Asistente Jurídico Inteligente
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PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada ponente
SP-13448-2016
Radicación n° 48262
(Aprobado Acta No. 298)
Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
ASUNTO
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2015 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, mediante la cual absolvió a la acusada LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, por los delitos de Peculado por apropiación y Prevaricato por omisión, en concurso de conductas punibles.
HECHOS
De acuerdo a los términos de la acusación, en un procedimiento de registro y allanamiento llevado a cabo el 2 de diciembre de 2006 por funcionarios de la policía judicial de la SIJIN de Urabá, en una vivienda ubicada en la calle 103, 114A-46, barrio Laureles de Apartadó – Antioquia, fue incautada una sustancia vegetal, correspondiente a marihuana en peso bruto de 950 gramos, una fotocopia de cédula de ciudadanía, un carné, y dinero en cuantía de ochocientos mil pesos ($800.000.oo) en las siguientes denominaciones: diez billetes de cincuenta mil pesos y quince billetes de veinte mil pesos, los cuales, de acuerdo al acusador, fueron debidamente relacionados con sus series individuales y embalados, rotulados y sometidos a cadena de custodia.
La investigación relativa a aquellos hechos, radicada con el número 9207, fue asignada a la Fiscal 124 Seccional de Apartadó, LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, quien dispuso la apertura de una investigación previa el 4 de diciembre de 2006.
El 8 de junio de 2007, con ocasión del traslado de la Fiscal RESTREPO BERNAL, se realizó inventario del Despacho, relacionándose la suma de ochocientos mil pesos dentro de la citada investigación 9207, pero en denominaciones y seriales distintos a los enlistados en el informe de policía mediante el cual se dejó el dinero incautado a disposición de la Fiscalía. En esta ocasión se entregó la suma aludida en quince billetes de cincuenta mil pesos, dos billetes de veinte mil pesos y uno de diez mil pesos.
En vista de lo anterior, el Director Seccional de Fiscalías de Antioquia, Carlos Mario Escobar Álvarez, mediante oficio 002831 del 20 de junio de 2007, solicitó el inicio de la investigación penal por las irregularidades detectadas al momento de la entrega del Despacho.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
Con fundamento en los anteriores hechos, el 4 de julio de 2007, el Fiscal Quinto de la Unidad Delegada ante el Tribunal de Antioquia, ordenó la práctica de una investigación previa (fls. 44 y s.).
El 18 de febrero de 2010, el Fiscal 52 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, a quien había sido reasignada la investigación, dispuso la apertura de la instrucción y la vinculación mediante indagatoria de LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, diligencia que se realizó el 21 de julio de 2010 (fls. 286 y ss., cuaderno 1), con posterior ampliación el 22 de noviembre de 2010 (fls. 35 y ss., cuaderno 2).
El 31 de enero de 2011, tras considerar que no era necesario resolver la situación jurídica provisional de la procesada, la Fiscalía 13 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá declaró clausurada la investigación (fls. 43 y s., cuaderno 2).
Mediante proveído del 21 de junio de 2011 se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, como presunta responsable de los delitos de Peculado por apropiación y Prevaricato por omisión, en concurso de conductas punibles (fls. 129 y ss., cuaderno 2).
Ejecutoriada la resolución de acusación, el proceso le fue repartido, para adelantar la fase del juicio, a la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Antioquia, ante la cual se adelantó la audiencia preparatoria el día 21 de septiembre de 2012 y en cuyo curso se decretó la nulidad de lo actuado a partir de la resolución mediante la cual se ordenó el cierre de la investigación, inclusive (fls. 249 y ss., c. 2), decisión que fue revocada por esta Sala de Casación Penal el 22 de enero de 2014, ante el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Fiscalía.
Luego de celebrada la audiencia pública de juzgamiento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia emitió sentencia absolutoria en favor de LUZ MARINA RESTREPO BERNAL.
La mencionada providencia fue apelada por la representante de la Fiscalía.
LA DECISIÓN IMPUGNADA
Tras rememorar los hechos precedentes, relacionar los medios de conocimiento aducidos al proceso y destacar lo argumentado por las partes en los alegatos de clausura, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia abordó el estudio de los delitos objeto de la acusación y de las pruebas allegadas durante el debate oral, así:
1. Sobre la acusación por el delito de Peculado por apropiación
Encontró demostrado el a quo que la procesada LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, ofició como Fiscal 124 Seccional del Municipio de Apartadó (Antioquia), y en esa calidad tuvo bajo su conocimiento la investigación radicada bajo el número 9207, dentro de la cual se allegó, como elemento de prueba, dinero en cuantía de ochocientos mil pesos en efectivo, el cual había sido incautado en un procedimiento de registro y allanamiento realizado el 2 de diciembre de 2006, en una residencia de esa población.
Así mismo, agregó que aunque se allegó el informe de policía en el que se dio cuenta del procedimiento y del dinero incautado, consignándose las denominaciones de los billetes dejados a disposición, no se demostró que se diera inicio a la cadena de custodia, no obstante que en dicho informe se aludió a que los elementos fueron recogidos, embalados y rotulados y sometidos a su registro de continuidad.
Al respecto, destaca el fallador de primera instancia que de acuerdo con los testimonios de Nelly Carrascal Reyes, asistente de la Fiscal procesada, y de Clara Inés Salgado Alzate, para entonces coordinadora de la Unidad Seccional de Fiscalía de Apartadó, el dinero fue entregado en un sobre y de la misma manera fue guardado en los cajones de la oficina de la fiscal, sin que tampoco se acreditara en la actuación procesal algún documento que indicara la sujeción al protocolo de la cadena de custodia.
Al respecto, refiere el fallador, sólo se acreditó de manera documental el rótulo de cadena de custodia en relación con un carné que igual había sido incautado durante el procedimiento; además, anota, revisadas las fotocopias de los billetes incorporadas a la actuación, ninguna de sus series corresponde a las relacionadas en el informe policial.
En el mismo sentido, se aduce en el fallo que la procesada fue reemplazada en varias oportunidades en las que estuvo incapacitada, y quienes ocuparon el cargo en provisionalidad tuvieron acceso al dinero guardado en los cajones de su escritorio. Entre ellos, Darío Franco Arcila refirió que observó en un sobre común, sin rótulo de cadena de custodia, el referido dinero.
Con lo anterior, concluyó el Tribunal que el dinero desde su incautación pasó por manos de investigadores y funcionarios de la Fiscalía, siendo depositado en un cajón de un escritorio del despacho sin ningún resguardo y al que tuvieron acceso muchas personas, por lo que cualquiera de ellas estuvo ante la posibilidad de apropiarse del mismo y luego devolverlo en denominaciones distintas. Por ello, no existe certeza que haya sido la procesada RESTREPO BERNAL quien se apropió del dinero que se encontraba bajo su custodia.
1. Sobre la acusación por el delito de Peculado culposo
Se plantea en la decisión recurrida que la Fiscalía abandonó su pretensión inicial que se fundaba en una actuación dolosa por parte de la funcionaria, para adentrarse en la falta de diligencia que tuvo con el dinero que se encontraba bajo su responsabilidad, permitiendo de manera imprudente su sustracción, introduciendo hechos y circunstancias nuevas para demandar su condena por un delito de Peculado culposo.
Sin embargo, en lugar de hacer uso del procedimiento previsto en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, la representante de la Fiscalía sólo se refirió al cambio de calificación jurídica en su alegato de conclusión, sorprendiendo a la defensa.
De esa manera, se precisó, se introdujeron por el acusador nuevos elementos a la imputación fáctica consignada en la resolución de acusación, con lo que se afectó gravemente la estructura del proceso, en relación con el quebrantamiento del principio de congruencia.
Por último, acota el juez colegiado que desde el punto de vista de la tipicidad, no se configuró la conducta prevista en el artículo 400 del Código Penal, en tanto el dinero objeto de incautación, como bien fungible, nunca se extravió, perdió o dañó de manera definitiva.
1. Sobre la acusación por el delito de Prevaricato por omisión
El Tribunal concluye que tratándose el Prevaricato por omisión de un tipo penal esencialmente doloso, la acción omisiva que por imprudencia se le reprocha a la acusada de no consignar los dineros allegados al proceso como elemento del delito, no estructura la conducta prevista en el artículo 414 del Código Penal.
Pero además, se trata de un tipo penal en blanco que requiere de la determinación de una norma extrapenal que asigne al sujeto activo una función omitida, rehusada, retardada o denegada, lo que en este caso no se estableció, porque el acusador, en lugar de definir con exactitud la disposición que de manera taxativa obligaba a la acusada a realizar la consignación del dinero incautado puesto a su disposición, hizo referencia a una serie de normas generales relacionadas con la conservación de los enseres del despacho a su cargo.
De manera que, expresa el a quo, la conducta de la acusada se torna atípica porque la Fiscalía no demostró que tuviera una obligación legal, determinada en una norma, de consignar los dineros dejados a su disposición; como tampoco se acreditó el aspecto subjetivo del delito, relacionado con el dolo en su proceder.
SUSTENTACIÓN DEL RECURSO
La Delegada de la Fiscalía impugnó el fallo de primer grado para solicitar su revocatoria y, en consecuencia, que se condene a LUZ MARINA RESTREPO BERNAL.
En la presentación de sus reparos contra la providencia atacada, destaca inicialmente, en relación con el delito de Peculado por apropiación, que el Tribunal hizo un análisis sesgado de la prueba, desconociendo el valor demostrativo de los testimonios allegados y de la indagatoria de la misma procesada.
En este sentido, afirma, la decisión pierde unidad conceptual cuando se fundamenta en los problemas de cadena de custodia sobre el dinero dejado a disposición, desconociéndose que la investigación adelantada como fiscal por la procesada se rigió por la Ley 600 de 2000, por lo que el análisis probatorio debió llevarse a cabo sobre el informe de policía en el cual se relacionaron los valores y denominaciones del dinero en cuestión. Afirma que del hecho de no haberse probado en el proceso la existencia de la cadena de custodia, no puede concluirse su inexistencia.
A reglón seguido critica la actuación desplegada por la acusada dentro del proceso penal, aduciendo que se limitó a decretar la apertura de la investigación previa, sin que ordenara la prueba de identificación preliminar sobre la droga, como tampoco se conoce documentalmente lo relacionado con la suerte de los dineros dejados a disposición, omisiones deliberadas que tenían como propósito el apoderamiento del dinero.
Sin embargo, enfatiza la apelante, que si para los otros elementos incautados sí aparece el rótulo de cadena de custodia, es apenas lógico que ese procedimiento también se debió haber llevado a cabo en relación con el dinero. De allí que en la sentencia se incurrió en un error de valoración de la prueba que hace irracionales sus conclusiones, al desconocerse los testimonios de Nelly Carrascal y Clara Inés Salgado Alzate.
La recurrente se extiende en explicar que para un asunto gobernado por el trámite procesal de la Ley 600 de 2000, no se encontraba reglado de manera completa el tema de la cadena de custodia, por lo que de acuerdo a las reglas de la experiencia las evidencias eran recibidas en los despachos de los fiscales en sobres sellados y rotulados con el número del proceso, quedando bajo custodia del funcionario. Por ello, la absolución no podía fundarse en criterios de autenticidad o en ausencia de cadena de custodia.
En relación con el delito de Peculado culposo, advierte la recurrente que se trató de una solicitud subsidiaria de condena, condicionada a que fuere acogida la tesis de la defensa en el sentido de la ausencia de responsabilidad de la acusada en el delito de Peculado por apropiación.
