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Proceso No 26768
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado Acta No. 73
Bogotá, D.C., mayo dieciséis (16) de dos mil siete (2007).
VISTOS
Emite la Corte concepto en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia.
ANTECEDENTES
El mencionado ciudadano es requerido para que comparezca en juicio “por delitos federales de narcóticos y de lavado de dinero” cometidos entre diciembre de 1997 y noviembre de 1999, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, dado que, con fecha 18 de noviembre de 1999, el Gran Jurado profirió en su contra la acusación No. 99-6153(s)(s) que actualmente corresponde a la cuarta acusación sustitutiva N° 99-6153-CR-MOORE(s)(s)(s)(s), a través de la cual le formula los siguientes cargos:
“SEGUNDO CARGO: A partir del 17 de diciembre de 1997 o fecha próxima, hasta el 4 de noviembre de 1999 o fecha próxima, en los Condados de Broward y Dade, en el Distrito Sur de Florida, en la República de Colombia, Las Bahamas, la República de México, y en otros lugares, los acusados,….JAVIER LINDO, también conocido como ‘El Gordo’…., con conocimiento e intencionalmente, se combinaron, conspiraron, confederaron y accedieron mutuamente y con personas conocidas y desconocidas al Gran Jurado, para distribuir y poseer con el intento de distribuir, cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y substancia narcótica controlada en la Tabla II, en violación del Título 21 del Código de los Estados unidos, Sección 841(a)(1).
Todo en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 846.
TERCER CARGO: A partir de o alrededor del 17 de diciembre de 1997, hasta o en alrededor del 4 de noviembre de 1999, en los Condados de Broward y Dade, en el Distrito Sur de Florida, en la República de Colombia, las Bahamas, la República de México, y en otros lugares, los acusados, ….JAVIER LINDO, también conocido como ‘El Gordo’,……con conocimiento e intencionalmente, se combinaron, conspiraron, confederaron y accedieron, mutuamente y con personas conocidas y desconocidas al Gran Jurado, para importar dentro de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, una cantidad de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y substancia conteniendo una cantidad perceptible de cocaína, una substancia narcótica controlada de la Tabla II, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 952.
Todo en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963.
CUARTO CARGO: A partir del 17 de diciembre de 1997 o fecha próxima, hasta el 4 de noviembre de 1999 o fecha próxima, en los Condados de Broward y Dade, en el Distrito Sur de Florida, en la República de Colombia, Las Bahamas, la República de México, y en otros lugares, los acusados,….JAVIER LINDO, también conocido como ‘El Gordo’,….con conocimiento e intencionalmente, se combinaron, conspiraron, confederaron y accedieron, mutuamente y con personas conocidas y desconocidas al Gran Jurado, llevar a cabo los siguientes delitos en contra de los Estados Unidos:
1. llevar a cabo e intentar llevar a cabo transacciones financieras afectando el comercio interestatal y extranjero las cuales involucraron las ganancias de actividades ilegales especificadas, tal como el término se encuentra definido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956(a)(7)(B)(i) y (C), y que el acusado tenía conocimiento de que la propiedad involucrada en las transacciones financieras, esto es, fondos e instrumentos monetarios, incluyendo moneda de los Estados Unidos, representaba la ganancia de alguna forma de actividad ilegal, con el intento de promover, el llevar a cabo la actividad ilegal específica, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956(a)(1)(A)(I).
2. llevar a cabo e intentar llevar a cabo transacciones financieras afectando el comercio interestatal y extranjero el cual involucró la ganancia de actividades ilegales especificadas, tal como el término se encuentra definido en el Título 18 del código de los Estados unidos, Sección 1956(a)(7)(B)(i) y (C), teniendo conocimiento ambos de que las transacciones habían sido concebidas en su totalidad o en parte para esconder y ocultar la naturaleza, localización, fuente, propiedad y control de la ganancia de las actividades ilegales especificadas, y que el acusado tenía conocimiento de que la propiedad involucrada en las transacciones financieras, esto es, fondos e instrumentos monetarios, incluyendo moneda de los Estados Unidos, representaba la ganancia de alguna forma de actividad ilegal en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(B)(i), y
3. dentro de los Estados Unidos, con conocimiento, involucrarse e intentar involucrarse en una transacción monetaria con propiedad criminalmente obtenida la cual (1) tiene un valor mayor de $10.000.00 en moneda de los Estados Unidos y (2) proviene de actividades ilegales especificadas, tal como el término está definido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956(a)(7)(B)(i) y (C) en violación del Título18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1957(a).
Todo en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956(h)”.
1. Documentos allegados con la solicitud de extradición.
Para formalizar la solicitud de extradición fueron allegados al presente trámite los siguientes documentos debidamente traducidos y legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores:
Notas verbales números 1048 de 7 de octubre de 1999 y 3143 de 7 de diciembre de 2006, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos solicita la captura con fines de extradición de FRANCISCO JAVIER ZUALUAGA LINDO y formaliza la solicitud de su extradición, respectivamente. En ellas se precisa que el requerido, también conocido como “El Gordo” es “ciudadano colombiano, nacido en Cali, Valle del Cauca, Colombia, el 15 de enero de 1970. Su descripción corresponde a la de un hombre de raza blanca, de 5 pies 11 pulgadas de estatura, y de cabello castaño. Su número de cédula colombiana es 16.774.728, emitida en Cali, Valle del Cauca, Colombia”.
Copia de la cuarta acusación sustitutiva No. 99-6153-CR-MOORE (s)(s)(s)(s), dictada por el Gran Jurado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el 18 de noviembre de 1999.
Copia de la orden de captura expedida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida suscrita por su secretario Clarence Maddox, el 30 de septiembre de 1999, contra JAVIER LINDO alias El Gordo, para que de respuesta a unas acusaciones.
Copia de las disposiciones del Código Penal de los Estados Unidos relativas a los cargos contenidos en la acusación.
Declaraciones juradas de George M. Karavetsos, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Sur de Florida, asignado a la Sección Narcóticos, a través de la cual realiza una presentación de los procedimientos policiales y judiciales efectuados, así como del compromiso de responsabilidad del solicitado y de Minh Nguyen, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, quien refiere las actividades que determinaron la acusación presentada contra el requerido en extradición.
2. Actuación surtida previo el envío de las diligencias a la Corte.
El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición de FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO mediante Nota diplomática No.1048 de 7 de octubre de 1999, de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dio traslado al Ministerio del Interior y de Justicia y al Fiscal General de la Nación, quien a través de resolución del 11 de octubre del mismo año dispuso la captura con tal propósito.
La orden se concretó el 12 de octubre de 2006 en el centro de reclusión especial para el proceso de paz de La Ceja, Antioquia, por miembros de la Dirección Central de Policía Judicial.
En la actualidad el mencionado ciudadano se encuentra privado de su libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Itagüi, Antioquia.
Mediante Nota Verbal No. 3143 de 7 de diciembre de 2006, la Embajada de Estados Unidos en Colombia formalizó por vía diplomática la solicitud de extradición de FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO.
3. Actuación surtida en esta Corporación
El señor Viceministro de Justicia envió la actuación a esta Sala junto con la documentación atrás relacionada para la emisión del concepto a que se refiere el artículo 518 de la Ley 600 de 2000, así como el oficio OAJ.E. 2352 de 11 de diciembre de 2006, a través del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptúa que “por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”.
De inmediato, se dio inicio a este trámite garantizando el derecho de defensa al requerido y luego se dispuso, mediante auto de 19 de febrero de 2007 correr el traslado previsto en el artículo 518 de la Ley 600 de 2000, oportunidad en la cual FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO y su defensor no hicieron solicitud probatoria alguna.
Con auto de 28 de febrero siguiente se dispuso correr el término de traslado previsto por la preceptiva citada, término en el cual únicamente el Representante del Ministerio Público allegó escrito con el fin de que sea tenido en cuenta por la Corte al proferir su concepto.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Con ese propósito el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, hace una síntesis de la actuación cumplida, del marco legal que rige este trámite y de los aspectos que constituyen el tema del concepto que corresponde emitir a la Sala, para adentrarse luego en el análisis de cada uno de tales aspectos.
Indica que los documentos presentados en apoyo de la petición de extradición acatan lo dispuesto en el artículo 513 de la Ley 600 de 2000 habida cuenta que especifican las conductas que motivan la solicitud, la fecha y lugar de su ocurrencia, los datos necesarios para identificar al solicitado y las normas que se estiman vulneradas; se allegaron recurriendo a la vía diplomática y cumpliendo las exigencias legales relativas a su autenticación, por lo que además de contener la información legal requerida son formalmente válidos, de manera que satisfacen el requisito establecido por el artículo 520 del código de procedimiento penal.
Igual acontece con la demostración de la plena identidad del requerido, habida cuenta que en las Notas Verbales remitidas por las autoridades extranjeras se informa que se requiere a FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO, alias ‘El Gordo’, “…ciudadano colombiano, nacido el 15 de enero de 1970, en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Su descripción corresponde a la de un hombre de raza blanca. De 5 pies 11 pulgadas de estatura, y de cabello castaño. Su número de cédula colombiana es 16.774.728, emitida en Cali, Valle del Cauca…”, información que fue acompañada de una foto de FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO.
Con estos datos se ha identificado la persona capturada por orden del Fiscal General de la Nación en los documentos elaborados con ocasión de su aprehensión, informando en esa misma ocasión que es desmovilizado de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, bloque Pacífico, concentrado en el Centro de Reclusión Especial para el proceso de paz de La Ceja, Antioquia e hijo de Javier de Jesús y Lucero. Por tanto, es evidente que se trata de la misma persona y que se satisface este requisito.
En punto al principio de la doble incriminación señala que los comportamientos atribuidos a FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO por las autoridades de los Estados Unidos en los cargos dos y tres de la acusación, corresponden a las conductas descritas en los artículos 340, modificado por la ley 733 de 2002, y 376 del código penal colombiano, denominados en su orden concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 la pena mínima prevista en la primera de las preceptivas citadas fue incrementada en una tercera parte y la máxima en la mitad, con lo que oscilan entre ocho (8) y dieciocho (18) años de prisión, mientras que la segunda consagra sanciones entre nueve (9) y treinta (30) años de prisión.
El cargo cuarto denominado en la legislación foránea concierto para el lavado de dinero guarda correspondencia con el ilícito de concierto para delinquir a que alude el artículo 340 citado y con el de lavado de activos consagrado en el artículo 323 del código penal cuya sanción de prisión oscila entre ocho (8) y veintidós (22) años de prisión.
Se evidencia entonces la identidad entre las actuaciones que se reprochan al requerido y los ilícitos descritos en el ordenamiento patrio, por lo que la exigencia de la doble incriminación se encuentra satisfecha.
En lo atinente a la equivalencia de la decisión proferida en el exterior con la resolución de acusación prevista en el procedimiento penal colombiano, señala que aún cuando éste difiere del utilizado en los Estados Unidos es claro que la providencia proferida en ese país se asimila en su carácter formal a la acusación de nuestro sistema procesal habida cuenta que las dos decisiones se sustentan en los mismos requisitos y así señalan las conductas atribuidas al requerido, las circunstancias en que se cumplieron, la calificación jurídica que tienen y ambas dan lugar al juicio oral, oportunidad en la cual el procesado cuenta con la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción. De manera que esta exigencia se cumple.
Con base en lo anterior, el Procurador Delegado estima que resulta viable conceder la extradición de FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO por encontrarse reunidos los requisitos legales establecidos.
Advierte que de emitir la Sala concepto favorable a la solicitud de extradición con el propósito de garantizar los derechos fundamentales del requerido se debe exhortar al Gobierno nacional para que condicione su entrega a que solo pueden atribuírsele los hechos acaecidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de expedición del Acto Legislativo N° 01 que reformó la Constitución Política para permitir la entrega de nacionales.
Igualmente, a que no será sometido a juicio por delitos diversos de los que motivaron la petición de extradición, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a desaparición forzada, tortura o a penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, ni a la pena de muerte, medidas contrarias a los postulados de la Constitución Política, cuyo cumplimiento debe vigilar el ejecutivo como supremo director de la política exterior y las relaciones internacionales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Aspectos Generales.
Como reiteradamente lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, su competencia dentro del trámite de extradición se circunscribe a la emisión del concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por otro país, luego de verificar las exigencias dispuestas por el legislador (artículos 511, 513 y 520 de la Ley 600 de 2000), teniendo en cuenta para ello, además y primordialmente la previsión constitucional contenida en el inciso 2º del artículo 35 de la Carta Política que autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos distintos de los conocidos como delitos políticos, que hayan sido cometidos en el exterior, siempre que tales comportamientos también estén contemplados como conductas punibles en la legislación penal interna y que la comisión de los mismos sea posterior a la fecha de promulgación del Acto Legislativo No. 1 de 1997, esto es, al 17 de diciembre de tal anualidad.
Dado que según lo expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de este diligenciamiento, no existe tratado de extradición vigente entre Colombia y los Estados Unidos de América, el trámite de la solicitud de extradición y el concepto que como culminación del mismo debe emitirse, se surtirá y emitirá de conformidad con las exigencias señaladas en el Código de Procedimiento Penal colombiano, siendo del resorte de la Sala. Por tanto, en el momento actual corresponde realizar el análisis previo a la emisión del concepto, según lo precisado en el artículo 520 del referido ordenamiento, sobre los siguientes puntuales aspectos: validez formal de la documentación allegada por el país requirente; demostración plena de la identidad de la persona solicitada; concurrencia del principio de la doble incriminación, según el cual “el hecho que motiva” la solicitud también debe estar “previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”; y acreditación de la “equivalencia de la providencia proferida en el extranjero” con la acusación propia del sistema procesal colombiano.
Pues bien, en relación con cada uno de tales aspectos se tiene:
1. Validez formal de la documentación.
Según lo establece el artículo 513 del estatuto procesal penal, la solicitud de extradición debe efectuarse por vía diplomática y de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan identificar plenamente al reclamado y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso; documentos que deben ser expedidos en la forma establecida por la legislación del país reclamante y traducida al castellano, si fuere el caso.
