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Proceso No 27608
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil siete.
V I S T O S
Se pronuncia la Corte respecto del recurso de apelación presentado por la Fiscalía, en contra de la decisión del Magistrado de Control de Garantías del Tribunal de Bogotá, tomada en curso de la audiencia preparatoria realizada en el proceso que se sigue en disfavor de la Dra., JACQUELINE DÍAZ RODRÍGUEZ, por el delito de privación ilegal de la libertad.
HECHOS Y DECURSO PROCESAL
En su calidad de Fiscal Seccional 123 de Bogotá, el Dr. Luis Alberto Reyes Herrera, solicitó ante el Centro de Servicios de los Juzgados de Control de Garantías de esta ciudad, se programaran audiencias preliminares encaminadas a legalizar la captura y formular imputación en contra de dos personas aprehendidas en flagrancia al momento de cometer un hurto.
El día 15 de febrero de 2006, ante la Jueza 47 penal Municipal de Bogotá con Funciones de Control de Garantías, Dra. JACQUELINE DÍAZ RODRÍGUEZ, se comenzaron a adelantar las diligencias en cuestión, particularmente, la encaminada a verificar la legalidad de la captura de los dos involucrados en el delito de hurto.
En curso de ello, estimó necesario la funcionaria, dado que el defensor de los aprehendidos manifestó que estos fueron objeto de maltratos por parte de los agentes captores, recabar la declaración de los uniformados, razón por la cual reclamó del fiscal, hiciese comparecer a los servidores públicos en mención, para cuyo efecto decretó un receso en el trámite de la audiencia.
Empero, como al reanudarse la diligencia, no comparecieron los agentes de policía, la Jueza de Control de Garantías decide imponer al Fiscal Seccional 293, con fundamento en los poderes y medidas correccionales otorgados al funcionario judicial por el artículo 143 de la Ley 906 de 2004, 24 horas de arresto, los cuales se hicieron efectivos, por estimar que entorpeció la administración de justicia.
En virtud de ello, el Fiscal Seccional 293 instauró denuncia penal en contra de la Jueza 47 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de Control de Garantías, por ocasión de lo cual se formuló imputación por entendérsele incursa en el delito de privación ilegal de libertad, cargo que no fue objeto de allanamiento.
Dentro de los términos legales, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, presentó escrito de acusación ante la Sala de Decisión de aquella corporación, el 9 de noviembre de 2006.
En consecuencia, el 12 de diciembre de 2006, se realizó la audiencia de formulación de acusación, a la cual concurrieron la fiscalía, la representación legal de la víctima, el agente del Ministerio Público, la imputada y su defensor.
El 21 de febrero de 2007, se realizó la audiencia preparatoria, en curso de la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal, decidió decretar la nulidad de lo actuado “a partir del momento en que se finalizó la acusación”, por estimar que si la representación legal de la víctima contaba con elementos materiales probatorios, evidencia física o informes, como lo señaló en curso de la audiencia preparatoria, debió haberlos anunciado y puesto en conocimiento de la defensa, igual que sucede con la fiscalía, desde la formulación de acusación.
Como quiera que la decisión del Tribunal no fue impugnada, el 11 de abril de 2007, se realizó de nuevo la parte final de la audiencia de formulación de acusación, en cuyo desarrollo la representación legal de la víctima dio a conocer los elementos suasorios con los que cuenta y desea hacer valer en el juicio, dándose traslado de ellos a las partes, que sobre el particular ninguna controversia plantearon.
Por último, el 17 de mayo de 2007, se realizó de nuevo la audiencia preparatoria.
En curso de la misma las partes hicieron sus manifestaciones respecto del descubrimiento probatorio; se enunciaron todas las pruebas que pretendían hacer valer en el juicio, acompañado ello de la significación de pertinencia y conducencia; se decretó un receso para la elaboración de estipulaciones probatorios, manifestando la fiscalía y la defensa su convenio acerca de algunos hechos; se pronunció el Tribunal decretando la práctica de algunas de las pruebas pedidas por las partes, y negando otras; se abrió la posibilidad de interponer los recursos ordinarios, los cuales fueron finalmente rechazados frente a la crítica que se hizo a las pruebas admitidas a favor de la contraparte, por estimarse que la admisión no faculta interponer ningún recurso; y, se accedió a la reposición presentada por la defensa, aceptándose que presentase tres de los testigos antes negados.
