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Proceso No 22285
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Aprobado Acta No.119
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil seis (2006).
VISTOS:
Califica la Sala la demanda de casación presentada a nombre de RUBÉN DUARTE MONTOYA, contra la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2003 por el Tribunal Superior de Neiva, que confirmó la dictada en primera instancia por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pitalito, mediante la cual se condenó a dicho procesado y a Calixto Quigua Hermosa a la pena principal de 43 meses y 10 días de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por idéntico lapso, a cada uno, como coautores de los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas para la defensa personal.
HECHOS:
Así los resumió el Tribunal:
“Cuando se disponía a cargar un recebo en la finca de Fabio Medina en la vereda Pantanos del municipio de Timaná el 18 de mayo de 2001 a las cuatro y media de la tarde, el conductor Rafael Muñoz Valderrama debió apearse de la volqueta Internacional 4700, modelo 1995, color roja de placa VZE 673, obligado por dos sujetos que lo amenazaron con arma de fuego, ataron, le cubrieron el rostro con su camisa y le lastimaron la espalda con un cuchillo que uno de ellos apuntaba.
“Advertido el dueño de la cantera por el conductor del cargador que vio salir la volqueta sin el conductor que había entrado, se dieron a la persecución de los ladrones al tiempo que avisaron a la Policia de Timaná que en improvisado operativo, dio alcance a la volqueta en la vereda Buenos Aires por la vía a la vereda de Gallardo en el municipio de Suaza, donde se presentó un cruce de disparos y se dio captura a Calixto Quigua Hermosa y a Rubén Duarte Montoya quien resultara herido en una pierna. Un sujeto desengranó la volqueta que rodó hacia el abismo sufriendo graves daños. En el lugar se retuvo un campero Susuki SJ410 con placa NFI 211, colores rojo y blanco y una motocicleta Honda XLR-125, color azul amazonas, modelo 2001 con placa MKA-39 de propiedad de María Ramos Cuellar Fajardo, y además de los documentos de esos vehículos, los de la motocicleta Honda XL-125, color blanca de placas HOX 23 cuya tarjeta de propiedad está a nombre de José Alberto Pacheco Mora y la del seguro obligatorio a nombre de Rubén Duarte Montoya.
“A horas tempranas del día siguiente, se dio captura a José Aarón Castro Cuellar y a Elías Quigua Hermosa quienes se presentaron a la Estación de Policía de Timaná a averiguar por lo ocurrido y se les retuvo en una motocicleta Honda XL 125, color blanca en la cual se movilizaban y cuyos documentos fueron hallados con los del campero y de la otra motocicleta en el lugar de los hechos. A éstos se les incautó un teléfono celular y dos carnés de Comcel a nombre de otras personas ”.
LA DEMANDA:
Primer cargo
Con base en el inciso segundo de la causal primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusa el demandante el fallo de segundo grado de violar la ley sustancial por errores de hecho, “por equivocado raciocinio (falsos juicios de identidad) que llevaron al juzgador a una mala apreciación probatoria al haber desconocido las debidas reglas de la sana crítica para la obtención del conocimiento en grado de certeza sobre la responsabilidad de los condenados”, todo lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 232 y 238 del Código de Procedimiento Penal.
El sentenciador ignoró la duda que emergía a favor de su defendido, pues la prueba recaudada en la actuación no conduce a certeza sobre su responsabilidad. El Tribunal dedujo el indicio de presencia durante todo el acontecer delictual porque RUBÉN DUARTE fue reconocido en fila de personas por el conductor de la volqueta, como la persona que tomó el volante cuando se la arrebataron, y además, el agente Villacruz, dijo que él fue quien resultó herido y viajaba en un suzuki.
Tal conclusión, a juicio del demandante no consulta la lógica ni las reglas de la sana crítica, puesto que existe prueba que explica lo sostenido por RUBÉN DUARTE en la diligencia de indagatoria. En ese sentido, se cuenta con la declaración –creíble- de su hermano Patricio Duarte Hermosa, quien sostuvo que ese día le prestó su vehículo Suzuki para que se desplazara hasta Pitalito a cuadrar una máquina despulpadora de café y un motor, actividad normal en un comerciante de café como RUBÉN y en una región donde Pitalito es el pueblo más grande e industrial.