A su vez, el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, dispone en el numeral 118 de su artículo 1º que los documentos públicos otorgados en un país extranjero por uno de sus funcionarios o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República y, en su defecto, por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron de acuerdo con la ley del respectivo país.
La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y si se trata de agente consultar de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el Cónsul Colombiano, disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 23 y el inciso último del artículo 513 del estatuto procesal penal.
Los mencionados requisitos legales, sin lugar a dudas, se encuentran orientados a exigir que como sustento de una solicitud de extradición, el Estado requirente debe remitir en todos los casos y sin excepción alguna, los soportes de la misma pero no de manera simple, sino con el lleno de las referidas exigencias formales.
Advertido lo anterior se observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América solicita por vía diplomática la extradición del ciudadano colombiano FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO a través de su Embajada en Colombia y que para tal efecto anexó copia de la resolución de acusación No. 99-6153-CR-EYSKAMP (s)(s)(s)(s), dictada por el Gran Jurado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida el 18 de noviembre de 1999, en la cual se relacionan las conductas objeto de censura, así como los lugares y fechas de su ocurrencia.
También allegó copia de la orden de captura expedida por la Corte Distrital para el Distrito Sur de la Florida suscrita por el Secretario del Tribunal de la Florida Clarence Maddox, el 30 de septiembre de 1999, contra FRANCISCO JAVIER ZUALUAGA LINDO para que de respuesta a unas acusaciones.
Fueron aportadas las declaraciones juradas de George M. Karavestos, Fiscal Federal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, a través de la cual realiza una presentación de los procedimientos policiales y judiciales efectuados, así como del compromiso de responsabilidad del solicitado y de Minh Nguyen, Agente Especial de la Administración para el control de drogas (DEA) de los Estados Unidos, quien actuó como investigador en las averiguaciones que determinaron la acusación presentada contra el requerido en extradición, declaraciones que además de confirmar los pormenores de los cargos, especifican los datos de identidad del acusado y relacionan las disposiciones normativas aplicables al caso.
Los referidos documentos obran en traducción al castellano certificada y autenticada conforme a la legislación propia del Estado requirente, cuentan con la certificación de autenticidad expedida por Jason E. Carter, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien es reconocido en tal condición por el Procurador del mismo país, Alberto R. Gonzales.
Igualmente, aparece certificación sobre la referida documentación suscrita por Condoleezza Rice, Secretaria de Estado de los Estados Unidos y Patrick O. Hatchett, Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado, cuya firma aparece autenticada ante la Cónsul de Colombia en Washington D.C.
A partir, entonces, de tales documentos, es claro que el primer requisito exigido por el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 se encuentra suficientemente acreditado.
2. Demostración plena de la identidad del solicitado.
La anunciada exigencia, cuya evaluación debe efectuar la Sala en el concepto que le corresponde emitir, apunta a establecer que la persona procesada (acusada o condenada) en el país reclamante, es la misma sometida al trámite de extradición, sin que ello implique determinar su verdadera identidad, pues para tenerlo por acreditado suficiente resulta que exista plena coincidencia entre una y otra de tales personas.
Sobre el particular se tiene que el Gran Jurado ante la Corte del Distrito Sur de Florida acusa a “JAVIER LINDO, también conocido como ‘el Gordo’…” y la orden de arresto fue librada en contra del mismo.
En la Nota Verbal número 1048 de 7 de octubre 1999 remitida con el propósito de obtener su captura, se precisa que la persona requerida con fines de extradición responde al nombre de FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO “…también conocido como ‘El Gordo’ es ciudadano colombiano, nacido en Cali, Valle del Cauca, Colombia, el 15 de enero de 1970. Su descripción corresponde a la de un hombre de raza blanca, de 5 pies, 11 pulgadas de estatura, de cabello castaño. Su número de cédula colombiana es 16.774.728”.
A su vez la Nota Diplomática número 3143 del 7 de diciembre de 2006, por cuyo medio se formaliza la solicitud de entrega, destaca que si bien existe alguna diferencia entre éste último nombre y aquél con el que se menciona al solicitado en la acusación y en la orden de detención emitidas en su contra, tal situación se aclara en las declaraciones juradas rendidas por los funcionarios norteamericanos que acompañan la petición de extradición. Revisados estos documentos se advierte que se refieren a FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO, apodado ‘El Gordo’ o ‘Javier Lindo’, quien “…es ciudadano de Colombia. Nació el 15 de enero de 1970, y posee cédula colombiana número 16.774.728”.
La persona capturada por orden del Fiscal General de la Nación con fines de extradición se identificó como FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO, portador de la cédula de ciudadanía número 16.774.728 y nacido en Cali el 15 de enero de 1970. Con estos mismos datos ha recibido las diferentes notificaciones que se le han hecho en el curso de este trámite y con ellos suscribió poder a su defensor para representarlo.
