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FABIO OSPITIA GARZÓN
Magistrado Ponente
STP14981 – 2021
Tutela de 1ª instancia No. 118964
Acta No. 230
Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
VISTOS
Se resuelve la acción de tutela instaurada por RODRIGO MARÍN SANTAMARIA contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El 25 de junio de 2021, el accionante solicitó ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de la tarjeta profesional como abogado titulado por la Universidad Católica Luis Amigo de Manizales, lo cual hizo a través de la página web dispuesta para tal propósito. Pero, según lo afirma, a la fecha de presentación del mecanismo de amparo no ha obtenido respuesta.
Por tanto, pretende mediante la acción de tutela que se protejan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la entidad accionada expedir la tarjeta profesional solicitada.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
La queja fue admitida el pasado 27 de agosto y en la misma fecha se ordenó la notificación de la entidad demandada para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.
Con respuesta del 2 de septiembre del año en curso, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura informa que con ocasión de la presente acción de tutela procedió a inscribir en el registro de abogados a RODRIGO MARÍN SANTAMARIA, identificado con la C.C. No. 10.167.194, asignándole la tarjeta profesional de abogado No. 365.867 mediante el Acta No. 14.487 de 2021, cuya copia anexó, junto con el oficio con el cual fue informado de dicha situación.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
De conformidad con el artículo 1°, numeral 8º del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la presente tutela en primera instancia, en tanto se dirige contra el Consejo Superior de la Judicatura.
Problema jurídico
Determinar si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, por omitir dar respuesta a la solicitud presentada el 25 de junio de 2021, en orden a obtener la expedición de la tarjeta profesional de abogado.
Análisis del caso concreto
1. La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la conducta activa u omisiva de las autoridades públicas o los particulares (artículos 86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991).
3. Como ya se anunció, la solicitud de amparo en este caso se orienta a superar la omisión en que incurre la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, al no expedir el acto administrativo que otorgue respuesta de fondo a la petición presentada por el accionante el 25 de junio de 2021, relacionada con la asignación de la tarjeta profesional de abogado.
4. Esta omisión, sin embargo, cesó en el curso de la acción, pues el pasado 2 de septiembre la entidad demandada informó al tutelante, mediante el correo electrónico dispuesto para tal propósito (rodrigomarsa@gmail.com), que después de verificar el cumplimiento de los requerimientos legales pertinentes, le fue asignada la Tarjeta Profesional de Abogado No. 365.867, cuya elaboración ya fue ordenada a la empresa contratista respectiva, quedando a la espera de que ello ocurra para poder enviársela a su domicilio.
También le explicó que la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado puede ser descargada o consultada por internet, a través del servicio de «Certificado de Vigencia», al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario desde la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia del documento.
En estas condiciones, cualquier pronunciamiento dirigido a ordenar el cumplimiento de la acción omitida carece de objeto, por hecho superado, fenómeno que sustenta la declaratoria de improcedencia de la tutela, conforme lo ha precisado la Corte Constitucional en la sentencia T-038 de 2019, entre muchas otras.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA Nº 2, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
1. Declarar improcedente, por hecho superado, el amparo invocado.
2. Notificar este proveído de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. De no ser impugnada esta sentencia, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
HUGO QUINTERO BERNATE
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria