Asistente Jurídico Inteligente
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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
STP9929-2018
Radicación nº 99522
(Aprobado en Acta nº 252)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se pronuncia la Sala acerca de la impugnación formulada por el accionante DIEGO FERNANDO GÓMEZ contra el fallo de 21 de junio de 2018, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del cual le negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por el Juzgado 30 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, dentro del proceso penal que se les adelantó por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.
A la actuación fueron vinculadas las partes e intervinientes que actuaron dentro de la causa penal reprobada en la demanda.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El accionante DIEGO FERNANDO GÓMEZ presenta acción de tutela contra el Juzgado 30 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, al considerar afectados sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, dentro del proceso penal que se le adelantó.
En sustento, señala que inició la actuación en su contra a partir de la denuncia que presentó en su contra Mileydi Gaona, siendo presentado escrito de acusación en su contra por el delito acceso carnal abusivo con menor de 14 años, correspondiendo la causa al Juzgado accionado que mediante fallo de 11 de diciembre de 2017, lo declaró penalmente responsable. Providencia contra la cual no fue interpuesto recurso alguno.
Estima el actor que la sentencia de condena es producto de una vía de hecho en su contra, ante una indebida valoración probatoria y una serie de errores de hecho, en especial sobre el material de prueba técnica, la cual presenta inconsistencias en el ADN, por lo que impera retrotraer la actuación a la fase investigativa para que queden zanjadas las dudas, ya que al ser soporte del fallo condenatorio lesiona sus derechos fundamentales.
En consecuencia, solicita que se deje sin efectos la providencia condenatoria y, en su lugar, se rehaga la investigación
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Admitida la demanda, se dispuso su traslado para que las autoridades judiciales accionadas e involucradas ejercieran el derecho de contradicción y aportaran las pruebas que estimaran pertinentes.
En respuesta, la Fiscalía relacionó la actuación procesal adelantada, indicando que ante la existencia de suficientes elementos materiales probatorios fue acusado el autor, contra quien fue proferida sentencia condenatoria, en el curso del debido proceso, en el que se le aseguró el derecho de contradicción de los medios de prueba arrimados, sin que sea la acción de tutela el medio para revivir debates fenecidos ante el juez natural.
Por su parte, el juzgado accionado se opuso a la prosperidad de la demanda, porque no fue demostrada la configuración de ninguna vía de hecho en la sentencia, la cual se ajusta a la legalidad y el debido proceso, estando en firme sin que la acción de tutela pueda entrometerse a superar debates judiciales ya fenecidos ante el juez natural.
Los demás involucrados guardaron silencio dentro del término concedido.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de junio de 2018, negando el amparo de los derechos fundamentales reclamados por el accionantes, en consideración a que no se respetó el presupuesto de subsidiariedad que rige el amparo, cuando no agotó los mecanismos de defensa al interior de la actuación.
LA IMPUGNACIÓN
Notificado del contenido del fallo, el apoderado del accionante manifestó su voluntad de impugnar el proveído, reiterando las inconformidades plasmadas en la demanda, en especial, censurando un supuesto vicio por falta de defensa técnica del procesado en el proceso penal.
CONSIDERACIONES
1. La Sala de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 es competente para conocer de la impugnación promovida contra la sentencia de tutela dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, al ser su superior jerárquico correspondiente.
2. Procede la Sala determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales del actor al debido proceso y defensa, al proferir sentencia condenatoria en su contra.
Para resolver, previamente verificará si se satisface el presupuesto general de subsidiariedad que rige el ejercicio de la acción contra providencias judiciales.
3. El artículo 86 de la Constitución Política establece que el amparo tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades y/o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial.
De la naturaleza de la acción de tutela se infiere que cuando el ordenamiento jurídico establece otro mecanismo judicial efectivo de protección, el actor debe acreditar que acudió en forma oportuna a aquél para ventilar ante el juez ordinario la posible violación de sus derechos constitucionales fundamentales.
Por lo tanto, se constituye en presupuesto de procedibilidad el agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial (Ver sentencias, Corte Constitucional C-590/05 y T-332/06).
4. En el presente asunto, el actor considera lesionados sus derechos fundamentales dentro del proceso penal que se adelantó en su contra y que culminó con sentencia condenatoria por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años , indicando que resultó injustamente sancionado, a causa de una indebida valoración del material probatorio e inadecuada defensa técnica, incurriendo en una serie de errores de hecho que perjudican sus derechos y garantías.
De entrada, respecto de las supuestas vías de hecho que alega se presentan en la providencia judicial de condena, se tiene que el actor, quien estuvo asistido con una defensa técnica de confianza, reconocida dentro del proceso, no entabló los recursos de ley, siendo esa una estrategia defensiva que no puede ser retrotraída por esta senda subsidiaria.
No resultan atendibles los reproches del accionante para que por esta senda pretenda se examine la apreciación probatoria del juez natural, cuando dejó vencer la oportunidad legal pertinente para ello, ya hubiera sido a través del recurso de apelación y, eventualmente, mediante el extraordinario de casación, de los cuales no hizo uso, ni siquiera en ejercicio de su derechos de defensa material, desechando así los medios de impugnación a su alcance y perdiendo las oportunidades procesales idóneas para discutir lo pretendido.
El accionante bien pudo activar los medios de defensa judiciales para reprobar el contenido del fallo y sin embargo decidió no hacerlo, ya que no obra algún medio de prueba indicativo de que haya activado los mecanismos defensivos dentro de la actuación, cuando bien podían hacerlo, es más, se advierte que dejó en manos de los abogados la estrategia defensiva, sin prueba del ejercicio de la defensa material.
Los aspectos debatidos por el actor, escapan al análisis que debe efectuarse en sede de la acción de tutela, en tanto no es posible prescindir de la jurisdicción ordinaria, también instituida para salvaguardar las garantías de los sujetos procesales y que contiene los instrumentos idóneos para corregir las eventuales y presuntas irregularidades.
Como la acción de tutela no tiene por objeto suplantar los mecanismos de defensa judicial ordinarios y sólo puede ser invocada una vez agotados todos ellos, es claro que no está cumplido el principio de subsidiaridad.
5. En consecuencia, al faltar el demandante al presupuestos de subsidiariedad la decisión que se impone adoptar es la negativa por improcedente del amparo invocado, tal como lo concluyó el A quo, lo cual impone la confirmación del fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: Confirmar el fallo impugnado.
Segundo: Notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Enviar las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cúmplase
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria