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Proceso No 20373
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Aprobado Acta # 76
Bogotá D.C., septiembre ocho (8) de dos mil cuatro (2004).
VISTOS:
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado DIEGO HERNÁN RODRÍGUEZ BALAGUERA, contra la sentencia condenatoria que le dictó el Juzgado 6º Penal del Circuito de Ibagué y que confirmó el Tribunal Superior de la misma ciudad.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1. A las 2 de la mañana del 24 de junio de 1999 Hélverth Arturo Ardila Ospina, su novia Lina Johana Devies Acevedo y cuatro amigas de ésta se divertían en el establecimiento La Fonda del Camino, ubicado en la esquina de la calle 40 con la carrera 6ª de Ibagué. De forma abusiva Andrey Gustavo Ramos García le cogió la cara y las nalgas a la mencionada, ésta lo abofeteó y su novio lo enfrentó “a mano limpia” y se golpearon. Cuando ya se apaciguaban los ánimos, DIEGO HERNÁN RODRÍGUEZ BALAGUERA, guardaespaldas y conductor de Ramos, le disparó a Ardila Ospina a no más de dos metros de distancia. El proyectil le atravesó su cuerpo a la altura de la clavícula izquierda y también hizo impacto en el cuello del joven de 17 años de edad Ánderson David Sánchez David, quien se encontraba detrás del agredido, era ajeno a la pelea y falleció minutos después en la Clínica del Seguro Social a causa de la herida.
2. RODRÍGUEZ BALAGUERA fue vinculado al proceso a través de indagatoria, se le resolvió situación jurídica con detención preventiva el 30 de junio de 1999 y resultó acusado el 20 de octubre siguiente, en calidad de autor de los cargos de tentativa de homicidio, homicidio con dolo eventual y porte ilegal de armas1, providencia que cobró ejecutoria el 2 de noviembre del mismo año.
3. Tramitado el juicio, el Juzgado 6º Penal del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 12 de abril de 2000, lo condenó a 30 años de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años y al pago en concreto de los perjuicios causados con los delitos, solidariamente con el tercero civilmente responsable Andrey Gustavo Ramos García. Y,
4. El defensor y el apoderado del tercero apelaron ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Ibagué, a través del fallo recurrido en casación, expedido el 11 de julio de 2002, lo confirmó en su integridad, fijando la pena en 16 años de prisión en concordancia con el Código Penal de 2000.
LA DEMANDA:
1. Consta de un cargo de violación directa de la ley sustancial: según la defensa el Tribunal aplicó indebidamente los artículos 22 y 103 del Código Penal, y dejó de aplicar los artículos 23 y 109 de la misma normatividad.
2. En la sentencia se le dio “una equivocada interpretación jurídica” al dolo eventual y se desechó la culpa con representación, que es a la que debió acomodarse el comportamiento del procesado.
La conducta dolosa requiere para configurarse de un elemento cognitivo y otro volitivo. Es necesario, entonces, que el agente posea un conocimiento real, verdadero y actual de “todos los hechos constitutivos de la infracción penal”.
Para que exista dolo eventual, por lo tanto, el sujeto tiene que saber lo que está haciendo, es decir, por ejemplo, “que está matando a otro, aunque no quiera o le sea indiferente ese resultado” o “lo deje librado al azar”. El resultado, de todas formas, lo debe conocer y eso significa que si no lo previó, o no lo conoció, o no se lo representó siquiera como probable, no se le puede imputar como suyo; o sí, pero como máximo a título de culpa.
Lo que puede ser probable, por lo tanto, es el resultado y no el conocimiento, que debe ser real, actual y cierto como lo dispone la ley.
Así, pues, para la estructuración del dolo eventual el artículo 22 del Código Penal exige “que el sujeto se haya representado en su mente el resultado y éste lo haya dejado al azar. En otras palabras, para poder imputar un homicidio a título de dolo es necesario que el sujeto se haya representado la probabilidad del resultado muerte de otro”.
“No es suficiente que el agente haya debido representarse el resultado, resulta ineludible que se lo haya representado, vale decir, que haya pasado por su mente que, en el caso del homicidio, la probabilidad de causarle la muerte a otro. En este aspecto el dolo eventual se identifica con la culpa con representación. La diferencia, entonces, no está en la representación del resultado sino en la actitud del agente frente a él. Pues mientras en el dolo lo deja librado al azar, en la culpa hace todo por evitarlo.
“Y ese resultado, que el sujeto se debe inexorablemente representar para que su conducta se pueda calificar de dolosa, no es cualquier eventual resultado, sino aquel que, según las reglas de la experiencia, de la ciencia o de la lógica, es probable que se presente. De resto nos caeríamos en el caso fortuito. No basta, entonces, según la norma …, que el resultado sea previsto por el sujeto como posible, sino, insístase, como probable”.
3. En concordancia con lo anterior, la única manera de imputarle a RODRÍGUEZ BALAGUERA el homicidio de Sánchez David a título de dolo “es que la prueba arrimada al proceso sea conclusiva de que el homicida se representó, cuando disparó contra Ardila Ospina, la probabilidad de matar al joven que se hallaba detrás de éste” y es un aspecto que no analizaron las instancias, las cuales se limitaron a reprocharle al procesado no haber advertido la posibilidad de matar a otra persona con el mismo disparo dirigido a Ardila Ospina, hipótesis que comporta un caso de culpa sin representación.
Aunque es verdad que el procesado debió prever que podía lesionar a otro,
“por lo repentino de los acontecimientos, por la nocturnidad, por el temor, por la rabia o la ira, nunca se le pasó por la mente la probabilidad de matar a la persona que estaba a la espalda de aquel (Ardila). En las circunstancias anotadas resultaba muy difícil, por no decir imposible, representarse ese resultado como probable. Es que RODRÍGUEZ BALAGUERA nunca se percató de las personas que departían en la mesa ocultada por la humanidad del agresor de su jefe y por la oscuridad de la noche”.
El resultado que debió representarse el procesado, se reitera, era aquél al alcance de sus sentidos “y en esos términos resulta exagerado, por no decir injusto, exigir algo que en las condiciones señaladas resulta inexigible. Por ello es que no resulta un exabrupto plantear en el caso de autos un caso fortuito como causal de exclusión de responsabilidad”.
El acusado, en fin, no dejó el resultado –muerte de Sánchez David— librado al azar sino simplemente no se lo representó como probable.
La solicitud del casacionista es, en consecuencia, que se case el fallo impugnado y se dicte el que deba reemplazarlo por el cargo de homicidio culposo consagrado en el artículo 109 del Código Penal.
ALEGATO DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CALIDAD DE NO RECURRENTE
Luego de referirse a las nociones de dolo eventual y culpa con representación, expresa que la conducta del procesado corresponde a la primera modalidad.
Por su experiencia con las armas debía imaginarse que al disparar en el lugar público donde sucedieron los hechos podría producir la muerte de cualquiera que se encontrara allí y pese a ese conocimiento disparó e hizo suya la eventualidad del fallecimiento de Ánderson David Sánchez.
El cargo, en consecuencia, no puede prosperar.
CONCEPTO DE LA PROCURADORA 1ª DELEGADA:
1. Aunque la censura aparece correctamente enunciada, su desarrollo es inconsistente y contradictorio porque el actor, tras pretender edificar el discurso sobre la distinción entre el dolo eventual y la culpa con representación, cuando se refiere al asunto recurrido termina inexplicablemente proponiendo caso fortuito o conducta culposa.
Y se hace aún más “artificioso” el argumento del censor cuando, no obstante advertir que dada la experiencia del acusado debió prever que un disparo a corta distancia podía generar otro resultado típico, refiere que el Tribunal se equivocó al seleccionar la norma llamada a regular el caso porque a RODRÍGUEZ BALAGUERA jamás le cruzó por la mente la probabilidad de matar a la persona que se encontraba a la espalda del contrincante de su patrón.
Así las cosas, aunque el casacionista dijo admitir los hechos que declaró probados el juzgador, acaba dándoles una valoración distinta, con lo cual se aparta de la técnica que rige la causal de casación invocada y hace incomprensible la censura porque no se sabe, en últimas,
“si lo que pretende es que se reconozca la culpa con representación, en lugar del dolo eventual, o definitivamente que el procesado nunca se representó la eventualidad de que con su conducta podía causar la muerte de otra persona”.
