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Proceso No 25219
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente:
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Aprobado Acta N° 06.
Bogotá, D. C., enero veinticuatro (24) de dos mil siete (2007).
VISTOS:
Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado HÉLMER AUGUSTO PEÑA PEÑA, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogota por medio de la cual confirmó la dictada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esta misma ciudad que lo condenó como autor penalmente responsable de la conducta punible de lavado de activos.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1.- Los primeros fueron tratados por la Procuradora Delegada de la siguiente manera:
“Hacia las 18:00 horas del 25 de febrero de 2003, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, miembros de la Policía Fiscal Aduanera capturaron a HÉLMER AUGUSTO PEÑA PEÑA cuando ingresaba al país procedente de Chile en el vuelo 096 de la aerolínea Avianca portando consigo en la pretina y en los bolsillos del pantalón y la chaqueta, la suma de US$ 90.840 en billetes envueltos en papel regalo; habiendo manifestado en el registro de declaración de entrada de equipaje y dinero N° 0245971 con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que no portaba consigo más de US $10000.
El capturado informó que el dinero era el producto del ejercicio de su actividad comercial consistente en transacciones internacionales de dinero; más adelante en la audiencia de juzgamiento precisó que el dinero lo transportaba para Hernán Mauricio Vera Triviño, un próspero comerciante, quien pretendía ingresar las divisas evadiendo los impuestos correspondientes.”
2. Abierta la correspondiente investigación, vinculado al proceso y cerrada aquella, la Fiscalía Décima adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalía para la Extinción del Derecho del Dominio y contra el Lavado de Activos el 12 de septiembre de 2003 profirió resolución de acusación contra HÉLMER AUGUSTO PEÑA PEÑA como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, cometidos en concurso, respectivamente, pronunciamiento que alcanzó ejecutoria el 19 de noviembre siguiente cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó al resolver el recurso de apelación interpuso por el defensor del procesado.
3. Correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esta ciudad adelantar el juicio y celebrada la audiencia pública en cuyo acto se dispuso compulsar copias para investigar por separado la presunta conducta punible de Hernán Mauricio Vera Triviño, el 13 de mayo de 2005 condenó a PEÑA PEÑA a la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión y multa de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la sanción privativa de la libertad, y dispuso el comiso definitivo del remanente de las divisas decomisadas luego de los descuentos efectuados por la DIAN, como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos y lo absolvió de la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares que le había sido imputada en la acusación.
4. La providencia anterior fue recurrida por el Fiscal Décimo y el defensor del acusado, y el 31 de agosto de 2005 el Tribunal Superior de Bogotá –Sala de Descongestión- la confirmó mediante el fallo que fue objeto del recurso extraordinario de casación interpuesto por los mismos impugnantes en primera instancia.
5. Mediante auto del 6 de julio de 2006 esta corporación resolvió inadmitir la demanda de casación presentada por el Fiscal Décimo Especializado y admitió el libelo propuesto por el defensor del procesado, disponiendo frente a este último correr traslado al Procurador Delegado en lo Penal para que rindiera su concepto el cual se ha producido a través de la Procuradora Segunda Delegada para la casación penal.
LA DEMANDA:
1. Primer Cargo: violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 323 del Código Penal.
1.1. El tipo penal de lavado de activos previsto en el precepto que se acaba de mencionar exige que el actor realice cualquiera de las conductas descritas en los verbos rectores, con bienes que tengan origen mediato o inmediato en actividades delictivas.
1.2. En la actuación procesal si bien inicialmente el procesado HÉLMER AUGUSTO PEÑA PEÑA trató de justificar un capital que no le pertenecía y que con su situación económica le resultaría imposible adquirir, esto es, los US$ 90.840 en cuya posesión fue aprehendido, ya en la audiencia pública decide manifestar que el mencionado dinero pertenece a Hernán Mauricio Vera Triviño, un “poderoso comerciante de San Andresito”, cuyas múltiples actividades respaldan su próspera imagen.
1.3. Ante esta nueva evidencia el Estado-jurisdicción debía demostrar que el origen del dinero perteneciente a Vera Triviño provenía de actividades ilícitas, pero la prueba de tal situación no existe en la actuación procesal, luego la conducta investigada carece de objeto material.