Asegura que la mutación de un tipo penal doloso a uno culposo, como ocurre en este caso, no constituye modificación alguna en el aspecto fáctico de la acusación; censurando, además, que el Tribunal haya afirmado que el delito de Peculado culposo no podría estructurarse porque el dinero nunca se extravió, perdió o dañó, cuando en otras líneas reconoció la apropiación del dinero, por lo que la sentencia ofrece una motivación contradictoria.
En lo que respecta al delito de Prevaricato por omisión, precisa la recurrente que la conducta de la procesada se tipificó en tanto sobre ella recaía la obligación jurídica de consignar los dineros que le fueron dejados a disposición, procediendo a transcribir, en extenso, los alegatos de conclusión ofrecidos en relación con este tema, sobre los que, según sostiene, el juzgador no dio respuesta alguna porque se limitó a sostener que el hecho no existió, el dinero no se extravió y que, en consecuencia, no se produjo la omisión jurídica.
Destaca que la procesada omitió la obligación legal de consignar los dineros que le fueron dejados a disposición, con lo que vulneró los fines de la administración de justicia, relativos a la honestidad, transparencia y cuidado de los bienes confiados a sus servidores, lo que representó una lesión al patrimonio económico de la administración, en tanto «no permitió el ingreso a las cuentas del Estado de esos dineros para los fines legales pertinentes».
Solicita en consecuencia con lo anterior, revocar la sentencia impugnada, y emitir fallo condenatorio en contra de LUZ MARINA RESTREPO BERNAL.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 75, numeral 3, de la Ley 600 de 2000, la Sala es competente para resolver el recurso de apelación, por cuanto versa sobre una sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 204 del estatuto procesal penal en mención, la labor de la Sala se concretará a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, estudio que puede extenderse a los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura, según lo autoriza la norma aludida.
Así, respetando el orden planteado en la sentencia impugnada y sobre cuyos aspectos versó el recurso de apelación interpuesto por la representante de la Fiscalía, la Sala abordará los temas propuestos en relación con cada una de las conductas punibles sobre las que el Tribunal dispuso la absolución de la acusada.
1. El delito de Peculado por apropiación
Se recordará que el hecho imputado por la Fiscalía tiene que ver con el dinero que en cuantía de ochocientos mil pesos había sido incautado por miembros de la SIJIN de la Policía Nacional, en una residencia de la zona urbana del municipio de Apartadó (Antioquia), en procedimiento adelantado el 2 de diciembre de 2006.
Dicho dinero que finalmente fue dejado a disposición de la entonces Fiscal 124 Seccional de esa localidad, LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, dentro de la investigación previa 9207, nunca fue consignado en las cuentas de depósitos judiciales y cuando fue entregado a quien le recibió el cargo a la referida funcionaria cuando hizo dejación del mismo, se encontró que las denominaciones y series de los billetes no correspondían con las que inicialmente fueron relacionadas por los policiales que llevaron a cabo el operativo.
Se dedujo, entonces, por parte de los representantes del ente acusador, que de manera temporal la acusada RESTREPO BERNAL se había apropiado y hecho uso personal de ese dinero, con lo cual se le presentaron cargos como presunta autora de un delito de Prevaricato por apropiación.
Sin embargo, una vez agotado el trámite de su juzgamiento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia emitió sentencia absolutoria, estimando que el acusador no logró demostrar con grado de certeza que en efecto había sido la acusada quien dispuso de manera ilícita de esos dineros.
La representante de la Fiscalía, por su parte, alega que el juez colegiado no atendió el contenido de la prueba recibida en su conjunto, fundamentando su decisión en el sólo hecho de no haberse probado durante el proceso que el dinero en cuestión haya sido sometido a los procedimientos de cadena de custodia.
La recurrente en notable desconocimiento del principio de corrección material, conforme al cual las razones, fundamentos y contenido de su ataque deben corresponder en un todo con la realidad procesal, conduce su alegación al tema de la cadena de custodia, como si el sustento de la decisión del a quo se asentara de manera exclusiva en la idea de que por no haberse atendido sus protocolos, no fue posible la demostración de la existencia de la conducta punible y de la responsabilidad penal de la procesada.
De esa manera, pareciera que la representante de la Fiscalía dirigiera sus cuestionamientos a la investigación 9207, adelantada por la Fiscalía Seccional de Apartadó y no, como debió haber sido, al presente proceso en el que se vino reprochando penalmente la actuación de la funcionaria en el manejo de los dineros que hacían parte como elementos probatorios de aquella investigación previa.
En esa dirección, advierte la Sala que cuando el Tribunal se refirió, entre otras razones probatorias, a los protocolos de cadena de custodia, argumentó que su inexistencia hacía más improbable la concreción del funcionario que pudo haber sustraído los dineros que hacían parte de la mencionada investigación, porque no existía, entre otras cosas, el registro de la continuidad de los traspasos de los elementos, con lo que era imperceptible la determinación de en qué momento y bajo custodia de quién pudo llevarse a cabo esa actuación lesiva del bien jurídico de la Administración Pública.
En consecuencia, el problema jurídico que sobre esta materia fue planteado en el fallo recurrido, tiene que ver con la determinación de si existía o no la prueba que indicara que fue la acusada RESTREPO BERNAL, quien sustrajo los dineros que estaban bajo su custodia.
En esta perspectiva, es verdad que la prueba aducida indica que la acusada no fue la única persona que tuvo contacto directo con el dinero dejado a disposición como elemento del delito dentro de la investigación previa 9207. También resulta incuestionable que el dinero no fue objeto de las mínimas medidas de custodia y, guardado en un mueble de dotación del despacho, estuvo expuesto en todo momento a las personas que laboraban en ese lugar y a aquellas que de manera interina ocuparon el cargo de Fiscal 124 Seccional ante las múltiples ausencias de la titular. Pero aún más, se encuentra en entredicho que en verdad haya existido la indebida apropiación de los citados dineros.
Al respecto, resulta de interés retomar la prueba aducida, en lo que tiene que ver con la secuencia del dinero desde su incautación hasta el momento en que fue objeto de entrega por parte de la funcionaria procesada.