Es igualmente razonable y creíble lo manifestado en cuanto a su presencia en el sitio donde fue alcanzada la volqueta, pues se trata de vías estrechas, destapadas, por las que transitan pequeños vehículos, motocicletas y animales. Por eso, RUBÉN tuvo que parar el campero “por el obstáculo de la volqueta que es un vehículo grande y que casualmente había represado la vía teniéndose en cuenta que se había juntado la moto donde se moviliza CALIXTO quien iba de viaje para la misma región de aquel”, y en ese momento llegó la policía, quien iba prevenida contra los perseguidos. Entonces, se presentó la balacera, y como es apenas comprensible RUBÉN trató de resguardarse pero resultó herido, mientras que los verdaderos atracadores lograron escapar, quedando en el lugar los transeúntes.
Según lo manifestado por el testigo Gustavo Ortiz Murcia, al parecer, los individuos que se llevaron la volqueta la iban a entregar en el aludido sitio. Por eso puede entenderse que allí estuviera parada impidiendo el paso, lo que obligó a los ocupantes del Suzuki y la moto, a parar y a bajarse.
Crítica la apreciación del Tribunal, según la cual la copia del duplicado de la cédula de ciudadanía de ELOY corresponde a la de uno de los autores del delito, y que la perdió mientras huia, porque se trató de un hecho indiferente para la investigación, ya que a dicha persona no se le vinculó por no existir mérito para ello.
En el mismo orden, califica de no confiable la declaración de Rafael Muñoz Valderrama porque proviene de alguien interesado en que se castigue el delito, pues no se entiende cómo puede estar seguro que RUBÉN fue la persona que tomó el mando de la volqueta, si según él fue amarrado y recostado contra el suelo. Al contrario, le resultaba fácil sindicar a su defendido después de enterarse de su captura y de que resultó herido en una pierna.
Tampoco comparte la apreciación del Tribunal, según la cual Rafael Muñoz sí estaba en condiciones de memorizar a Rubén porque tenía que subirse por el mismo lado por el que se bajaba, pues una volqueta tiene dos puertas y el declarante no dijo por donde se subió el agresor.
Alude al pedido absolutorio de la Fiscalía en la audiencia pública frente a las dudas existentes sobre la identificación de los autores del delito, y enfatiza, que en verdad, como lo reconoció el ente acusador, ni siquiera los agentes Fandiño Gómez, José Manuel Vélez Domínguez y Herminson Villacruz, quienes participaron en la captura fueron claros en ello.
Con base en lo expuesto, solicita se case la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo de carácter absolutorio.
Segundo cargo
También por violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho, pero en este evento, por falsos juicios de existencia, propone el demandanre este reparo al fallo de segundo grado.
El sentenciador profirió decisión de condena dando por establecido un hecho cuya prueba no existe.
Se refiere específicamente al delito de porte ilegal de armas para la defensa personal, pues a su defendido no se le encontró arma alguna, y los testimonios de los agentes de la policía refirieron que en el lugar se encontró una chapuza para revólver y un cartucho calibre 38 largo, que no fueron reconocidos como suyos por el procesado.
Adicionalmente José Manuel Vélez Domínguez, uno de los policiales que intervino en la captura de RUBÉN, indicó que cuando lo requisó le encontró una chapuza en la pretina del pantalón pero no le halló arma alguna, y que en el Suzuki había un cartucho 38 largo.
Luis Eduardo Fandiño, también refirió la chapuza; y de igual manera en el informe policivo se hizo referencia a tales elementos.
Concluye, así, que dichos accesorios no permitían imputar el delito de porte ilegal de armas, porque ni la chapuza, ni el cartucho son armas y no se estableció su propiedad.
Pide, así, se case la sentencia y se dicte la que en derecho corresponda.
