Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP13060-2018
Radicación No. 100598
(Aprobado Acta No. 344)
Bogotá. D.C., dos (02) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
VISTOS
La Sala decide la impugnación interpuesta por MANUEL JOSÉ ZAPATA AVENDAÑO, contra el fallo proferido el 15 de agosto de 2018, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia:1
Manifestó el accionante que presentó demanda ejecutiva laboral contra el señor Elkin Zapata Avendaño, con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma de $6.441.102,92, más $7.108,20 diarios desde el 15 de mayo de 1990 y hasta el momento en que se realizara el pago total de la obligación, por concepto de acreencias laborales declaradas judicialmente por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 6 de octubre de 1992, así como las costas del proceso.
Que por memorial del 6 de marzo de 2017, solicitó al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín “decretar el embargo y secuestro de un bien inmueble propiedad del ejecutado en el calle 65 no 74B-161 del Barrio San Germán”, y que se tuviera en cuenta “Para todos los efectos legales y constitucionales que se derivaran del proceso ejecutivo, la reliquidación de la indemnización moratoria liquidada hasta febrero de 2016 por un valor total de $1.393.316.734,24, y al igual, la actualización de la indexación por despido injusto la cual arroja un total de $25.991.709,11”.
Que por auto del 22 de marzo de 2017, el citado Juzgado accedió a decretar la medida cautelar de embargo solicitada con respecto al inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no. 001 N-424453 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Norte, limitándolo a la suma de $2.757.132,62., y se abstuvo e darle trámite a la solicitud de modificación de la liquidación del crédito, al considerar que la misma se encontraba en firme.
Que apeló y el Tribunal Superior de Medellín por pronunciamiento del 8 de noviembre de 2017, confirmó la decisión del a quo; que el 15 del citado mes y año, presentó escrito solicitando al juez colegiado “aclarar y adicionar por medio de providencia complementaria los autos de fecha 22 de marzo de 2017 que transcribió un acápite del auto de mayo 11 de 2015 que fue el que inicialmente negó la reliquidación del crédito […]”.
Que “hasta el día 26 de julio de 2018 se cumplieron más de ocho (8) meses y en efecto transcurrieron los seis (6) meses de plazo perentorio, como consecuencia la Sala Laboral no ha pronunciado el debido fallo como lo ordena en el inciso primero el artículo 121 del Código General del Proceso, […]”, afectando de esta manera su patrimonio y el de su familia.
Por lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y en consecuencia se ordene a la autoridad judicial accionada que “en aras de obtener una pronta y cumplida justicia” de aplicación al “inciso primero del artículo 121 del Código General del Proceso, en armonía con el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010 que adicionó un parágrafo al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad con la sentencia STC-8849 de 2018.
Por auto del 8 de agosto de 2018, se admitió la acción, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, así como a los demás intervinientes dentro del proceso cuestionado para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja.
La Magistrada Ponente del Tribunal Superior de Medellín, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas respecto del trámite otorgado al memorial del 15 de noviembre de 2017 que fue radicado por el señor Manuel José Zapata Avendaño, y de remitir copia de las mismas, precisó que en el proceso de la referencia no se encontraba anexada la petición, por lo que al realizar una búsqueda exhaustiva, se identificó que por error involuntario había sido incorporada en otro expediente; que superado el impase mencionado, la corporación se puso al tanto de la situación y mediante auto del 10 de agosto de 2018, resolvió la solicitud de aclaración y/o adición que hizo el apoderado judicial del accionante, providencia que se notificó por estado el lunes 13 de agosto del año en curso, razón por la que pide negar el amparo instaurado, declarando en su lugar un hecho superado.
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela impetrada, considerando que la solicitud de amparo tiene por finalidad la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, por lo tanto es evidente que carece de objeto cuando la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares, en los casos expresamente previstos en la ley, que se denuncia como vulneradora de derechos ha cesado, situación ante la cual la protección constitucional es inviable. Para el caso se configuró un hecho superado, toda vez que el Tribunal Superior de Medellín, dio respuesta al requerimiento presentado por el apoderado judicial del señor Zapata Avendaño.
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó la anterior decisión toda vez que hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela no había sido notificado por la secretaria de la corporación de conformidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 44 del Reglamento General de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por la accionante contra el fallo de tutela de primera instancia proferido por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.2
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.3
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales4 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado5.
viii) Violación directa de la Constitución.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
Análisis del caso concreto
1.- El actor considera que la sentencia proferida el 15 de agosto de 2018 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se decidió negar la acción de tutela por existir una carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado, desconoce sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
2.- Al respecto, debe decirse que esta Sala no encuentra en la providencia cuestionada visos de arbitrariedad, capricho o fundamento inconstitucional.
