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JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Magistrado ponente
CP018-2024
Radicación No. 62142
(Acta No. 005 )
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
ASUNTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, la Sala procede a rendir el concepto que en derecho corresponde en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez, efectuada por el Gobierno del Reino de España.
ANTECEDENTES
1.- Mediante la Nota Verbal No. 279/2022 del 15 de julio de 2022, el Gobierno del Reino de España, a través de su embajada en Colombia, reclamó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.244.113 y el pasaporte No. AV346090, quien es «reclamado por el Juzgado de Instrucción n° 41 de Madrid (España) por un delito contra la salud pública, de los artículos 368 y 369.5 del Código Penal español vigente».
2.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación, con Resolución del 18 de julio de 2022, decretó la captura con fines de extradición del mencionado, quien fue aprehendido por miembros de la Policía Nacional el 13 de ese mismo mes y año en la ciudad de Pereira (Risaralda), con fundamento en la notificación roja de Interpol No. A-4864/6-2022.
3.- La embajada del Reino de España formalizó la petición de extradición con la Nota Verbal No. 2951/2022 del 21 de julio de 2022 y adjuntó los siguientes documentos:
3.1.- Comunicación de la Subdirectora General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España, a través de la cual pone en conocimiento del Director de Asuntos Jurídicos y Consulares de dicho país que «el Consejo de Ministros estudiará la solicitud de extradición Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez (…)».
3.2.- La solicitud de extradición de Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez, efectuada 19 de julio de 2022 por el Juzgado de Instrucción No. 41 de Madrid.
3.3.- Auto del 4 de mayo de 2022, por medio del cual la autoridad judicial mencionada en el numeral anterior dispone «dirigir el procedimiento, además de (…) contra (…) GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ Pasaporte colombiano AV346090 y nacido el 12/11/1986 (…)».
3.4.- Auto del 22 de junio de 2022, donde el referido juzgado ordena continuar «la tramitación por los trámites de Diligencias Previas y se dirige el procedimiento contra GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ (…)».
3.5.- Providencia del 14 de julio de 2022, a través de la cual el Juzgado de Instrucción No. 41 de Madrid «DECLARA REBELDE a (…) GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ y (…) suspende el curso de la presente causa respecto de los mismos hechos que sean hallado».
3.6.- Auto de la misma fecha en el cual el nombrado despacho judicial del Estado requirente decretó «LA DETENCIÓN PARA INGRESO EN PRISIÓN (…) GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ (…)».
3.7.- Un informe emitido el Juez de Instrucción No. 41 de Madrid, en el cual reseña el fundamento fáctico del proceso judicial que se adelanta en dicho país contra el requerido en extradición.
3.8.- La reproducción de las normas aplicables al caso.
3.9.- Copia de la Orden de Detención Europea e Internacional presentada contra Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez.
3.10.- La Notificación Roja de Interpol No. A-4864/6-2022.
4.- La Cancillería, mediante oficio S-DIAJI-22-017997 del 22 de julio de 2022, remitió copia de la documentación pertinente y sus anexos al Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, entidad que a su vez hizo llegar el expediente a esta Corporación con oficio MJD-OFI22-0027520-GEX-1100 del 1 de agosto de 2022.
5.- Por medio de auto del 9 de agosto de 2022, la Sala reconoció personería jurídica a la apoderada de confianza designada por Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez.
Asimismo, en atención que el requerido, con la aquiescencia de su abogada, manifestó su voluntad de acogerse al trámite de extradición simplificada previsto en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, se ordenó correrse traslado al Ministerio Público para que manifestará si coadyuvada esta solicitud.
Por último, se requirió a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Cuerpo Técnico de Investigación para que consulten en sus bases de datos si obra alguna investigación contra el reclamado y, de ser así, indicaran el número de radicación, los hechos objeto de investigación, el estado actual del trámite y allegar copia de las decisiones emitidas.