CONSIDERACIONES:
Por no ajustarse a los requisitos del artículo 212 de la Ley 600 de 2000 la demanda puesta a consideración de la Sala debe inadmitirse.
En efecto, en ninguno de los dos cargos propuestos como sustento de la pretensión casacional se logra evidenciar yerro alguno recurrible en casación, capaz de poner al menos en tela de juicio la presunción de acierto y legalidad que ampara a los fallos judiciales cuando arriban a esta sede.
Dice el censor, en el primer cargo, acudir al motivo de violación directa de la ley sustancial, por errores de raciocinio por desconocimiento de las reglas de la sana crítica y cita como normas sustanciales vulneradas los artículos 232 y 238 del Código de Procedimiento Penal, disposiciones que por regular aspectos probatorios son de carácter instrumental y no sustancial. En contraste, y siendo que el reparo se endereza a demostrar la existencia de la duda a favor del procesado en cuanto tiene que ver con el ilícito contra el patrimonio económico, no se invoca como disposición quebrantada aquella que consagra el principio del in dubio pro reo, y mucho menos aquellas que tipifican como delictiva la conducta imputada.
Asimismo, y aunque los yerros que enrostra al fallo son de tipo apreciativo desde el punto de vista de la aplicación de las reglas de la sana crítica, a las razones que expone para demostrar la veracidad de sus elucubraciones valorativas subyace un claro interés por sacar avante su personal y particular forma de concebir los hechos y las pruebas, los cuales presenta como más razonables y lógicos frente a los del Juez colegiado, pues en últimas el fundamento argumentativo se remite a insistir que se debió acoger como cierta la versión exculpativa de su defendido y la de su hermano en cuanto pretendió respaldarlo sobre los motivos por los cuales se movilizaba por esa vía, ese día y a esa hora, en el campero suzuki.
En contraste, busca oponerse al poder suasorio conferido en las instancias a la declaración rendida por Rafael Muñoz Valderrama, el conductor de la volqueta.
Lo anterior, indica, que el demandante asume una postura de instancia al enfrentarse al fallo a partir de críticas impregnadas de su propia convicción, que por lo mismo, no son el producto de una confrontación objetiva del contenido material de las pruebas cuyo poder persuasivo pretende recuperar a favor de la situación del sindicado, y aquellas que busca desestimar, con la verdad que encontró el Tribunal una vez cotejados en conjunto todos esos elementos de juicio que le permitieron concluir en grado de certeza sobre su participación, una vez ponderados bajo los criterios de la lógica la ciencia o la experiencia común.
Lo que hace el censor es tomar sólo algunas manifestaciones de la sentencia que no le resultan acertadas, sin que en últimas logre constatar el equívoco del juicio apreciativo, precisamente porque no las asume desde fuente, esto es, la prueba materialmente considerada
Algo similar, es predicable del segundo cargo. Aduce el libelista un falso juicio de existencia en cuanto tiene que ver con el delito de porte ilegal de armas para la defensa personal porque no se halló arma alguna.
Sin embargo, los argumentos de los que el propio demandante se vale para acreditar la razón de ser del cargo, más que respaldarlo lo desvirtúan, pues no discute que el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego. Además, los elementos hallados en poder del sindicado, son indicativos de que necesariamente portaba un artefacto de tal naturaleza.
En estas condiciones, la premisa de la que parte el casacionista es falsa, porque apuntaría a concluir que este delito contra la seguridad pública sólo se tipifica si el arma ilegalmente portada o utilizada se incauta por parte de las autoridades y se incorpora a la actuación.
Por tales razones, entonces, la demanda como ya se advirtió, será inadmitida, sin que sea en este caso necesario correr traslado oficioso al Ministerio Público, pues no se advierte la existencia de circunstancias configuradoras de nulidad o violatorias de garantías fundamentales de los sujetos procesales
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
1. Inadmitir la demanda de casación presentada a nombre de RUBÉN DUARTE MONTOYA.
2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
MAURO SOLARTE PORTILLA
Excusa justificada
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
Teresa Ruiz Núñez
Secretaria