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HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado Ponente
CP190-2023
Radicación No. 54948
(Aprobado Acta No. 151)
Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023.
ASUNTO
La Corte procede a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano José Geidin Castro Chillambo, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 0328 del 8 de marzo de 20191, la representación diplomática del país requirente solicitó la extradición de José Geidin Castro Chillambo para que comparezca a juicio por delitos relacionados con “tráfico de narcóticos” ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde el 27 de abril de 2018, se le dictó Acusación en el caso No. 18-20347 CR-COOKE/GOODMAN2.
2. En orden a formalizar el trámite de extradición, se aportaron los siguientes documentos con su correspondiente autenticación por el Gobierno reclamante, la traducción necesaria y su legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, así:
2.1. Las Notas Verbales números 1689 del 26 de septiembre de 20183 y 0328 del 8 de marzo de 2019, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos de América hizo conocer y formalizó la petición de extradición.
2.2. Copia de la Acusación en el caso No. 18-20347 CR-COOKE/GOODMAN proferida el 27 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
2.3. Reproducción de las normas penales relevantes para el presente caso4.
2.4. Declaraciones juradas de Monique Botero5, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y de Daniel McNamara6, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA7).
2.5. Duplicado de la orden de arresto proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida contra José Geidin Castro Chillambo8.
2.6. Informe de la consulta web de la cédula de ciudadanía No. 87.948.206, a nombre de José Geidin Castro Chillambo9.
3. En Colombia se realizó el siguiente trámite:
3.1. Mediante oficio DIAJI No. 2667 del 26 de septiembre de 201810, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Fiscal General de la Nación la Nota Diplomática No. 1689 de ese día, procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América, mediante la cual se solicitó la detención provisional con fines de extradición de José Geidin Castro Chillambo, y el citado funcionario, con Resolución del 7 de diciembre de 2018, profirió la respectiva orden de captura11.
3.2. El 11 de enero de 2019, con fundamento en la orden precitada, el requerido fue aprehendido por funcionarios de la Policía Nacional en el municipio de Tumaco, Nariño12.
3.3. Mediante oficio DIAJI No. 0551 del 11 de marzo de 201913 la Cancillería envió las diligencias y la Nota Verbal No. 0328 del 8 de marzo anterior a su homólogo de Justicia y del Derecho, a través de la cual el Gobierno de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de José Geidin Castro Chillambo.
En dicha comunicación la Cancillería conceptuó que los tratados aplicables al presente caso son “la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988” y, “la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000”. Indicó, además, que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados en los aludidos instrumentos internacionales, “el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano”.
3.4. Visto lo anterior, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a esta Corporación toda la documentación traducida y legalizada que presentó la Embajada de los Estados Unidos de América, tras considerar que se encontraban reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable.
3.5. Recibido el expediente en esta Corporación, con auto del 10 de abril de 2019, se reconoció personería a los abogados designados por el requerido y se ordenó correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 a los intervinientes, a efectos de que se presentaran las peticiones probatorias.
3.6. En uso del traslado, el representante del Ministerio Público manifestó que no era necesario el decreto de pruebas al tiempo que la defensa del requerido solicitó la práctica de cinco (5) medios de conocimiento.
3.7. Posteriormente, la Sala profirió el auto AP2840-2019 del 17 de julio de 2019, por medio del cual remitió las diligencias a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la J.E.P., con la finalidad de que se determinara si, en este caso, era aplicable la garantías de no extradición, prevista en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017.
3.8. Por último, mediante auto del 22 de noviembre de 2021 –confirmado en autos del 19 de enero y 12 de octubre de 2022– la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la J.E.P. determinó negar el reconocimiento del beneficio de la garantía de no extradición que solicitó José Geidin Castro Chillambo y, en consecuencia, ordenó “[r]emitir la presente actuación, incluyendo los cuadernos anexos, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia (…)”. Por lo anterior, una vez recibido el expediente correspondiente, en decisión del 10 de febrero de 2023, se ordenó reasumir el conocimiento de la presente actuación.
3.9. Mediante proveído del 3 de mayo de 2023 la Sala decretó, a petición de parte y de oficio, una serie de pruebas dirigidas a verificar el cumplimiento de la garantía del non bis in ídem. Del mismo modo, negó algunas de las pruebas solicitadas por la defensa, por inutilidad.
3.10. Una vez recibidas las pruebas decretadas, el 22 de junio de 2023 se corrió traslado para que los intervinientes presentaran alegatos de conclusión.
EL MINISTERIO PÚBLICO
Después de hacer un breve recuento del procedimiento de extradición que se ha surtido, el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal concluyó lo siguiente: (i) que la conducta por la cual se acusa a José Geidin Castro Chillambo en Estados Unidos fue realizada con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997; (ii) que el desenlace de dicho comportamiento ocurrió en el extranjero y (iii) que, en este caso, el trámite de extradición debe ajustarse a lo preceptuado en el Código de Procedimiento Penal Colombiano.
De cara al cumplimiento de las exigencias legales que se requieren para autorizar el trámite de extradición, el Delegado del Ministerio Público manifestó lo siguiente: (i) la documentación aportada con la solicitud de extradición goza de validez formal; (ii) está demostrada la plena identidad del requerido; (iii) que las conductas por la cuales fue acusado José Geidin Castro Chillambo corresponden a los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir y (iv) que la acusación proferida en contra del requerido ante la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida es equivalente a la figura de la resolución de acusación, que prevé nuestra legislación penal adjetiva.
Adicionalmente, añadió que, en el evento de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conceptúe de manera favorable sobre la extradición de José Geidin Castro Chillambo, deberá condicionar al Gobierno Nacional para que advierta al país requirente que la entrega del reclamado lo limita a juzgarlo únicamente por la conducta que origina la extradición y que, de acuerdo con los instrumentos internacionales que protegen los Derechos Humanos, no podrá someterlo a pena de muerte, desaparición forzada, tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación.
LA DEFENSA
Por su parte, la defensa del requerido manifestó que, en vista de la Jurisdicción Especial para la Paz se pronunció de manera negativa frente a la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición prevista en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, están dados los presupuestos para que esta Corte se pronuncie sobre la presente extradición.
Al respecto, solicitó que se emita un concepto favorable, siempre que aquella se condicione al cumplimiento de los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico le reconoce a José Geidin Castro Chillambo.
CONCEPTO DE LA CORTE
I. Requisitos generales
Según el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1997, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de conformidad con los tratados públicos y, a falta de estos, acorde con lo establecido en la normatividad interna.
En el presente caso se debe partir por señalar que entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, el 14 de septiembre de 1979 se suscribió un «Tratado de Extradición» que en la actualidad se encuentra vigente, comoquiera que ninguno de los países lo ha dado por terminado o denunciado, que no se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.
No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, comoquiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone aplicar, para este caso, tal y como lo ha señalado la Corte de manera pacífica, las normas del Código de Procedimiento Penal, toda vez que éstas regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación internacional adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.
De ahí que, en el caso examinado, el requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos de América deba estudiarse confrontando los requisitos previstos en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004.
Las exigencias allí previstas se contraen a verificar: (i) que el hecho que motiva la extradición también esté previsto en Colombia como un delito que se reprima con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 4 años14; (ii) que en el extranjero se haya dictado resolución de acusación o su equivalente15; (iii) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente, y (iv) la demostración plena de la identidad del solicitado.
Igualmente es necesario verificar que en Colombia no se haya ejercido jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta la petición de entrega y, si es del caso, determinar si el reclamado es beneficiario de la garantía de no extradición establecida en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, en razón de la suscripción de los Acuerdos de Paz.
La Sala por consiguiente procede a estudiar, en primer lugar, si en el asunto bajo examen concurre algún impedimento constitucional que conlleve a negar la extradición.
1. Sobre el requisito relativo a que la extradición no procederá por hechos con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 199716 (es decir, 17 de diciembre de 1997), debe indicarse que, de acuerdo con la acusación que le fue formulada al requerido en Estados Unidos, el comportamiento atribuido a José Geidin Castro Chillambo habría ocurrido “[a] partir de por lo menos marzo de 2017, o alrededor de esa fecha, y de manera continua hasta alrededor de la fecha de esta acusación formal [27 de abril de 2018] (…)”17. Igualmente, el Agente Especial Daniel McNamara, en su declaración jurada, hizo referencia a sucesos acaecidos desde marzo de 201718.