6.- La Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal allegó la respectiva acta de verificación de garantías fundamentales. Esta funcionaria constató, luego de entrevistar al requerido en su lugar de reclusión, que la manifestación de someterse al trámite especial de la extradición simplificada se realizó de manera libre, consciente y voluntaria, sin apremio o vicio del consentimiento.
Asimismo, señaló que, en caso de emitirse concepto favorable, es preciso incluir exhortaciones al Gobierno Nacional para que advierta al Estado requirente sobre la procedencia del juzgamiento «solamente por las conductas que generan la extradición», así como de la restricción de someterlo «a pena de muerte, desaparición forzada, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación», y el deber de garantizarle la estricta observancia del Bloque de Constitucionalidad.
CONSIDERACIONES
1. Sobre la extradición simplificada
El artículo 70 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011 contempla la figura de la extradición simplificada, según la cual, la persona reclamada, con la aquiescencia de su defensor y del Ministerio Público, puede solicitar que se emita, de plano, el concepto asignado a la Corte.
En el caso sub examine, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en dicha norma para proceder a evaluar la petición de extradición elevada por el Gobierno del Reino de España respecto Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez, sin agotar la fase de decreto de pruebas y de alegatos de conclusión; al constatar que, para la terminación anticipada del trámite, concurre la voluntad y aceptación de todos los intervinientes.
2.- Aspectos generales sobre la extradición
La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en relación con el trámite de extradición, la Constitución estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el cual los tratados públicos se aplican de forma «principal y preferencial» y la ley rige de manera «subsidiaria o supletoria».1
En ese orden, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia está en el deber de verificar, de forma preliminar, el cumplimiento de lo previsto en la Carta Política y, una vez finalizada esa labor, realizar el análisis formal del pedido de extradición. No podrá emitir un concepto favorable si observa que la solicitud puesta a su consideración desconoce las previsiones constitucionales.
Ese entendimiento se basa en el mandato constitucional irrestricto dirigido a esta Corporación, en su condición de órgano límite de la jurisdicción ordinaria, de salvaguardar los derechos y garantías fundamentales de todas las personas, de conformidad con los artículos 1º, 2º, 4º y 230 ibídem, sobre los fines esenciales del Estado social de derecho, la supremacía de la Constitución Política frente a cualquier otra norma jurídica y la autonomía de la función judicial.
3.- Las previsiones constitucionales sobre la materia y la solicitud de extradición formulada por el Gobierno del Reino de España.
El artículo 35 de la Constitución Política señala: i) «la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana», ii) «no procederá por delitos políticos» ni iii) cuando «se trate de hechos cometidos con anterioridad» al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997.
Por su parte, el inciso 1° del artículo transitorio 19° del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 dispone:
No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.
3.1.- Como se verá en el acápite referente a la doble incriminación, la conducta por la cual se solicita en extradición a Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez también es considerada delito en Colombia.
3.2.- En cuanto a la determinación del lugar de ocurrencia de los ilícitos que motivan la solicitud de extradición, del informe rendido por el Juez de Instrucción No. 41 de Madrid se puede extraer que el requerido presuntamente hace parte de una organización criminal «dedicada a enviar paquetes postales a América del Sur, conteniendo sustancias estupefacientes en el interior», actividad que realizaban desde territorio español.
3.3.- Por otra parte, la conducta delictiva por la cual se adelanta una investigación contra el requerido no tiene la calidad de delito político o políticamente motivados.
3.4.- Ahora, del informe mencionado en párrafos anteriores se puede desprender que la conducta delictiva que se le pretende endilgar a Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez acaeció por lo menos, desde el mes de enero de 2022, por lo cual, se puede concluir que los hechos que fundamentan la solicitud acontecieron con posterioridad al inicio de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997.
3.5.- Tampoco opera la prohibición de conceder la extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en razón a que no obra en el expediente indicio alguno de que el requerido tenga tal condición y los interesados no mencionaron nada al respecto.
En resumen, se observa que el pedido de extradición no contraviene las limitaciones constitucionales previamente señaladas y, por esa razón, la Sala procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos convencionales y legales.
4.- Verificación del cumplimiento de los requisitos convencionales o legales de la solicitud de extradición
El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que el instrumento internacional aplicable es la «Convención de Extradición de Reos», suscrita el 23 de julio de 1892, y el «Protocolo Modificativo del Convenio de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España», adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999.
En concordancia con lo previsto en los referidos instrumentos internacionales, se evaluará el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) documentación anexa y validez formal de la misma; ii) acreditación de la identidad plena de la persona solicitada en extradición; iii) la jurisdicción del Estado requirente; iv) la doble incriminación de la conducta imputada; v) copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza y, finalmente, vi) que no se presente alguna de las circunstancias que inhiben la procedencia de la solicitud de extradición.
4.1.- Documentación anexa y validez formal de los documentos aportados
El artículo 8° de la Convención establece que la solicitud deberá hacerse por la vía diplomática, acompañada de los siguientes documentos: a) copia autorizada de la sentencia si la persona requerida se encuentra condenada, b) copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición que les sea aplicable, si se trata de un individuo acusado o perseguido, y c) las señas personales del reo o encausado, hasta donde sea posible para facilitar su búsqueda y arresto.
El artículo 2° del Protocolo Modificatorio del 16 de marzo de 1999, por otro lado, establece que «[l]os documentos presentados con las solicitudes de extradición que por vía diplomática se tramiten, en virtud de la Convención de Extradición suscrita entre los dos países, estarán exentos del requisito de legalización (…)», lo cual permite a los Estados Parte agilizar el trámite de extradición.
Esas exigencias formales están acreditadas, como se evidenció en la reseña de los documentos anexos al pedido formal de extradición – Nota Verbal No. 2951/2022 del 21 de julio de 2022 -, revisada en el numeral 3 del acápite de antecedentes, los que se suministraron en copias auténticas.
Por lo anterior, se concluye que los documentos aportados se tornan aptos y suficientes para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder al concepto.
4.2.- Plena identidad de la persona reclamada
Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad, por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquel cuya entrega se encuentra en curso de resolver.
El Reino de España solicitó la entrega del ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.244.113, nacido el 12 de noviembre de 1966 en Pereira (Risaralda).
En el informe de laboratorio de dactiloscopia forense del 13 de julio de 2022, se indicó lo siguiente:
8. RESULTADOS
(…)
8.3. Confrontación dactiloscópica
Las impresiones dactilares que obran en el formato decadactilar descrito en el numeral 4.1. correspondan entre si con las impresiones dactilares que obran en el informe de consulta web descrito en el ítem 4.2, por cuanto coinciden en el tipo de dactilogramas, seguimiento de crestas y en la ubicación numérica y topográfica de puntos característicos, por consiguiente para realizar la gráfica de confrontación se utilizaron las impresiones dactilares señaladas como 1 PULGAR Y PULGAR DERECHO que obran en los documentos del numeral 4.1 e ítem 4.2. respectivamente.
9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS/CONCLUSIONES
Realizado el estudio de orden técnico al material allegado, se concluye que:
9.1. se VERIFICA que la identidad de la persona a quien corresponden las impresiones dactilares que obran en el documento registro decadactilar descrito en el numeral 4.1. identificada como muestra 202200920 es GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ con Número de Documento (NUIP) 1,088,244,113 expedida en Pereira Risaralda
Con base en lo anterior, se concluye que la persona detenida por las autoridades colombianas es la misma que está siendo solicitada en extradición por el Gobierno del Reino de España.
4.3. Jurisdicción del Estado requirente.
Conforme lo preceptúa el artículo 1º de la Convención, los dos gobiernos «se comprometen a entregarse recíprocamente los individuos condenados o acusados por los tribunales o autoridades competentes de uno de los dos Estados contratantes, como autores o cómplices de los delitos o crímenes enumerados en el Artículo 3º y que se hubieren refugiado en el territorio del otro».
En la presente actuación, el Juzgado de Instrucción No. 41 de Madrid, a través de un auto del 4 de mayo de 2022, dispuso «dirigir el procedimiento, además de (…) contra (…) GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ Pasaporte colombiano AV346090 y nacido el 12/11/1986 (…)».