1.4. Después de la información suministrada por HÉLMER AUGUSTO en el juicio el proceso debió encaminarse a la consecución de la verdad sobre el origen del dinero, además por la obligación de la judicatura de buscar las pruebas que atenúen o exoneren la responsabilidad del procesado, medios de convicción que no se aportaron, de manera que no se estableció actividad ilícita en el origen del capital y, por tanto, los argumentos con los cuales en su momento se edificó la acusación quedaron sin sustento.
1.5. Ante esta nueva realidad no podían los jueces de instancia “valorar parcialmente la prueba”, para ante la falencia de un medio demostrativo que establezca el origen del capital, concluir que se estructuró el delito de lavado de activos, cuando en su integración no se determinó las actividades ilícitas que exige la norma incorrectamente aplicada.
1.6. Por lo anterior, solicita que de prosperar el reparo se case la sentencia y en su lugar se profiera la de reemplazo que absuelva al procesado de la conducta punible por la que finalmente fue condenado.
2. Segundo cargo: violación indirecta de la ley sustancial, derivada de errores de hecho “al distorsionar el contenido de la prueba”.
2.1. Los jueces de instancia utilizaron como indicio grave en contra del procesado HÉLMER AUGUSTO PEÑA PEÑA la justificación inicial con relación a la propiedad del dinero incautado, la cual fue posteriormente desvirtuada en desarrollo de la audiencia pública, cuando entregó los datos del verdadero propietario del capital, dándole a esta circunstancia un alcance que excede los límites de la experiencia o la sana critica.
2.2. Si el acusado señaló al verdadero propietario de los dólares incautados, la valoración de la prueba exigía analizarla de manera integral, pero no otorgándole una fuerza inexistente a los indicios de mentira y mala justificación.
2.3. HÉLMER AUGUSTO pretendió esconder al verdadero dueño del dinero, no proyectaba encubrir ilegalidad penal de ninguna naturaleza, pues puede suceder que como la mayoría de los comerciantes, Vera Triviño evade impuestos y teniendo en cuenta su enorme capital serán muy onerosos y por eso presionó al procesado para que lo justificara como de su propiedad, pero la legislación colombiana no sanciona penalmente la evasión tributaria.
2.4. La prueba indiciaria con que se sustentó el fallo no puede ser tan contunde como lo establecieron los jueces de instancia, tanto más cuando existieron aspectos que no fueron investigados como escudriñar en las finanzas del verdadero propietario de los dólares quien fue identificado en el proceso antes del fallo, luego el juez podía de oficio o el fiscal solicitar que se convocara inmediatamente a dicho sujeto.
2.5. Por lo anterior, solicita que se case la sentencia y se profiera la de sustitución que absuelva a su defendido.
CONCEPT0 DEL MINISTERIO PÚBLICO:
La Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal al ocuparse de los dos cargos formulados por el recurrente, lo hace de la siguiente manera:
1. Primer Cargo: violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 323 del Código Penal.
1.1. El reparo controvierte la vía escogida porque al proponerse la violación directa, el demandante debió respetar la apreciación probatoria de las instancias y centrar su inconformidad en demostrar que ese estado probatorio que plasmó la sentencia no se adecuaba dentro del tipo penal de lavado de activos imputado, por lo que éste fue aplicado indebidamente. Pero lo que hizo fue criticar a los jueces de instancia por llegar a un cierto convencimiento a partir de la apreciación de las pruebas, cuando lo que debió acreditar es que los juzgadores no demostraron el origen ilícito de las divisas incautadas, que objetivamente esa particular característica que recaía sobre el dinero no aparecía evidenciada dentro del proceso, y que sin embargo lo dieron por demostrado.
1.2. Tampoco construyó la proposición jurídica completa porque omitió señalar cuál era la norma o normas que el juzgador debió aplicar.
1.3. No obstante las falencias anteriores el reparo no tiene vocación de prosperidad porque en los fallos de instancia se acreditó el origen delictivo de las divisas a partir del intento del acusado de pasar inadvertido con ellas, la mentira consignada en el formulario de declaración de equipaje y dinero, su nerviosismo a la hora de la aprehensión, su experiencia en la actividad criminal expresada en la audiencia pública y de las faltas a la verdad para explicar su conducta delictiva.