De lo expuesto puede concluirse que en punto de la plena identidad del ciudadano colombiano solicitado en extradición no existe dubitación alguna, dado que si bien en la acusación se le menciona omitiendo uno de sus nombres y el primero de sus apellidos, es lo cierto que en las Notas Diplomáticas que solicitan su captura con fines de extradición y formalizan esta petición se precisa su nombre completo que en todo corresponde al de la persona capturada por orden del Fiscal General de la Nación. Además, los restantes datos suministrados en torno a la fecha y lugar de nacimiento y al documento de identificación del requerido coinciden con los correspondientes al aprehendido en esta actuación, quien por otra parte, no ha efectuado el menor cuestionamiento en torno a este preciso aspecto.
De conformidad con lo anterior, estima la Sala satisfecha la exigencia legal en ese sentido.
1. Principio de la doble incriminación.
En el análisis de la operatividad de este principio debe la Sala establecer si los comportamientos delictivos que se imputan al requerido en el país solicitante tienen en Colombia la misma naturaleza, esto es, que también sean considerados como conductas ilícitas y que, además, tengan señalada como sanción una pena mínima no inferior a cuatro (4) años de prisión.
Dado que se trata de un mecanismo de cooperación internacional, el mencionado cotejo debe adelantarse con base en los preceptos internos vigentes para el momento en que se rinda el concepto, motivo por el cual resulta improcedente la aplicación del principio de favorabilidad con ocasión del tránsito legislativo, en cuanto los preceptos del país requerido no son objeto de aplicación por parte del Estado reclamante1.
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO es solicitado para dar contestación a la acusación No. 99-6153-CR-MOORE (s)(s)(s)(s), dictada por el Gran Jurado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 18 de noviembre de 1999, en la que se le atribuyen según la Nota Verbal Nº 3143 de 7 de diciembre de 2006 cargos por delitos federales de narcóticos y de lavado de dinero señalados en la acusación en los términos que se dejaron transcritos al inicio del concepto.
Las normas que consideran violadas las autoridades de ese país, de acuerdo con los cargos segundo, tercero y cuarto formulados por el Tribunal para el Distrito Sur de Florida corresponden al Título 21, Secciones 841(a)(1), 846, 952 y 963 y Título 18, Secciones 1956(a)(7)(B)(i) y (C), 1956(a)(1)(A)(i), 1956(a)(1)(B)(i), 1956(h) y 1957(a) del Código de los Estados Unidos.
Disposiciones legales que de acuerdo con los documentos allegados, tienen el siguiente contenido:
Título 21, Sección 841
Actos prohibidos
(a) Acciones ilícitas
A excepción de lo estipulado en este subcapítulo, se considerará ilegal que cualquier persona a sabiendas o intencionalmente-
(1) fabrique, distribuya, o reparta, o posea con la intención de fabricar, distribuir o repartir, una sustancia controlada;
(b) Penas
A excepción de lo estipulado en las secciones 849,859, 860 o 861 del presente título, cualquier persona que viole la subsección (a) de la presente sección deberá ser sentenciada como se especifica a continuación:
(1)(A) De constituir una violación a la subsección (a) de la presente sección, a saber–…(ii) 5 kilogramos o más de una mezcla conteniendo una sustancia con una cantidad detectable de — (II) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de isómeros; …. Dicha persona deberá ser sentenciada a un período de encarcelamiento el cual no podrá ser menor de 10 años ni mayor a cadena perpetua, …una multa que no sobrepasará de lo autorizado de conformidad con las disposiciones del Título 18 0$4.000.000 si el acusado fuere persona….
Título 21, Sección 846
Tentativa y concierto
Cualquier persona que intente cometer o conspire para cometer cualquier delito definido en el presente subtítulo estará sujeto a las mismas penas definidas para este mismo delito, siendo la perpetración del delito el objeto del intento o conspiración.
Título 21, Sección 952
Importación de sustancias controladas
(a)Sustancias controladas en la categoría II… Se deberá considerar ilegal importar al territorio de la Aduana de los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera del mismo (pero dentro de los Estados Unidos), o importar a los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera del mismo, cualquier sustancia controlada por la categoría … II del subtítulo I del presente título,…
Título 21, Sección 960
Actos Prohibidos (Drogas)
(a) Actos Ilegales— Cualquier persona que (1) En violación de la sección 952, 953 o 957 del presente título, a sabiendas o intencionalmente importe o exporte una sustancia controlada, deberá ser castigada como se estipule en la subsección (b) de la presente sección.
(b) Penas.
