Asistente Jurídico Inteligente
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JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Magistrado Ponente
STP13006-2023
Radicación N.° 133848
(Aprobado Acta No 208)
Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
I. ASUNTO
1.- Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por ELIANA MELISA LIZARAZO GONZÁLEZ, contra la sentencia de tutela emitida el 6 de octubre 20231, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal –Sala Única-, declaró improcedente la demanda de amparo para la protección del derecho fundamental de petición, el cual fue presuntamente vulnerado por la Fiscalía 8 Seccional de la misma ciudad.
II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
2.- Fueron resumidos por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, juez de tutela de primera instancia, en los siguientes términos:
«En la Fiscalía 8 Seccional de Yopal cursa la investigación penal n.° 2021-00076, por el delito de homicidio, donde actúan como víctimas indirectas las señoras Lizbeth Astryd Cajigas Rojas y Paula Camila Díaz Cajigas.
Eliana Melisa Lizarazo es la apoderada sustituta de las víctimas. En ejercicio de ese mandato radicó petición el 15 de agosto de 2023, en la que le solicitó al ente fiscal que «[las] mantuviera informadas sobre los avances del proceso, se nos remita el programa metodológico, las ordenes emitidas a policía judicial y por último se nos trasladen los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que obraran en el Despacho de esa Fiscalía dentro del precitado proceso.»
La anterior solicitud no ha sido resuelta por la autoridad, omisión que la actora considera trasgresora de su derecho fundamental de petición y acceso a la administración de justicia, “ya que es imperativo que las victimas estén al tanto del proceso que se surte en la Fiscalía General de la Nación”».
III. EL FALLO IMPUGNADO
3.- La Sala Única del Tribunal Superior de Yopal declaró improcedente la demanda de amparo al advertir que ELIANA MELISA LIZARAZO GONZÁLEZ carece de legitimación en la causa para promover la acción constitucional, dado que las titulares del derecho fundamental supuestamente vulnerados son las víctimas Lizbeth Astryd Cajigas Rojas y Paula Camila Díaz Cajigas, en cuyo favor presentó la solicitud de información y las copias del expediente digital.
4.- Recalcó que la abogada LIZARAZO GONZÁLEZ no ostenta la calidad de parte en el asunto que generó el objeto del reproche, en tanto su actuación se debió en razón al mandato que le fue sustituido, asimismo, indicó que la accionante no aportó poder especial que la autorizara a presentar la tutela en nombre de las titulares de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados, ni expuso su calidad de agente oficioso.
IV. LA IMPUGNACIÓN
5.- Fue propuesta por la accionante, quien manifestó su inconformidad con la decisión de primer grado, al aducir que las facultades otorgadas a través del poder que le fue sustituido incluyen todas las potestades para la óptima realización del mandato, por tanto, “no se hace necesario un nuevo poder para la presentación de la acción de tutela”.
Agregó que:
«Respecto a lo decantado por el Tribunal, no es cierto que se trate de otro proceso judicial el cual requiriera de un nuevo mandató (sic), dado a que la génesis de esta litis se deriva en una solicitud realizada ante la Fiscalía, ahora bien, el poder me faculta a mi (sic), para realizar solicitudes, y como fui yo la persona que realizo (sic) la petición, y en virtud al 23 Constitucional, es a mi (sic), a quien tuvieron ha (sic) haber dado respuesta, y como no fue así, pues soy yo la persona legitimada para impetrar la acción de tutela, porque fue a mi (sic) a la que se le vulnero (sic) el derecho de petición, a mis poderdantes no, a mi (sic), tal vez a ellas indirectamente por no facilitar ni garantizar al acceso al proceso de su difunto esposo y padre victima directa del proceso penal, pero para la presente litis, a la que se le vulneraron derechos fue a la suscrita apoderada».
6.- Por lo anterior, solicita que se revoque la decisión adoptada por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y, en consecuencia, se garantice la protección de su derecho fundamental de petición.
7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la impugnación instaurada por el accionante, contra la decisión de tutela que emitió la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, de quien es su superior funcional.
8.- El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por acción u omisión sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
8.- Ahora bien, el ordenamiento jurídico exige la constatación de una serie de requisitos mínimos para la presentación del amparo, dentro de ellas, la legitimación en la causa.
8.1.- Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 199, dispone:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
8.2. Bajo ese panorama se tiene que la acción constitucional puede ser propuesta por i) el titular de los derechos que se encuentran vulnerados o bajo amenaza, ii) su representante y iii) el agente oficioso, cuando la persona no esté en capacidad para su ejercicio, lo cual deberá indicarse de manera expresa en la solicitud.
8.3- Cuando la demanda sea presentada a través de apoderado, este debe ser abogado titulado y contar con el mandato especial que lo autorice para instaurar la tutela.
9. En el caso sub judice, se anticipa que se confirmará el auto de primer grado, pues tal como lo decidió el Tribunal de instancia, la accionante no acreditó ninguna de las condiciones que la habilitarían para acceder al mecanismo constitucional.
10. Verificados los documentos allegados al plenario se advierte que un abogado sustituyó poder a la doctora ELIANA MELISA LIZARAZO GONZÁLEZ para ejercer la representación de Lizbeth Astryd Cajigas Rojas Y Paula Camila Díaz Cajigas al interior del SPOA 851396001187202100076; sin embargo, ello no la habilita automáticamente para acudir en representación de los intereses de sus prohijadas a través del sendero constitucional, pues como se advirtió, se requiere un mandato especial para su ejercicio, que se echa de menos en este asunto.
10.1.- De igual forma, tal como lo afirmó el Tribunal Superior de Yopal, la accionante no demostró qué condiciones de incapacidad o imposibilidad de las titulares del derecho presuntamente agraviado le permitirían acudir a la figura del agente oficioso y, además, ello no fue objeto de alegación en la impugnación presentada.
11.- Por último, la accionante centra su argumentación en señalar que se encuentra habilitada para acceder a la protección constitucional, pues, a su juicio, sobre ella también recae la vulneración en razón a su condición de apoderada judicial.
11.1.- Para esta Sala resulta pertinente precisar que la garantía fundamental contenida en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y desarrollada normativamente en el plexo normativo de la Ley 906 de 2004, se dirige a la protección de las partes e intervinientes dentro de los procesos penales que se adelanten.
11.2.- Justamente, una de las partes que cuenta con una especial protección normativa es el sujeto pasible de la acción penal, a quien se le dota de una serie de prerrogativas imprescindibles para la protección de sus derechos.
11.3- Particularmente, uno de los derechos más relevantes que se derivan del debido proceso legal, es el derecho de defensa, bien sea en su propio nombre (defensa material) o a través de un profesional del derecho (defensa técnica).
11.4- Por consiguiente, el conjunto de herramientas y atribuciones que se le asignan a la defensa están encaminadas a asegurar el derecho al debido proceso que le asiste a partes o intervinientes y no, como lo pretende justificar el accionante, al propio mandatario que desde el punto de vista técnico agencia los derechos e intereses de aquellos en la correspondiente actuación procesal.
11.5.- En principio, no es cierto que quien ejerza la defensa técnica cuente con un derecho propio y autónomo al debido proceso, distinto al que reside en cabeza de sus poderdantes. Ahora bien, ello no es óbice para anular de tajo la posibilidad de que en un trámite penal se vulneren derechos fundamentales propios del defensor, lo cual no ocurre en este asunto.
12.- Obsérvese que la vulneración alegada se circunscribe respecto a la solicitud que se elevó a la Fiscalía 8 Seccional de Yopal en el marco de un proceso penal presentada por la representante de víctimas –aquí accionante-; razón por la cual, es claro que tanto la motivación de la solicitud, así como los posibles efectos de la misma, recaen en los intereses de las ciudadanas Lizbeth Astryd Cajigas Rojas y Paula Camila Díaz Cajigas y no de quien ejerce su representación en tanto actuó en representación y en nombre de aquellas.
13. Hechas las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará la determinación proferida por la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – en Sala de Decisión de Acciones de Tutela N° 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
VI. RESUELVE
1. CONFIRMAR la providencia impugnada, de acuerdo con las precisiones indicadas en la parte motiva.
2. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente proveído, por el medio más expedito.
3. ENVÍESE la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Expediente asignado por reparto al despacho del Magistrado Ponente el 18 de octubre de 2023.