Cuando el Tribunal se aprestaba a señalar la fecha para la realización de la audiencia del juicio oral, solicitó la palabra la fiscalía para hacer ver que el Tribunal, en olvido involuntario, obvió responder a su manifestación de que se le permitiese interrogar directamente a los testigos de la defensa.
De ello se dio traslado a la representación de la víctima y la defensa, luego de lo cual el Tribunal se pronunció negando la solicitud de la fiscalía, por entender que es abiertamente improcedente otorgar una especie de carta en blanco, ya que la funcionaria del ente investigador no significó la conducencia y pertinencia de lo solicitado y se parte de la base de que a la fiscalía por norma constitucional, se le obliga a hacer su descubrimiento probatorio desde la audiencia de formulación de acusación, precisamente para facultar el previo conocimiento de la defensa, y resulta extemporáneo hacer la solicitud en la audiencia preparatoria.
Otorgada la posibilidad de impugnar la decisión, la fiscalía interpone reposición y en subsidio apelación.
En sustento del recurso horizontal, la funcionaria advierte que debe darse aplicación al principio de igualdad, ya que esa prerrogativa de interrogar directamente a los testigos de la fiscalía, se le otorgó a la defensa. Junto con ello, agrega, la fiscalía sólo puede conocer cuáles son los testigos que presentará la defensa, en la audiencia preparatoria y la pertinencia del interrogatorio directo surge necesariamente de lo que ocurra en la audiencia del juicio oral, una vez la defensa interrogue a su testigo.
De lo argumentado por la fiscalía se corrió traslado a los no recurrentes, luego de lo cual el Tribunal resolvió el recurso de reposición manteniendo su decisión de negar la prueba o pruebas solicitadas por la fiscalía –posibilidad de interrogar directamente a los testigos de la defensa-, señalando que lo deprecado no corresponde a la sistemática adversarial de la Ley 906 de 2004, y particularmente, a lo consagrado en los artículos 374 y 375, en cuanto exigen que la parte explique qué se pretende probar con la prueba pedida. Tampoco es apropiada la remisión al derecho de igualdad, sostiene el Tribunal, dado que en cuanto titular de la acusación, a la fiscalía le corresponde dar a conocer a la defensa lo recogido en materia probatoria, para facultar la refutación.
Resuelto desfavorablemente el recurso de reposición, se otorgó el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria, obedeciendo a ello que el asunto ingresara para conocimiento de la Corte, a fin de desarrollar el trámite de impugnación consagrado en el artículo 178 de la Ley 906 de 2004.
DE LA DECISIÓN
La Corte, al inicio de la diligencia, una vez efectuada la presentación de las partes, en lugar de otorgar la palabra al recurrente –fiscalía-, para que sustente el recurso, advierte de la existencia de una irregularidad sustancial en curso de la audiencia preparatoria, subsanable únicamente a través del mecanismo extremo de la nulidad, razón por la cual, dentro de las facultades oficiosas inherentes a este tipo de declaraciones y como quiera que el yerro opera anterior al momento en el cual se tomó la decisión objeto del recurso de apelación, se entrará a declararla sin escuchar previamente a las partes:
Al efecto, inserta la expedición de la Ley 906 de 2004, dentro de una clara perspectiva acusatoria, regida, entre otros, por el principio adversarial, es claro que el adelantamiento del trámite de las diferentes audiencias, que también en seguimiento de la sistemática acusatoria operan orales, con inmediación y concentración, reclama un respeto integral por las posibilidades de contradicción y controversia, en el llamado “proceso de partes”.
Bajo esta perspectiva, de las solicitudes que haga una de las partes, previo a la decisión del juez, unipersonal o colegiado, debe darse traslado a las demás partes e intervinientes, para permitir así la controversia y el debate dialéctico a partir del cual se funda motivada esa decisión del funcionario. Luego de ello, la parte inconforme con lo resuelto puede hacer uso de los recursos pertinentes.