En primer lugar, el Fiscal Eligio Tuñón Anaya, quien tuvo a cargo el procedimiento de registro y allanamiento el 2 de diciembre de 2006, así como los funcionarios de Policía Judicial que participaron en el operativo, Jesús Guillermo Figueroa Juvinao, Rubén José Prieto Briñez, Ricardo Elías Correa Hernández y Ángel Córdoba Díaz Castro, sostuvieron en sus declaraciones que el dinero incautado en suma de ochocientos mil pesos ($800.000.oo) fue embalado y rotulado y sometido a cadena de custodia, y, para efectos de su identificación, se fotocopiaron los billetes y se relacionaron sus seriales y denominaciones en el informe presentado ante la Fiscalía (fls. 78 y ss., cuaderno 1). Además, el patrullero Ríos Garcés declaró que el dinero fue contado y la numeración serial de los billetes fue constatada en presencia del funcionario de la Fiscalía que los recibió (fls. 81, cuaderno 1).
Sin embargo, habiéndose llevado a cabo inspección al expediente con radicado 9207, del que se incorporaron copias de sus folios a la actuación procesal, pudieron verificarse los siguientes hechos: i) En el informe de policía 1343 del 2 de diciembre de 2006, se dio cuenta de los resultados de la diligencia de registro y allanamiento, entre ellos, el hallazgo de una fotocopia de cédula de ciudadanía, un carné de beneficiario del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, marihuana en peso bruto de 950 gramos y la suma de ochocientos mil pesos en efectivo; ii) el dinero es relacionado en el informe por las series y denominaciones de los billetes; iii) aparece, en los siguientes folios, el rótulo de elemento material de prueba, así como el registro de cadena de custodia y el registro de continuidad de los elementos materiales de prueba, exclusivamente en relación con el citado carné de beneficiario del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (cfr. fls. 136 y ss.).
Contrario a lo manifestado por los policías, en ninguna parte del expediente examinado se encontraron documentos relacionados con la cadena de custodia del dinero incautado. No aparecen incorporadas las fotocopias de los billetes, los que, según los uniformados, fueron allegados con el informe de policía. Tampoco se observó constancia alguna que acreditara que la numeración de los billetes fue verificada en presencia de los empleados o funcionarios de la Fiscalía de Apartadó.
Debe resaltarse, que la asistente de la Fiscalía 124 Seccional, Nelly de Jesús Carrascal Reyes, quien inicialmente recibió las diligencias, sostuvo en sus diferentes salidas procesales que el dinero le fue entregado en un sobre sellado, sin que verificara su contenido, por lo que no puede afirmar que los billetes reseñados por sus series en el informe de policía, correspondía exactamente a lo que ella recibió y entregó a la titular del despacho (fls. 157, cuaderno 1; declaración en la audiencia de juzgamiento, audio CD2, minuto 00:43:00).
Dicho dato se torna relevante en la medida en que más allá de la relación de las series y denominaciones de los billetes, consignada en el informe de policía, esa información nunca fue verificada en la Unidad de Fiscalías de Apartadó al momento de su recepción, por lo que de antemano puede afirmarse que no existe evidencia alguna que respalde la idea que los billetes entregados al hacer dejación del cargo por parte de la acusada RESTREPO BERNAL, eran distintos a los que habían ingresado como elementos de la investigación penal a la que accedieron.
Adicionalmente, manifestó la empleada Nelly de Jesús Carrascal Reyes, que enseñó el informe y el sobre a la Fiscal RESTREPO BERNAL, titular del despacho, quien le ordenó que lo guardara, por lo que procedió a depositarlo en los cajones de un archivador, sin llaves, donde mantenían los elementos de delito. También dijo que a los pocos días debió ausentarse para un curso de capacitación, y como quiera que en esos momentos no se encontraba la Fiscal Seccional 124, hizo entrega a la Coordinadora de la Unidad, Clara Inés Salgado Alzate, del sobre que supuestamente contenía el dinero dejado a disposición (fls. 155 y ss., cuaderno 1).
Por su parte, Clara Inés Salgado Alzate, confirmó que recibió el sobre en cuestión, el cual se encontraba «totalmente sellado y con rótulo», y de esa misma manera se lo entregó a la Fiscal RESTREPO BERNAL, cuando esta regresó a su despacho, aclarando la declarante que «como era en un proceso de la ley 600 de 2000, no tenía el registro de continuidad de cadena de custodia» (fls. 23 y ss., cuaderno 2).
En su indagatoria, la procesada aduce que la Coordinadora de la Unidad, Clara Inés Salgado Alzate, le hizo entrega del dinero en un sobre de manila, amarrado con cauchos, por lo que, afirma, no es cierto que se encontrara en un contenedor sellado y rotulado (fls. 40, cuaderno 2).
Aparte de la controversia que pudiera suscitarse en torno a la manera como se encontraba embalado el dinero y a la equivocada percepción que tenían los funcionarios sobre la regulación de la cadena de custodia en la Ley 600 de 2000 (artículos 288 y ss.), parece evidente que no hubo sobre dicho elemento un resguardo que asegurara el control de su almacenamiento.
El dinero fue entregado al despacho de la Fiscalía 124 de Apartadó y nada se hizo allí por garantizar su custodia. Todo lo contrario, en clara muestra del actuar negligente de la titular del despacho, el dinero fue depositado en el cajón de un mueble de la oficina, al que tenían acceso personas distintas a la misma Fiscal, y en el que permaneció durante varios meses, incluso al alcance de los fiscales que de manera interina, en varias ocasiones, reemplazaron a la titular.
En este sentido, Darío Franco Arcila, declaró en la vista pública que en el mes de mayo de 2007 reemplazó por 20 días a la Fiscal RESTREPO BERNAL, pudiendo constatar que en su escritorio permaneció un sobre abierto con un dinero en efectivo, que, según se le dijo, eran los ochocientos mil pesos. Sostuvo que el dinero se encontraba en el cajón del escritorio, sin ninguna seguridad, por lo que no solamente él sino que cualquier funcionario del despacho tenía acceso a dichos instrumentos (declaración en la audiencia de juzgamiento, audio CD3, minuto 01:50:00).