2. Sobre el requisito relativo a que los delitos se hayan cometido en el exterior19, se tiene que, en el cargo que se le atribuye al reclamado en la acusación en cita, se indica que la conducta del acusado implicó concertarse para distribuir cocaína a sabiendas de que ella sería exportada a los Estados Unidos20.
Ahora bien, de acuerdo la teoría mixta o de la ubicuidad21, el hecho punible se considera cometido (i) en donde se desarrolló total o parcialmente la acción; (ii) en el lugar donde debió realizarse la acción omitida o (iii) en el sitio donde se produjo o debió materializarse el resultado. En el presente caso, es claro que el delito estaba destinado a producir sus efectos en los Estados Unidos. Por ello, es posible concluir que los hechos punibles que se le endilgan a José Geidin Castro Chillambo también se cometieron en ese país, de manera que se satisface el requisito antedicho.
3. Sobre la exigencia relativa a que los delitos que sirvan de fundamento a la petición de extradición no tengan el carácter de políticos22, se evidencia que, de acuerdo con los cargos endilgados al reclamado, éste se concertó con otras personas para “(…) distribuir una sustancia controlada de categoría II (…)”23. Es claro que tal comportamiento no envuelve la condición de políticos o de opinión, pues atenta contra la seguridad y la salud pública; por ende, también se cumple la exigencia precitada.
(i) En su informe de respuesta, la Policía Nacional indicó que en contra de José Geidin Castro Chillambo aparecía registrada una orden de captura distinta a la proferida con ocasión del presente proceso de extradición. Aquella consiste en una emitida por el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Descongestión de Tumaco, con ocasión de una sentencia condenatoria proferida en su contra en el año 2014, por los delitos de secuestro extorsivo agravado y rebelión.
(ii) Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó que José Geidin Castro Chillambo no aparece vinculado ningún proceso penal que se adelante por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes o concierto para delinquir, más allá de una que se adelantó por el rito procesal de la Ley 600 de 2000 y que culminó con una resolución de preclusión en la que se ordenó el archivo de las diligencias.
Revisado lo anterior, la Corte encuentra que no es posible concluir que con esta extradición se vaya a afectar el principio constitucional del non bis in ídem, lo que implica que dicha circunstancia no podría ser utilizada como obstáculo para proferir un concepto favorable.
5. De otra parte, en tanto que la Jurisdicción Especial para la Paz determinó negar la aplicación de la garantía de no extradición frente a José Geidin Castro Chillambo, es claro que tal circunstancia tampoco inhibe la emisión de un concepto en sentido desfavorable.
II. Cuestión de fondo
1. Sobre la validez formal de la documentación presentada
Según lo dispone el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica de los siguientes documentos: (i) copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; (ii) indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada y (iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.
Por consiguiente, la revisión sobre la validez formal de la documentación se orienta a verificar que los soportes con los cuales el Estado reclamante solicita la entrega de una persona en extradición se sujeten a las referidas exigencias formales.
En el presente caso, la Sala encuentra que el Gobierno de los Estados Unidos aportó al trámite los siguientes documentos:
a. La nota verbal No. 0328 del 8 de marzo de 2019, emitida por la Embajada de los Estados Unidos, por medio de la cual se solicita, por la vía diplomática, la extradición de José Geidin Castro Chillambo.
b. Copia de la Acusación proferida en el caso No. 18-20347 CR-COOKE/GOODMAN, emitida el 27 de abril de 2018. En ella se precisan las fechas en que ocurrieron los hechos que motivan el procedimiento extranjero y se indica cuál fue la conducta desplegada.
c. Las declaraciones juradas de Monique Botero, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y de Daniel McNamara, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), por medio de las cuales se relatan con exactitud los hechos que motivaron la petición de extradición, así como su lugar y fechas de ejecución.
d. Un informe de consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la cual se ofrecen los datos necesarios para establecer la plena identidad de José Geidin Castro Chillambo.
e. Finalmente, una copia del texto de las disposiciones penales extranjeras aplicables al caso del requerido.
Los anteriores documentos están certificados por las autoridades del país requirente, lo que permite suponer que se otorgaron de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. También, se encuentran debidamente traducidos al castellano y autenticados por la Cónsul General de Colombia en Washington D.C.
En este sentido, encuentra la Sala que los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos, al demandar la extradición de José Geidin Castro Chillambo por conducto de su Embajada, gozan de validez formal y, por consiguiente, este requisito legal debe tenerse por satisfecho.
2. Sobre la plena identidad del reclamado
Esta exigencia, hace relación a la coincidencia que debe existir entre la persona solicitada por ser acusada o condenada en el país reclamante y la sometida al trámite de extradición. Es en ese preciso contexto, y con esa precisión, que le corresponde a la Corte analizar la “identificación” del ciudadano reclamado.
Al efecto se tiene que mediante la Nota Verbal No. 1689 del 26 de septiembre de 2018, la Embajada de los Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de José Geidin Castro Chillambo, nacional colombiano, nacido el 22 de mayo de 1978 y portador de la cédula de ciudadanía No. 87.948.206.
Ahora, de la documentación reunida en Colombia se concluye que se trata de la misma persona a que alude aquella petición, pues el 11 de enero de 2019, día en que el solicitado fue capturado, con ese nombre y cédula se identificó, lo cual coincide con el acta de los derechos del capturado y constancia de buen trato24, como con diversas actuaciones surtidas en el curso del trámite ante la Corte.
Igualmente, en la confrontación dactiloscópica realizada ese mismo día25, se constató que a quien corresponden las impresiones dactilares que obran en la tarjeta decadactilar del capturado es José Geidin Castro Chillambo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.948.206.
En esa medida, se satisface el segundo de los presupuestos del artículo 502 de la Ley 906 de 2004.
3. Sobre el principio de doble incriminación
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que los hechos que la motivan estén previstos en Colombia como delitos y que los mismos se encuentren reprimidos con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
En este sentido, se tiene que José Geidin Castro Chillambo es requerido para que comparezca a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en razón de la Acusación proferida en el caso No. 18-20347 CR-COOKE/GOODMAN, emitida el 27 de abril de 2018, mediante la cual se le imputa el siguiente cargo:
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
A partir de por lo menos marzo de 2017, o alrededor de esa fecha, y de manera continua hasta alrededor de la fecha de esta acusación formal, en el país de Colombia y en otras partes, los acusados,
(…)
José Giener Castro Chillambo
Alias “El Doctor”
[es importante precisar que José Giener también es el alias de José Geidin]
(…)
A sabiendas e intencionalmente, se combinaron, concertaron, confabularon y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y la causa probable para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 (a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo lo anterior en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Con respecto a los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto que se les atribuye por su propia conducta y la conducta de otros colaboradores razonablemente prevista por ellos, es de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención de las Secciones 963 y 960 (b) (1) (B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
El sustento fáctico de esta acusación se encuentra explicado en la declaración jurada que rindió el agente especial Daniel McNamara ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida:
I. ANTECEDENTES
7. La investigación reveló que, desde marzo de 2017, JOSÉ GEIDIN, RIVADENEIRA MONROY y otras personas, en colaboración estrecha con varios socios costarricenses, guatemaltecos, mexicanos, y colombianos, negociaron y coordinaron el transporte de múltiples kilogramos de cocaína desde Colombia a Costa Rica, Guatemala y México por medio de embarcaciones marítimas. Una vez que la cocaína llegaba a Centroamérica, la organización de narcotráfico la almacenaba en varios lugares dentro de cada país centroamericano o la distribuía a otros inversionistas de carga y socios para su tráfico posterior. Parte de estos envíos de cocaína se importaban posteriormente a los Estados Unidos para su distribución, y las utilidades de las drogas se transportaban de vuelta desde los Estados Unidos a Centroamérica y Colombia.
8. JOSÉ es un líder de la organización de narcotráfico que trabaja con su hermano, BINLEY CASTRO CHILLAMBO (BINLEY), para recaudar impuestos de los cargamentos de cocaína que salían de Tumaco, Colombia. JOSÉ GEIDIN también trabaja con BINLEY para enviar cargamentos de cocaína a México.
(…)
II. LAS PRUEBAS CONTRA JOSÉ GEIDIN Y (…)
8 de noviembre de 2017: incautación de 862 kilogramos de cocaína
(…)
20. Las comunicaciones legalmente interceptadas revelaron que la cocaína se había despachado en Colombia con destino a México. Las comunicaciones legalmente interceptadas también revelaron que el envío de cocaína lo había coordinado JOSÉ GEIDIN, quién recibía informes de manera regular relacionados con los envíos despachados de cocaína, y también un representante de “Tony M”, una persona que sólo se conocía como “Vin”. JOSÉ GEIDIN actuó como enlace entre “Vin” y los colaboradores de JOSE GEIDIN.
(…)
22. El 8 de noviembre de 2017, la Guardia Costera de los Estados Unidos observó a una lancha rápida que tiraba paquetes en el mar del Océano Pacífico oriental. Después de que se determinó que la embarcación estaba sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos como una embarcación sin nacionalidad, la Guardia Costera de los Estados Unidos abordó legalmente la embarcación e incautó legalmente aproximadamente 862 kilogramos de cocaína. Se procedió a aprehender a los cuatro miembros de la tripulación, incluso a un hombre colombiano con el nombre de (…).
(…)
24. Después de que se incautara el bote, JOSÉ GEIDIN se encargó de averiguar dónde se encontraban aprehendidos los tripulantes de la embarcación. La investigación reveló que JOSÉ GEIDIN envió a un abogado a los Estados Unidos para verificar si de hecho la Guardia Costera de los Estados Unidos había incautado el envío de cocaína. JOSÉ GEIDIN se enteró posteriormente de que la tripulación de la embarcación se encontraba aprehendida en Miami, Florida. Las comunicaciones legalmente interceptadas revelaron que JOSÉ GEIDIN envió la foto del pasaporte de uno de los aprehendidos al colaborador que había despachado el envío incautado.
(…)
26. El 26 de noviembre de 2017, “Vin” le dijo a JOSÉ GEIDIN que había puesto a su hermano “Frank” (el hermano de “Vin”) en contacto con BINLEY para arreglar la situación de la pérdida de los 900 kilogramos de cocaína. “Vin” también le dijo a JOSÉ que “Frank” trabajaba con la gente de Mayo Zambada en México. La investigación de las autoridades del orden público había determinado que Mayo Zambada es el líder del Cartel de Sinaloa.
(…)
Igualmente, a la solicitud de extradición se anexó copia de las normas penales extranjeras con fundamento en las cuales se pretende juzgar al requerido:
Sección 959 del título 21 del Código de los Estados Unidos. Posesión, elaboración o distribución de una sustancia controlada.
(a) Elaboración o distribución con fines de importación ilícita.
Será ilícito el que una persona elabore o distribuya una sustancia controlada de categoría I o II o flunitrazepam u producto químico indicado con la intención, el conocimiento o la causa probable para creer que dicha sustancia o producto químico se importará ilegalmente a los Estados Unidos o a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos.
Sección 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos. Actos prohibidos.
(a) Actos ilícitos. Toda persona que:
(3) en contravención de la Sección 959 de este título, elabore, posea con la intención de distribuir o distribuya una sustancia controlada, será sancionada según lo establece la sección (b) de esta sección.
(b) Sanciones.
(1) En el caso de una infracción de la subsección (a) de esta sección que implique:
(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de:
(ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales o isómeros (…);
La persona que cometa dicha violación será condenada a una pena de prisión no inferior a 10 años ni superior a cadena perpetua (…) una multa no superior a la mayor de las autorizadas de conformidad con las disposiciones del título 18 o $10,000,000 de dólares estadounidenses (…) un período de libertad supervisada de al menos 5 años además de dicha pena de prisión.
Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Intento y concierto para delinquir.
Toda persona que intente cometer o se una en un concierto para cometer un delito definido en este subcapítulo, estará sujeta a las mismas sanciones que las que se indican para el delito cuya comisión era el propósito del intento o del concierto.
Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(…)
Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos:
(…)
Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.
En vista de que las autoridades judiciales extranjeras acusaron a José Geidin Castro Chillambo de haberse asociado con otros para traficar más de cinco (5) kilogramos de cocaína, con la intención de que aquella fuera importada a los Estados Unidos, es patente que la conducta desplegada también es punible en Colombia, por ajustarse a las descripciones contenidas en los delitos previamente enunciados.
En esa medida, queda demostrado que los hechos imputados en el cargo señalado en la acusación ya referida cumplen el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la doble incriminación, por cuanto, además de ser una conducta delictiva a la luz de la legislación colombiana, tiene una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro (4) años.
En este orden, este presupuesto, como los analizados en líneas anteriores, también se satisface.
4. Sobre la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la acusación del sistema procesal colombiano
Esta exigencia igualmente se constata en el caso particular, por cuanto la decisión proferida por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida es equivalente, en su contenido material, a la acusación prevista en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal colombiano.
En efecto, revisada el acta de la Acusación proferida en el caso No. 18-20347 CR-COOKE/GOODMAN, emitida el 27 de abril de 2018, se observa que allí se concreta la formulación de los cargos, los hechos con sus fechas de ocurrencia y las disposiciones transgredidas –conforme quedó reseñado en precedencia–, así como el nombre del acusado y las conductas por él desarrolladas.
Así las cosas, no surge cuestionamiento válido alguno que impida predicar la equivalencia entre la acusación ofrecida por el Gobierno de los Estados Unidos y la contemplada en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004.
5. Sobre la cláusula de decomiso penal
Por último, valga aclarar que, aunque la acusación dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida incluye una cláusula de decomiso penal sobre los bienes objeto de la conducta reprochada, dicha condición no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.
Lo anterior en la medida en que, como lo ha expresado esta Corporación de manera reiterada y pacífica, la alusión a esa figura no comporta imputación alguna, pues se trata del simple anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad podría acarrear respecto de los bienes involucrados en los delitos de cuya comisión se acusa al requerido.
III. Condicionamientos
1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno Nacional está en la obligación de supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a lo siguiente: (i) que el requerido no pueda ser juzgado por hechos diferentes a los que trata la acusación reseñada en este concepto, ni al espacio temporal que se ha delimitado –marzo de 2017 al 27 de abril de 2018– siempre que sean anteriores a los que la motivan; (ii) a que el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del presente trámite, se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente; (iii) a que se le conmute la pena de muerte y (iv) a que no sea sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.
2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano26, en concreto a lo siguiente: (i) tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas; (ii) que se presuma su inocencia; (iii) que esté asistido por un intérprete; (iv) que cuente con un defensor designado por él o por el Estado; (v) que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa; (vi) que pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra; (vii) que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas; (viii) que la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de su persona y (ix) que dicha pena tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.
3. El Gobierno Nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación, una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos por los cuales procede la presente extradición.
4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos; considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2327.
5. Adicionalmente, el Gobierno Nacional deberá solicitar que se remita copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales del país requirente.
6. Por último, se advierte que en razón de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.
IV. Cuestión final
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el Gobierno Nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano colombiano José Geidin Castro Chillambo por razón del cargo imputado en la Acusación emitida en el caso No. 18-20347 CR-COOKE/GOODMAN, proferida el 27 de abril de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano José Geidin Castro Chillambo formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los hechos señalados en el cargo contenido en la Acusación emitida en el caso No. 18-20347 CR-COOKE/GOODMAN, proferida el 27 de abril de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Por la Secretaría de la Sala se comunicará esta determinación al requerido José Geidin Castro Chillambo, a su defensor y al representante del Ministerio Público, al igual que al Fiscal General de la Nación para lo de su competencia en relación con el detenido preventivamente con fines de extradición.
Finalmente, se devolverá la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites legales subsiguientes.
COMUNÍQUESE
HUGO QUINTERO BERNATE
Presidente
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 643-647 del cuaderno 2.
2 Folios 677-679 ídem.
3 Folios 739-742 ídem.
4 Folios 668-675 ídem.
5 Folios 659-664 ídem.
6 Folios 685-691 ídem.
7 Por sus siglas en inglés.
8 Folio 681 ídem.
9 Folio 693 ídem.
10 Folio 738 ídem.
11 Folios 596-599 ídem.
12 Folios 602-603 ídem.
13 Folio 641 ídem.
14 Lo que se conoce como el principio de doble incriminación.
15 Esto implica, entonces, estudiar “la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero”.
16 Inciso final del artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997: “No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma.”.
17 Folio 716 del cuaderno 2.
18 Folio 325 ídem.
19 Inciso 2º del artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997: “Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.”.
20 Folio 717 ibidem.
21 Acogida en la legislación colombiana mediante el artículo 14 del Código Penal.
22 Inciso 3º del artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997: “La extradición no procederá por delitos políticos.”.
23 Folio 717 del cuaderno 2.
24 Folio 606 ídem.
25 Folios 607-608 ídem.
26 Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, éste conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).
27 Suscrito por Estados Unidos el 5 de octubre de 1977 y ratificado el 8 de junio de 1992.