(1) De constituir una violación a la subsección (a) de la presente sección, que envuelva–…. (B) 5 kilogramos o más de una mezcla conteniendo una sustancia con una cantidad detectable de ….(ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de isómeros
Título 21, Sección 963
Intento y confabulación
Cualquier persona que intente cometer o conspire para cometer cualquier delito definido en el presente subtítulo estará sujeto a las mismas penas definidas para este mismo delito, para lo cual la perpetración del delito fue el objeto del intento o confabulación.
Capítulo 18, Sección 1956
Lavado de dinero
(a)(1) Cualquier persona que teniendo previo conocimiento de que una propiedad involucrada en una transacción financiera representa el producto de alguna forma de actividad ilegal, lleve a cabo o tiene la intención de llevar a cabo semejante transacción financiera la cual de hecho incluye el producto de una acción ilícita específica….
(A)(i) con la intención de llevar adelante una actividad ilegal específica;
(B) con conocimiento de que la transacción es realizada en forma parcial o total — (i) a esconder o disfrazar la naturaleza, lugar, fuente, propiedad, o control de las ganancias producto de una actividad ilegal específica;
(c) Tal y como se utiliza en la presente sección–…..(7) el término ‘actividad ilegal específica’ significa…..(B) con respecto a la transacción financiera que ocurra en su totalidad o en parte en los Estados Unidos, un delito contra un país extranjero relacionado con— (i) la manufactura, importación, venta o distribución de una sustancia controlada (según la definición de estos términos a efectos de la Ley relativa a Sustancias Controladas);
(h) Cualquiera que conspirare para cometer un delito definido en la presente sección o en la sección 1957 estará sujeto a las mismas penas que las establecidas para el delito cuya comisión fuere objeto de la conspiración.
Sección 1957
Lavado de dinero
(a) Quien, en cualquiera de las circunstancias señaladas en la subsección (d) a sabiendas participe o trata de participar en una operación monetaria con bienes obtenidos por medio del delito cuyo valor supere los $10.000 dólares y se derive de una actividad ilícita especificada, será sancionado de acuerdo con la subsección (b).
(d) Las circunstancias a que se refiere la subsección (a) son las siguientes: (1) que el delito previsto en esta sección tenga lugar en los Estados Unidos o en una jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos”.
Las anteriores conductas por las cuales se acusó a FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO en los cargos segundo, tercero y cuarto se encuentran tipificadas en el Código Penal Colombiano de la siguiente manera:
Artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por los artículos 8° de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006:
“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de… tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales”.
Artículo 376 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
“Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales”.
Artículo 323 ejusdem, modificado por el artículo 17 de la Ley 1121 de 2006:
“Lavado de Activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión ,enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provienen los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
El aumento de la pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.”
Así las cosas, al cotejar las normas invocadas por Estados Unidos como país requirente con las disposiciones internas de Colombia, fácilmente se advierte que la conducta de concierto para delinquir, agravada por la naturaleza de los actos, en este caso delitos relacionados con el narcotráfico, al igual que la de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la de lavado de activos, se encuentran penalizadas tanto allí como acá.
Adicional a lo anterior se observa que los comportamientos por los cuales fue acusado el requerido en extradición por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se encuentran sancionados en la legislación punitiva de Colombia con penas privativas de la libertad superiores a cuatro (4) años y no corresponden a delitos políticos o de opinión. En suma, estima la Sala que se encuentra satisfecha la exigencia de la doble incriminación.
1. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la acusación del sistema procesal colombiano.
Sobre el particular compete a la Sala señalar en el concepto si el acto judicial por cuyo medio se acusa al reclamado en extradición en el Estado requirente es equivalente a la acusación propia del sistema procesal colombiano; naturalmente, no se trata de una identidad entre ambas decisiones judiciales, pues lo importante es establecer que con ellas se franquea el paso al juicio donde se debatirá la acusación y la defensa, que en tal pieza procesal aparezca un relato sucinto del comportamiento imputado con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y su calificación jurídica con el señalamiento de los preceptos aplicables.
Como sin dificultad puede observarse, es evidente que la acusación No. 99-6153-CR-MOORE (s)(s)(s)(s) dictada por el Gran Jurado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida contra FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO al igual que ocurre con la resolución de acusación en el ordenamiento interno colombiano, marca el comienzo del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos por los cuales se le acusa.
Además, según la documentación debidamente aportada por vía diplomática, autenticada y traducida, la acusación señala los cargos imputados y las disposiciones del país requirente que se estimaron violadas; también aparecen relacionados los lugares de ocurrencia de los comportamientos (Condados de Broward y Dade, República de Colombia, Las Bahamas, República de México y otros lugares), su época (“A partir del 17 de diciembre de 1997 o fecha próxima, hasta el 4 de noviembre de 1999 o fecha próxima”) y el nombre del acusado, FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO.