Finalmente, llegado el momento de hacer entrega de la Fiscalía 124 Seccional de Apartadó, por traslado de su titular, el 8 de junio de 2007 se realizó inventario del Despacho, en cuyo trámite se encontraron varias irregularidades, entre ellas la referida al dinero relacionado como elemento del delito dentro de la investigación previa 9207, cuyas denominaciones y seriales no correspondían a las relacionadas en el informe de policía del 2 de diciembre de 2006.
Es preciso acotar que en el acta de inventario se dejó constancia por el Fiscal que recibió, Pedro Francisco Duarte Rincón, que al lugar donde se guardaba el dinero se tenía libre acceso, puesto que la llave permanecía dentro del mismo escritorio (fls. 94 y ss., cuaderno 1).
La acusación presentada por la Fiscalía en contra de la funcionaria procesada, se hizo consistir fácticamente en que ella, en su calidad de servidora pública, se apropió en su provecho personal, de los dineros que le había sido entregados como parte de la citada investigación previa 9207, por lo que la prueba conducente a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad de la acusada, en los términos del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, debió enmarcarse en la acreditación de cada uno de esos extremos de hecho que configurarían la estructura punible del artículo 397 del Código Penal.
Ese propósito no fue alcanzado, si para ello se repara en que de acuerdo con la prueba aducida, se hace forzoso concluir, en primer lugar, que no se demostró fehacientemente que los billetes que fueron dejados a disposición de la Fiscal RESTREPO BERNAL, fueron en realidad distintos a los que entregó al momento de la dejación del cargo. La falta de verificación del dinero al momento de ser recibidos en el despacho, impide reconocer que los relacionados en el informe fueron los mismos billetes entregados por los miembros de la policía judicial.
En segundo lugar, definido que no fue empleado ningún protocolo relacionado con la cadena de custodia sobre ese dinero y que, además, no se implementó ninguna medida de seguridad que garantizara su resguardo, el dinero estuvo siempre expuesto potencialmente a ser apropiado no solamente por la acusada sino también por los demás servidores públicos que tenían acceso a los muebles de dotación de la oficina, incluidos los funcionarios que interinamente ocuparon el cargo de Fiscal durante el tiempo que los elementos estuvieron almacenados en ese lugar.
En síntesis, tal y como lo resolvió el juez a quo, en este caso no es posible tener por satisfechos los requisitos reclamados por la norma procesal atrás citada para proferir condena, porque se echa de menos la demostración cierta sobre la misma materialidad del delito y sobre el eventual autor de esa conducta lesiva.
La conclusión no puede ser otra que no se dio por acreditado que la acusada LUZ MARINA BERNAL RESTREPO se apoderó, así sea para luego restituirlo, del dinero que le fue confiado en su condición de Fiscal 124 Seccional de Apartadó para el momento de los hechos, dentro de la investigación preliminar que fue iniciada en el Despacho del que era su titular.
Su presunción de inocencia, como principio con rango de derecho fundamental (artículo 7º de la Ley 600 de 2000 y artículo 29-4 de la Constitución Política), no fue desvirtuada, con el grado de certeza, basada en el material probatorio que establezca como demostrados los elementos del delito y la responsabilidad en la realización del mismo por la acusada, por lo que ante la duda, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en su favor.
1. El delito de Peculado culposo
En sus alegatos de conclusión, de manera subsidiaria, como si advirtiera la ausencia de fundamentos probatorios de su pretensión de condena por el delito de Peculado por apropiación, la apelante reclamó la emisión de sentencia condenatoria por el delito de Peculado culposo, bajo el entendido que por su falta de diligencia y cuidado, la servidora pública RESTREPO BERNAL propició que fueran sustraídos los bienes que tenía bajo su custodia.
Para ese efecto, la acusadora despliega argumentos que se dirigen a tratar de convencer que la funcionaria se encontraba en una posición de garantía frente a los dineros que recibía como elementos materiales de los procesos penales a su cargo, haciéndose notoria su imprudencia cuando en lugar de ordenar la inmediata constitución de un título judicial para asegurar el resguardo del dinero dejado a disposición, lo dejó a merced de quienes finalmente dispusieron del mismo.
Además, confrontando la decisión absolutoria que sobre dicha conducta emitió el Tribunal, asegura en su escrito de sustentación del recurso que con el cambio de la calificación jurídica de la conducta no se quebrantó el principio de congruencia porque no se presenta una modificación relativa al aspecto fáctico de la acusación.
La argumentación de la recurrente adolece de graves defectos, relacionados, de una parte, con la tipicidad de la conducta y, de otra, con la inapropiada variación de la calificación jurídica por parte de la acusadora, que tornan improcedente su petición de condena por el delito de Peculado culposo.
En primer lugar, el planteamiento sobre la existencia de una actuación desplegada en el campo del delito culposo por parte de la procesada RESTREPO BERNAL, no se satisface con la simple condición de haber creado un riesgo jurídicamente desaprobado para los bienes jurídicos puestos en juego, con su negligente omisión sobre la custodia de los bienes dejados a su disposición.
Se requiere, además, para la configuración del delito imprudente, que ese riesgo se concrete en la producción de un resultado antijurídico.
La Sala entiende que la procesada expuso a la posibilidad de extravío o pérdida los dineros que se le ofrecieron como elementos del delito dentro de la investigación previa 9207. Su actuación fue descuidada, inobservando con ella sus deberes de control y vigilancia, sobre los instrumentos en cuestión, con lo que omitió la realización de acciones encaminadas a su conservación.
La principal de esas acciones, sin duda, era la de constituir un título judicial sobre la cuantía, mientras no dispusiera jurídicamente de ella, con lo cual abandonó la custodia material a que legalmente estaba obligada.
Sin embargo, atrás se ha reflexionado sobre la insuficiencia probatoria para dar demostrado que el dinero fue objeto de apropiación, con lo que queda en entredicho el resultado consiguiente a su actuación imprudente.
No es cierto, como lo sostuvieron los policías que participaron en el procedimiento de registro y allanamiento, que el dinero incautado haya sido sometido a los procedimientos de cadena de custodia. Pero además, aunque en el informe de policía se consignaron las supuestas series y denominaciones de los billetes dejados a disposición, no hubo ninguna verificación sobre dichos instrumentos al momento de su recepción en la Fiscalía, por lo que tampoco existe certeza que en efecto el dinero inventariado a la salida del despacho de la funcionaria acusada, difiera del que inicialmente había recibido.
En suma, no se demostró con el grado de certeza que demanda el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, la estructuración de la conducta culposa a partir del comportamiento imprudente de la procesada RESTREPO BERNAL.
De otra parte, en virtud del principio de congruencia, no es afortunada la solicitud de condena que de manera subsidiaria hace la representante de la Fiscalía, pretendiendo con ello la variación de la calificación jurídica de Peculado por apropiación, consignada en la acusación, por la de Peculado culposo, demandando su condena de manera subsidiaria. Propuesta que introdujo en su alegato de conclusión y que ni siquiera invocó en los precisos términos de la figura de la variación de la calificación jurídica definida en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000.
Ha indicado la Sala en diversas oportunidades, que la dimensión fáctica de la acusación se torna inmodificable, por lo que no puede ser cambiada ni extralimitada. De allí que la sentencia se deba enmarcar de manera estricta en los hechos atribuidos en la acusación. Al respecto señaló:
En ese sentido, es necesario recordar que el principio o garantía de congruencia entre sentencia y acusación, constituye base esencial del debido proceso, de una parte, porque el pliego de cargos es el marco conceptual, fáctico y jurídico de la pretensión punitiva del Estado, y de otra, porque a partir de la acusación el procesado puede desplegar los mecanismos de oposición inherentes al ejercicio de su derecho de defensa, amen que con base en esta obtiene la confianza de que, en el peor de los eventos, no recibirá un fallo de responsabilidad por aspectos no previstos en esa resolución.
(…)
Ciertamente, la congruencia implica la conformidad entre la sentencia y la acusación, fundada en la relación de causalidad que debe existir entre ellas, tanto en el aspecto fáctico, como en el personal y jurídico. La personal exige que exista conformidad entre los sujetos a que se refiere la acusación y los de la sentencia; la fáctica hace referencia a la identidad que debe existir entre los hechos consignados en la acusación y la sentencia, es el núcleo esencial de la acusación y no puede ser cambiado ni extralimitado; y la jurídica impone la correspondencia entre la calificación expuesta en la acusación y la sentencia.
La congruencia fáctica es una condición absoluta, en la medida que los sujetos y los supuestos de hecho de la sentencia deben ser necesariamente los mismos de la acusación; en cambio, la jurídica es relativa, por cuanto el desarrollo de la jurisprudencia en nuestro país ha permitido que el fallador pueda condenar por una especie delictiva distinta de la imputada en el pliego de cargos, pero siempre y cuando pertenezca al mismo género (Título y Capítulo), y la situación del procesado no se vea desmejorada a consecuencia de una sanción mayor. (Negrilla fuera del texto original)1
De allí que la trascendencia jurídica para el proceso penal de la coincidencia fáctica de la sentencia con la acusación, estriba en que las partes deben conocer con claridad los cargos, con el propósito de plantear sus estrategias de cara al juzgamiento, por lo que el juicio solo podrá versar sobre ellos y, por su parte, el juzgador se pronunciará sobre los mismos, sin que las partes puedan verse sorprendidas por la inclusión de hechos nuevos o la variación de los mismos, que, por no ser conocidos con antelación, no puedan ser objeto de controversia jurídica y probatoria.
En el presente asunto, la acusación presentada por la Fiscalía en contra de la procesada RESTREPO BERNAL, giró siempre sobre el eje fáctico de la apropiación en provecho suyo del dinero que había dejado bajo su custodia, como titular de la Fiscalía 124 Seccional de Apartadó. Nunca sobre actuaciones imprudentes como base de la realización del delito.
En la resolución que acusó a la procesada como autora del delito de Peculado por apropiación, se advierten los siguientes hechos jurídicamente relevantes2:
La procesada, aprovechó su condición de funcionaria instructora, para disponer de unos valores en su beneficio propio, pues su lucró de esa suma de ochocientos mil pesos, que pertenecía a una investigación penal, fruto del allanamiento, llevado a efecto el día 2 de diciembre de 2006, en la vivienda ubicada en el barrio Laureles), coordinado por el doctor ELIGIO TUÑÓN ANAYA, en calidad de Fiscal 72 Seccional, en turno de disponibilidad.
Se valió la procesada, de su condición de Fiscal Seccional de Apartadó, puesto que por tal situación, es que se le ha confiado el manejo de dineros de algunas de las investigaciones que llevaba a efecto, para tomar en su propio beneficio dineros que no le correspondían. La procesada poseía total autonomía para ejercer un poder de disposición del dinero incautado en un allanamiento, el cual debía consignar debidamente en los bancos oficiales, por ellos (sic) se admite que se constituye en sujeto activo cualificado de la conducta punible que se le imputa.
Por demás, la Dra. LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, se aparta de cumplir con las obligaciones propias de su cargo, a las que voluntariamente se obligó, y por el contrario se apropia para sí misma de la suma de ochocientos mil pesos, sin que sean válidas las explicaciones dadas en su diligencia de injurada y avaladas por los alegatos de su abogado defensor, cuando señala que el dinero no le fue entregado y que en todo caso ella ordenó a su auxiliar la consignación. Ello quiere significar que su conducta encuadra dentro de la descripción legal que se hace de la conducta punible de peculado por apropiación: apropiarse de dineros del Estado, porque en todo caso recibió el dinero en cuantía de ochocientos mil pesos, en fecha cercana a su incautación, y como bien fungible que se apropio (sic) de esa suma.
La claridad de la acusación fáctica, redundante por demás, dejó por sentado desde el momento de la calificación del mérito sumarial, que el reproche que el acusador presentó en contra de la acusada tuvo que ver con la apropiación, para provecho personal, de los dineros que le habían sido confiados como elementos del delito. Bajo ese marco de imputación, fue convocada a juicio.
Por lo tanto, resulta refractario con el ejercicio de la defensa de la procesada, que la acusadora, ante la percepción del fracaso de su pretensión punitiva, según ella misma lo admite en la sustentación del recurso de apelación, optara por presentar una alternativa de condena alejada del núcleo fáctico de la acusación.
Son notables las diferencias fácticas existentes entre el acto doloso de apropiarse de los dineros tenidos bajo su custodia por la acusada, presentado como sustento de la pretensión principal por la acusadora, y la conducta omisiva que en virtud de su negligencia y falta de cuidado se le atribuyó, de manera subsidiaria, para colegir que por su culpa dio lugar al extravío o pérdida de los instrumentos monetarios.
En consecuencia, una sustancial variación de la imputación desde lo fáctico, como la que puede advertirse, incidió de manera determinante en el ejercicio del derecho de defensa de la procesada, lo que implicaría la transgresión del principio de congruencia. En estas condiciones, no es posible la variación de la calificación jurídica de la conducta y la condena por el delito de Peculado culposo, según lo reclama la recurrente.
En este sentido, tampoco es viable la revocatoria de la decisión impugnada.
1. El delito de Prevaricato por omisión
Desde la resolución de acusación, quien representa los intereses de la Fiscalía, viene planteando que la procesada incurrió en un concurso de conductas punibles de Peculado por apropiación y Prevaricato por omisión.
En la sustentación del recurso, la apelante arguye que el Tribunal no dio respuesta a sus alegatos de conclusión en torno a este tópico, afirmación que no se corresponde con la realidad, pues en el fallo impugnado se advierte que con especial detalle el juez colegiado se refirió a cada uno de los planteamientos de la delegada del ente acusador, refiriendo de manera puntual que no se estructuró la conducta punible de Prevaricato por omisión, apegándose para tal efecto a examinar los argumentos de cierre de la Fiscal, después de lo cual concluyó:
Así pues, a juicio de la Sala, los elementos contenidos en el marco jurídico del Prevaricato por Omisión, no concurren a cabalidad en el asunto que se examina, pues no se demostró la tipicidad estricta en el actuar de la procesada, ya que la Fiscalía no probó que la doctora LUZ MARINA RESTREPO tuviera la obligación legal, instituida en una norma expresa, de consignar los dineros en un título, y tampoco se demostró el aspecto subjetivo de la conducta, que se traduce en la conciencia y voluntad por parte de la funcionaria procesada, de marginarse de las funciones propias de su cargo.
Aclarado lo anterior, debe decirse que en relación con el delito de Prevaricato por omisión, la recurrente insiste en que se estructuró el tipo penal en tanto la acusada omitió los deberes recogidos en los numerales 5 y 11 del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) y que, de acuerdo a su razonamiento, le imponían la obligación de consignar el dinero que había llegado a su despacho como elemento de delito, constituyendo un depósito judicial.
Este es el tenor de las citadas disposiciones:
5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados.
…
11. Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización, y por la decorosa presentación del Despacho.
Por su parte, el artículo 414 del Código Penal describe la conducta de Prevaricato por omisión, de la siguiente manera:
Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.
Como lo ha dicho la jurisprudencia, desde el punto de vista objetivo, se estructura como un tipo penal de sujeto activo calificado, de omisión propia, de conducta alternativa y en blanco o de reenvío, que protege el bien jurídico de la Administración Pública. Y en cuanto a su aspecto subjetivo, se trata de un tipo penal esencialmente doloso3.
En relación con el centro de la discusión planteada por la Fiscalía, debe acotarse que los tipos penales en blanco se caracterizan porque la conducta de acción u omisión no se encuentra definida integralmente por el legislador en la norma penal, dejando la precisión de algunos aspectos a una norma de complemento del mismo o de otro ordenamiento jurídico, penal o extra penal, que con su integración permite realizar el proceso de adecuación típica.
De allí que, como ha tenido oportunidad de precisarlo esta Sala, en los tipos penales en blanco es necesario distinguir entre el núcleo esencial y el complemento. En el primero, cuya configuración es del resorte exclusivo del legislador, se describen los elementos básicos de la conducta prohibida y su correspondiente punibilidad, así como el reenvío expreso o tácito a otro precepto. En el segundo, esto es, el complemento, se determinan específicamente las condiciones en que tiene lugar aquél, ya sea de índole penal o extrapenal, con la exigencia de que tenga carácter general y sea expedido por quien tiene competencia constitucional para proferirlo.
En materia de técnica legislativa de los tipos penales en blanco, tanto el núcleo esencial como su complemento normativo, conforman una sola norma, la cual, en su integridad, estructura el tipo penal, momento a partir del cual éste tiene vigencia y poder vinculante, formando una unidad normativa que tiene plena vigencia, atada a todos los principios tutelares del derecho penal, entre ellos, de manera explícita al principio de legalidad:
El núcleo y el complemento integran una sola disposición esencial pero ambos deben sujetarse a las exigencias del principio de legalidad, esto es, deben ser previos a la comisión de la conducta punible (ley previa), no puede confiarse a la costumbre o a preceptos no expedidos por el legislador el señalamiento de los elementos estructurales del núcleo o la sanción (ley escrita) y tanto el núcleo como el complemento deben ser claros, ciertos e inequívocos (ley cierta).4
Significa lo anterior que la integración o complementación de un tipo penal en blanco con preceptos jurídicos expedidas por el legislador o por autoridades administrativas no constituye, per se, una vulneración del principio de legalidad penal, siempre y cuando la norma de complemento, integrada al núcleo esencial, coincida de manera estricta con sus fundamentos principalísticos.
En este sentido, resulta de especial consideración la determinación suficiente en su contenido y la concreción de sus elementos descriptivos5, con lo que supondrán siempre un déficit de legalidad los predicados ambiguos, abstractos e imprecisos contenidos en las normas de complemento.
En el presente caso, la Fiscalía acusó a la funcionaria RESTREPO BERNAL por el delito de Prevaricato por omisión, bajo el supuesto de que con su conducta omisiva infringió un deber legal, contenido en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que la compelía a la conservación de los bienes dejados bajo su cuidado, constituyendo, según la interpretación que precisó la acusadora, un depósito judicial con los dineros que le fueron puestos a su disposición.
Sin embargo esa norma complementaria (numerales 5 y 11 del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -Ley 270 de 1996-), integrada al tipo penal del artículo 414 del Código Penal, contiene elementos de total indeterminación, vaguedad y abstracción, con lo que termina por convertirse en una simple declaración disciplinaria, de imposible connotación penal, por ausencia de los postulados del principio de legalidad y, en concreto, de sus exigencias de reserva, taxatividad y certeza del tipo penal.
Ningún mandato en concreto, que puede entenderse como una acción omitida por la funcionaria pública, y menos aquella de constituir un depósito judicial, en los términos de la acusación, se desprende de manera específica de las obligaciones de «Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados» o de «Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización, y por la decorosa presentación del Despacho».
Por lo tanto, de esas disposiciones que conformaron la calificación jurídica de la imputación, no puede derivarse un mandato claro, cierto e inequívoco, sobre la obligación de la acusada para consignar en las cuentas de depósitos judiciales de la entidad los dineros que le habían sido confiados para su custodia.
Valga decir, la obligación general derivada del deber de cuidado aducida no permite, por su inconcreción, adscribir como norma complementaria, al tipo penal en blanco del artículo 414 del Código Penal, los deberes funcionales que de allí se pueden derivar. Por ello, en estricto sentido, la conducta desde su aspecto objeto se torna atípica en la medida en que el tipo penal integrado con dicha norma de complemento no reúne las necesarias condiciones de estricta legalidad que permitan lo que la doctrina denomina la previsión de la punibilidad6 por parte de la acusada.
No en vano, la Corte de tiempo atrás ha venido reiterando en relación con el juicio de tipicidad del delito de Prevaricato por omisión, que para su acometimiento «es necesario establecer primero qué norma asigna al sujeto la función y el término para su cumplimiento y, luego, verificar si el funcionario conociendo el precepto, deliberadamente omitió, rehusó, retardó o denegó el acto propio de la función, y finalmente si el comportamiento se encuentra o no justificado»7.
En conclusión, la Fiscalía no concretó en ninguna de sus participaciones procesales orientadas a consolidar su acusación, norma de complemento que contuviera la acción demandada cuya omisión reprochó a la acusada. Tampoco, valga agregar, acreditó que la procesada tuviera conocimiento de una norma específica que la determinara al cumplimiento de la acción de constituir en un depósito judicial con los dineros que le fueron dejados a disposición, más allá del mandato general y abstracto de custodia y cuidado que, sin duda, incumplió por su negligencia.
Por último, no sobra agregar sobre el tema planteado, que en virtud del principio de congruencia, la norma complementaria integrada al tipo penal en blanco, delimita el marco de calificación de la conducta punible. Quiere ello decir que, tratándose de los tipos penales en blanco, como es el caso del artículo 414 del Código Penal, la imputación jurídica debe abarcar, además, el contenido del precepto jurídico de complemento.
Con ello se significa que, salvo que se acudiera al recurso de la variación de la calificación jurídica prevista en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, lo que tampoco se hizo, no se podía invocar para demandarse la condena de la procesada RESTREPO BERNAL, la omisión de deberes de actuación distintos a los fijados por la Fiscalía en su resolución de acusación, puesto que, como ya se ha precisado, la norma jurídica objeto de reproche es la resultante de la integración del núcleo esencial y el complemento normativo.
Así las cosas, la exigencia del principio de congruencia jurídica tampoco se satisfaría en este caso con la referencia que hizo la representante de la Fiscalía en sus alegatos de conclusión, en el sentido de imputar a la acusada, como norma de complemento incumplida, la Ley 938 de 2004 – Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación-, por cuanto es diferente a la contenida en su acusación, la misma que, sin embargo, como tuvo oportunidad de subrayarlo el a quo, tampoco alberga un mandato de actuación preciso, relacionado con eventos como el estudiado, referido a la constitución de depósitos judiciales.
De esta manera, la Sala confirmará la sentencia absolutoria emitida en favor de LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, en cuanto, como se desprende del estudio precedente, no obran en la actuación argumentos suficientes que conlleven a la revocatoria de la sentencia impugnada conforme ha sido solicitado por la apelante.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
Confirmar la sentencia impugnada mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia absolvió a LUZ MARINA RESTREPO BERNAL, de los delitos de Peculado por apropiación, Peculado culposo y Prevaricato por omisión.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 CSJ AP, 21 oct. 2015, rad. 42339
2 Cfr., fls. 144 y s, cuaderno 2.
3 CSJ SP, 5 oct. 2011, rad. 30592
4 CSJ SP, 12 dic. 2005, rad. 23899
5 Cfr. BERND SCHÜNEMANN, Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 308 y ss.
6 Cfr., REINHART MAURACH / HEINZ ZIPF, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Buenos Aires, Astrea, 1994, p. 157
7 CSJ SP, 2 oct. 2003, rad. 20648. En el mismo sentido, CSJ SP, 27 oct. 2004, rad. 22639; CSJ SP, 17 sep. 2008, rad. 28428.