores lineamientos al caso examinado, se tiene que el lapso de prescripción para los delitos contra la fe pública por los cuales se dictó sentencia condenatoria, se calcula así:
3.1 Para WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO, ciudadano particular, contratista, condenado por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado, el término de prescripción es de 5 años, a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación.
Como la acusación quedó en firme el 12 de enero de 2001, 5 años contados a partir de esa fecha se cumplieron el 12 de enero de 2006, cuando el expediente aún se encontraba en el Tribunal Superior.
3.2 Para el empleado de la DIAN, EDUARDO MOGOLLÓN BRUNO, condenado por falsedad ideológica en documento público, el término de prescripción es de 6 años y 8 meses, a partir de la ejecutoria de la resolución acusatoria.
Como la acusación quedó en firme el 12 de enero de 2001, 6 años y 8 meses contados a partir de esa fecha aún no se cumplen, pues ese lapso se extiende hasta el 12 de septiembre de 2007.
3.3 Para los procesados GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA, ciudadanos particulares que fueron condenados como autores de falsedad por ocultamiento de documento privado, e término de prescripción es de 5 años, a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación.
Como la acusación quedó en firme el 12 de enero de 2001, 5 años contados a partir de esa fecha se cumplieron el 12 de enero de 2006, cuando el expediente aún se encontraba en el Tribunal Superior.
4. Ahora se revisará lo atinente a la prescripción de la acción penal para los condenados por el delito de peculado por apropiación, en calidad de cómplices, situación en la que se encuentran los ciudadanos particulares GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA.
El artículo 133 del Código Penal aplicable al tiempo de los hechos, Decreto 100 de 1980, modificado por la Ley 190 de 1995, reprimía el peculado por apropiación, en cuantía superior a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (sin superar los doscientos), como el que se endilga a los implicados, con prisión de 6 a 15 años.
El artículo 397 del Código Penal, Ley 599 de 2000, de igual manera sanciona el peculado por apropiación en cuantía superior de cincuenta salarios mínimos (sin superar los doscientos), con prisión de 6 a 15 años.
El artículo 30 del Código Penal, Ley 599 de 2000, estipula que a quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica se le impondrá la pena prevista para la infracción; y que el cómplice incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.
El artículo 60 ibídem, señala que si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica.
Con esos criterios, la complicidad en el delito de peculado por apropiación del que se viene tratando, queda reprimido así: de 6 años menos la mitad a 15 años menos la sexta parte. Quiere ello decir que el cómplice de ese ilícito puede sancionarse con prisión de 3 años a 12 años 6 meses.
Para efectos de la prescripción se toma la pena máxima (12 años 6 meses) y ese guarismo se divide entre dos, por analizarse el fenómeno después de quedar en firme la resolución acusatoria; con lo cual se obtiene que la complicidad en el peculado por apropiación prescribe en 6 años 3 meses.
Como la acusación quedó ejecutoriada el 12 de enero de 2001, el lapso de 6 años 3 meses contados a partir de esa fecha se cumplió el 12 de abril de 2007, cuando el expediente aún no se había remitido a esta Sala de la Corte.
5. En consecuencia, se declarará prescrita la acción penal y cesará procedimiento a favor de WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO, por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado; y a favor de GRACIELA ACEVEDO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA, por la complicidad en el delito de peculado por apropiación y por la autoría en el delito de falsedad por ocultamiento de documento privado.
Lo anterior comporta redosificar la pena de manera provisional para WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO (pues la modificación definitiva sólo puede hacerse en el fallo que decida el recurso extraordinario de casación, si a ello hubiere lugar), sin contrariar, claro está, la prohibición de la non reformatio in pejus, tomando como base los mismos parámetros que guiaron al Juez de primera instancia; y la tasación final que hizo el Tribunal Superior de Cúcuta, después de reconocer un porcentaje de rebaja de la pena al delito de peculado por apropiación, por devolución parcial de los dineros apropiados.
Cabe anotar que en el caso de URIBE CASTILLO, representante legal de la Constructora U.C.C., el A-quo no partió de la sanción mínima, sino que por ser el determinador, a los 6 años de sanción inferior por el delito de peculado por apropiación le incrementó 6 meses; y adicionó otros 12 meses por el concurso con las falsedades.
En la sentencia del Tribunal Superior, el monto de la sanción se fijó así: 58 meses 15 días por el peculado por apropiación y 12 meses más por el concurso con las falsedades, para un total de 64 meses 15 días.
Quiere ello decir que, restando los 12 meses por el concurso con los delitos contra la fe pública, debido al reconocimiento de la prescripción, URIBE CASTILLO quedará condenado provisionalmente a la pena de 58 meses 15 días de prisión, como determinador del peculado por apropiación.
Y para GRACIELA ACERO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA no queda ningún remanente de sanción penal, por haber acaecido la prescripción respecto de todas las conductas punibles por los que fueron condenados en las instancias.
6. En síntesis:
Se declarará prescrita la acción penal por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado; y se cesará procedimiento por esos mismos ilícitos a favor de WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO, quien quedará condenado, provisionalmente, a la pena de 58 meses 15 días, como determinador del peculado por apropiación. Al mismo lapso se reducirá la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Se declarará prescrita la acción penal por los delitos de complicidad en peculado por apropiación y falsedad por ocultamiento de documento privado, y se cesará procedimiento por esas mismas conductas a favor de GRACIELA ACERO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA.
De igual manera, se dispondrá que el Juzgado de primera instancia cancele todo requerimiento y pendiente que los tres mencionados en el párrafo anterior, tengan por razón exclusiva de este proceso penal; y devuelva las cauciones que hubiesen prestado.
7. Copia del presente auto será remitido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta, para su conocimiento.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
1. Declarar prescrita la acción penal por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado, endilgados a WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO.
2. Cesar procedimiento por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad por ocultamiento de documento privado a favor de WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO.
3. Declarar que con motivo de la prescripción reconocida, WILLIAM EBERTO URIBE CASTILLO queda condenado, provisionalmente, a la pena de 58 meses 15 días de prisión, como determinador del delito de peculado por apropiación. Al mismo lapso se contrae la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
4. Declarar prescrita la acción penal por los delitos de falsedad por ocultamiento de documento privado y complicidad en peculado por apropiación, atribuido a los implicados GRACIELA ACERO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA.
5. Cesar procedimiento a favor de GRACIELA ACERO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA.
El Juzgado de primera instancia cancelará todo requerimiento y pendiente que GRACIELA ACERO CASTILLO, MARÍA YANETH RANGEL DÍAZ y RAIMUNDO ORDÓÑEZ SANTAELLA, tengan por razón exclusiva de este proceso penal; y se encargará de devolver las cauciones que hubiesen prestado.
7. En los demás aspectos, el fallo del Tribunal Superior de Cúcuta permanece incólume.
8. Enviar copia del presente auto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta, para su conocimiento.
9. Contra el presente auto procede el recurso de reposición, según lo indicado en los artículos 185, 186 y 189 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIS NÚÑEZ
Secretaria