Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Magistrado Ponente
AP2332-2023
Radicación N°. 63550
Acta 151
Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la solicitud probatoria presentada por la defensa de JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA, ciudadano colombiano, dentro del trámite de extradición formulado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 1905 del 10 de noviembre de 2022, el Gobierno de los Estados Unidos de América por conducto de su Embajada, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA, requerido para comparecer a juicio por delitos relacionados con «tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir», de conformidad con la Acusación N°. 4:21CR291 (también referido como Caso 4:21-cr-00291-ALM-CAN), dictada el 13 de octubre de 2021, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.
2. En virtud de dicha petición, la Fiscalía General de la Nación emitió la resolución del 16 de noviembre de 2022, a través de la cual, decretó la captura de JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA, la cual se hizo efectiva el 27 de enero de 2023.
3. A través de la Nota Verbal No. 0358 del 23 de marzo de 2023, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA.
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que en el caso «…se encuentran vigentes para las Partes (…) la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988,…» [y] la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”», adoptada en New York el 15 de noviembre de 2000. Precisó, además, que en los aspectos no regulados por la Convención el trámite debe regirse por los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004.
5. Esa cartera remitió el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho que, tras constatar la debida formalización de la solicitud, lo envió a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo1.
6. Esta Corporación, mediante auto del 10 de abril de 2023, requirió a JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA para que designara apoderado. Como no procedió de esa manera, se le designó uno de la Defensoría Pública en proveído por cuyo medio se ordenó, además, correr el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004 para solicitar pruebas.
7. Dentro del término en mención, el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal informó que, revisados los documentos allegados en respaldo del pedido de extradición, no observaba necesario solicitar prueba alguna y se atenía a lo que dispusiera esta Corporación.
8. Por su parte, el defensor público de JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA pidió que se solicite a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, que informen si el requerido registra alguna investigación o proceso en su contra y en caso positivo, indiquen el estado de las diligencias, el delito y el despacho que las conoce.
Además, que se oficie al Alto Comisionado para la Paz, a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP y a la «jurisdicción de Justicia y Paz», para que certifiquen si el requerido ha sido postulado o admitido en alguno de esos sistemas de justicia transicional o si tiene algún trámite pendiente.
En sustento de su pretensión, refirió que dichas pruebas se necesitaban para descartar que los hechos por los que es requerido su defendido no hayan sido conocidos por las autoridades judiciales de Colombia y para privilegiar la verdad, justicia y reparación de eventuales víctimas.
CONSIDERACIONES
1. La Corte ha señalado pacíficamente, que el concepto que debe dictar al interior del trámite de extradición entre los países de Colombia y Estados Unidos de América, se contrae a verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004.
En ese orden, las pruebas que pueden solicitarse y practicarse serán las que conduzcan y resulten necesarias para establecer tales aspectos, es decir:
(i) las previsiones constitucionales sobre la materia;
(ii) la validez formal de la documentación presentada;
(iii) la demostración plena de la identidad del solicitado;
(iv) el principio de la doble incriminación;
(v) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y,
(vi) la prohibición de doble juzgamiento2 así como las que con aquellas se relacionen.
Así, la Corte solo está habilitada para decretar aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y útiles, únicamente en relación con las exigencias previstas en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y lo previsto en los tratados internacionales, si es del caso.
De manera que, los aspectos ajenos a tales parámetros que se propongan acreditar los intervinientes exceden la naturaleza, alcances y limitaciones del concepto que debe rendir esta Corporación, por lo que las pruebas que tengan como propósito la verificación de cuestiones extrañas al mismo, resultan impertinentes.
2. En el presente evento, el defensor público de JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA solicitó que se oficiara a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que informaran si el requerido tiene algún proceso o sentencia judicial por los mismos hechos por los que fue pedido en extradición y, en caso positivo, indicaran el estado de las diligencias, el delito y el despacho que las conoce.
Dicha postulación resulta procedente, porque aborda aspectos relacionados con uno de los temas que debe verificar la Corte para emitir el concepto a su cargo, esto es, si JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA no ha sido juzgado en Colombia por los mismos hechos por los que fue solicitado en extradición, para evaluar una potencial afectación de la garantía del non bis in ídem.
3. Por otra parte, el defensor pidió que se oficiara al Alto Comisionado para la Paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que certificaran si el requerido ha sido postulado o admitido en alguno de esos sistemas de justicia transicional o si tiene algún trámite pendiente.
Dicha petición es pertinente, en la medida que de demostrarse la calidad de integrante de dicho grupo subversivo -FARC-EP, a QUIÑONES SEGURA le sería aplicable lo dispuesto en el artículo transitorio 19º del Acto Legislativo 01 de 2017, que establece:
No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.
Dicha garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR (…)».
Entonces, se dispondrá oficiar al Alto Comisionado para la Paz, para que, en el aludido término de 10 días, informe si el requerido fue identificado como miembro de dicho grupo subversivo en el listado suministrado por sus representantes y, en caso positivo, se informe si esa oficina lo acreditó en tal calidad, para lo cual se deberá anexar copia del correspondiente acto administrativo.
Además, se requerirá a la Jurisdicción Especial para la Paz, a efecto de que, en el mismo término de 10 días, informe si JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA se sometió al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, si suscribió acta de compromiso y si se ha adoptado alguna decisión respecto de la competencia de esa jurisdicción para asumir el conocimiento del asunto.
4. La petición relativa a que se oficie a la «jurisdicción de Justicia y Paz», para que informe si JOSÉ BAYARDO ROSERO PANTOJA ha sido postulado o admitido en alguno de esos sistemas de justicia transicional o si tiene algún trámite pendiente resulta impertinente, debido a que «la garantía de no extradición cobija a las personas que se encuentren sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz, y no a las que se encuentren incluidas como postulados ante las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores»4.
De manera que, se negará la postulación formulada en ese sentido por el defensor de ROSERO PANTOJA.
5. Finalmente, la Sala no encuentra necesario decretar pruebas de oficio.
De otro lado, cumplido el trámite anterior y recaudadas debidamente las pruebas que aquí se decretan, se dispondrá el traslado previsto en el inciso 3º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para que los intervinientes presenten sus alegatos.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
1°. DECRETAR las pruebas ordenadas en los numerales 2 y 3 de la parte considerativa de esta providencia.
2°. NEGAR por las razones expuestas en la parte motiva, la solicitud probatoria analizada en el numeral 4º de esta decisión.
3. Contra lo decidido en el numeral antecedente procede el recurso de reposición.
4. Cumplido el trámite anterior y recaudadas debidamente las pruebas que aquí se decretan, se dispondrá el traslado previsto en el inciso 3º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para que los intervinientes presenten sus alegatos.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
HUGO QUINTERO BERNATE
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 A través del oficio MJD-OFI23-0011478-GEX-10100 del 31 de marzo de 2023. Expediente digital.
2 CSJ CP001-2015 y CSJ CP166-2014, entre otros.
3 Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de Justicia sean indispensables para emitir concepto.
4 CSJ AP4464 28 Sep. 2022, Rad. 61437, entre otros.