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Proceso No 18975
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE
Aprobado: Acta No. 192.
Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil uno (2.001).
VISTOS:
Dirime la Corte la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, para continuar conociendo de la ejecución del fallo proferido en contra de Carlos Lucio Vergaño Martínez por los delitos de homicidio tentado y porte ilegal de armas.
ANTECEDENTES:
Privado de su libertad el procesado en mención, en la Cárcel de Aguadas, Caldas, purgando la pena de 104 meses de prisión que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia le impuso en sentencia de febrero 22 del año en curso, al hallarlo responsable de la comisión de los delitos de homicidio tentado y porte ilegal de armas, y habiendo el defensor del mismo, una vez entrado en vigencia el nuevo Código Penal, demandado la redosificación de la señalada sanción, el juzgado de conocimiento dispuso la remisión de las diligencias, por competencia y de conformidad con el también nuevo Código de Procedimiento Penal, al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales.
Éste, sin embargo, proponiendo colisión negativa, rehusó la competencia por considerar que el Acuerdo 472 de 1.999, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura con base en la Ley 270 de 1.996, que por ser de carácter estatutario no puede ser modificada por la Ley ordinaria 600 de 2.000, se la asignó sólo en determinados municipios en los cuales no se incluye Aguadas. Luego, concluye, con apoyo en decisión de la Sala del pasado 8 de octubre, como no existe Juzgado de Ejecución con jurisdicción en dicho municipio y entendiendo que el Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 79 y 81, evidencia un error legislativo o de imprenta al atribuir a los juzgados de ejecución competencia en el distrito, concierne seguir conociendo de la fase ejecutiva del fallo al juez de primera instancia que dictó la sentencia.
Regresado el asunto al Juez Cuarto Penal del Circuito de Armenia, éste aceptó el conflicto propuesto e igualmente se declaró carente de facultad para continuar conociéndolo pues, el que la Ley 270 tenga carácter estatutario no impide la derogatoria de los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura ante el advenimiento de una nueva ley que señala unos postulados diferentes; específicamente en este asunto no puede entenderse vigente un acto administrativo que precisa un determinado mapa judicial, cuando el nuevo Código de Procedimiento Penal le ha ampliado el marco de jurisdicción territorial a los jueces de ejecución, circunscribiéndolo no a un circuito sino a todo el Distrito. Por lo mismo, agrega, el antecedente jurisprudencial invocado por el proponente del conflicto resulta improcedente, por cuanto allí se parte de la restringida competencia que tenían dichos juzgados y no de la que ahora se le asigna.
CONSIDERACIONES:
Atañe, “con sujeción a la ley”, al Consejo Superior de la Judicatura, por disposición constitucional, (Artículo 257), “fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales”, asi como por prescripción legal, (artículo 85 de la Ley 270 de 1.996), “fijar la división del territorio para efectos judiciales, tomando en consideración para ello el mejor servicio público”, y además que “el territorio de la nación se divide en distritos judiciales o distritos judiciales administrativos y éstos en circuitos” (artículo 50, ídem), que “en la jurisdicción ordinaria, los circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales”, pudiendo no coincidir la división judicial con la político administrativa, y que “la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura, tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio” (artículo 11 ibídem).
El anterior supuesto normativo, contenido en una ley estatutaria, la que indudablemente comporta en nuestro ordenamiento una jerarquía superior a una ley ordinaria, no ha sufrido modificación alguna con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, pues lo que éste hace es precisamente observar dichas facultades y principios señalando en su artículo 81 que “el territorio nacional se divide para efectos del juzgamiento en distritos, circuitos y municipios. La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio nacional. Los tribunales superiores de distrito judicial en el correspondiente distrito. Los jueces del circuito en el respectivo circuito … Los jueces municipales en el respectivo municipio. Los jueces de ejecución de penas y de medidas de seguridad en el respectivo distrito” (negrillas fuera del texto), disponiendo además, en el parágrafo transitorio del artículo 79 que “en aquellos distritos judiciales donde no se hayan creado las plazas de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, cumplirán estas funciones, mientras tanto, los jueces de instancia respectivos”.
En tal virtud, facultándole la Carta al Consejo Superior determinar, “con sujeción a la ley”, el mapa judicial, deviene incuestionable que el Acuerdo 548 de 1.999, como acto administrativo, no el 472 que ya había sido derogado por aquél, por medio del cual creó y organizó los circuitos penitenciarios y carcelarios en los distritos judiciales del país, no ha perdido su vigencia al adquirirla el nuevo Código de Procedimiento Penal, pues el alcance que tiene el artículo 81 de éste, en relación con la competencia territorial de los jueces de ejecución, dadas las condiciones de su funcionamiento e implementación así como la naturaleza de sus funciones, no puede ser el de que su área comprenda todo el ámbito del distrito, ni puede entenderse que el nuevo ordenamiento pretendió ampliar su jurisdicción territorial, o que su propósito fue el de crear jueces de distrito. Por el contrario, la expresión “respectivo distrito” tiene un alcance mucho más restringido en la medida en que el juez del circuito penitenciario y carcelario sólo tiene atribuciones en los municipios que lo comprendan pero en tanto pertenezcan al distrito judicial al cual se encuentre adscrito, por manera que si el mapa judicial le señalare municipios de un distrito diferente, ya no tendría competencia en éstos, sino exclusivamente en los de aquél al cual pertenezca. En otros términos, los juzgados de ejecución continúan ejerciendo su competencia solamente en el circuito penitenciario y carcelario que el Consejo Superior hubiere conformado, pero no puede ir más allá del distrito judicial al que pertenezcan.
En ese orden, vigentes, como en efecto lo están, los factores que determinan la competencia de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, es de su resorte ejecutar las sentencias que dicten los jueces penales en tanto éstos se ubiquen en el área de su circuito y además dentro del distrito judicial al cual aquellos se hallen funcionalmente vinculados, siempre y cuando no se encuentre el sentenciado privado de su libertad, así como de los fallos que dicte cualquier juez penal de la República, en tanto el condenado se hallare recluido en establecimiento situado en el territorio de su circuito penitenciario y distrito judicial al que pertenezca.
Bajo un tal entendimiento, siendo evidente que, de conformidad con el Acuerdo 548 de 1.999 el Juzgado de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de Manizales, si bien tiene competencia en los municipios de su circuito penitenciario, que a la vez corresponden al distrito judicial al cual se encuentra adscrito, no la tiene en el municipio de Aguadas, pues no se halla éste incluido dentro del circuito penitenciario en que ejerce aquél su jurisdicción no obstante ubicarse en el Distrito Judicial de Manizales, en consecuencia le atañe conocer de la fase en mención al juzgado que hubiere dictado la sentencia de primera instancia toda vez que en el territorio donde se ubica el establecimiento donde se encuentra recluido el condenado, no funciona un despacho de ejecución.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
1. Declarar que compete al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia el conocimiento de este proceso, en su etapa de ejecución del fallo dictado contra Carlos Lucio Vergaño Martínez.
2. Remítanse, por secretaría, las diligencias al despacho en mención y copia de esta providencia al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, para su información.
Contra este auto no procede recurso alguno.
Cópiese, devuélvase y cúmplase.
CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR
No hay firma
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE ENRIQUE CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN NILSON PINILLA PINILLA
Teresa Ruiz Núñez
Secretaria