El a quo asumió que el dinero no era del procesado, éste lo transportó para otro, es decir, no era el titular de las divisas sino un mero tenedor, aspecto que lo llevó a absolver a PEÑA PEÑA por la conducta punible de enriquecimiento ilícito. También concluyó que su tarea al transportar el dinero y convertirse en tenedor del mismo lo señalaban como sujeto activo de infracción por lavado de activos sin que fuera de recibo el decir que desconocía su origen ilícito.
Para el ad quem a más de lo anterior se admitió las explicaciones del acusado sobre la propiedad del dinero en el comerciante Hernán Mauricio Vera Triviño, pero aún así determinó la responsabilidad de PEÑA PEÑA y su conocimiento sobre la ilicitud de su comportamiento en tanto no dejó de recavar sobre el fundamento de su origen delictivo. A efectos de tipificar y deducir responsabilidad del acusado sobre la conducta punible de lavado de activos ninguna relevancia le otorgó al hecho de que el enjuiciado transportara el dinero para otro a cambio de una remuneración, sino que tal aspecto vino a reforzar los cargos formulados por la fiscalía al punto de inferir que de su conducta no se puede predicar ingenuidad o desconocimiento sobre el origen ilícito de las divisas.
Si sobre esos supuestos se declaró probada la materialidad de la conducta punible de lavado de activos y la responsabilidad del procesado no puede afirmarse que la sentencia de manera directa aplicó indebidamente el artículo 323 del Código Penal.
El reparo no puede prosperar.
2. Segundo cargo: violación indirecta de la ley sustancial, derivada de errores de hecho “al distorsionar el contenido de la prueba”.
2.1. La censura no señala cuál en concreto fue la prueba distorsionada, omite precisar qué es lo que dice el medio probatorio y cómo la sentencia lo plasmó de manera equivocada. Menciona de manera tangencial la prueba indiciaria y afirma que al comportamiento del procesado y a sus explicaciones infundadas, constitutivas de los indicios de mala justificación y de ilicitud del dinero, los juzgadores de instancia no podían darles el mérito probatorio que les otorgaron, es decir, inferir de ellos el origen delictivo del dinero incautado. Con lo anterior no solamente desconoce el principio de autonomía de los cargos porque abandona el falso juicio de identidad para caer en los del falso raciocinio, sino que olvida los presupuestos que ha fijado la jurisprudencia de esta corporación para atacar la conformación de la prueba indiciaria, y sobre todo los deberes de precisión y claridad que esa clase de medio de convicción exige.
2.2. Parece que el casacionista reprocha el razonamiento inferencial construido a partir de dos hechos indicadores cuales fueron las explicaciones infundadas del procesado sobre la forma como portaba el dinero y el comportamiento nervioso que mostró antes de la requisa, pero al querer desentrañar su intención resulta indiscutible que no cabe reparo por falso juicio de identidad sino que tal razonamiento inferencial sólo puede atacarse en casación por falso raciocinio.
Para los jueces de instancia los hechos indicadores apuntaban al conocimiento del origen ilícito del dinero que portaba el acusado, dejando entrever para tal deducción una regla de la experiencia según la cual quien es consciente de la legalidad de su comportamiento no oculta su materialidad ni ofrece explicaciones falsas, postura frente a la cual el libelista afirma que el viajero porta su dinero de manera discreta si lo que pretende es evadir impuestos, interpretación que aunque puede ser viable no demuestra que la del juzgador sea ilegal por violación a máxima de la sana crítica.
Es cierto que en las instancias se admitió la explicación de PEÑA PEÑA en el sentido que el dinero incautado pertenecía a un tercero, el comerciante Vera Triviño, sin que tal aceptación obligara a indagar por la naturaleza ilícita de la actividad económica de éste, si el convencimiento de esa situación lo obtenía por otros elementos de juicio, como claramente lo explicaron al analizar el comportamiento del procesado al momento de su aprehensión y durante toda la actuación procesal.
La titularidad del dinero en el tercero sirvió como ya se dijo para desestimar la imputación por enriquecimiento ilícito, pero el Tribunal explicó que aún cuando el dinero no fuera del acusado y éste fungiera sólo como un “correo humano” lo cierto es que estaba en capacidad de representarse el origen punible de las divisas y aceptó ser parte de la empresa criminal dedicada al lavado de activos.
Si la sentencia encontró demostrado el origen ilícito de la moneda extranjera incautada en poder del incriminado el reproche al razonamiento por haber obtenido el convencimiento de una determinada manera y no de otra, no tiene acogida por la vía de ataque a la que acudió el censor. Y si el reproche iba dirigido a cuestionar una omisión probatoria trascendente violatoria del debido proceso o el derecho de defensa en tanto no se indagó por las actividades económicas de Vera Triviño lo procedente hubiera sido invocar la causal tercera de casación.
2.3. El juez de primera instancia admitió la explicación que en la audiencia pública dio PEÑA PEÑA sobre el propietario de las divisas, tanto así que de allí derivó la absolución por el delito de enriquecimiento ilícito, pero estimó que la realidad probatoria que surgió en la audiencia pública confirmó los presupuestos de la acusación y aún contribuyó a restar credibilidad a los argumentos de la defensa.
En ese devenir razonó que las explicaciones sobrevivientes del acusado contradecían su defensa anterior y confirmaban su experiencia o trasegar en la actividad criminal del lavado de activos, evidenciada a través de los registros de entradas y salidas del país de PEÑA PEÑA, al punto de precisar que aunque el procesado no supiera a ciencia cierta el origen del dinero que portaba y el fin de su ingreso al país no por ello dejaba de ser sujeto activo de la conducta punible de lavado de activos.
Y como el Tribunal compartió tal consideración frente a esta valoración el censor opone la suya, pero sin demostrar por qué el fallador no podía inferir el origen punible del objeto material, de la manera como lo hizo.
Como este cargo tampoco está llamado a prosperar, solicita a la Sala no casar la sentencia impugnada.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Primer cargo: violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 323 del Código Penal.
1.1. En el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá los hechos y la valoración probatoria fueron plasmados de la siguiente manera:
1.1.1. El 25 de febrero de 2003 HÉLMER AUGUSTO PEÑA PEÑA fue aprehendido ingresando al territorio nacional, procedente de Santiago de Chile, trayendo consigo, “mimetizados” en la pretina y en los bolsillos del pantalón y la chaqueta, dos fajos de billetes que ascendieron a US$90.840, denotando con ello el ánimo de ocultar su procedencia ilícita.
1.1.2. El hallazgo del dinero y su evidente ingreso clandestino al territorio nacional fue corroborado, entre otras pruebas, con las declaraciones de la Subteniente de la Policía Nacional Paula Cristina Atehortúa Bran, el agente Edward Gabriel Valencia Benítez, el ingeniero de sistemas Jersey Cassius Quintero Niño, y de Leonel Bonilla Ramírez, María Esther Neira Cediel y Bussy Enrique Lobo Meisel funcionarios de la Aduana Nacional.
1.1.3. La ilegalidad de la acción no solo quedó al descubierto con el hallazgo de las divisas en la forma indicada, sino que corroboraba la intención contraria a la ley el formulario de equipaje y viajero suministrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la cual reseñó PEÑA PEÑA que no traía consigo más de $10.000 dólares, y el nerviosismo que denotó al ingreso al país que fue detectado por las autoridades lo que originó el registro con el hallazgo obtenido.
1.1.4. El cargo de lavado de activos imputado en la acusación se consolidó cuando cambiando la posición asumida por la defensa inicialmente en cuanto que la actividad de comerciante del procesado le daba la solvencia suficiente para demostrar que el dinero encontrado le pertenecía fue cambiada en la audiencia pública acto en el cual el acusado relató que trabajó a órdenes del comerciante Hernán Vera, quien le pagaba por ir a diferentes destinos, con el ánimo de traer divisas al territorio nacional.
1.1.5. Lo manifestado por el implicado acreditaba la imputación por la conducta punible de lavado de activos porque si bien dijo no conocer de dónde provenían las divisas que le fueron incautadas y cuál era el fin perseguido al entrarlas en forma clandestina al país, su tarea al transportar el dinero y convertirse en tenedor del mismo lo señalaban como sujeto activo del delito en cuestión pues la cantidad de divisas incautadas y las circunstancias modales en que pretendió realizar su ingreso demostraban que provenían de actividades delictivas.
1.1.6. No así se acreditaba el delito de enriquecimiento ilícito pues la propiedad de las divisas no se radicaban en el patrimonio del procesado, su tarea se redujo a ser un mero tenedor, en tanto cumplía la misión de ingresarlas clandestinamente al país, luego si existió un incremento patrimonial no fue el PEÑA PEÑA sino de un tercero.
Por lo anterior, lo condenó como autor penalmente responsable de la conducta punible de lavado de activos y lo absolvió de enriquecimiento ilícito.
1.2. La decisión anterior fue confirmada por el Tribunal que al responder la impugnación interpuesta por la defensa consideró que la evidencia acopiada permitía inferir certeza en la materialidad y responsabilidad del acusado frente al delito de lavado de activos, y que para la estructuración de esta conducta punible bastaba con que dentro del proceso se determinara que los bienes, en este caso el dinero, es proveniente de cualquier actividad ilícita, no siendo necesario para su existencia, el reconocimiento judicial previo ni tampoco la plena identificación y responsabilidad de la tercera persona que entrega el capital.
Hizo énfasis en que por lo regular quienes realizan actividades al margen de la ley, no son los mismos que viajan transportando las divisas, sino que como aquí ocurrió se valen de personas como “correos humanos”, permitiendo éstas ser usadas para el transporte del dinero entre países, corriendo todo el riesgo que esto implica, a cambio de una remuneración, sin que se pueda predicar de estos ingenuidad o desconocimiento, pues al aceptar su participación en este engranaje, proceden con voluntad y autodeterminación del delito que ayudan a consumar.
1.3. Como el demandante acudió al sendero de la violación directa, debió respetar los hechos y la valoración probatoria tal y como fueron plasmados por los jueces de instancia, centrando sus esfuerzos en demostrar que esa realidad no se adecuaba dentro del tipo penal de lavado de activos imputado, por lo cual éste fue aplicado indebidamente.
Por el contrario, cuestiona la apreciación de la prueba al criticar que el fallador no podía dar por acreditado uno de los elementos del tipo, el origen ilegal del dinero, a partir del intento del procesado de ocultarlo o de cambiar sus explicaciones defensivas sino que debió hacerlo tras una actividad probatoria que averiguara sobre las actividades económicas del comerciante Hernán Mauricio Vera Triviño de quien aquél dijo ser el propietario de las divisas.
1.4. A pesar de tal desacierto, al que se suma la ausencia de mención sobre la norma que se debió aplicar, al libelista no le asiste razón en su réplica por lo siguiente:
1.4.1. Para los jueces de instancia el carácter delictivo del origen de las divisas se acreditó con el intento del procesado HÉLMER AUGUSTO PEÑA PEÑA de ingresar al país US$90.840 camuflados dentro de sus prendas de vestir, de la mentira consignada en el formulario de declaración de equipaje y dinero, de su nerviosismo a la hora de pasar por los filtros aduaneros, de su propio dicho al expresar en la audiencia pública su trasegar y experiencia en esta clase de actividades y de la falta a la verdad para explicar su conducta delictiva.
1.4.2. Contrario a lo manifestado por el censor, el a quo fue explícito en afirmar que pese a que el acusado dijera no conocer el origen de las divisas y el motivo para entrar con ellas al país en la forma como lo hizo, no desaparecía ni la materialidad del tipo ni su responsabilidad porque su conducta al transportar el dinero y convertirse en tenedor del mismo lo señalaban como sujeto activo de infracción por lavado de activos, ilicitud que provenía de su mismo comportamiento.
1.4.3. En las instancias se admitió la explicación de PEÑA PEÑA sobre la propiedad del dinero en el comerciante Vera Triviño, aspecto que llevó a que fuera absuelto por el delito de enriquecimiento ilícito, pero aún así se determinó que el acusado era autor penalmente responsable de la conducta punible de lavado de activos que en nada se desdibujaba por aquella titularidad, surgiendo el interrogante sobre por qué si aquél no creía estar cometiendo un delito mintió con explicaciones falsas que trató de corroborar incluso con acopio probatorio y mantuvo esa coartada hasta bien avanzado el proceso cuando cambió de parecer.
1.4.4. Lo anterior pone de manifiesto que los juzgadores de instancia recabaron sobre el origen ilícito de las divisas incautadas, sin que la materialidad de la conducta punible de lavado de activos se desdibujara por el hecho de que el procesado PEÑA PEÑA transportara el dinero para otro. Frente a la última explicación suministrada por el acusado en la audiencia pública lo que se consideró es que la misma reforzaba el cargo imputado en la resolución de acusación al punto que si bien el procesado no fuera sino un “correo humano” de la empresa criminal a cambio de una remuneración no se podía admitir ingenuidad o desconocimiento, pues por el contrario procedió con autodeterminación de su conducta y admitió ser responsable del delito que ayudó a consumar así las divisas fueran de un tercero.
1.4.5. Como puede verse los fallos de instancia se pronunciaron sobre el origen delictivo de los dólares y la responsabilidad del sindicado a través de razonamientos probatorios que subsumieron la conducta investigada dentro de la hipótesis delictiva del lavado de activos, luego no puede afirmarse que en este asunto se aplicó indebidamente el artículo 323 del Código Penal.
1.4.6. Se quejó el demandante de la ausencia de algunas pruebas, aspecto propio de la causal tercera de casación –nulidad-, no así de la primera, reparo que tan sólo quedó en un simple enunciado porque no señaló cuáles medios se debieron acopiar y su incidencia en el sentido final de la decisión.
Este reparo no puede prosperar.
2. Segundo cargo: violación indirecta de la ley sustancial, derivada de errores de hecho “al distorsionar el contenido de la prueba.”
2.1. Plantea el casacionista que los jueces de instancia distorsionaron el contenido de la prueba, particularmente le otorgaron a los indicios de mentira y mala justificación una fuerza inexistente porque si bien la explicación inicial del procesado HÉLMER AUGUSTO PEÑA PEÑA sobre la propiedad del dinero incautado fue posteriormente desvirtuada en la audiencia pública, cuando suministró los datos del verdadero propietario del capital, a estas circunstancias se les otorgó un alcance que excede los límites de la experiencia o sana crítica. Se queja igualmente de que ante la nueva postura del acusado la investigación no se hubiera orientado sobre las finanzas del verdadero propietario de los dólares quien debió ser convocado al proceso inmediatamente.
2.2. El falso juicio de identidad se presenta cuando el juzgador se equivoca al apreciar la prueba, debido a que, obrando en el proceso, al valorarla distorsiona su contenido cercenándola, adicionándola o tergiversándola, evento en el cual es deber del recurrente para la adecuada proposición de esta clase de reparo señalar mediante el cotejo objetivo de lo dicho en el medio probatorio y lo asumido en la sentencia, qué aparte fue omitido o añadido a la prueba, qué efectos se produjeron a partir de ese desatino y, lo más importante, cuál es la trascendencia del yerro en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo cuestionado.
El libelista en este caso omitió señalar cuál o cuáles fueron las pruebas distorsionados por la sentencia, al extremo que omitió precisar qué es lo que dice el medio probatorio y cómo el fallo lo apreció de manera equivocada. Apenas se conformó con enfrentar su propia apreciación con la del juzgador en torno de algunos indicios, desconociendo que el reparo por error de hecho derivado de falso juicio de identidad no puede ser demostrado con la exposición subjetiva del criterio del recurrente acerca del valor que corresponde al medio de prueba que estima tergiversado, pues en tales casos es imprescindible acreditar que el error condujo a la falta de aplicación o a la aplicación indebida de la ley sustancia en el fallo, esto es, corregido el yerro, la prueba debidamente valorada en su conjunto con las demás modificaría sustancialmente el sentido de la decisión reprochada.
