27409(09-07-07)

2007

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 27409  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado Ponente:  

Dr.   YESID   RAMÍREZ  BASTIDAS   

Aprobado Acta N° 114  

Bogotá,  D.C.,  julio  nueve  (9) de dos mil  siete (2007).   

V I S T O S :  

          Decide  la  Corte  sobre  la  admisibilidad  formal de la demanda de  revisión  presentada  por el apoderado especial de la sentenciada PURIFICACIÓN  NAVARRETE  CAMACHO,  frente  al  proceso  que  se adelantó en su contra por los  delitos de concusión y cohecho.   

ANTECEDENTES :  

          1.        Los  hechos que dieron origen al proceso que culminó con la condena  impuesta  a PURIFICACIÓN NAVARRETE CAMACHO se concretaron en la realización de  una  diligencia  de allanamiento en horas de la mañana del 20 de marzo de 2002,  en  el  apartamento  105 de la torre 2 del conjunto residencial Serrana, situado  en  la  calle  22  B  N°64-26  de  esta  ciudad,  cuando  la  antes nombrada se  desempeñaba  como Fiscal Seccional 147 de Bogotá, diligencia que no se ordenó  previamente  a  través  de  la  respectiva  resolución  ni se elaboró el acta  correspondiente.   

          La  funcionaria  tomó  unas  cantidades  de  dólares  y  de  pesos  colombianos  que allí habían, manifestándole a las moradoras del lugar que no  le  contaran  a  nadie de lo ocurrido, so pena de pasar largo tiempo privadas de  la  libertad;  posteriormente  se  repartió las divisas con las personas que la  acompañaron  en  el  irregular  procedimiento  y  le  ofreció  US$6.000.oo  al  Director  Seccional  de  Fiscalías,  quien  rechazó  la  oferta y denunció el  hecho.   

   

2.            Por  los  anteriores episodios, el 15 de  julio  de  2003, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, condenó  a  la  acusada  NAVARRETE  CAMACHO  como  autora  penalmente  responsable de las  conductas  punibles  de  concusión  y  cohecho  por  dar u ofrecer, a las penas  principales  de  cien  (100)  meses  de prisión, multa de sesenta (60) salarios  mínimos  legales  mensuales  e  inhabilitación para el ejercicio de derechos y  funciones públicas por un lapso de seis (6) años.   

          3.        Apelada  la anterior decisión por la defensa y la propia procesada,  la  Corte  Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, al desatar la alzada en  providencia  del 13 de abril de 2005, confirmó el fallo de primer grado el cual  alcanzó el carácter de cosa juzgada.   

LA  DEMANDA :  

1.             Con  fundamento  en  el  inciso  (sic)  cuarto   del  artículo 220 de la Ley 600 de 2000, el libelista solicita la  revisión  del  proceso al sobrevenir nuevos hechos y nuevos elementos de prueba  que  permiten  demostrar la inocencia de la condenada, por tanto, en ese sentido  ha de proferirse el fallo que se demanda.    

          1.1.                      El  material  probatorio  novedoso surge una vez  producido  el  cierre  del  escenario  procesal  para  hacerlo  valer, cuando se  conocieron  varias  denuncias en contra del doctor Carlos Hernando Arias Pineda,  Director  Seccional  de  Fiscalías  de  Bogotá,  por presunta manipulación de  procesos  en  investigaciones por hechos similares a los endilgados a la doctora  PURIFICACIÓN  NAVARRETE  CAMACHO,  como  haber  contactado  personas  para  que  rindieran  declaraciones  que  no  correspondían  a  la  realidad  en contra de  esta.   

          1.2.  Dicho  material  está  constituido  por videos tomados de los  noticieros  nacionales  de  televisión  en  los  que  aparecen  varios fiscales  haciendo  denuncias  públicas  contra  su jefe inmediato, igualmente, relaciona  como  prueba  testimonial  sobreviniente  una  serie de personas de las que dice  conocieron  de  reuniones  en  las  que  Arias Pineda hacía las componendas con  testigos y fiscales en contra de la procesada NAVARRETE CAMACHO.   

   

2.  Aportó  fotocopias  de  las  sentencias  condenatorias  de  primer  y segundo grado proferidas en contra de PURIFICACIÓN  NAVARRETE  CAMACHO  con  la  respectiva  constancia  de  ejecutoria,  del  video  anteriormente  reseñado,  recortes  de  periódicos  y  revistas  que tratan de  posibles  hechos  de  corrupción  por  parte  de  funcionarios  de la Fiscalía  General  de  la  Nación,  y  el  poder  otorgado  al libelista para promover la  presente acción.   

3.  Al  presentar  escrito de adición de la  demanda  agrega  las  estadísticas  expedidas  por  la  Fiscalía General de la  Nación  que dan cuenta del desempeño laboral y personal de su poderdante; pide  que  se  oficie  a  los noticieros de televisión para que envíen copias de los  videos  en los cuales distintos fiscales denuncian comportamientos anómalos del  doctor  Carlos  Hernando  Arias  Pineda  y  reitera  su  solicitud  para  que se  recepcionen  las  declaraciones  de  una  lista  de  personas  cuyos testimonios  cataloga como prueba que ha sobrevenido.   

CONSIDERACIONES  DE  LA  CORTE  :   

1.            El legislador ha concebido la acción de  revisión  como un mecanismo a través del cual se busca la invalidación de una  decisión  que  ha adquirido firmeza y de la cual resulta razonable predicar que  entraña   un  contenido  de  injusticia  material  porque  la  verdad  procesal  declarada   es   opuesta   a  la  verdad  histórica  del  acontecer  objeto  de  juzgamiento,  demostración que sólo es posible jurídicamente dentro del marco  que delimitan las condiciones taxativamente señaladas en la ley.   

          2.        La  causal  de  revisión  propuesta  se  torna confusa en  los  términos  de  la demanda, pues se alude antitécnicamente a la consagrada en el  artículo  220,  “inciso  cuarto”,  de la Ley 600 de 2000, para seguidamente  explicar   que   es  la  que  “subyace  al  sobrevenir  nuevos  hechos  y  por  consiguientes  (sic)  nuevos  elementos  de prueba”, los cuales dan lugar a la  aplicación  del apotegma latino mínima facti varitad  reformat  jus,  esto es, que una mínima variación de  hecho modifica el derecho.   

Pese a la ambigüedad anotada, se infiere que  las   causales   invocadas   son   las  dos  siguientes  del  citado  artículo:   

“3.  (…) Cuando después de la sentencia  condenatoria  aparezcan  hechos  nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo  de   los   debates,   que   establezcan   la   inocencia  del  condenado,  o  su  inimputabilidad.   

   4.  Cuando  con  posterioridad  a la  sentencia   se  demuestre,  mediante  decisión  en  firme,  que  el  fallo  fue  determinado  por  una  conducta típica del juez o de un tercero”.     

          La  expresión  hecho  nuevo  ha  sido  explicada  por  la  Sala  en  numerosos pronunciamientos,   

“…como   todo   acaecimiento  fáctico  vinculado  a  la  conducta  punible  materia  del  proceso,  del cual no se tuvo  conocimiento  en  ninguna de las etapas de la actuación judicial y por tanto no  pudo ser controvertido.”   

          Y,    al   aludir   a   la   prueba   nueva   la   Corporación   ha  acotado,   

“La  idea de prueba nueva, entonces, no se  limita  a  la  circunstancia  de  que  el medio probatorio no figure aportado al  proceso  cuya  revisión  se  pretende o sea posterior a la sentencia. Se exige,  además,  que la evidencia que se presenta como novedosa, de haber sido conocida  en  su momento por el juzgador lo habría llevado con seguridad a la absolución  del   procesado.   Eso   es   precisamente   lo   que  le  otorga  carácter  de  novedoso.   

Así  las  cosas,  la  prueba nueva a que se  refiere  la  causal de revisión invocada, debe ser de tal forma contundente que  haga  surgir  de  inmediato  la  idea  de  que  se condenó a un inocente o a un  inimputable         como         imputable”1.   

Respecto de la causal 4ª de revisión, sólo  es  necesario acreditar mediante sentencia en firme o decisión que produzca los  mismos  efectos,  que  el fallo que se pretende rescindir estuvo determinado por  una   conducta   típica   del   juez   que   la   profirió    o   de   un  tercero.   

3.  Pronto  se  advierte  la ineptitud de la  demanda  para  obtener  la  finalidad  que se propone. Obsérvese cómo sobre la  enunciada  causal  4ª  el  actor  no hace ninguna reflexión, ningún argumento  expone  para  sustentarla,  mucho  menos  aporta  la  sentencia  o  la decisión  ejecutoriada  que  demuestre  que  la providencia cuya invalidación se persigue  estuvo  determinada  por una conducta punible del funcionario que la dictó o de  un tercero.   