Desde luego, la naturaleza y trascendencia de la impugnación permite advertir evidente que su función no es la de servir de medio de expresión de las partes, a efectos de que estas hagan las manifestaciones necesarias para la toma de una decisión, sino la de operar por vía de consecuencia, como mecanismo de contradicción de lo resuelto, precisamente por entenderse que allí no se tuvieron en cuenta las argumentaciones o solicitudes realizadas previamente por el afectado.
Así las cosas, en el evento de omitirse escuchar a las partes, previo a la toma de la decisión que las afecta, lo resuelto emerge no sólo inmotivado, por sustracción de materia, dentro de la perspectiva dialéctica, sino violatorio del derecho de defensa y su correlato de contradicción, sin que la posibilidad de recurrir al instituto impugnatorio resulte suficiente para restañar el daño causado a la parte o partes, dado que ya se eliminó una posibilidad de intervención de estas.
Para el caso concreto, debe resaltar la Sala trascendente la omisión en que incurrió el Tribunal dentro de la dinámica dada a la audiencia preparatoria, pues, pasó por alto permitir que las partes se pronunciasen acerca de la solicitud probatoria de sus contrapartes, previo a decidir sobre ello, y con ese comportamiento causó efectivo daño a las expectativas de la defensa, la representación de la víctima y la fiscalía, acorde con su particular teoría del caso.
Para una mejor comprensión de lo ocurrido en la segunda de las audiencias preparatorias –cabe recordar que la primera emergió fallida una vez el Tribunal, oficiosamente, decidiera declarar la nulidad de lo actuado desde la parte final de la audiencia de formulación de acusación-, estima adecuado la Sala, hacer un recorrido sucinto pero suficiente por la tramitación en mención.
Así, en el primero de los registros de la audiencia celebrada el 17 de mayo de 2007, se aprecia, al inicio, que ninguna de las partes tiene observaciones que hacer al descubrimiento probatorio efectuado por la fiscalía y la representación de la víctima, razón por la cual se da traslado al defensor para que realice su particular descubrimiento probatorio, espacio que utiliza relacionando todas y cada una de las pruebas que hará valer en el juicio.
A renglón seguido, el Tribunal pide a las partes que refieran los elementos suasorios que harán valer en el juicio, efectuando también la manifestación de conducencia y pertinencia de estos.
Efectivamente, en su orden, la fiscalía, la representación de la víctima y el defensor de la procesada, relacionan todas las pruebas a presentar en la audiencia de juicio oral, verificando el objeto de las mismas.
Ocurrido ello, el Tribunal consulta a las partes acerca de su interés en realizar estipulaciones probatoria y obtenida una respuesta afirmativa, decreta un receso de 40 minutos para las conversaciones de rigor.
Superado el receso, la fiscalía significa que se ha llegado a acuerdos probatorios, procediendo a enunciar los hechos materia de estipulación, sin que ello fuera objetado por la defensa.
Seguidamente, se interroga a la procesada acerca de la aceptación de los cargos formulados por la fiscalía, obteniéndose respuesta negativa. De inmediato el Tribunal decreta un receso, a fin de emitir pronunciamiento acerca de las pruebas pedidas por las partes.
De regreso a la sala, el Tribunal aborda cada una de las solicitudes de las partes, partiendo por la fiscalía, en cuyo favor decreta algunas pruebas y niega otras, fundamentalmente por su impertinencia o reiteración, o atendido que se trata de testimonios que no fueron referenciados en la audiencia de formulación de acusación, dentro de la obligación de descubrimiento que compete al ente investigador.
Algo similar ocurrió con la representación de la víctima y la defensa, a los cuales se les negó la presentación de varias pruebas, por estimarse impertinentes o repetitivas.
De lo decidido, el Tribunal dio traslado a las partes para la interposición de recursos. La fiscalía, en primer lugar, interpuso como único el de reposición, argumentando a favor de que se acepten dos de los testimonios rechazados.
Corrido el traslado para los no recurrentes, la defensa y la representación de la víctima solicitan se mantenga en pie lo decidido.
La representación de la víctima interpone los recursos de reposición y apelación, argumentando que deben excluirse varias de las pruebas aceptadas por el Tribunal, por derivar ellas de una de las estipulaciones probatorias realizadas entre la fiscalía y la defensa.
Corrido el traslado del recurso de reposición interpuesto como principal por la representación de la víctima, la fiscalía asevera que no es este el momento para solicitar exclusión probatoria, pues, ello debió ocurrir previo a la decisión del Tribunal. A su turno, el defensor admitió que debe excluirse uno de los testimonios pedidos por él, pero significa necesarios los otros que demandó dejar de lado el recurrente.
Por último, en lo que a los recursos respecta, la defensa interpuso los recursos ordinarios, buscando que se excluyan varias de las pruebas pedidas por la representación de la víctima, por entender que son inconducentes o impertinentes.
Corrido traslado a la fiscalía, manifiesta la funcionaria que esa exclusión reclamada por la defensa, debió plantearse previamente y no a través del recurso de reposición, dado que la impugnación es válida solamente respecto de rechazos probatorios.
A su vez, la representación de la víctima advierte que sólo después del pronunciamiento del Tribunal acerca de la práctica probatoria, se tiene acceso a la posibilidad de que se manifieste la aceptación o rechazo a cargo de las partes. Luego, argumenta a favor de que se practiquen las pruebas pedidas, pese a lo solicitado por el recurrente.
Luego de un receso, el Tribunal decide los recursos interpuestos señalando que ellos deben ser rechazados en lo que toca con lo solicitado por los impugnantes para que se excluyan algunas pruebas admitidas, pues, de la lectura que hace del artículo 359 de la Ley 906 de 2004, concluye que sólo puede recurrirse la decisión de negar, inadmitir o excluir una prueba.
Atinente a las pruebas excluidas, se mantiene en su decisión de negar las pedidas por la fiscalía y acepta lo argumentado por la defensa, permitiendo que al juicio ingresen los testimonios inicialmente inadmitidos.
En este momento, cuando se anunciaba la fecha para la celebración de la audiencia del juicio oral, la fiscalía hizo notar la falta de pronunciamiento acerca de su solicitud de que se le permitiese interrogar directamente a los testigos de la defensa, generando del trámite denegatorio que culminó con la interposición del recurso de apelación por el cual ahora conoce la Sala de lo sucedido.
Pues bien, lo resumido en precedencia hace ver que el Tribunal no desarrolló de manera sistemática y acorde con su objeto, las diferentes etapas que para la audiencia preparatoria ha establecido el legislador, lo que llevó a confusión a las partes y, finalmente, a la vulneración de derechos que demanda de la declaratoria de nulidad antes anunciada.
Sistemáticamente, entonces, es posible advertir en la audiencia preparatoria, para lo que compete exclusivamente al campo probatorio, una serie ordenada y consecutiva de pasos, que así pueden delimitarse:
1. PRONUNCIAMIENTO ACERCA DEL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO PREVIO.
Dado que en curso de la audiencia de formulación de acusación, el juez, por solicitud de la defensa, pudo imponer a la fiscalía la obligación de darle a conocer, dentro de los tres días siguientes a la culminación de la diligencia, uno, varios o todos los elementos materiales probatorios, evidencia física o informes relacionados en el escrito de acusación (artículo 344, inciso primero de la Ley 9056 de 2004), la audiencia preparatoria se abre consultando a la defensa acerca del cumplimiento, por parte de la fiscalía, de lo dispuesto respecto del descubrimiento en cita.
2. DESCUBRIMIENTO
Esa obligación de descubrimiento que para la fiscalía operó en curso de la audiencia de formulación de acusación, surge para la defensa, en respeto del principio de igualdad de armas, al comienzo de la audiencia preparatoria, pero no para que, como sucedió en la diligencia examinada, se ocupe el defensor de señalar cuáles serán las pruebas que hará valer en el juicio – ya que ello ocurre en un momento subsecuente como se verá más adelante-, sino con el específico propósito de poner en conocimiento de las otras partes e intervinientes, sus “elementos materiales probatorios y evidencia física”, conforme lo delimita el numeral 2° del artículo 356 del C. de P.P. y dentro de la definición que para estos medios suasorios contempla el artículo 275 ibídem.
3. ENUNCIACIÓN
Cuando ya las partes conocen los elementos materiales probatorios y evidencia física de su contraparte, dan a conocer, conforme su particular teoría del caso, evidentemente planteada también con base en lo que se sabe ha recogido ésta, cuáles serán las pruebas que aducirán en el juicio –vale decir, las que allí se practicarán, por lo general de carácter testimonial, y los elementos materiales probatorios y evidencia física a aportar-, sin establecer respecto de ello ningún tipo de argumentación de conducencia o pertinencia, sencillamente porque el objeto de la enunciación no es otro distinto a permitir el conocimiento de la contraparte, que faculte la etapa siguiente de estipulaciones probatorias.
4. ESTIPULACIONES PROBATORIAS
Cuando ya las partes conocen qué es lo pretendido introducir en el juicio como prueba por su contraparte, conforme lo ocurrido en el momento de la enunciación, es factible llegar a acuerdos respecto de los hechos y la forma de probarlos, con el claro cometido de evitar juicios farragosos con una práctica probatoria inane o reiterativa que atenta contra los principios de eficiencia y celeridad propios de la sistemática acusatoria.
En este punto, la Corte quiere relevar, acorde con lo dispuesto en el parágrafo del ordinal 4° del artículo 356 de la Ley 906 de 2004, que lo estipulado u objeto de estipulación por las partes, no es una determinada prueba, o mejor, elemento material probatorio, evidencia física o informe, sino un hecho concreto, razón por la cual asoma impropio, como sucedió con varias de las estipulaciones presentadas ante el Tribunal por las partes, significar estipulados aspectos tales como el contenido de un registro de audio o una certificación, en tanto, lo que se busca con este mecanismo es dar por probado algo –hechos o sus circunstancias, como relaciona la norma- propio del objeto del debate, que se sustenta, es necesario resaltarlo, con uno o varios medios de prueba, para efectos de que no se haga necesario demostrar ese tópico.
Y si ello es así, esto es, que se estipuló probado un determinado hecho o circunstancia, desde luego que asoma improcedente solicitar o aceptar la práctica de pruebas que tiendan a demostrar o desvirtuar ese aspecto.
Precisamente, algo de ello ocurrió en la audiencia que se analiza, pues, en lugar de estipularse como hecho probado lo certificado por uno de los testigos, se estipuló la dicha certificación –en este caso el medio y no el fin- lo que generó posterior confusión, destacada por la representación de la víctima cuando, en uso del recurso de reposición, advirtió que debían desecharse, por improcedentes, las pruebas pedidas y admitidas que se derivan de la dicha certificación.
No es entonces, para clarificar con un ejemplo, que si las partes dan por demostrada la causa violenta de la muerte con arma de fuego e incluso el tipo de artefacto utilizado para el efecto, se estipule el informe de necropsia o la diligencia de inspección judicial del cadáver, o el informe de hoplología, sino el hecho concreto, vale decir, que el occiso pereció consecuencia de dos disparos infligidos con un arma de fuego del calibre .38 recogida en el lugar de los hechos, y ello se sustenta con los informes en cuestión, que para el efecto se anexan a la estipulación introducida como prueba en la audiencia del juicio oral. No es posible, entonces, que se soliciten o admitan pruebas, en el momento subsecuente de la audiencia preparatoria, encaminadas a demostrar o desvirtuar ese punto, que ya se entiende demostrado.
5. SOLICITUD Y CONTROVERSIA PROBATORIAS
Ya decantado, por ocasión de las estipulaciones probatorias, qué de todo lo enunciado anteriormente, efectivamente habrá de llevarse al juicio para soportar la teoría del caso de las partes, estas tienen la obligación de solicitar al juez de conocimiento su aducción –artículo 357 de la Ley 906 de 2004-, con mención expresa de su pertinencia –artículo 375 ibídem-
Es este el momento procesal en el cual se refiere por el solicitante lo relativo a la admisibilidad, conducencia y pertinencia de cada uno de los medios pretendidos introducir en el debate oral, en razón a que a través de su argumentación –que se entiende carga procesal de quien invoca la prueba- se faculta la controversia y contradicción de las otras partes e intervinientes.
En efecto, el artículo 359 del C. de P.P., expresamente postula “Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba”.
