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Proceso No 18404
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO
Aprobado Acta N° 153
Bogotá, D.C, cinco de diciembre de dos mil dos.
V I S T O S
Procede la Sala a examinar las formalidades básicas de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado JORGE IVÁN ROLDÁN ECHAVARRÍA en relación con el fallo de segundo grado de fecha enero 31 de 2001, por cuyo medio el Tribunal Superior de Medellín confirmó parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, condenando al procesado a la pena principal de cuarenta (40) años y seis (6) meses de prisión como autor de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
HECHOS Y ACTUACION PROCESAL
Hacia las tres de la tarde del 5 de mayo de 1999, el joven Carlos Osorio Yepes se encontraba escuchando música con algunos amigos en su residencia ubicada en la calle 79 A No.95 AA-003 del barrio Robledo-Aures de Medellín, hasta donde llegaron varios sujetos, quienes después de separar a Osorio Yepes de los demás, dispararon en su contra repetidamente. El herido fue conducido rápidamente al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde finalmente falleció.
Por tales hechos se vinculó al proceso mediante indagatoria a JORGE IVÁN ROLDÁN ECHAVARRÍA, quien fue señalado por algunos declarantes como uno de los tres individuos que salieron corriendo de la casa de la víctima luego de escuchados los disparos.
Mediante resolución del 24 de noviembre de 1999 la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín resolvió su situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación. Cerrada la investigación, el 17 de marzo de 2000 se acusó formalmente al procesado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.
Realizada la audiencia pública, el Juez Primero Penal del Circuito de Medellín, en sentencia del 3 de noviembre de 2000, condenó al procesado ROLDÁN ECHAVARRÍA a la pena principal de 40 años de prisión como autor del delito de homicidio agravado, al tiempo que lo absolvió de los cargos por el delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, decisión que impugnada por el defensor y el Fiscal, se reformó para revocar la absolución, imponiéndose al procesado la pena arriba especificada, mediante el fallo que es ahora objeto del presente recurso de casación.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Bajo un único cargo al amparo de la causal primera, el defensor de JORGE IVÁN ROLDÁN ECHAVARRÍA acusa la sentencia de ser violatoria de normas sustanciales por vía indirecta, por error de hecho derivado de un falso juicio de identidad en la valoración de la prueba.
Como normas infringidas señala los artículos 445 y 254 del anterior Código de Procedimiento Penal por falta de aplicación, y 247 idem, 323, 324-4 y 23 del Código Penal de 1980 por aplicación indebida.
El primer error se concreta en la credibilidad que la sentencia impugnada otorga al testimonio vertido por Luz Miryam Yepes, a quien le concede la “calidad de voz de certeza” tras aceptar que no obra en el proceso prueba directa que señale a ROLDÁN ECHAVARRÍA disparando en contra de la víctima, desechando así los argumentos esgrimidos en contrario por el Juez de la instancia.
A continuación trae cita textual de las reflexiones hechas por el fallador de primera instancia para desechar credibilidad al referido testimonio, crítica que confronta con las conclusiones del Tribunal, quien por el contrario no encontró razones contundentes para negarle valor probatorio.
Esgrime que una lectura cuidadosa de la declaración de Luz Miryam Yepes permite concluir que la misma no identificó a las personas que pasaron por el frente de su casa, y que si posteriormente reconoció en el hospital a JORGE IVÁN ROLDÁN ECHAVARRÍA, era porque se había formado un preconcepto de su persona por los comentarios de quienes señalaban a uno de los autores del crimen como “el barbado”.
Cita en extenso el testimonio vertido por la Yepes, tras lo cual señala que la valoración conjunta de la prueba permitía a primera vista avalar la decisión del Juez de instancia, “resultando forzadas y contrarias a las reglas de la experiencia” las argumentaciones dadas en segunda instancia, porque identifican el reconocimiento en el lugar de los hechos con la individualización que posteriormente se hizo en el hospital, prevalida de un conjunto de comentarios que no tienen vida jurídica en el proceso, y porque a pesar de la diferencia en la vestimenta de las dos personas, asumen como irrelevante el hecho, desconociendo que si tales prendas estaban ensangrentadas, eran las que vestía el procesado en la fecha de los hechos y no las que mencionó la testigo en su declaración.
El segundo error denunciado gira alrededor del análisis del testimonio de Jorge Mario Acevedo, pues no se tuvo en cuenta el principio de la valoración en conjunto de la prueba, lo cual impidió al Tribunal dar aplicación al artículo 445 del anterior Código de Procedimiento Penal.
Agrega que en este evento no se tuvo en cuenta la contradicción que existe entre este testimonio y el vertido por Luz Miryam Yepes, la cual si fue considerada por el Juez de primera instancia, según la cita que trae del aparte pertinente.
Dicha contradicción no solamente resta fuerza al testimonio de Yepes sino también al de Jorge Mario Acevedo, “quien como testigo insular no guarda la suficiente carga probatoria para dictar en contra de mi representado sentencia condenatoria”.
Finaliza solicitando que se case la sentencia y en su lugar se absuelva al procesado JORGE IVÁN ROLDÁN ECHAVARRÍA.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Cuando se propone la violación de la norma sustancial por errores en la apreciación de las pruebas, ha dicho la Sala insistentemente, le está vedado al demandante entender que su desarrollo deba cursar dentro de los parámetros propios de unas instancias ya superadas, por cuanto la pretensión de ahora es remover una sentencia que llega a esta sede amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, y que además es obra de una manifestación de autonomía judicial y seguridad jurídica, rasgos de la jurisdicción que, por una vía extraordinaria como es el recurso de casación, no pueden cuestionarse con el despliegue de cualquier forma de disentimiento, presentado de manera libre o caprichosa.
Esta preceptiva mínima del pedimento extraordinario no ha sido observada por el impugnante. Nótese cómo inicia el único cargo anunciando la ocurrencia de un falso juicio de identidad en la valoración de los testimonios vertidos por Luz Miryam Yepes y Jorge Mario Acevedo, pero a renglón seguido dice que las argumentaciones del Tribunal son “forzadas y contrarias a las reglas de la experiencia”, omitiendo citar en todo su contexto el análisis crítico que de dichas pruebas hizo el juzgador, dejando a la Corte sin saber si su inconformidad con el análisis probatorio del fallo impugnado se debe a que el sentenciador distorsionó el contenido material de las pruebas, poniéndolas a decir lo que éstas en su genuino sentido no indican (error de hecho por falso juicio de identidad) o si eventualmente hubo algún atentado contra las reglas de la lógica y la experiencia común y científica (falso raciocinio), limitándose en cambio a oponer al criterio del fallador de segunda instancia el expuesto por el de primera, en posición inadmisible en esta sede por la libertad relativa de que gozan los juzgadores para estimar el mérito persuasivo de los medios, limitada sólo por las reglas de la sana crítica cuya transgresión no solamente omite enunciar sino que no se desentraña del libelo.
Además, es evidente que el demandante refunde en una sola dos formas distintas de violación indirecta de la ley, un falso juicio de identidad y un falso raciocinio, desatendiendo que a pesar de ser errores de hecho tienen conformaciones distintas: en aquél, que es de carácter objetivo y contemplativo, hay una tergiversación de la prueba, para hacerle decir algo que no aparece en su contenido; en el falso raciocinio, que es apreciativo, se da un desconocimiento manifiesto de la sana crítica, debiendo demostrarse que la inferencia no corresponde a la dictada por la lógica, la ciencia y la experiencia.
Pero con independencia de ser contradictorio el enunciado y la sustentación del cargo, observa la Sala que el censor no logró una propuesta susceptible de examen en casación, pues nunca superó el escenario de la simple discusión sobre la valoración otorgada a los medios de prueba, revistiendo el ataque en tales condiciones las características propias de un alegato de instancia y resultando sus términos ajenos al medio de impugnación.
Así las cosas, porque el rigor técnico está ausente del libelo que apenas se ofrece como memorial contentivo de ideas de choque con el criterio del juzgador, deviene inepto para los fines de la casación, razón suficiente para inadmitirlo y declarar la consiguiente deserción del recurso interpuesto.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,
R E S U E L V E:
INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre del procesado JORGE IVÁN ROLDÁN ECHAVARRÍA, y en consecuencia DECLARAR DESIERTO el recurso, por lo anotado en la motivación de este proveído.
Contra este auto no procede recurso alguno.
Cópiese, comuníquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA
HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GALVEZ ARGOTE
JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
MARINA PULIDO DE BARÓN YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Teresa Ruíz Núñez
Secretaria