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LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
CP161-2018
Radicación No. 52102
Acta 319.
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS
Procede la Sala a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Luis Rogelio Lozano Correa, presentada por el Gobierno de los Estados Unidos.
ANTECEDENTES
Con fundamento en la Nota Verbal 0142 del 26 de enero del año en curso, la Embajada de los Estados Unidos solicitó la extradición del ciudadano colombiano Luis Rogelio Lozano Correa, requerido para comparecer a juicio por el delito de tráfico de narcóticos, de acuerdo con la acusación nº 1:16-cr-256, dictada el 10 de noviembre de 2016 por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
Documentos aportados con la solicitud de extradición.
Para formalizar la petición de entrega de Luis Rogelio Lozano Correa se incorporaron al presente trámite, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y provenientes de la Embajada de los Estados Unidos de América, los siguientes documentos, debidamente traducidos:
(i) Nota Verbal 1627 del 29 de septiembre de 2017, a través de la cual la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Luis Rogelio Lozano Correa1.
(ii) Nota verbal 0142 del 26 de enero cursante, por la cual se protocoliza la petición de extradición2.
(iii) Copia de la acusación nº 1:16-cr-256, dictada el 10 de noviembre de 2016 por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.3
(iv) Traducción de las disposiciones aplicables al caso, esto es, Títulos 18, Sección 3282(a) y 21, Secciones 812(a)(c), 853(a)(1)(2)-(b)(1)(2),959(a)-(d), 960(a)(3), 960(b)(1)(B) y 963 del Código de los Estados Unidos4.
(v) Orden de arresto emitida por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia contra Luis Rogelio Lozano Correa5.
(vi) Declaración jurada de Lena Munasifi, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, en la cual se refiere al procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación; descarta la configuración de la prescripción; concreta los cargos formulados en contra del requerido e indica los elementos integrantes del delito6.
(vii) Declaración jurada de Carlos Fontánez, Agente Especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde informa los pormenores de la investigación, en virtud de la cual se solicita la extradición y aporta los datos relacionados con la identidad del requerido7.
(viii) Informe de consulta de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la cédula de ciudadanía 80.251.546 expedida a nombre de Luis Rogelio Lozano Correa 8.
Trámite surtido ante las autoridades colombianas.
Recibida la Nota Verbal 1627 del 29 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución del 10 de octubre de ese mismo año, ordenó la captura de Luis Rogelio Lozano Correa, la cual se hizo efectiva el 29 de noviembre siguiente.
Protocolizada la solicitud de entrega, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la documentación reunida a su homólogo de Justicia y del Derecho, con oficio DIAJI 0264 del 29 de enero de 2018, en el cual conceptuó:
Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y los Estados Unidos de América:
* La “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 […].
* La “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000 […].
[…] De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las Convenciones aludidas, el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
El Ministerio de Justicia y del Derecho revisó la actuación y, con oficio OFI18-0003105-DAI-1100 del 5 de febrero del año en curso, remitió a esta Corporación la solicitud de extradición.
Actuación cumplida en esta Corporación.
El 7 de febrero del presente año, la Sala asumió el conocimiento de la petición y requirió a Luis Rogelio Lozano Correa la designación de apoderado que le asista en este trámite. Cumplido lo anterior, el 6 de marzo siguiente se reconoció personería al abogado designado por el requerido y se dispuso surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004.
Mediante escrito del 17 de mayo de 2018, el solicitado manifestó su intención de acogerse al trámite de extradición simplificada. Como su apoderado avaló tal requerimiento, el 24 de julio siguiente se corrió traslado a la representante del Ministerio de Público, quien, por oficio PSDCP –EXT Nº 190 del 3 de agosto del presente año, previa entrevista con el requerido y verificación de sus garantías fundamentales, coadyuvó la petición elevada por éste.
Así las cosas, el expediente ingresó a la Sala para emitir concepto.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Aspectos Generales:
El 14 de septiembre de 1979, se suscribió entre Colombia y los Estados Unidos de América un «Tratado de Extradición», que se encuentra vigente, en la medida que las Partes contratantes no lo han dado por terminado, denunciado o celebrado un tratado nuevo, ni han acudido a ninguno de los mecanismos previstos en la «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969» para finiquitarlo.
A pesar de lo anterior, actualmente no resulta posible aplicar sus cláusulas en Colombia, ante la ausencia de una ley que lo incorpore al ordenamiento interno, como lo exigen los artículos 150-14 y 241-10 de la Constitución Política, pues aunque en el pasado se expidieron con tal propósito las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, la Corte Suprema de Justicia las declaró inexequibles por vicios de forma9.
Por esa razón, la competencia de la Corporación, cuando se trata de emitir concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por el Gobierno norteamericano, se circunscribe a constatar el cumplimiento de las exigencias contenidas en las normas del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos –Ley 600 de 2000 o 906 de 2004-, toda vez que éstas regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
Ahora bien, como lo certificó el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre Colombia y los Estados Unidos de América se encuentra vigente la «Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas», suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, cuyo artículo 6 prevé: «4. Las partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas» y «5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición».
Así, la labor de la Corte dentro del trámite está enfocada a expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, después de examinar los puntos a que se refiere el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, sin dejar de considerar que el artículo 35 de la Constitución, en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo N° 1 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior, las conductas que los originan son delictivas en Colombia, por hechos posteriores a la promulgación del citado Acto Legislativo y no se trate de delitos políticos.
Siendo así, en primer lugar, de acuerdo con la acusación Nº 1:16-cr-256, dictada el 10 de noviembre de 2016, por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, la imputación que se le formuló a Luis Rogelio Lozano Correa, corresponde al delito de tráfico de narcóticos en los Estados Unidos de América, llevados a cabo aproximadamente en el año 2016. Significa lo anterior que no aparece motivo constitucional que impida el presente estudio, porque los hechos que lo motivan se cometieron en el exterior y son posteriores al precitado Acto Legislativo No 01 de 1997; y, no sobra advertirlo, no ostentan naturaleza política.
Sobre la extradición simplificada.
El artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada, según la cual la persona requerida, con la aprobación de su defensor y del Ministerio Público, puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente.
En el evento bajo examen, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en dicha norma para conceptuar de plano sobre el requerimiento elevado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación el ciudadano colombiano Luis Rogelio Lozano Correa, pues fue promovida por el solicitado y su defensor. Además, ha sido coadyuvada por la Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal.
En suma, como se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado, a ello procede la Corte, previo análisis de los siguientes aspectos:
1. Validez formal de la documentación.
Conforme a lo preceptuado en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o entre gobiernos, aportando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el país extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha de su ejecución. Todo ello acompañado de los datos que hagan posible identificar plenamente al solicitado. Igualmente, es necesario allegar la reproducción auténtica de las disposiciones penales aplicables al asunto.
Del mismo modo, la documentación debe ser expedida con sujeción a las formalidades establecidas en la legislación del país reclamante y estar traducida al castellano, si es del caso.
Tales requisitos de carácter legal están encaminados a demandar del Estado requirente la ineludible remisión de los soportes en sustento de la solicitud de extradición, en todos los casos y frente a cada una de las específicas obligaciones que amerite el asunto, no de manera simple, sino con el cumplimiento íntegro de las exigencias formales expresadas.
En el caso particular, la Corporación observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición del ciudadano colombiano Luis Rogelio Lozano Correa. Al efecto, anexó copia de la acusación Nº 1:16-cr-256, dictada el 10 de noviembre de 2016, por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia y de la orden de arresto expedida contra el reclamado por esa autoridad judicial extranjera.
También allegó la declaración jurada de Lena Munasifi, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para Distrito Este de Virginia, en la que se refiere el procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación, descarta la configuración de la prescripción; concreta los cargos formulados en contra de Luis Rogelio Lozano Correa; indica los elementos integrantes del delito y remite, para mayores detalles de los hechos, la declaración de apoyo del Agente Especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Carlos Fontánez.