4.  En  cuanto  al  motivo  3º ibidem,  se aportó un video que contiene  informes  periodísticos  difundidos  por  el  noticiero de televisión Noticias  Uno,  consistentes  en  entrevistas a algunos fiscales que denuncian al Director  Seccional  de  Fiscalías  de  Bogotá  por  acoso  sexual  y  por desplazar del  conocimiento   de   investigaciones   penales   a   ciertos   funcionarios  para  asignárselas  a otros, quienes presuntamente proferían resoluciones favorables  a  los  sindicados. Inclusive aparecen entrevistados los doctores Arias Pineda y  Navarrete  Camacho,  confrontando sus divergentes posiciones como lo hicieron en  el proceso donde esta última fue condenada.    

          4.1.  Los  recortes  de  prensa y de revistas se refieren a la misma  temática,  enfatizando  sobre  aspectos  que  revelan  la posibilidad de que al  interior  de  la  Fiscalía General de la Nación se estén presentando actos de  corrupción.   

4.2.  Referente  a  las  declaraciones  de  personas  cuya práctica se solicita, entre las cuales se incluyen las de Carlos  Hernando  Arias  Pineda y Enrique Chávez Pinzón, que ya lo hicieron dentro del  proceso,  se presenta la grave falencia que tal prueba no se aportó ni siquiera  sumariamente con el libelo demandatorio.   

5.  Le  corresponde  al  demandante no sólo  relacionar  las pruebas en las que funda su pretensión, sino acompañarlas a la  demanda,  y  establecer,  también, que de haber sido oportunamente conocidas en  el  curso  del  proceso, por su valor demostrativo la solución del caso habría  sido  la  absolución  del  sentenciado  o  la  declaración de haber actuado en  estado  de  inimputabilidad.  En  este  caso  el  libelista incumplió con estas  exigencias  previstas  en  los  ordinales  3  y 4 del artículo 222 del Estatuto  Procesal Penal del año 2000.   

        De   los  documentos  que  se  allegaron  no se desprende que exista un acontecer fáctico  que   esté   ligado    a  los  sucesos  que  dieron  lugar  al  juicio  de  responsabilidad  contra la entonces fiscal seccional para que se consideren como  hechos  nuevos,  en  ellos  hay  unas  denuncias  y  referencias  a  ellas sobre  presuntas  actuaciones  irregulares  o  ilícitas de quien fungía como Director  Seccional  de  Fiscalías  de  Bogotá,  pero nada novedoso aparece como acaecer  conectado  con  las  conductas  punibles  investigadas  y  falladas que lleven a  predicar  que no fue conocido por el juzgador que culminó la acción penal cuya  revisión se postula.   

6. Por las anteriores razones se impone la  inadmisión  de  la  demanda de revisión presentada en nombre de la sentenciada  PURIFICACIÓN  NAVARRETE  CAMACHO, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos  222        y       223       ejusdem.   

          A  mérito  de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de  Casación Penal,   

R E S U E L V E :  

          1.        INADMITIR   la   demanda   de   revisión  presentada  por  el  apoderado  de la condenada PURIFICACIÓN NAVARRETE CAMACHO.  Y,   

          2.        ADVERTIR   que  contra  esta  providencia  procede el recurso de reposición.   

          Cópiese, notifíquese y cúmplase.   

LUIS       BERNARDO       ALZATE  GÓMEZ                GUILLERMO        ANGULO  GONZÁLEZ          

               Conjuez                                                         Conjuez   

JAIME           CAMACHO  FLÓREZ                               MIGUEL CÓRDOBA ANGULO      

            Conjuez                                                            Conjuez   

MARÍA   DEL   ROSARIO   GONZÁLEZ   DE  LEMOS         YESID      RAMÍREZ  BASTIDAS   

JULIO       ENRIQUE       SOCHA  SALAMANCA               JAVIER ZAPATA ORTIZ   

                                         LUIS GONZALO VELÁSQUEZ POSADA   

                                                                     Conjuez   

  TERESA    RUIZ  NÚÑEZ   

Secretaria.    

1 CORTE  SUPREMA    DE    JUSTICIA,    Sala    de    Casación    Penal,    Autos  del  23  de  julio  de  1991, rad.  16.479;  del  27 de marzo de 2000, rad. 15.822; y del 1° de junio de 2005, rad.  19.828, entre otros.     

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