Asistente Jurídico Inteligente
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS #2
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente
STP1350-2023
Radicación #127399
Acta 005
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023).
VISTOS:
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
Carlos Alberto Portillo Vallecilla se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Villahermosa de Cali, descontando una pena de 136 meses de prisión, acorde con la sentencia proferida en su contra por el Juzgado 21 Penal del Circuito Especializado de Cali dentro del radicado 7600160001942010033480000 (15 jun. 2011), por los delitos de de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. No le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria.
La vigilancia de dicha sanción está a cargo del Juzgado 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad.
Afirmó el demandante que ante esa autoridad solicitó una redención de pena y la libertad por pena cumplida. No obstante, a la fecha de interposición de la presente demanda, no ha obtenido respuesta.
Acudió ante la jurisdicción constitucional en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Su pretensión es que se ordene al juzgado accionado atender su solicitud.
TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA:
Por auto del 20 de septiembre de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali admitió la acción de tutela y corrió el traslado correspondiente a las autoridades accionadas.
El Juez 7º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali precisó que no existía alguna solicitud física o electrónica por parte de Carlos Alberto Portillo Vallecilla. Sin embargo, ante la demanda de tutela, a través del auto 1777 del 21 de septiembre de 2022 resolvió «no conceder la libertad por pena cumplida, por no haber cumplido la totalidad de la pena impuesta». Asimismo, solicitó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario Villahermosa de Cali «los certificados de cómputos por trabajo y/o estudio que se encuentran pendientes por redimir».
Asimismo, el secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad informó que, luego de la disposición del juzgado, procedió a notificar la misma.
La directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario Villahermosa de Cali informó que mediante oficio GESDOC2022EE166044 del 22 de septiembre de 2022, remitió los documentos requeridos para el estudio de redención de penas a favor del accionante. Solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional por hecho superado.
La Sala Penal del Tribunal Superior del citado distrito judicial, negó el amparo por improcedente. Advirtió que el accionante no acreditó, ni sumariamente, la transgresión de derechos por parte del juez, puesto que no aportó prueba que permitiera establecer el hecho -petición- del que se pudiera concluir la omisión que se le atribuye a la autoridad. A pesar de ello, encontró que el despacho accionado, procedió a estudiar la situación del penado y requirió a la cárcel la documentación necesaria para analizar, nuevamente, la libertad por pena cumplida, previa redención de pena.
El actor impugnó el fallo, sin aducir ningún argumento.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la impugnación contra la sentencia adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali.
Mediante el ejercicio de la presente acción, Carlos Alberto Portillo Vallecilla solicitó que se ordene al Juzgado 7° Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali que resuelva su petición de libertad por pena cumplida dentro del proceso radicado 76001600019420100334800. Sin embargo, no demostró que efectivamente hubiera elevado tal petición ante el despacho accionado.
No obstante, de los elementos de convicción allegados, observa la Sala que, en el curso del presente trámite, el 21 de septiembre de 2022, el juez de penas resolvió «no conceder la libertad por pena cumplida, por no haber cumplido la totalidad de la pena impuesta». También, solicitó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario Villahermosa de Cali «los certificados de cómputos por trabajo y/o estudio que se encuentran pendientes por redimir». Esta última autoridad remitió los documentos requeridos, mediante oficio GESDOC2022EE166044 del día siguiente.
Entonces, como acertadamente lo advirtió el Tribunal en primera instancia, a pesar del incumplimiento del demandante en demostrar, siquiera sumariamente, la omisión de la autoridad que presuntamente le afecta, en atención a la condición de persona privada de la libertad del actor, el despacho accionado estudió su situación jurídica y, además, requirió nueva documentación para actualizar el cómputo del ejecución de la pena que actualmente cumple Portillo Vallecilla, tal y como consta en el auto 1777 del 21 de septiembre de 2022 y en el oficio GESDOC2022EE166044 del siguiente día.
De manera que la tutela pretendida no puede concederse, pues, al no hallarse ninguna conducta atribuible a la autoridad convocada respecto de la cual se pueda determinar una presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declararse la improcedencia de la demanda.
Se confirmará el fallo impugnado.
Por lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas # 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
1. CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2022, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali negó la acción de tutela promovida por Carlos Alberto Portillo Vallecilla.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
HUGO QUINTERO BERNATE
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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