De igual manera, se observa que en los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos, respecto de la acusación, se especifican los actos imputados y los lugares y épocas de su ocurrencia, con lo cual se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, como se explicará más adelante.
A su vez, dichos documentos están traducidos al castellano, certificados y autenticados de conformidad con la legislación propia del Estado requirente, al punto que se encuentran refrendados por Frances Chang, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia del mismo país, reconocido como tal por su Procurador Jefferson B. Sessions III.
Igualmente, se aportaron certificaciones sobre la referida documentación suscritas por Rex W. Tillerson, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y por Fernesia T. Crawford, Funcionario Auxiliar de Autenticaciones de la misma dependencia, cuya firma, a su turno, fue refrendada por el Cónsul de Colombia en Washington, D.C., Álvaro Echandia Durán, la cual está legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Por lo tanto, se cumplen a cabalidad los requisitos para su validez.
En ese orden, es claro para la Corporación que se encuentra acreditado lo establecido en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004.
2. Demostración plena de la identidad del solicitado.
Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual no implica conocer su verdadera identidad. Por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver.
Acorde con la normativa procesal aplicable y la jurisprudencia de la Corte, la acción de individualizar implica especificar a una persona a partir de sus rasgos, características y condiciones particulares, de tal forma que sea posible distinguirla de todas las demás.
En ese orden, la obligación legal impuesta por el legislador, de verificar la «plena identidad» del pedido en extradición, está encaminada a garantizar que no resulte vinculado como sujeto pasivo de la acción penal extranjera una persona distinta a la que desplegó la conducta punible.
En el caso examinado, confrontada la Nota Verbal 0142 del 26 de enero del año en curso, por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición, advierte la Sala que el requerido responde al nombre de Luis Rogelio Lozano Correa, nacido el 26 de diciembre de 1984 en Colombia, titular de la cédula de ciudadanía 80.251.546.
La fecha de nacimiento registrada en su cédula de ciudadanía coincide con los datos ofrecidos por el país requirente; y bajo la identidad advertida, el reclamado actuó y se notificó de las diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite, sin formular reparo alguno al respecto.
Sumado a lo anterior, un perito dactiloscopista cotejó las huellas del capturado con las que a nombre de Luis Rogelio Lozano Correa reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil y determinó que son uniprocedentes.
De lo anterior, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano pedido en extradición y la satisfacción de la exigencia analizada.
3. Principio de la doble incriminación.
Frente a este requisito, corresponde a la Corporación examinar si los comportamientos atribuidos al reclamado como ilícitos en los Estados Unidos tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delito; y, de ser así, si conllevan una pena mínima no inferior a cuatro años de privación de la libertad.
Para abordar el análisis de este aspecto debe partirse del cotejo de los cargos formulados en la acusación aportada por la autoridad extranjera con la normatividad interna colombiana, a efectos de establecer o descartar la equivalencia exigida por el artículo 502 de la Ley 906 de 2004.
En este sentido, la Sala encuentra que los hechos imputados en la acusación Nº 1:16-cr-256, dictada el 10 de noviembre de 2016, por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, contra el requerido, se concretan en el siguiente cargo:
CARGO UNO
(Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento, intención y teniendo causa razonable para creer que será importada ilegalmente a los Estados Unidos)
EL GRAN JURADO EXPIDE LA SIGUIENTE ACUSACIÓN:
1. El gran jurado alega nuevamente e incorpora como referencia a las Acusaciones Generales de esta Acusación Formal.
2. En febrero de 2016, o por lo menos alrededor de esa fecha, y continuando de ahí en adelante incluyendo la fecha de esta Acusación Formal, y sin que el Gran Jurado tenga conocimiento de las fechas exactas, dentro de la jurisdicción de un Estado o distrito particular, incluyendo en Colombia, Honduras y otros lugares, los acusados Carlos Mario Mejía López (también conocido como “Julián”), LUIS Rogelio Lozano Correa (también conocido como “El Negro y Nino”), ISMAEL Enrique Tuiran Miranda (también conocido como “Gordo”), Ludwick Mark STEPHEN Ibarra Franco (también conocido como “Stephen”), y JORGE Emiro Barbosa Álvarez (también conocido como “Juan”), todos los cuales serán llevados primero al Distrito Este de Virginia, se juntaron, conspiraron, combinaron, y acordaron ilegalmente, con conocimiento e intención, y en conjunto con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para distribuir, con conocimiento e intención, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con conocimiento, intención y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos. Todo esto en violación de las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
La conducta imputada en la acusación nº 1:16-cr-256, dictada el 10 de noviembre de 2016, por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, contra Luis Rogelio Lozano Correa, son descritas en el Código de los Estados Unidos de la siguiente manera:
Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 812
Categorías de sustancias controladas
(a) Establecimiento
Existen cinco categorías de sustancias controladas, conocidas como Categorías I, II, III, IV, y V. Dichas categorías consistirán en las sustancias listadas en esta sección […]
(c) Categorías iniciales de sustancias controladas
Categoría II
(a) A menos que se exceptúe específicamente o a menos que esté listada en otra categoría, cualquiera de las siguientes sustancias, producidas directa o indirectamente por extracción de sustancias de origen vegetal, o independientemente por métodos de síntesis química, o por una combinación de extracción y síntesis química[…]
(4) […] Cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales de isómeros…o cualquier compuesto, mezcla o preparación que contenga cualquier cantidad de cualquiera de las sustancias mencionadas en este párrafo.
Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853
Decomiso penal
(a) Propiedad sujeta a decomiso penal
Toda persona condenada por una violación de este subcapítulo o el subcapítulo II de este capítulo sancionable con prisión por más de un año cederá a favor de los Estados Unidos, independientemente de lo dispuesto por la ley estatal:
(1) Cualquier propiedad constituida o derivada de ingresos obtenidos directa o indirectamente, como resultado de tal violación; y […]
(2) cualquier propiedad de la persona utilizada, o que se haya intentado utilizar de cualquier manera, para cometer o facilitar la comisión de dicha violación; y […]
(b) Significado del término “propiedad”
Propiedad sujeta a decomiso penal bajo esta sección incluye-
1. Bienes inmuebles, incluyendo cosas que crecen en ella, fijadas a, o encontradas en la tierra; y
2. Bienes muebles tangibles e intangibles, incluyendo derechos, privilegios, intereses, reclamaciones y valores […]
I. Jurisdicción de diligenciamiento
El tribunal de distrito de los Estados Unidos tendrá jurisdicción de diligenciamiento de acuerdo a esta sección sin importar la ubicación de cualquier propiedad que pueda estar sujeta a decomiso bajo esta sección o cuyo decomiso ha sido ordenado bajo esta sección.
Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 959
Posesión, producción y distribución de Sustancia Controlada.
a. Producción o distribución con intención de importación ilegal.
Será ilegal para cualquier persona producir o distribuir una sustancia controlada de categoría I o II […] con intención, conocimiento o causa razonable para creer que dicha sustancia […] será importada ilegalmente a los Estados Unidos o dentro de las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos […]
(d) Actos cometidos fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos; Jurisdicción
Esta sección tiene como propósito abarcar actos de producción o distribución cometidos fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos. Cualquier persona que haya violado esta sección será procesada en el tribunal de distrito de los Estados Unidos al momento de su entrada a los Estados Unidos, o en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960
Actos Prohibidos A
a) Actos Ilicitos
Cualquier persona que—
(
3. contrario a la Sección 959 de este título, produzca, posea con intención de distribuir, o distribuya una sustancia controlada, será castigada de acuerdo a lo prescrito en la subsección (b) de esta sección.
(b) Sanciones
(1) En caso de una violación de la subsección (a) de esta sección que implique-[…]
(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de –[…]
(ii) cocaína, sus sales, isómeros geométricos u ópticos, y sales o isómeros; […]
la persona que cometa dicha violación será sentenciada a un periodo de cárcel de no menos 10 años y no más de cadena perpetua.
Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 963
Tentativa y Concierto para Delinquir
Cualquier persona que intente o conspire para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo quedará sujeta a las mismas sanciones prescritas para el delito, cuya comisión fue el objeto de la tentativa o de concierto para delinquir.
Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3282
Delitos no punibles con pena de muerte
(a) En general. A excepción de cuando lo establece específicamente la ley, ninguna persona será procesada, enjuiciada o castigada por un delito no punible con pena de muerte, a menos que se libre la Acusación Formal o se presente la querella dentro de un periodo de cinco años después de la comisión del delito.
Los anteriores cargos, que se resumen en la concertación de varias personas para cometer delitos (tráfico de narcóticos), tienen su correspondencia en el Código Penal Colombiano, específicamente en los artículos 340 (modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004, 19 de la Ley 1121 de 2006 y 5 de la Ley 1908 de 2018) y 376 (reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011), con la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del artículo 384 del Código Sustantivo, normas que establecen:
ARTÍCULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.
ARTICULO 376. TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 384. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
(…) 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.
Del mismo modo, tanto conspirar como concertar envuelven la idea de acordar voluntades para adelantar precisas actividades y obtener un fin, el cual sería, en este caso, el de cometer delitos relacionados con el tráfico de narcóticos.
Así las cosas, confrontados los supuestos referidos en la acusación y en las normas invocadas por la autoridad extranjera con las disposiciones internas de Colombia, se advierte que la conducta de asociarse para traficar estupefacientes, en la modalidad tentada o consumada, constituyen comportamientos proscritos y penalizados en los dos países, de manera que los cargos atribuidos por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, a Luis Rogelio Lozano Correa, corresponden a tipos penales nacionales que tienen prevista pena superior a los 4 años de prisión, razón por la cual se encuentra satisfecho el principio de la doble incriminación.
4. Equivalencia entre la providencia dictada en el extranjero y la acusación del sistema procesal colombiano.
Esta última exigencia se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal interno.
Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones, pues lo relevante es determinar si la decisión entregada da paso al juicio. Además, se debe constatar si brinda un relato sucinto del comportamiento imputado, con especificación de las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente, si expresa con claridad la calificación jurídica señalando los preceptos aplicables.
Así las cosas, se tiene que la acusación Nº 1:16-cr-256 dictada el 10 de noviembre de 2016, por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, contra el ciudadano colombiano requerido en extradición, al igual que ocurre con la decisión de la misma índole en el ordenamiento colombiano, -tanto la reglada en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000, como el escrito de acusación del artículo 337 de la Ley 906 de 2004- marca el comienzo del juicio, etapa en la cual el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos a él atribuidos.
Además, la petición del gobierno de los Estados Unidos contiene la información relativa a los lugares y épocas de ocurrencia de los hechos, así como las circunstancias bajo las cuales actuaba Luis Rogelio Lozano Correa y las disposiciones violadas con los actos allí definidos.
En el anterior contexto, es indiscutible la equivalencia existente entre la acusación dictada en el país extranjero y la pieza procesal contemplada en los artículos 376 de la Ley 906 de 2004.
5. El concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Luis Rogelio Lozano Correa, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos contenidos en la acusación Nº 1:16-cr-256, dictada el 10 de noviembre de 2016 por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega a que el reclamado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sea sometido a sanciones distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.
También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, que proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en la imputación que motiva la extradición.
De otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que la requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.
Adicionalmente, corresponde al Gobierno Nacional exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por Luis Rogelio Lozano Correa, con ocasión de este trámite.
De otra parte, la Sala recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 189 de la Carta Magna, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.
Comuníquese por Secretaría de la Sala este concepto al requerido Luis Rogelio lozano Correa, a su defensa, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y de Derecho para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folio 8 de la carpeta anexa.
2 Fl. 20 ibídem.
3 Fl. 102 ibídem.
4 Fl. 95-100 ibídem.
5 Fl. 113 ibídem.
6 Fl. 86-93 ibídem.
7 Fl. 122-130 ibídem.
8 Fl. 134 ibídem.
9 Sentencias del 12 de diciembre de 1986 y 25 de junio de 1987, respectivamente.
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