También se allegaron declaraciones juradas rendidas por George M. Karavetsos, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Sur de Florida y de Minh Nguyen Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, las cuales apoyan la actuación y señalan el compromiso de responsabilidad del requerido, luego es evidente la equivalencia entre la acusación del Gran Jurado y la establecida en nuestro sistema, obviamente, se trata de una equivalencia material y no de identidad de formas.
Por tanto, estima la Sala que esta exigencia se encuentra acreditada, pues la acusación del Gran Jurado es equivalente a la resolución acusatoria de que trata el artículo 397 de la Ley 600 de 2000.
Cuestión final
Resta señalar que como ha sido criterio reiterado de la Sala, corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega del reclamado, en el evento de que acceda a la extradición, a que éste no podrá ser juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni diferentes a los que motivan la solicitud, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes ni podrá ser impuesta la pena de cadena perpetua o confiscación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, en acuerdo con lo indicado por el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, en relación con los hechos consignados en los cargos segundo, tercero y cuatro de la acusación Nº 99-6153-CR-MOORE (s)(s)(s)(s) de 18 de noviembre de 1999, expedida por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.
Por tal motivo el Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega a que el extraditado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni por sucesos anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los 11, 12 y 34 de la Carta Política.
Adicional a lo anterior, corresponde al Gobierno Nacional exigir al país reclamante que en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo que FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO ha permanecido privado de su libertad con ocasión de este trámite.
La Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno, encabezado por el señor Presidente como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento.
Comuníquese por Secretaría de la Sala esta determinación al requerido FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO, a su defensa, al Procurador Primero Delegado para la Casación Penal y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo con relación al detenido preventivamente con fines de extradición.
Devuélvase la actuación al Ministerio del Interior y de Justicia para los trámites subsiguientes de ley.
ALFREDO GOMEZ QUINTERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aclaración de voto
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
MARINA PULIDO DE BARÓN
JORGE LUIS QUINTERO MILANES
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
MAURO SOLARTE PORTILLA
JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el respeto que siempre profeso por las decisiones de la Sala, expongo a continuación los aspectos que, en mi sentir, deben incluirse en los conceptos de extradición que emite la Corte frente a trámites que involucran ciudadanos colombianos por nacimiento, particularmente cuando se desarrollan en ausencia de cláusulas pactadas en instrumentos internacionales de carácter bilateral o multilateral, en la forma de condicionamientos que el Gobierno Nacional debería exigir al momento de acceder a la entrega de un connacional, además de los que se le vienen sugiriendo de manera común.
La posición que he venido sustentando en Sala y que no ha tenido acogida, descansa en que la Corte al asumir la función de conceptuar, no sólo ha de tener como guía los parámetros que sobre la materia están fijados en el ordenamiento procesal penal patrio, sino que, además, su misión también debe estar influida por la regla del artículo 2º de la Constitución, pues en cuanto órgano máximo de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, componente esencial en la estructura del Estado Social de Derecho, también debe velar por la efectividad de los principios –entre ellos el fundante de la dignidad humana-, derechos y deberes consagrados en la Carta; defender la independencia nacional y proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades.
En ese orden de cosas, estimo que es preciso advertir en el concepto sobre la necesidad de plantear otras condiciones a la entrega del reclamado, derivadas del hecho de que el acto de extradición no implica que el extraditado pierda la nacionalidad colombiana, lo cual sólo ocurre frente a los presupuestos señalados en el artículo 98 de la Constitución.
En tales condiciones, cuando la entrega en extradición de un nacional colombiano se tramita y agota, en ausencia de un convenio multilateral o bilateral sobre la materia, con arreglo a la Constitución y a la ley, debe tenerse en cuenta que a diferencia de lo que ocurre si se hubiera adelantado conforme a un instrumento internacional en el cual las partes acuerdan condiciones que pueden significar la restricción de ciertos derechos, en virtud a la configuración del Estado colombiano como social y democrático de derecho, en el cual es base fundamental el respeto a la dignidad humana (artículo 1º de la Carta), las condiciones que se deben exigir al país reclamante tienen que estar ligadas con la observancia allí de los derechos y garantías que cobijarían al solicitado de ser juzgado en Colombia.
Eso es así, porque al acceder a la extradición de un colombiano por nacimiento el Estado, a través del Gobierno Nacional, renuncia a la potestad de ejercer su propia jurisdicción, pero no a la obligación de proteger al extraditado, pues en tanto siga siendo súbdito de Colombia, tiene derecho a todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.
Así las cosas, siendo el marco esencial de la figura de la extradición lo señalado en el artículo 35 de la Constitución, que fija un sistema de fuentes2 para que se solicite, conceda u ofrezca, que son los tratados públicos y, en su defecto, la ley, es preciso comentar que como no hay un instrumento vigente de esa naturaleza que ligue a Colombia con Estados Unidos en el tema de extradición, el ámbito para evaluar la procedencia de una solicitud, concesión u ofrecimiento de extradición entre los dos países es el Código de Procedimiento Penal.
Obsérvese que los preceptos que desarrollan la extradición tanto en la Ley 600 de 2000 como en la ley 906 de 2004, además de reiterar las reglas constitucionales (improcedencia por delitos políticos, o la de colombianos por nacimiento por hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997 –artículo 508 y artículo 490, respectivamente-); fijan el organismo al que le corresponde ofrecer o conceder la extradición de una persona y las facultades sobre la materia –el gobierno-, el ámbito de competencia de cada ente gubernamental, y el que le corresponde en el trámite a la Corte; señalan requisitos adicionales (doble incriminación, acto procesal mínimo en el exterior –artículo 510 y artículo 492 ib.-); estructuran la forma como se desarrolla el trámite mixto, así como los fundamentos del concepto (artículo 520 del Código de Procedimiento Penal de 2000 y artículo 502 del Código Procesal Penal de 2004); determinan cuándo se decide sobre la solicitud, en qué momento se hace la entrega y regula la orden de prelación en caso de varias solicitudes (artículos 522, 523 y 524, y artículos 504, 505 y 506 ibídem); consagran el derecho a la defensa y los eventos en que hay lugar a la libertad (artículos 529 y 530 de la Ley 600 de 2000 y artículos 510 y 511 de la Ley 906 de 2004).
Además, el artículo 512 de la primera de las leyes en cita le impone de modo imperativo al gobierno la obligación de exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieran impuesto en la condena, y a que se le conmute la pena de muerte en caso de que la legislación del país reclamante la prevea como sanción del delito que motiva la solicitud de extradición, circunstancias éstas que igualmente se encuentra previstas en el artículo 494 del Código Adjetivo Penal de 2004, con la inclusión en este último de que tampoco al extraditado se le someta a desaparición forzada, torturas ni a tratos ni penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación.
Recuérdese que las condiciones arriba señaladas fueron extendidas, con el mismo carácter imperativo, por la Corte Constitucional a otras situaciones, al señalar que:
“…no sólo habrá de entenderse que en caso de que exista en el Estado requirente la pena de muerte, la entrega se hará bajo la condición de la conmutación de ésta, sino, también bajo el entendido de que al extraditado no se le podrá someter ni a torturas, ni a tratos o penas crueles, ni a desaparición forzada, ni a tratamiento degradante e inhumano, razón por la cual así habrá de condicionarse la constitucionalidad que se declara del artículo 550 del Código de Procedimiento Penal.
Por otra parte, se observa por la Corte, que la Constitución colombiana, prohíbe en su artículo 34 ‘las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación’, a las cuales, por las mismas razones anteriormente expuestas, no podrá someterse al extraditado por el país que lo juzgue, lo que implica que igualmente en ese sentido habrá de condicionarse la exequibilidad del artículo 550 del Código de Procedimiento Penal.”3
Sin embargo, esas no son las únicas condiciones susceptibles de formularse, pues al fin y al cabo el primer inciso del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal de 2000, así como el primer inciso del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, preceptúa que “El gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas.”
Esa facultad, debe señalarse, no es discrecional, pues al momento de decidir sobre la entrega de un nacional colombiano el gobierno está en el deber de armonizar los criterios de conveniencia nacional o de cooperación internacional, con la premisa según la cual al concederse la extradición no se renuncia a la soberanía, sino que se ejerce4, y con los derechos y garantías que están consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en pro de un justiciable, así como en protección de su dignidad humana.
Así, con arreglo al artículo 29 de la Carta; a los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la extradición, a que se le respeten al extraditado –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, a que se presuma su inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.
Igualmente, el gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
En cumplimiento de su deber de protección a las garantías y derechos del nacional colombiano entregado en extradición, es misión del Estado, por medio del ámbito de competencias de los órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se respeten las mencionadas condiciones (artículo 9 y 226 de la Carta). Así, en primer orden, a través del cuerpo diplomático, en concreto, por las diferentes oficinas consulares, con apoyo de la Procuraduría General de la Nación (artículo 277 de la Constitución) y de la Defensoría del Pueblo (artículo 282 ibídem), de lo cual, además, habrá de darse informes periódicos a la Corte, en virtud del principio de colaboración armónica entre los diferentes Poderes Públicos (artículo 113 de la Carta), con el fin de que todos los estamentos con injerencia en el tema tengan elementos de juicio que les permitan sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna.
De esa manera, dejo sentado mi criterio.
Señores Magistrados,
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Magistrado
Fecha ut supra.
1 Cfr. Concepto del 22 de julio de 2004. Rad. 22206, entre otros.
2 Corte Constitucional, sentencia C-740/00.
3 Sentencia C-1106/00.
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-621/01.