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PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada Ponente
AP4481-2018
Radicación N.º 53927
Acta 358
Bogotá D. C., diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre el impedimento manifestado por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, dentro del proceso penal que cursa contra JONATHAN TRIANA PRIETO por la posible comisión del delito de homicidio culposo agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
HECHOS
Según la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio:
El 29 de noviembre de 2008, alrededor de las 5:50 a. m., a la altura del kilómetro 15+37 metros, sobre la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Acacías (Meta), colisionaron el camión, marca Chevrolet, de estacas, de servicio público, de placas WNE 840, conducido por el procesado JONATHAN TRIANA PRIETO, con la motocicleta marca Auteco Bajaj, de servicio particular, dirigida por Ferney Eduardo Casallas Agudelo y en la que se desplazaba como pasajera la ciudadana Ana Milena Barragán Ríos. El conductor de la moto falleció instantáneamente, mientras que la mujer, perdió la vida en la Clínica Meta, a donde fue trasladada por personas distintas al conductor del camión, quien se dio a la huida del lugar del Accidente para ser capturado horas después en el Municipio de San Martín Meta.
ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES
1. El 25 de abril de 2012 se llevó a cabo diligencia de formulación de imputación contra TRIANA PRIETO por el referido injusto, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Villavicencio.
La fase de juicio correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad. Ante ese despacho se desarrollaron las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y de juicio oral. Agotado el rito correspondiente, dictó sentencia, el 5 de julio de 2017, en la que condenó al procesado como responsable del delito de homicidio culposo agravado en concurso homogéneo y sucesivo, a las penas de 47 meses de prisión y multa de 46 salarios. Además, le impuso la privación del derecho a conducir vehículos por 48 meses.
La decisión de primer grado fue apelada por el defensor de JONATHAN TRIANA PRIETO y se remitió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio para desatar el recurso vertical.
2. El asunto correspondió por reparto en esa Corporación al magistrado Alcibíades Vargas Bautista. En auto del 18 de septiembre del año que avanza, ese funcionario manifestó impedimento para conocer de la actuación. Lo fundó en la causal prevista en el numeral 3º, art. 56 de la Ley 906 de 20041.
Explicó brevemente, en sustento de la circunstancia impeditiva, que su hermana, Consuelo Vargas Bautista, «fungió como defensora del procesado JHONATAN TRIANA PRIETO»2.
Pidió, por consiguiente, que se le apartara del conocimiento del asunto.
3. En auto del 26 de septiembre siguiente, los demás integrantes de la Sala de Decisión declararon infundado el impedimento. Explicaron que la referida profesional del derecho no ostenta, en la actualidad, la representación judicial del procesado, pues «cumplió tal cometido hasta antes de que se realizara la audiencia de formulación de acusación».
Agregaron que a partir de esa diligencia y para los actos subsiguientes, es otro el defensor de TRIANA PRIETO, quien además formuló el recurso de apelación contra la sentencia de primer nivel, sin que alegara en su memorial algún reparo a la labor que llevó a cabo la anterior apoderada, lo que no permite visualizar comprometido el deber de imparcialidad del magistrado.
Dispusieron, en consecuencia, la remisión del expediente a la Sala de Casación Penal, para que se resuelva de plano la cuestión.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 58A de la Ley 906 de 20043, a la Sala le asiste atribución para pronunciarse en relación con el impedimento propuesto, pues se trata de la manifestación que hace un integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.
2. El instituto de los impedimentos fue consagrado por el legislador con el fin de garantizar el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Se busca con él, que el funcionario judicial actúe con rectitud, ecuanimidad, independencia e imparcialidad en la actuación sometida a su conocimiento. Tales prerrogativas, naturalmente, resultan inherentes al debido proceso.
También se ha expuesto que la finalidad de ese instituto «es garantizar que el funcionario judicial no se encuentre afectado por factores externos que puedan viciar su parcialidad al momento de resolver determinado asunto, y en caso que ello se presentara, le corresponde apartarse cuando alguna de las causales taxativamente señaladas se acredite» (CSJ AP3699 – 2016).
3. El magistrado Alcibíades Vargas Bautista manifestó su impedimento para conocer de la actuación, con base en la causal prevista en el numeral 3º de la Ley 906 de 2004, que se configura cuando «… el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero o compañera permanente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del apoderado o defensor de alguna de las partes».
Afirma el funcionario, que la causal invocada se materializa, porque su hermana, Consuelo Vargas Bautista, intervino en la actuación como defensora de JONATHAN TRIANA PRIETO.
Sin embargo, para los demás integrantes del Tribunal Superior de Villavicencio la referida circunstancia no constituye impedimento, porque quien representa los intereses de TRIANA PRIETO desde la audiencia de formulación de acusación y hasta la fecha, es el abogado Fernando Montaño Nova.
Pues bien, es cierto que la abogada Consuelo Vargas Bautista representó judicialmente a JONATHAN TRIANA PRIETO y fue reemplazada por el profesional del derecho Fernando Montaño Moya, a quien el despacho de conocimiento le reconoció personería para que interviniera a partir de la instalación de la diligencia de formulación de acusación4.
No obstante, en criterio del integrante del Tribunal Superior de Villavicencio, la participación de su hermana en el trámite, muestra la existencia de una circunstancia actual, cierta y concreta, que podría, potencialmente, comprometer su imparcialidad y ecuanimidad para conocer del recurso de apelación propuesto contra la decisión condenatoria.
Razón le asiste al funcionario en la manifestación que formula. No es posible calificar, al menos jurídicamente, los sentimientos que podría profesar por su consanguínea en tanto dicha situación solo se conoce y trasciende el ámbito subjetivo, cuando el juzgador, a través de su afirmación, la pone de presente.
Así pues, la exteriorización que ahora se hace de esa situación, puede minar la imparcialidad del servidor judicial que, además de resolver el recurso de apelación, ha de verificar, de ser el caso, la labor que desarrolló su hermana al interior del proceso. Naturalmente, ante esa circunstancia, es imperioso evitar cualquier tergiversación que ponga en tela de juicio la transparencia de la justicia o la honorabilidad del funcionario.
Por esa razón, en esta oportunidad, lo más sensato es apartar del asunto al Magistrado, para que las partes y la comunidad tengan plena seguridad de la imparcialidad que debe gobernar el caso.
En esas condiciones, se impone declarar fundado el impedimento formulado por el magistrado Alcibíades Vargas Bautista y en consecuencia, apartarlo del conocimiento del proceso.
4. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
1. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado Alcibíades Vargas Bautista, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto, por las razones expuestas en la parte motiva.
2. DEVOLVER inmediatamente las diligencias al Tribunal de origen.
3. Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Comuníquese y Cúmplase,
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero o compañera permanente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del apoderado o defensor de alguna de las partes.
2 Folio 27 del cuaderno del Tribunal.
3 ARTÍCULO 58A. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. Del impedimento manifestado por un magistrado conocen los demás que conforman la sala respectiva, quienes se pronunciarán en un término improrrogable de tres días. Aceptado el impedimento del magistrado, se complementará la Sala con quien le siga en turno y si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se aceptare el impedimento, tratándose de Magistrado de Tribunal Superior, la actuación pasará a la Corte Suprema de Justicia para que dirima de plano la cuestión.
4 Folio 100 del C. O. 1.