Sobre los temas objeto de reproche, la Sala Laboral de esta Corporación, indicó:
(…)
Al respecto, se advierte que la Colegiatura accionada, por pronunciamiento de fecha 10 de agosto de 2018, obrante a folios 16 a 19 del cuaderno de la Corte, y que fue debidamente notificado por estado el día 13 del citado mes y año, dio respuesta al memorial presentado por el actor el 15 de noviembre de 2017, y manifestó que “lo solicitado por el apoderado judicial del ejecutante recurrente, resulta abiertamente improcedente, pues en realidad los reparos que este esboza, no están dirigidos contra la providencia emitida por este tribunal de fecha 8 de noviembre de 2017, pues contra esta no se enlistan en el memorial de alzada conceptos o frases que representen un verdadero motivo de duda o ambigüedad”; asimismo, indicó que “no se informó qué aspectos del recurso de apelación o sus complementación dejaron de abordarse o estudiarse en la citada providencia del 8 de noviembre de 2017, y menos aún logra concretar en forma ordenada y lúcida, cuáles son los puntos que a su criterio deben ser objeto de sentencia complementaria en la segunda instancia. Todo lo contrario, el memoralista concreta su ataque en una supuesta falta de ejecutoria de los autos que liquidaron el crédito en la presente litis, pues en su sentir se trata de actuaciones ilegales, que no tienen la virtud de atar al operador jurídico”.
2.1.- En ese contexto, la autoridad accionada, luego de una valoración de los elementos probatorios y de analizar la situación jurídica, concluyó que en el presente asunto existía la carencia actual de objeto por encontrarse el hecho superado, teniendo en cuenta que el actor fue notificado de la decisión el 13 de agosto de 2018.
Por lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela impetrada.
2.2.- De allí que no sea procedente lo pretendido por el accionante en cuanto a reconocer la nulidad de la actuación y mucho menos conceder las pretensiones suplicadas en lo tocante a las liquidaciones por las prestaciones sociales indexadas, la indemnización moratoria con sus intereses moratorios y la liquidación del despido injusto con sus respectivos intereses y las costas procesales en todas las instancias.
3.- De acuerdo con lo anotado, se observa que la sentencia cuestionada obedece a las especificidades del caso, sin que se observe una actividad desconocedora de derechos fundamentales, la que no se deriva de la simple inconformidad expresada por el tutelante.
Estas conclusiones no se muestran antojadizas, antes bien, son producto de una interpretación adecuada de la Constitución y de la ley, así como de los parámetros jurisprudenciales fijados para lo solución de casos semejantes, razón por la cual no le es dable al juez constitucional dejarlas sin efecto.
Tal situación impide que se asuman como irregularidades con relevancia constitucional, las diferencias de criterio que se guarden respecto al alcance de las pruebas o la interpretación de las normas jurídicas que regulan el caso. De ser así, ha insistido la jurisprudencia constitucional, todos los pronunciamientos serían susceptibles de afectar garantías constitucionales, pues al resultar alguna persona afectada con la decisión, siempre existirá alguien que no comparta su sentido6.
Así las cosas, acceder a las pretensiones de esta acción, implicaría transformar el trámite de tutela en una instancia adicional al proceso laboral censurado o, peor aún, erigirlo en una jurisdicción sobrepuesta a la ordinaria.
Debe recordarse que cuando se tiene o se ha tenido al alcance un mecanismo jurídico adecuado para la defensa de los derechos e intereses de las personas involucradas dentro de un trámite judicial, no se puede adicionar a éste una nueva etapa mediante la interposición de una acción de tutela, dada su naturaleza residual y subsidiaria7, máxime si lo que con ella se pretende es reiterar los argumentos que en su momento fueron estudiados y decididos al interior de las instancias procesales previstas para ello.
Es por ello que la revisión constitucional en casos como estos queda limitada a detectar la presencia de una causal de procedencia de tutela contra sentencias de la que, además, se derive un perjuicio iusfundamental. Sin embargo, los derechos al debido proceso, defensa y al acceso a administración de justicia, no se consideran vulnerados porque se haya proferido una decisión judicial contraria a los intereses de la parte demandante, cuya interpretación de los elementos de convicción, por razonable que parezca, no está llamada a superponerse a la de los funcionarios que han decidido las instancias, cuando no se observe que en la valoración de las pruebas estos hayan cometido yerros ostensibles.
Por todo lo anterior, la Sala confirmará el fallo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. CONFIRMAR el fallo impugnado.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 36 a 37
2 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006
3 Ibidem
4 Sentencia T-522 de 2001
5 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001
6 Sentencia SU-901 de 2005
7 Ver Corte Constitucional, Sentencia T-616 de 2006