Esta facultad, inserta profundamente en el derecho de defensa y su correlato de contradicción, sólo puede ser ejercida, no apenas porque así lo consagre el legislador dentro del derrotero antecedente consecuente consagrado en la Ley 906 de 2004, sino porque la lógica probatoria así lo impone, luego de que se ha hecho la postulación argumental de quien solicita la práctica del medio suasorio y, huelga anotarlo, previo al pronunciamiento del juez de conocimiento aceptando o negando su práctica, en el entendido, como se anotó al inicio, de que la decisión resuelve la controversia planteada por los contrarios.
Por ello, la norma citada –art. 359-, luego de significar la posibilidad de que las partes controviertan la solicitud probatoria de la contraparte, establece para el juez los factores que deben regular su decisión de admisión o inadmisión, significando finalmente que contra la inadmisión, rechazo o exclusión, proceden los recursos ordinarios.
6. TRÁMITE DE LOS RECURSOS
En primer término, es necesario relevar que la interposición de los recursos ordinarios de reposición y apelación demandan de legitimidad o interés a cargo de quien postula el medio impugnatorio.
Ello, en el caso concreto, para destacar que necesariamente la parte recurrente debe haber manifestado en el momento procesal adecuado su inconformidad o conformidad con el elemento aceptado o excluido por el juez de conocimiento.
En otras palabras, si durante el momento de la solicitud y controversia probatorias, la parte que solicitó la prueba argumentó acerca de su conducencia, pertinencia y admisibilidad, y ello no fue objeto de contradicción por la contraparte, haciendo al Tribunal la solicitud que regula el inicio del artículo 359 atrás relacionado, mal puede después, cuando el funcionario decretó su práctica, impugnarse la decisión.
Y, desde luego, asoma completamente impropio e irregular que el medio impugnatorio se utilice para facultar la controversia entre las partes respecto de las solicitudes probatorias, cuando lo ocurrido es que se obvió este momento procesal, entre otras razones, porque con ello se priva a los interesados de uno de los mecanismos de controversia por antonomasia, dentro de la sistemática acusatoria, operando apenas por el camino residual la posibilidad de desvirtuar los argumentos planteados por el solicitante.
Finalmente, para delimitar lo previamente reseñado en los términos de la nulidad desde el comienzo anunciada, es necesario advertir que el Tribunal no adelantó adecuada y sistemáticamente la tramitación propia de la audiencia preparatoria, facultando con ello que se presentasen algunas irregularidades, una de las cuales, la omisión en permitir que las partes e intervinientes controvirtieran la solicitud probatoria de la contraparte, afectó directamente el debido proceso, derecho de defensa y su correlato de contradicción, de una manera tan profunda que sólo es posible reparar el agravio a través del recurso extremo de la nulidad.
Mírese cómo, además de impedirse que por vía directa, dentro del momento procesal adecuado, las partes controvirtieran o se opusieran a la solicitud probatoria, en el asunto examinado ni siquiera por el camino indirecto de los recursos fue posible que una dicha práctica tuviese trascendencia material, dado que el Tribunal rechazó el recurso de reposición interpuesto para abrir el espacio necesario en aras de solicitar se inadmitieran algunos de los medios suasorios deprecados.
No fue posible, así, para citar un solo ejemplo paradójico, que a pesar de convenir la defensa –véase el minuto 30 y 44 segundos del registro No. 3 de la audiencia-, por virtud del recurso que en contra de la admisión de una de las pruebas solicitadas por este, presentó la representación de la víctima, en que el testimonio asomaba impertinente por ocasión de una estipulación probatoria previa, el mismo, ante la decisión del Tribunal de rechazar el recurso de reposición, quedó completamente vigente para allegar en el juicio
En seguimiento, entonces, de lo dispuesto en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, la Sala decreta la nulidad de lo actuado, a partir del momento de la audiencia preparatoria en el cual las partes presentaron las estipulaciones probatorias, para efectos de que se rehaga la tramitación, particularmente, como se dijo en precedencia, para facultar que las partes controviertan las solicitudes probatorias de su contraparte y luego de la decisión de admitir o inadmitir los medios deprecados, se permita interponer los recursos ordinarios, en el segundo caso, o el horizontal de reposición, en el primero.
Esta decisión se notifica en Estrados. De inmediato se enviará lo actuado a la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, para lo de su cargo.
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
Permiso
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Permiso
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Permiso
MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria