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Proceso No 21556
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado Acta N° 94.
Bogotá, D. C., octubre veintisiete (27) de dos mil cuatro (2004).
VISTOS
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad formal de las demandas de casación presentadas por la defensora de las procesadas BARBARA ISABEL ANDRADE RUEDA y NUBIA AMPARO ARDILA ROJAS, contra la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de marzo de 2003 por el Tribunal Superior de Bogotá, por cuyo medio confirmó el fallo dictado el 13 de noviembre de 2002 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de esa misma ciudad que las condenó al hallarlas coautoras penalmente responsable del delito de prevaricato por acción.
HECHOS
En el fallo de primera instancia fueron sintetizados de la siguiente manera:
“El Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad dentro del proceso de mayor cuantía instaurado por JOSÉ ANTONIO MEDINA TOVAR contra JUAN DE JESÚS TRIVIÑO FLÓREZ, en auto del veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) designó como peritos a las abogadas NUBIA AMPARO ARDILA ROJAS y BARBARA ISABEL ANDRADE RUEDA, quienes en su orden y para el efecto se posesionaron el primero (1) y el ocho (8) de marzo del año en mención. El día dieciocho (18) de abril de la misma anualidad, las peritos presentaron el dictamen solicitado desconociendo la petición específica realizada por el juzgado de conocimiento y que no era otra que pronunciarse sobre los honorarios profesionales del abogado que había representado a JOSÉ ANTONIO MEDINA TOVAR en un proceso penal adelantado en el Juzgado 1° Penal de Soacha, que culminara con resolución de preclusión a su favor. Tuvieron en cuenta las profesionales para realizar el dictamen métodos, circunstancias y antecedentes que en nada se relacionaban con el peticionado por el Juez Civil.”
ACTUACIÓN PROCESAL
Abierta la instrucción, la Fiscalía 201 Seccional de Bogotá escuchó en indagatoria a las doctoras BARBARA ISABEL ANDRADE RUEDA y NUBIA AMPARO ARDILA ROJAS y el 10 de enero de 1996 impuso medida de aseguramiento de detención preventiva con derecho a excarcelación contra las vinculadas como presuntas coautoras del delito de prevaricato por acción.
Cerrada la investigación, la misma Fiscalía el 14 de noviembre de 1997 dicta resolución de acusación contra las sindicadas por la misma conducta punible a que se había hecho referencia al resolverse la situación jurídica, decisión que alcanzó ejecutoria el 24 de octubre de 2000 cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá la confirmó al decidir el recurso de apelación que había interpuesto por el defensor de las procesadas.
Correspondió al Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá adelantar el juicio y, celebrada la audiencia pública, el 13 de noviembre de 2002 condena a BARBARA ISABEL ANDRADE RUEDA y NUBIA AMPARO ARDILA ROJAS por los cargos de la acusación, a las penas principales de 20 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual a la pena de prisión, al pago de la indemnización de perjuicios materiales y morales allí fijados, y les concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión por un término de prueba de dos (2) años.
El fallo anterior lo apeló el defensor de las procesadas y el 12 de marzo de 2003 el Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó.
Contra la decisión de segunda instancia las acusadas interpusieron el recurso de casación excepcional y otorgaron poder a una misma abogada para su sustentación.
LAS DEMANDAS
Como quiera que los libelos presentados por la defensora de las procesadas BARBARA ISABEL ANDRADE RUEDA y NUBIA AMPARO ARDILA ROJAS guardan identidad en el cargo único formulado y su sustento, al punto que las demandas tan sólo difieren en leves giros de redacción y algunas apreciaciones, la Sala se ocupará de las mismas en forma conjunta.
Con sustento en la causal primera de casación del artículo 207 del estatuto procesal penal, un cargo único propone la demandante. Luego de transcribir el numeral 1° del precepto normativo que se acaba de citar, la libelista afirma que la prueba documental aportada al proceso indica que sus asistidas ejercieron transitoriamente el cargo de perito ante el Juzgado 8° Civil del Circuito de Bogotá en el asunto ordinario de mayor cuantía instaurado por José Antonio Medina Tovar contra Juan de Jesús Triviño Flórez, dentro del cual rindieron su dictamen, el cual fue aclarado y corregido con posterioridad, y finalmente fue rechazado por error grave.
Manifiesta que estos últimos aspectos no fueron tenidos en cuenta por los juzgadores de instancia, así como tampoco no examinaron la omisión en que incurrió el Juez 8° Civil del Circuito y la parte demandante, “quienes al no presentar un cuestionario claro, detallado y preciso sobre el experticio a rendirse”, habrían inducido en error a las auxiliares de la justicia.
Plantea que corresponde a la Corte Suprema de Justicia definir si las acusadas al actuar como lo hicieron incurrieron en una conducta típica y antijurídica, y si obraron con dolo.
Enseguida se ocupa del tipo objetivo y subjetivo del prevaricato por acción, indicando que como quiera que el dictamen pericial rendido por las procesadas fue rechazado por error grave y como tal no fue tenido en cuenta en el proceso, se pregunta si ello tiene trascendencia o daño antijurídico que en tales circunstancias puede incidir en la configuración del delito por el cual se acusa a sus defendidas.
Manifiesta que en el proceso no existe prueba indicativa de que las procesadas actuaran con dolo al emitir el dictamen pericial, por el contrario “se equivocaron por el error de no tener un cuestionario claro y preciso por parte del Juez que lo solicitó.” Omisión que no las hace autoras de la conducta punible investigada “puesto que el prevaricato no admitía –ni admite- la modalidad culposa.”
Por lo anterior, solicita que la Sala case la sentencia recurrida y en su lugar se dicte fallo de reemplazo que absuelva a las doctoras BARBARA ISABEL ANDRADE RUEDA y NUBIA AMPARO ARDILA ROJAS.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De acuerdo con los antecedentes plasmados en precedencia, las procesadas doctoras BARBARA ISABEL ANDRADE RUEDA y NUBIA ÁMPARO ARDILA ROJAS interpusieron el recurso extraordinario de casación excepcional contra la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de marzo de 2003 por cuyo medio el Tribunal Superior de Bogotá, al confirmar la dictada el 13 de noviembre de 2002 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de esta ciudad, las condenó al hallarlas coautores penalmente responsables del delito de prevaricato por acción, conducta punible que como se verá adelante tanto en el Decreto 100 de 1980 como ahora en la Ley 599 de 2000, tiene una pena privativa de la libertad que no excede de ocho (8) años de prisión, y por ello la impugnación extraordinaria que procede es la excepcional como en forma acertada fue interpuesta.
Ahora bien, el inciso 3° del artículo 205 del estatuto procesal penal, de manera excepcional, autoriza a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, para admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las mencionadas en el inciso 1°, a solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley.
En este caso no procede la casación común, en consideración a que la pena prevista para el delito por el cual fueron juzgadas las procesadas, prevaricato por acción, tenía fijada pena de prisión que no excede de 8 años tanto en el estatuto punitivo anterior como en el actual.
En efecto, el artículo 149 del Decreto 100 de 1980, anterior a la reforma de la Ley 190 de 1995, establecía para el delito de prevaricato por acción, “prisión de uno a cinco años”.
En el actual estatuto punitivo, Ley 599 de 2000, el artículo 413 tiene señalada para la conducta punible de prevaricato por acción pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años.
En consecuencia, para impugnar la sentencia de segunda instancia era necesario acudir a la casación excepcional que consagra el inciso tercero del citado artículo 207 del estatuto procesal penal, tal como acertadamente lo entendieron las procesadas al interponer la impugnación extraordinaria, no así su defensora, quien como enseguida se verá al sustentar el recurso a través de las demandas cuya admisibilidad formal se estudia omitió cualquier referencia a los fines que caracterizan la casación excepcional.
En tal evento, la jurisprudencia de la Sala ha venido sosteniendo que se hace necesario que el demandante exponga así sea de manera sucinta pero clara qué es lo que pretende con la impugnación excepcional, debiendo señalar el derecho fundamental cuya garantía persigue o el tema jurídico sobre el cual considera se hace indispensable un pronunciamiento de autoridad por parte de esta corporación.
Es así como los argumentos que deben sustentar la justificación han de estar dirigidos a orientar a la Sala en el sentido de hacerle ver la necesidad de su pronunciamiento, en forma tal que si se trata de reclamar la garantía de un derecho fundamental, al casacionista le corresponde precisar los derechos que fueron desconocidos, indicar las normas constitucionales y legales que los protegen y la determinación que debe adoptarse para su salvaguarda. Y si el motivo invocado es el desarrollo de la jurisprudencia tendrá que puntualizar el tema jurídico que requiere definición o precisión, sea porque es nuevo o porque existen posiciones opuestas que deben ser unificadas.
La libelista sin asumir previamente la demostración de que existía uno, o los dos motivos, que hacen procedente la casación excepcional, entró a plantear un cargo único de acuerdo con la causal primera. Lo anterior deviene insuficiente a los propósitos de la casación excepcional, pues uno es el cargo que se formula dentro del marco de una determinada causal y otro es el motivo que justifica la necesidad de ejercer la facultad discrecional de abrir la puerta de la impugnación extraordinaria a un asunto que ordinariamente no tiene acceso a ella.
Como quiera que los presupuestos que hacen procedente la casación excepcional fueron omitidos por la demandante, pues ni siquiera atinó a solicitar formalmente la admisión de la misma que era la procedente, de acuerdo con lo previsto por la ley en la forma indicada, ello impide a la Corte ocuparse de sus libelos, que así no serán admitidos, tal como lo tiene definido la Sala1.
Lo anterior significa que las demandas presentadas por la actora se ofrecen ineptas y hacen inviable el recurso extraordinario; lo que impide que la Sala entre siquiera a revisar si el cargo único formulado contra el fallo de segundo grado atacado se ajusta a los presupuestos técnicos propios de esta sede.
En consecuencia, los líbelos no reúnen los requisitos de forma, lo cual lleva a la inadmisión de las demandas, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del estatuto procesal penal, norma que dice que si “la demanda no reúne los requisitos, se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen.”
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
Inadmitir las demandas de casación presentadas por la defensora de las procesadas BARBARA ISABEL ANDRADE RUEDA y NUBIA AMPARO ARDILA ROJAS, por las razones consignadas en la anterior motivación.
Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
HERMAN GALÁN CASTELLANOS
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Comisión de servicio
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Auto marz.11/03, rad. 19.448, M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.