Asimismo, con una providencia del 22 de junio de 2022, ordenó continuar «la tramitación por los trámites de Diligencias Previas y se dirige el procedimiento contra GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ (…)».
Por lo que la Sala encuentra satisfecho el requisito.
El artículo 1º del Protocolo Modificatorio de la Convención de Extradición de Reos establece que la extradición resulta procedente cuando la persona requerida es perseguida por algún delito o para la ejecución de una pena privativa de la libertad no inferior a un año, a cuyo efecto «será indiferente el que las Leyes de las Partes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma terminología para designarlo».
En lo que concierne al alcance de este requisito la Sala ha reiterado2, la postura sentada en la providencia CP118-2021 del 21 de julio de 2021, radicado 58552:
(…) de manera que el término no inferior a un (1) año al que refiere el artículo 3º de la Convención de Extradición de Reos, reformado por el Protocolo Modificatorio de 1999, no puede entenderse como que debe corresponder al mínimo de la sanción prevista para el delito en el país requirente, sino que debe verificarse en su conjunto, esto es, teniendo en cuenta también el máximo de la pena, de tal forma que, si éste no es inferior a un (1) año, debe concebirse satisfecho el presupuesto. 3
En ese orden de ideas, al examinarse este requisito se debe tener en cuenta tanto el extremo mínimo de la sanción penal como el máximo, de tal forma que, si alguno de estos es superior a un año, se debe tener por cumplida esta exigencia.
4.4.1.- En la documentación aportada por el Estado requirente, se indicó que Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez es presuntamente responsable de un «delito contra la salud en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud» y un «delito de pertenencia a una organización criminal».
En el auto del 4 de mayo de 2022, el Juzgado de Instrucción No. 41 de Madrid reseñó los hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la investigación:
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO. – Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia de COMPAÑÍA FISCAL AEROPUERTO BARAJAS, por un posible delito de (sic) Contra la salud pública, habiendo practicado las diligencias que en las mismas constan. Por la fuerza actuante se ha solicitado la emisión de orden internacional de detención respecto de ANDREA ESTEFANÍA TORRES ZAPATA, DANIELA GÓMEZ GONZÁLEZ, GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ y JORGE IVÁN ESTRADA LONDOÑO, por las razones que expresan en su informe de fecha 30/03/2022. Por el Ministerio Fiscal se ha emitido informe en el sentido de dictar resolución accediendo a lo solicitado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De las actuaciones practicadas se desprende que ANDREA ESTEFANIA TORRES ZAPATA (sic), DANIELA GOMEZ GONZALEZ (sic), GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMENEZ (sic) y JORGE IVAN ESTRADA LONDOÑO (sic) han tenido una participación en la comisión de los hechos investigados en la presente causa, incardinados en los delitos contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, de los artículos 368 y 369.5 del Código Penal, castigados con penas de hasta 12 años de prisión.
En concreto GUSTAVO ORTIZ JIMENEZ (sic) fue la persona que les encargó entregar y recoger los envíos a cambio de dinero, habiéndoles acompañado a las oficinas desde las que se remiten los paquetes. ANDREA STEFANIA TORRES (sic) fue la persona que llevó a cabo la entrega del primer envío que recogió RUBEN (sic). DANIELA GOMEZ GONZALEZ (sic) fue la persona encargada de realizar las reservas de alojamientos durante la comisión de los hechos investigados.
ANDREA ESTEFANIA TORRES ZAPATA (sic), DANIELA GOMEZ GONZALEZ (sic), GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMENEZ (sic) y JORGE IVAN ESTRADA LONDOÑO (sic), abandonaron precipitadamente el alojamiento en el que (sic) hospedaban, huyendo de España, en vuelo a Colombia, el día 18/03/2022.
JORGE IVAN ESTRADA LONDOÑO (sic), a su llegada a Colombia, portaba la cantidad de 11935€ no pudiendo justificar el origen lícito del dinero y siendo retenido parcialmente por la Policía Nacional Colombiana (sic).
SEGUNDO. – De conformidad con lo dispuesto en el art. 132 del Código Penal, procede dirigir el presente procedimiento contra ANDREA ESTEFANIA TORRES ZAPATA (sic), DANIELA GOMEZ GONZALEZ (sic), GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMENEZ (sic) y JORGE IVAN ESTRADA LONDOÑO (sic).
TERCERO. – Cuando la orden de detención internacional se emite para el ejercicio de acciones penales, en primer lugar, requiere que se trate de hechos para los que la ley penal española señale una pena o medida de seguridad privativa de la libertad o de internamiento en régimen cerrado cuya duración sea, al menos, de doce meses (artículo 37.1 de la LRM y 2.1 de la DM). Concurre este requisito en el presente caso de autos, pues se investigan unos hechos incardinados en los delitos contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, de los artículos 368 y 369 del Código Penal, castigados con penas de hasta 12 años de prisión.”
4.4.2.- De acuerdo con las autoridades del Reino de España, los hechos endilgados al requerido implicaron una vulneración del artículo 368 y 369.5 del Código Penal Español; normativa que fue debidamente aportada y dispone:
Artículo 368.
Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de una sustancia o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que hace referencias los artículos 369 bis y 370.
Artículo 369.
1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
(…)
5.ª Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas que se refiere el artículo anterior.
4.4.3.- En la legislación colombiana, la conducta descrita corresponde al delito de «tráfico de estupefacientes», tipificada en el artículo 376 del Código Penal el cual se transcribe a continuación:
Artículo 376.
El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4.4.4.- De la lectura de las citadas disposiciones se observa que la conducta imputada constituye delito tanto en Colombia como en el Reino de España y, además, en ambos países la autoridad legislativa dispuso como sanción la privación de la libertad, con pena superior a un año, cumpliéndose de esa forma la exigencia de la doble incriminación.
El artículo 5° del Convenio exige para la procedencia de la extradición que el país requirente aporte copia autorizada de la sentencia si la persona requerida se encuentra condenada o copia autorizada del mandamiento de prisión o auto de proceder o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición que le sea aplicable, si se trata de un individuo acusado o perseguido.
Para dar cumplimiento a esa exigencia la Embajada del Reino de España aportó copia de la providencia del 14 de julio de 2022, a través de la cual el Juzgado de Instrucción No. 41 de Madrid decretó la «DETENCIÓN PARA INGRESO EN PRISIÓN (…) GUSTAVO ADOLFO ORTIZ JIMÉNEZ (…)»:
En ese orden de ideas, se cumple la condición referida por el Convenio.
4.6.- Circunstancias que inhiben la procedencia de la solicitud de extradición
Los artículos 4°, 5º y 6º de la Convención disponen que no habrá lugar a la extradición cuando: i) «se pida por un crimen o delito por el cual el individuo reclamado sufre o ha sufrido ya la pena, o que ha sido juzgado y absuelto en el territorio de la otra parte contratante»; ii) «por delitos políticos o por hechos conexos con ellos» y iii) «por crímenes o delitos perpetrados con anterioridad a las ratificaciones» del convenio.
4.6.1.- En lo concerniente a la primera de estas circunstancias, la Sala, mediante auto del 9 de agosto de 2022, dispuso oficiar a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Cuerpo Técnico de Investigación de esta última entidad para que informaran si Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez ha sido investigado, juzgado o condenado por alguna conducta punible; en caso positivo, debían precisar el contexto fáctico en que se desarrolló la respectiva actuación, la correspondiente autoridad judicial y el estado actual del proceso.
Al respecto, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional indicó que contra el requerido figura una orden de captura vigente por concepto de una extradición, la cual corresponde al presente trámite.
Por otra parte, la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación manifestó que «consultados los sistemas misionales SPOA y SIJUF, utilizando como criterio de búsqueda el cruce exacto de los datos aportados en la solicitud (…) NO aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indiciado/sindicado».
4.6.2.- El numeral 2 del artículo 4° de la Convención de Extradición de Reos establece como una de las causales que impiden la procedencia la solicitud de extradición, que se haya «cumplido la prescripción de la acción o de la pena, según las Leyes del país a quien el reo sea reclamado».
Así las cosas, el artículo 83 del Estatuto Punitivo establece:
La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.
[…] INC 3. Adicionado Ley 1154/2007, art.1°. Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad.
[…] También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.
En todo caso, cuando se aumente el término de la prescripción, no se excederá el límite máximo fijado.
Por su parte, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, dispone que «La prescripción de la acción penal se interrumpe por la formulación de la imputación […]. Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por el término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años».
En este caso el auto que ordenó la prisión preventiva en contra Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez fue proferido el 4 de mayo de 2022, por el Juzgado de Instrucción No. 41 de Madrid.
Ha señalado esta Corporación (CSJ CP167-2022, 13 sep, rad. 59947) que, por el contenido y efectos jurídicos de este proveído, es posible concluir que, se equipara en Colombia con el acto de formulación de imputación en el procedimiento ordinario o con el traslado del escrito de acusación en el procedimiento abreviado, a través de los cuales se comunica formalmente al implicado la iniciación de un proceso en su contra y de los hechos y conductas delictivas que se le imputan. Esto indica que el término de prescripción cuando media formulación de imputación es la mitad de la pena máxima, contados a partir de ese momento, más los incrementos por tratarse de un delito cometido en el exterior.
En ese sentido, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, inciso segundo del artículo 376 del Código Penal colombiano -sustancia estupefaciente no supera los cien (100) gramos de cocaína- fija una pena máxima de 108 meses de prisión que equivalen a 9 años de prisión. Tiempo que, sumado al incremento previsto por la comisión del delito en el exterior, arrojaría como resultado 13 años y 6 meses de prisión.
Y la mitad de dicho término, corresponde a 6 años y 9 meses de prisión. Dicho término se cumpliría el 3 de febrero de 2029. Por este motivo está acreditado el presupuesto de no prescripción.
Por último, dentro del estudio es claro que los injustos imputados al requerido, vinculados con delitos contra la salud pública, no tienen connotación política, son ilícitos comunes, por lo que no se presenta la prohibición de extradición con fundamento en que los reatos tengan aquel carácter.
Por consiguiente, se concluye que no son aplicables las causales de improcedencia a la solicitud de extradición establecidas en la Convención de Extradición de Reos, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892 entre el Reino de España y la República de Colombia, y su Protocolo modificatorio del 16 de marzo de 1999.
5.- Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez, formulada por el Gobierno del Reino de España, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido.
6.- Sobre los condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega a que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.
Igualmente debe condicionar la entrega al respeto, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, de todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable: (i) a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, (ii) a que se presuma su inocencia, (iii) a estar asistido por un intérprete, (iv) a contar con un defensor designado por él o por el Estado, (v) a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, (vi) a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, (vii) a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social. Además, a que se remita copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan.
La Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, que proceda a imponer al Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la extradición.
Al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, según sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido tenga contacto regular con sus familiares cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y su honra, dignidad e intimidad.
La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento.
Por lo demás, es resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad soportado por el requerido con ocasión de este trámite.
7.- El concepto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición de Gustavo Adolfo Ortiz Jiménez formulada por el Gobierno del Reino de España con la Nota Verbal No. 2951/2022 del 21 de julio de 2022.
Por la Secretaría de la Sala, comuníquese esta determinación al requerido, a su abogada, al representante del Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.
Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia para los trámites subsiguientes señalados en la ley.
HUGO QUINTERO BERNATE
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
SECRETARIA
1 Cfr. Sentencias C-1106 de 2000; C-740 de 2000 y C-780 de 2004.
2 CSJ CP175-2023 del 2 de agosto de 2023, radicado 62131, entre otros.
3 CSJ CP118-2021 del 21 de julio de 2021, radicado 58552.
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