Si deseaba sacar avante la demanda debía admitir sin ambages los hechos de la forma como se declararon probados en las instancias y ello le implicaba partir de la premisa según la cual el inculpado tenía pleno conocimiento de las consecuencias que podían derivarse de su conducta.
Ahora bien: si el acusado consideró la posibilidad de que al disparar contra Ardila en las condiciones que lo hizo podía causar la muerte de otra persona, como pasó, es claro que en relación con el segundo resultado debe responder a título de dolo eventual.
2. En la definición que de esa figura trae el Código Penal de 2000, al igual que sucedía en el anterior, se tienen en cuenta los elementos cognoscitivos y volitivos para diferenciarla de la culpa con representación. Y la nota característica de la nueva regulación
“consiste en que hace énfasis en criterios objetivos de delimitación, en tanto que el agente, sigue adelante para alcanzar el fin perseguido, sólo que deja librada su realización a la contingencia o el azar”.
En el presente caso “quedó probado” que el procesado, dada su experiencia como guardaespaldas y en atención a la clase de arma que utilizó y a la cantidad de personas presentes en el lugar de los hechos, “tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la probabilidad de causar la muerte de alguna otra persona de las que allí se encontraban, y a pesar de ello decidió disparar contra Hélverth Arturo Ardila, produciéndose la muerte no de éste, como era su propósito inicial, sino la del joven Anderson David Sánchez, quien justamente se encontraba detrás de aquél”, siendo indudable que ese segundo resultado se le debe imputar a título de dolo eventual porque lo previó como probable y voluntariamente lo dejó librado a su propia suerte, sin que haya hecho nada para evitarlo.
El cargo, en fin, no está llamado a prosperar.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. En la sentencia impugnada, entendiéndose por tal los fallos de primera y segunda instancia en cuanto constituyen una unidad jurídica inescindible, se declaró probado que Andrey Gustavo Ramos motivó la riña al propasarse con Lina Johana Devies, que Hélverth Arturo Ardila lo enfrentó sin armas por esa razón y que, cuando ya se encontraban separados los contendientes, DIEGO HERNÁN RODRÍGUEZ AGUILERA le apuntó al último con la pistola que llevaba consigo sin permiso para portarla –era de Ramos— y le disparó: el proyectil ingresó a su cuerpo a la altura de la clavícula izquierda, salió por la región supraescapular derecha y se introdujo en el cuello de Ánderson Sánchez, ubicado justo detrás de Ardila, alojándose finalmente en la cuarta vértebra cervical del joven quien segundos antes aconsejaba al irritado novio para que no continuara con la pelea.
2. Las instancias declararon responsable al agresor por los delitos de porte ilegal de armas, tentativa de homicidio simple del cual fue víctima Hélverth Arturo Ardila y homicidio doloso respecto de Sánchez.
Como la inconformidad del casacionista se encuentra vinculada exclusivamente a objetar la imputación a título de dolo eventual del homicidio consumado, es pertinente reseñar los argumentos que sobre el particular se adujeron en las instancias:
2.1. Los siguientes corresponden a la sentencia de primer grado:
2.1.1. Se demostró que el sindicado, al decidirse a disparar en contra de Hélverth Ardila, tenía buena visibilidad porque ningún obstáculo se cruzaba en la línea de tiro y, por ende,
“tuvo la oportunidad de darse cuenta que detrás de éste, se encontraba una tercera persona que trataba de contribuir para que la riña no continuara”.
2.1.2. Estaba decidido a darle muerte “al agresor de su patrón” sin importarle las consecuencias de su acción:
“…no vaciló en efectuar el disparo a sabiendas de que se encontraba en un recinto cerrado en donde había bastante gente, y más aún conciente de que con ese disparo igualmente corría peligro la vida de la persona que se localizaba precisamente detrás de éste”.
2.1.3. Había prestado el servicio militar y, por lo tanto, conocía bien la potencialidad destructiva del proyectil 9 mm que disparó.
2.1.4. La muerte de Ánderson Sánchez le era previsible y evitable. Y si bien es cierto no se encontraba en condiciones de determinar la trayectoria que seguiría el proyectil y la clase de herida que sufriría el occiso
“…esta situación no lo exime del dolo eventual, porque los segundos que tuvo para accionar el arma de fuego, fueron suficientes para representarse el segundo resultado, en la medida en que sabía que ese proyectil 9 mm fácilmente podía traspasar el cuerpo de Hélverth Arturo (Ardila) e impactar en la humanidad de Ánderson (Sánchez), máxime cuando vio claramente los dos cuerpos casi unidos, uno detrás del otro. No cabe duda pues, que se lo representó en su mente, así hubiese sido de manera fugaz, y sin embargo decidió correr el riesgo”.
2.2. Los del Tribunal se encuentran, en esencia, en el siguiente aparte del pronunciamiento impugnado:
“En el propósito del acriminado, no hay equivocación de ninguna índole: quiso matar y lo logró, pero desdichadamente en quien era ajeno a la camorra, en tanto que, a quien con tal intención quiso segarle la vida, no lo consiguió, por hecho ajeno a su voluntad. Así, simultáneamente, fluye el elemento directo y eventual respecto de los dos resultados, porque el inculpado tenía conocimiento y dominio que abarca el dolo, que no quedó en la sola potencialidad, sino en la efectividad, o posibilidad de advertir algo relativo a su acción, tanto en su momento cognitivo, como volitivo o conativo, reiteramos que, efectivo y actual o actualizable. A nadie escapa que, quien en un sitio atiborrado de público, dispara con arma tan letal y potente, como es una pistola calibre 9 mm, como la utilizada en el caso que nos ocupa, no tenga conocimiento de las consecuencias que pueda acarrear”.
3. La censura, más allá de la impropiedad que traduce plantear que el hecho se produjo como consecuencia de un caso fortuito y al tiempo reclamar que la condena sea por el delito de homicidio culposo, es claramente la oposición del casacionista a la apreciación probatoria efectuada en la sentencia:
Para los juzgadores, como quedó visto, el procesado se representó el segundo resultado y, pese a ello, no hizo nada para evitarlo.
El censor, aunque había advertido la ocurrencia de una interpretación jurídica equivocada de la figura del dolo eventual, terminó simplemente afirmando que las instancias dejaron de lado el análisis probatorio relacionado con la previsibilidad de la contingencia y que en el contexto de lo sucedido “nunca se le pasó por la mente” a su representado matar a la persona ubicada detrás del objetivo de su disparo.
Esas afirmaciones, sin embargo, se desvirtúan con la propia demanda al admitir el abogado que los falladores derivaron el dolo de las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos y, seguro para no desbordar el marco lógico de la causal de casación invocada, que es innegable que su defendido –dada la experiencia que tenía en el manejo de armas— debió prever que con la pistola empleada y a tan corta distancia, “el disparo dirigido hacia el agresor de su patrón podía generar otro resultado típico”.
Pero aún a pesar de dichas inconsistencias y de la contradicción evidente que surge al aceptar que RODRÍGUEZ BALAGUERA se imaginó el resultado y proponer que actuó con culpa sin representación, lo cierto en definitiva es que el recurrente desaprueba el examen probatorio que condujo al juzgador a concluir que el acusado previó esa probabilidad y admitió su producción al no realizar ningún acto orientado a evitarla. A su juicio, a partir de una lectura personal de las evidencias, el procesado no se representó el resultado porque era difícil o imposible que lo hiciera debido a lo repentino de los acontecimientos, a la oscuridad del lugar que le impedía observar las personas que departían en la mesa que Ardila Ospina tapaba con su cuerpo y al temor y a la “rabia” que lo embargaban porque su patrono había sido golpeado.
4. Es evidente, aunque advirtió que no lo haría, que desconoció la apreciación probatoria de la sentencia y olvidó que la violación directa de la ley sustancial en la cual fundamenta el ataque, es la consecuencia inmediata de un error estrictamente jurídico que se origina en la aplicación indebida de la norma sustancial, en su falta de aplicación o en su interpretación errónea, cuya demostración supone aceptar en su integridad los hechos que se declararon probados en el fallo así como la estimación de los medios de convicción.
5. Se equivocó el casacionista, entonces, al involucrar el tema probatorio en una censura sólo disponible para la discusión de errores de naturaleza jurídica. Y si su intención era demostrar que el juzgador se equivocó al dar por probado que el procesado se representó el resultado, debió no sólo fundar el cargo en la segunda parte de la causal primera de casación sino precisar y demostrar el error in iudicando en el cual incurrió y así mismo su trascendencia. Como no se refirió a ninguno sino que simplemente se limitó a oponer su criterio al de las instancias, es manifiesta la improsperidad de la censura.
6. Advierte la Corte, no obstante lo anterior, que la atribución a título de dolo eventual del homicidio causado a Ánderson David Sánchez David es acertada:
Según el artículo 22 del Código Penal la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, e igualmente cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar.
La primera parte de la norma corresponde a la definición legal del denominado dolo directo y la segunda a la del eventual, el cual se configura cuando el sujeto se representa una probabilidad concreta de realizar una conducta punible que no hace parte de su propósito criminal y que, sin embargo, integra a su voluntad al no intentar evitarla y dejar su no producción librada a la suerte.
La determinación procesal del dolo eventual, al igual que sucede con el dolo directo, aunque se puede lograr en ciertos casos a través de la confesión del acusado debidamente respaldada por la realidad acreditada con los demás medios de prueba2, en la mayoría de las veces, en tanto fenómeno sicológico no objetivable, se alcanza a partir del examen de las circunstancias externas que rodearon los hechos.
Que una persona actuó con la intención de causar la lesión al bien jurídico o que se representó un resultado distinto del querido y lo asumió al no hacer nada para evitarlo, entonces, son realidades internas del individuo que se deducen de los datos físicos que el Juez consigue conocer a través de los medios probatorios autorizados por la ley.
Y fue lo que sucedió en el presente caso: ante la imposibilidad actual de conocer qué realmente pensó e incorporó a su voluntad el procesado cuando le apuntó y le disparó a Hélverth Arturo Ardila, las instancias consideraron el suceso en su contexto y le atribuyeron dolo en relación con el segundo resultado a partir de una regla de experiencia que es más o menos del siguiente tenor:
Siempre que alguien dispara un arma de fuego en un sitio concurrido en contra de una persona determinada, necesariamente sabe que alguien más puede resultar lesionado o muerto con su acción.
Se trata para la Sala de un razonamiento absolutamente adecuado a partir del cual cabe concluir que RODRÍGUEZ BALAGUERA, al decidirse a disparar la pistola que llevaba consigo en un lugar donde había muchas personas, sabía de la probabilidad concreta de causar un resultado delictivo distinto a aquél que motivó su actuar y pese a ello no hizo nada para evitarlo. Eso significa, por lo tanto, la aceptación del evento probable en caso de producirse y que ciertamente debía responder por el segundo resultado a título de dolo.
7. Es del caso advertir, para finalizar, que en la adecuación de la pena que realizó el ad quem en razón del principio de favorabilidad por la entrada en vigencia del Código Penal de 2000, transgredió la prohibición de reformatio en pejus:
La primera instancia partió del mínimo de 25 años de prisión previsto para el homicidio simple en el artículo 323 del Código Penal de 1980, el cual incrementó en 5 años en virtud del concurso con los cargos de tentativa de homicidio y porte de armas.
El Tribunal, aunque entendió que debía respetar los criterios dosimétricos del a quo y que ello le implicaba aumentarle a la pena mínima del homicidio prevista en la ley nueva los 5 años del concurso, pero proporcionalmente a 13 años, no calculó bien la equivalencia. Si en relación con 25 años se incrementaron 5 años, en relación con 13 años debían aumentarse 31 meses y 6 días, y no los 36 meses en los cuales lo hizo el Tribunal.
Así las cosas, en desarrollo de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, la Sala casará parcialmente la sentencia para remediar la afrenta a la garantía fundamental anotada.
A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
1. DESESTIMAR el cargo de la demanda.
2. CASAR oficiosa y parcialmente la sentencia recurrida para fijar la pena impuesta al procesado DIEGO HERNÁN RODRÍGUEZ BALAGUERA en 15 años, 7 meses y 6 días. Y,
3. MANTENER las demás determinaciones adoptadas en el fallo objeto del recurso extraordinario de casación.
En contra de la presente decisión no procede ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
HERMAN GALÁN CASTELLANOS
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Excusa justificada Comisión de servicio
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 . Folios 64, 394, 109 y 505.
2 . En ese sentido: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Casación – 21.050, febrero 4 de 2004. M.P., Dr. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO.