Asistente Jurídico Inteligente
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Magistrado ponente
STP3912-2018
Radicación n° 97293
Acta 93
Bogotá, D. C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO
Resolver la impugnación presentada por David Stiven Grisales Gómez, respecto del fallo proferido el 6 de febrero del año 2018 por la Sala de “Decisión Constitucional” del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través del cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta en contra del Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali, por la presunta vulneración del derecho al debido proceso, trámite al que fue vinculado el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad.
1. ANTECEDENTES
Fueron sintetizados por el a quo de la forma que sigue:
“El señor DAVID ESTIVEN GRISALES, quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali, manifiesta que:
1. Fue condenado mediante sentencia de fecha 10 de octubre de 2015 proferida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali — Valle, a la pena de 63 meses de prisión.
2. Ha descontado 34 meses físicos, y ya el Establecimiento Carcelario lo había clasificado en fase de mediana seguridad, encontrándose listo para acceder a un permiso de 72 horas.
3. Mediante Auto Interlocutorio No. 130 del 7 de noviembre de 2017, el Juzgado 16 Penal del Circuito corrigió el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, condenándolo a la pena de 10 años de prisión, mediante una decisión sin motivación, motivo por el cual fue nuevamente ingresado a los patios de alta seguridad del Establecimiento.
Considera que ha sido juzgado dos veces por los mismos hechos, lo que les ha ocasionado un daño moral y psicológico tanto a él como a su familia.
El accionante solicita «Dejar incólume el A.I. No. 130 l 7/11/16 procedente del Juzgado 16 Penal del Cto. de Cali» (sic), para que en su lugar quede la pena principal de 63 meses fijada en la sentencia.
Ordenar sea trasladado de nuevo al patio de Mediana Seguridad donde se encontraba, además de que le devuelvan a su empleo en «confesiones»”
2. EL FALLO IMPUGNADO
La Sala de “Decisión Constitucional” del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, luego del estudio al libelo y las respuestas aportadas por los entes judiciales accionados, concluyó que la demanda de tutela es contraria a su carácter residual, pues el accionante no agotó los recursos judiciales de defensa que el ordenamiento le ofrecía para formular los reparos que trae por vía constitucional contra la providencia que le resulta contraria a sus intereses, concretamente los de reposición y apelación, razón por la cual declaró la improcedencia del amparo reclamado.
3. LA IMPUGNACIÓN
El libelista en el trámite de notificación del fallo, cumplido mediante comisión lo impugnó, sin relacionar las razones de su disenso.
4. CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido por los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra el fallo proferido por la Sala de “Decisión Constitucional” del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
2. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la facultad para promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, viable en la medida que no exista otro medio de defensa judicial, o excepcionalmente como mecanismo transitorio.
3. En el asunto que concita la atención de la Sala se advierte que el problema jurídico a resolver es si la providencia judicial -AUTO No. 130 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017- por medio de la cual el juzgado accionado, aclaró la sentencia condenatoria del accionante desconoció las garantías constitucionales cuyo amparo se depreca.
4. Ahora y conforme la jurisprudencia del Tribunal de cierre constitucional, se tiene que la acción contitucional por regla general no es procedente cuando se dirige contra sentencias u otras decisiones ejecutoriadas proferidas dentro de los procesos judiciales, porque no fue concebida como medio supletorio de los procedimientos ordinarios que el ordenamiento jurídico ha consagrado.
Lo anterior porque es en el desarrollo, o al interior mismo de la respectiva actuación, que las partes deben ejercer sus actos de postulación encaminados a superar los eventuales vicios de fondo o de estructura que se susciten en la tramitación del respectivo asunto, sin que pueda acudirse a la tutela como si se tratara de una tercera instancia, pues la ley procesal consagra los medios adecuados cuando no se está de acuerdo con las providencias judiciales que se emitan y que no son otros que los recursos, de modo que si por cualquier razón no se hace uso de ellos, no es dable acudir a este mecanismo constitucional para enmendar esa omisión.
Sobre el punto la Corte Constitucional ha señalado (C.C. T-477/2004):
(…) quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya trasgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal.
4.1. También resulta importante destacar que para la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la jurisprudencia ha venido señalando sobre la necesidad de acatar ciertos requisitos de procedibilidad que imponen al actor tanto su planteamiento como su demostración, que según la Corte Constitucional hacen referencia a (C.C. T-865 de 2006):
(…) i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) que ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados; vi) que no se trate de sentencia de tutela (…)
No obstante, se ha aceptado la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando se haya incurrido en una vía de hecho o causal de procedibilidad, es decir, si el funcionario judicial genera un perjuicio irremediable emanado de una ostensible arbitrariedad que entra en contradicción con la constitución o la ley, con trascendencia en la vulneración de un derecho fundamental de la persona.
5. Pues bien, en el asunto que se examina, acorde con la información obrante en el diligenciamiento, se tiene que el demandante no interpuso los recursos ordinarios de los cuales disponía en contra de la decisión adoptada y de esta manera provocar la reconsideración y revisión por parte del superior, sin que resulte admisible que por esta vía intente postular su posición, como si fuese una oportunidad para obtener una respuesta favorable a sus pedimentos.
5.1. Era ese el escenario para discutir los aspectos que ahora expone, de ahí que sin razón se muestra la parte recurrente para promover la intervención del juez de tutela sobre asuntos que debieron dirimirse por el cauce normal del proceso.
6. Así las cosas, no es factible pretender revivir etapas procesales al interior de las cuales pudo exponer sus razones de inconformidad y, por ello, se torna improcedente el amparo constitucional, bajo el entendido que no es el mecanismo diseñado para renovar términos que se han dejado vencer, habida cuenta que una actitud de desprecio o desdén frente a los medios ordinarios y extraordinarios de defensa no puede ser revertida a través de este excepcional instrumento de protección. Así lo ha precisado el Tribunal Constitucional (CC T-272/97):
Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción.
En otras palabras, si la parte actora renunció de forma voluntaria al ejercicio de los instrumentos judiciales procedentes, sus pretensiones carecen de vocación de prosperidad, porque de lo contrario se desconocería abiertamente el carácter residual del instrumento constitucional, ya que no es viable invocarlo como una alternativa frente a los procedimientos legales diseñados por el legislador.
7. Así, encuentra esta Sala que razón le asistió al Juez constitucional a quo al señalar que se incumplió el requisito del agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial que el ordenamiento le ofrecía al accionante, circunstancia que indefectiblemente conduce a la confirmación del fallo impugnado.
* * * * * *
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión en Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero-. CONFIRMAR el fallo recurrido.
Segundo-. Notificar esta decisión en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1991.
Tercero.-. Remitir el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Magistrado
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
Magistrado
EYDER PATIÑO CABRERA
Magistrado
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria