Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP8452-2019
Radicación n.° 104459
(Aprobación Acta No. 152)
Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019)
VISTOS
Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por Harold Palacios Tello, contra el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín el 1 de abril de 2019, que denegó la solicitud de amparo formulada contra el Juzgado Cuarenta y Seis Penal Municipal de Medellín con Función de Conocimiento y el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín con Función de Conocimiento, con ocasión de las decisiones emitidas en la acción de tutela radicada bajo el número 050014009046201800297 (en adelante: acción de tutela 2018-00297).
Fueron vinculados como terceros con interés legítimo en el presente asunto las demás partes e intervinientes en el referido expediente.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron recogidos en el fallo de tutela de primera instancia, en los siguientes términos:1
Se puede extraer del escrito de tutela que el Juzgado Cuarenta y Seis Penal Municipal negó por improcedente una acción de tutela interpuesta por el señor Harold Palacios Tello en contra del Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., y Axa Colpatria Seguros S.A., mediante sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 y según refiere el accionante en este se desconoció la línea jurisprudencia respecto al requisito de subsidiaridad en la acción constitucional.
De los documentos anexados a esta tutela se observa que los hechos que dieron lugar a la presentación de la mencionada acción constitucional tienen que ver con que en el año 2010 el actor contrajo una obligación crediticia con el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., suscribiendo además una póliza de seguro con Axa Colpatria Seguros en la que constaba una cláusula de incapacidad permanente y total, por lo que teniendo en cuenta la pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada, solicitó a la aseguradora que se hiciera efectiva la póliza, sin embargo, esta petición fue negada, por lo que requería el actor en aquella ocasión, que en sede constitucional se ordenara a Axa Colpatria Seguros realizar el pago total de la obligación adquirida con el Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., También, de la copia de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis penal Municipal de Medellín que fue aportada, se extrae que, la tutela fue negada al no cumplirse el requisito de procedibilidad, en tanto que el actor podía acudir a la jurisdicción civil para reclamar sus derechos, al no advertirse la configuración de un perjuicio irremediable.
Esta decisión fue impugnada, siendo confirmada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín, mediante proveído del 10 de octubre de 2018. Afirma el accionante que el detrimento patrimonial en el que está inmerso debe ser resuelto de fondo, teniendo en cuenta el perjuicio irremediable que se le está causando al tener que pagar los $57.380.041, producto de la obligación adquirida con el Banco Itaú Corpbanca S.A., sin tener en cuenta que de acuerdo al porcentaje de perdida de la capacidad laboral que le fue dictaminado -72.87%- se debe hacer efectiva la póliza de seguro, a lo que se niega Axa Colpatria Seguros de Vida S.A., según esta, porque el tomador había omitido información al momento de suscribir la póliza.
Refiere que además del detrimento patrimonial se debe tener en cuenta que es Padre cabeza de hogar y su núcleo familiar depende de él.
Al considerar vulnerados sus derechos fundamentales, solicitó se revoquen las Sentencias proferidas por los Juzgados Cuarenta y Seis Penal Municipal y séptimo Penal del Circuito de Medellín, al haberse apartado de la línea jurisprudencial sin ninguna motivación. (Textual).
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín el 1 de abril de 2019, denegó la tutela invocada al considerar la naturaleza de las decisiones judiciales censuradas.
Al respecto, el Tribunal destacó que el accionante debía acudir al trámite de revisión ante la Corte Constitucional por ser el órgano de cierre en la materia, ya que proceder de otra manera iría en contra de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.2
LA IMPUGNACIÓN
El 08 de abril de 2019, el accionante presentó recurso de impugnación, censurando que los fallos producidos en el marco de la acción de tutela 2018-00297 desconocían la jurisprudencia de la Corte Constitucional.3
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por Harold Palacios Tello contra el fallo de tutela de primera instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.
El problema jurídico que convoca a la Sala consiste en determinar si contra las decisiones emitidas dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 050014009046201800297, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe revocarse el fallo de tutela de primera instancia y conceder el amparo invocado, el cual está encaminado a ordenar el pago de la póliza No.07/05/10-1306.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias de igual naturaleza. Reiteración de jurisprudencia.
Como ha sido recurrentemente reiterado por esta Corporación, la acción constitucional de tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales. Su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para la parte accionante, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.
Por este motivo, y como ha sido desarrollado por la Doctrina constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que hayan sido agotados todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-212 y T-780 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «…si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta».
En línea con lo anterior, se ha considerado que si bien excepcionalmente es viable acudir a la acción de tutela cuando la solicitud de amparo versa sobre el trámite o procedimiento adelantado en el marco de otra acción de igual naturaleza, esta salvedad no aplica para las decisiones adoptadas en las mismas, pues uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias es «Que la decisión judicial contra la cual se formula la acción de tutela no se corresponda con sentencias de tutela».
En ese sentido, cuando el asunto que se aborda se refiere a la regla fijada sobre la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela, este parámetro solo admite de forma excepcionalísima su levantamiento, si se cumplen las condiciones señaladas en la providencia de unificación jurisprudencial SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, en la cual se señalaron tres requisitos:
a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit) [4]. c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual.5 (Textual).
Queda entonces claro que en atención a la fuerza normativa de la cosa juzgada y al respeto de la autonomía judicial, la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando se dirige a cuestionar una decisión judicial, tiene carácter excepcional, y su prosperidad está atada a que se cumplan los requisitos de procedibilidad anteriormente enunciados. De manera que quien acude a ella tiene la carga no sólo respecto de su planteamiento, sino de su demostración.
Análisis del caso concreto.
En el caso bajo estudio, Harold Palacios Tello censura los fallos proferidos en la acción de tutela 2018-00297 por el Juzgado Cuarenta y Seis Penal Municipal de Medellín con Función de Conocimiento y el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín con Función de Conocimiento.
En dichas decisiones, las autoridades ahora accionadas, declararon improcedente el amparo solicitado, dado que el accionante contaba con la Jurisdicción Ordinaria para hacer valer su pretensión, pues el debate sobre la exigibilidad de la póliza de seguro debía darse en el marco de un proceso declarativo.6
Para establecer la procedencia del amparo en el presente asunto, fue consultada la página de la Corte Constitucional para revisar el trámite dado a la acción de tutela 2018-00297 en sede de revisión, encontrando que la misma fue radicada en esa Corporación el 5 de febrero de 2019 bajo el número interno T7197901, que el 26 de febrero siguiente se resolvió no seleccionarla para revisión, y que el 13 de marzo esa decisión quedó en firme.7
De manera que la Sala evidencia que en relación con este caso existe cosa juzgada constitucional, como fue explicado en la sentencia T-661 de 2013:
Como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto en concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante. Si la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, la misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material. Por tanto, no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico.
Así las cosas, se constata que la oportunidad para que el caso fuera revisado en sede de tutela concluyó cuando quedó en firme la decisión de la Corte Constitucional sobre no seleccionar el caso para revisión, por lo cual las decisiones adoptadas por el Juzgado 46 Penal Municipal de Medellín con Función de Conocimiento y el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín con Función de Conocimiento se tornaron definitivas, inmutables y vinculantes.
Por lo anterior, la Sala debe confirmar el fallo de tutela de primera instancia.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA N° 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones anotadas en precedencia.
2. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito.
3. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folio 109 a 111, cuaderno 1.
2 Folios 109 a 116, cuaderno 1.
3 Folios 220 a 227, cuaderno 1.
4 Para hacer más comprensible el fraude que daría lugar a revisar una sentencia de tutela, se trae a colación la sentencia T-218 de 2012 de la Corte Constitucional, mediante la cual se revisó un fallo en la que un Juez de tutela de Magangué (Bolívar) le concedió a varias personas una pensión por su labor como docentes, a pesar que no contaban con los requisitos: sus cédulas de ciudadanía no eran de Magangué o Bolívar, no tenían su residencia en ese departamento, y prestaron sus labores en Departamentos diferentes al mencionado. Por este motivo, y por cuanto era necesario proteger al erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, mediante acción constitucional de tutela la Corte Constitucional dejó sin efectos esa sentencia proferida por el Juez de tutela de Magangué.
5 Cfr. CC T-072, T-093 y T-286 de 2018.
6 Folios 13 a 21, cuaderno 1.
7 Corte Constitucional, Secretaría general. Consulta proceso T7197901. [en línea:] http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/ (última consulta: 17 de junio de 2019).