20522(27-05-04)

2004

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 20522  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado ponente:  

HERMAN GALÁN CASTELLANOS   

Aprobado Acta No. 045       

Bogotá,  D.C.,  veintisiete (27) de mayo de  dos mil cuatro (2004).   

En  contra  de  la  sentencia  de  segunda  instancia  proferida  por  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior  de Distrito  Judicial  de Bogotá D. C., el 7 de junio de 2002, mediante la cual modificó la  condena  impuesta  por  el  Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de  esta  ciudad,  al  procesado  ALEX YAIR BUSTOS URREGO,  su   defensor   interpuso  oportunamente  el  recurso  extraordinario  de  casación,  cuya  demanda  compete  a  la Corte examinar con  objetivo  de  establecer  si  cumple con los requisitos que la ley exige para su  admisibilidad.   

La Fiscalía General de la Nación a través  de  un  Fiscal  Delegado ante los Juzgados Regionales de Bogotá D. C., mediante  resolución  del  27  de  mayo  de  1999, profirió resolución de acusación en  contra   del  procesado  BUSTOS  URREGO  por  el  doble  concurso  de  delitos  de homicidio agravado y porte  ilegal  de  armas  de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas. En la misma  providencia  se  precluyó la investigación a favor de LEOPOLDO HERRERA y JOSÉ  OSWALDO HUERTAS.   

LA  DEMANDA   

Cargo único, violación indirecta de la ley  sustancial por error de hecho.   

Afirma  el  recurrente  que  para decidir un  proceso  el juez necesita conocer los hechos en que funda su determinación, los  cuales  deben ser reportados por las pruebas legal y oportunamente incorporadas,  de  ahí  que  el  conocimiento  inferido  mas  allá o por fuera de las pruebas  aportadas  al  expediente  carece de valor y no pueden ser de recibido según lo  señala el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal.   

De  esta  manera,  para  que  legalmente  se  hubiera   determinado   la   coautoría   que   se   le  imputa  a  ALEX  YAIR BUSTOS URREGO era indispensable  que  en  el proceso existiera prueba sobre la forma como intervino en el delito,  así   mismo,  como tampoco existe medio de convicción sobre la existencia  de  un  acuerdo previo que hiciera posible la división del trabajo criminal, la  sentencia  demandada  no  se  fundamentó  en  prueba legalmente producida en el  proceso,  lo  que  constituye  una transgresión al artículo 232 del Código de  Procedimiento Penal.   

De  otra  parte, asegura que hubo una errada  apreciación  de  la prueba porque se fundamentó en consideraciones subjetivas,  en     convicciones     particulares    para    demostrar    que    BUSTOS  URREGO  había  obrado  de común  acuerdo   con   los   demás  copartícipes.  Acusa  la  sentencia  de  efectuar  afirmaciones  carentes  de  objetividad,  porque no hay ningún medio probatorio  dentro  del  proceso,  ni  una  regla  de  la  experiencia que señale que en el  momento  en  que  varios  individuos  se  dan a la fuga surja necesariamente una  comunidad delictual.   

Agrega  que  “la  sentencia   se  funda  en  una  apreciación  personal  que  no  tiene  respaldo  empírico.  Es  una implicación causal no necesaria la que realiza el juzgador,  pues  no  existe  una  conexión  real  entre el antecedente y el consecuente”  .   

Solicita  a  la  Corte  casar  la  sentencia  impugnada  y  condenar  a  BUSTOS URREGO como cómplice de los hechos probados en el proceso.   

CONSIDERACIONES  DE  LA  SALA   

1.-  En el caso que ocupa la atención de la  Sala,  descifrar  el  verdadero alcance de la impugnación, se torna en tarea en  extremo  difícil, pues varios reparos merece la censura, que desde su enunciado  y  posterior  desarrollo  desconoce  los  lineamientos  técnicos que imperan en  casación.   

En efecto, siendo la casación, como así lo  reconoce  la  jurisprudencia  y  la doctrina, una sede que parte del supuesto de  que  el  debate  jurídico  y probatorio ha culminado con el proferimiento de la  sentencia   de   segundo  grado,  es  deber  del  impugnante  que  su  ejercicio  argumentativo  se  oriente  a  demostrar que la declaración judicial se apartó  ostensiblemente   de  la  norma  sustancial.  Por  lo  tanto,  la  demanda  debe  satisfacer   plenamente  las  exigencias  legales,  pues  su  procedencia  está  determinada  por  la  demostración  de haberse configurado una o algunas de las  causales taxativamente establecidas.   

Tal  requisito se afianza en la necesidad de  determinar  objetivamente  el  sentido y alcance de la impugnación, demostrando  la  presencia de los yerros judiciales y su incidencia en la decisión objetada,  pues  de  omitirse, la Corte atendiendo el principio de limitación que gobierna  el  recurso  de  casación,  no puede entrar a llenar los vacíos que la demanda  ofrezca ni a subsanar los yerros que presente.   

2.- El recurrente apoya el único cargo en la  causal  primera  de  casación,  cuerpo  segundo  violación indirecta de la ley  sustancial  por  error  de  hecho  en  la  apreciación de la prueba, pero omite  señalar  con  claridad y exactitud el sentido de la violación, aspectos que no  se  infieren  con  la  precisión  requerida en la argumentación expuesta en el  escrito,  pues de manera indiscriminada expone motivos inherentes a uno y a otro  sentido.   

Ahora  bien,  como  era propósito era el de  ubicar  la  discusión  en  el  plano  de  la  violación  indirecta  de  la ley  sustancial  originado  en  un  error  de  hecho, le era forzoso demostrar que la  infracción  en  la  sentencia  se  originaba por un falso juicio de identidad o  falso  juicio de existencia o error de raciocinio, indicando la trascendencia de  uno  u otro en el fallo, requisitos que se encuentran previstos en los numerales  3°  y  4°  del  artículo  212  del Código de Procedimiento Penal, los que la  Corte   ha   desarrollado   metodológicamente  en  múltiples  pronunciamientos  jurisprudenciales.   

Basta  recordar,  entonces, que si el censor  pretende  afianzar  el cargo en un error de hecho por falso juicio de identidad,  debe  tener  presente que tal modalidad de error se presenta cuando el juzgador,  al  apreciar una determinada prueba, falsea su contenido fáctico, poniéndola a  decir  lo  que ella literalmente no reza, bien por distorsión, tergiversación,  adición o cercenamiento.   

Por  tanto, es deber del recurrente señalar  en  la  demanda,  cuál  es  el contenido del medio probatorio, qué concreción  hicieron  de  su  texto  los juzgadores, en qué consistió el desacierto y como  éste  repercutió desfavorablemente en la declaración de responsabilidad, pues  se  trata  de  señalar  que  de no haberse cometido el error denunciado habría  dado lugar a que la decisión impugnada fuera de contenido diverso.   

Con igual dedicación deberá exponerse en la  demanda  cuando  la  inconformidad se orienta a demostrar un yerro fincado en un  falso   juicio   de  existencia,  por  suposición  u  omisión  de  la  prueba,  planteamiento  que  implica  precisar  cuáles fueron los medios probatorios que  militando  dentro  del  proceso  fueron omitidos o que habiéndose demostrado su  inexistencia  en  el  expediente  fueron  supuestos por los juzgadores, cuál su  contenido  y  cómo  de  no  haberse  incurrido  en  ese despropósito, el fallo  hubiera sido favorable al acusado.   

Así  mismo,  deberá  demostrarse  el falso  raciocinio,  esta  vez  demostrando  que en el ejercicio argumentativo realizado  por  los  juzgadores  de instancia en la evaluación racional del mérito de las  pruebas  se  conculcaron  las  reglas  de  la  sana crítica del testimonio bien  transgrediendo  los principios de la ciencia, los postulados de la lógica o las  normas de experiencia.   

Pero,  como  nada  de lo anotado realizó el  censor,  de  esta manera salta a la vista que la censura no solamente incurre en  los  defectos aludidos, sino que, desborda el cauce normal de su alegación para  dedicarse  a  efectuar apreciaciones personales atinentes a la forma como actuó  el  procesado,  a  la ausencia de prueba que hiciera posible el acuerdo previo y  la  división  del  trabajo  en  la  empresa criminal, insistiendo, además, sin  demostrarlo,   que   la   sentencia  no  se  fundamentó  en  prueba  legalmente  producida.   

Finalmente,  la  Corte  debe recordar que la  casación   no  es  una  tercera  instancia,  donde  resulta  posible  entrar  a  controvertir  las  conclusiones fácticas o jurídicas del fallo impugnado, sino  que,  como  recurso  extraordinario  comporta  la realización de un juicio a su  legalidad   que  impone,  como  tal,  demostrar  que  la  decisión  contraviene  ostensiblemente  el ordenamiento jurídico sustancial. No se trata, pues, de una  tercera  oportunidad  para  debatir  los  hechos  o  discutir  las pruebas de la  responsabilidad,  sino  donde se justiprecia la juridicidad de los juzgadores de  instancia.   

Se   desestima,   en   consecuencia,   la  demanda.   

Contra  esta  decisión  no  procede recurso  alguno.   

Atendidas  las  razones  expuestas, la Corte  Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,   

RESUELVE  

1.-  INADMITIR  la  demanda  de  casación  presentada  a  nombre  del  procesado ALEX YAIR BUSTOS  URREGO      por      las      razones     anotadas  precedentemente.   

2.- DECLARAR desierto el recurso de casación  interpuesto  contra  la  sentencia  de  segunda  instancia proferida por la Sala  Penal  del  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Bogotá  D.  C., y,  devuélvase la actuación al Tribunal de origen.   

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y  CÚMPLASE   

HERMAN GALÁN CASTELLANOS   

JORGE       ANÍBAL       GÓMEZ  GALLEGO                        ALFREDO GÓMEZ  QUINTERO                                  

EDGAR  LOMBANA  TRUJILLO                                  ÁLVARO                              ORLANDO                              PÉREZ  PINZÓN                             

MARINA        PULIDO        DE  BARÓN                                    JORGE                                LUIS                               QUINTERO  MILANÉS                                

YESID           RAMÍREZ  BASTIDAS                                      MAURO SOLARTE PORTILLA   

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

Secretaria     

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