2.3. En el aspecto medular del reproche el casacionista se ocupa de manera desprevenida de la prueba indiciaria y afirma que los jueces de instancia le otorgaron una fuerza demostrativa inexistente a los indicios de “mentira y mala justificación”.
Es así como abandonando los presupuestos del falso juicio de identidad insinúa yerros de falso raciocinio, aspecto que no solamente desconoce el principio de autonomía de los cargos, sino que olvida que para atacar la conformación indiciaria en casación es deber del demandante indicarle a la Corte la clase de error que denuncia (de hecho o de derecho), su modalidad y si lo predica del hecho indicador o probado, de la inferencia lógica o de la fuerza persuasiva obtenida del análisis conjunto de los diferentes indicios.
Requerimientos que como ha quedado expresado no fueron atendido por el demandante, que parece reprochar el razonamiento inferencial construido a partir de los hechos indicadores cuales fueron las explicaciones infundadas del procesado a lo largo de la actuación, la forma como portaba el dinero y el comportamiento nervioso que mostró antes de su requisa.
Para los jueces de instancia los hechos indicadores apuntaban al conocimiento que tenía PEÑA PEÑA sobre el origen delictivo de las divisas que portaba, dejando entrever una regla de la experiencia según la cual quien es consciente de la legalidad de su comportamiento no oculta su materialidad ni ofrece explicaciones ayunas de verdad, deducción que el libelista no aborda ni demuestra que sea ilegal por violación a máximas de la sana crítica.
Ahora: que el juzgador hubiera admitido la explicación del procesado vertida en la audiencia pública en el sentido de que las divisas incautadas pertenecían no a él sino al comerciante Vera Triviño, como con acierto lo destaca la Delegada, no lo obligaba a indagar por la naturaleza ilícita de la actividad económica del tercero, si el convencimiento sobre esa situación lo obtenía de otros elementos de juicio, como reiteradamente se explicó al analizar el comportamiento del procesado al momento de su aprehensión y durante toda la actuación procesal.
La propiedad del dinero en el tercero sirvió a los juzgadores de instancia para desestimar la imputación por enriquecimiento ilícitio que la resolución de acusación formuló contra PEÑA PEÑA, pero fueron enfáticos en señalar que aún cuando las divisas no fueran del procesado y éste fungiera sólo como un “correo humano”, lo cierto es que estaba en capacidad de representarse el origen punible de los dólares y así aceptó ser parte de la empresa criminal dedica al lavado de activos al cumplir con uno de los roles característicos de esta clase de delincuencia.
La demostración del origen del dinero en un particular delito no está sujeta a un especial elemento de prueba, tampoco a un pronunciamiento judicial sobre el punible que lo origina, de manera que ninguna relevancia otorgaron los jueces de instancia para efectos de tipificar el lavado de activos el hecho de que el acusado hubiera sido absuelto por la conducta punible de enriquecimiento ilícito.
2.4. Si el reproche iba dirigido a censurar una omisión probatoria violatoria del debido proceso o el derecho de defensa en la medida en que no se indagó por las actividades económicas del comerciante Vera Triviño lo procedente hubiera sido que el libelista invocara la causal tercera de casación o de nulidad.
A pesar de que no lo hizo, tampoco demostró que las averiguaciones sobre tales actividades o el llamamiento inmediato de Vera Trivino al proceso tuvieran trascendencia en el sentido final de la decisión, pasando por alto eso sí que PEÑA PEÑA sostuvo en sus intervenciones iniciales que las divisas incautadas eran de su propiedad producto de actividades económicas suyas y de préstamos otorgados por algunos allegados, incluso del mencionado Vera Triviño que llamado por la defensa a corroborar su dicho lo desmintió.
Por lo anterior, el cargo no prospera.
Cuestión final.
Al decidirse la casación sin sustitución sobre el fallo contra el cual va dirigida, esta providencia queda ejecutoriada el día en que es suscrita (artículo 187 Ley 600 de 2000, antes artículo 197 Decreto 2700 de 1991) y no admite recurso alguno. En todo caso, se notificará en la forma prevista por la ley.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
NO CASAR la sentencia impugnada.
Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Cópiese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Impedido
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria