Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
Magistrada ponente
STP5366-2021
Radicación No.: 116265
Acta 111
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por SUGEY MILENA JULIO SOTO, a través de apoderado, frente al fallo proferido el 17 de marzo de 2021 por la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante el cual negó el amparo invocado contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
Al trámite fue vinculado el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta y las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con radicado n.° 2017-00392.
ANTECEDENTES
Así los expuso la Sala de Casación Laboral:
Fundamentó la solicitud de amparo en que, en síntesis, convivió con Efraín Alfonso Martínez Castillo desde el 19 de abril de 2006 hasta la fecha de su fallecimiento, 24 de mayo de 2017, con quien contrajo matrimonio civil el 20 de abril de 2012.
En vista de lo sucedido, presentó demanda ordinaria laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y Griselda Chiquinquirá González Uriana, radicada con el n.º. 2017-392, persiguiendo el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de vejez que en vida disfrutaba su cónyuge, asunto que correspondió al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta que, por sentencia de 28 de noviembre de 2018, desestimó sus pretensiones, decisión que, a su vez, fue confirmada el 23 de julio de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal convocado.
Para la tutelante, el Tribunal incurrió en una indebida valoración del acervo probatorio, dado que le dio mayor relevancia a las contradicciones de las declaraciones de los testigos, sin apreciar dicha prueba en conjunto con la documental aportada, que acreditaba que «sí se dieron los parámetros de convivencia de 5 años exigidos por la ley».
Adicionalmente, ese Colegiado se apartó del precedente jurisprudencial sobre «la exigencia de convivencia de la cónyuge en el trámite de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, pues en su decisión expone que se debió acreditar la convivencia real y efectiva de los 5 años anteriores a la muerte de Efraín Alfonso Martínez Castillo», sin tener en cuenta el período de convivencia que existió antes del matrimonio.
Adujo que el Juzgado carecía de competencia «por factor territorial» para conocer la demanda, porque la UGPP no tiene domicilio en Santa Marta y el acto administrativo que resolvió la reclamación de la pensión «fue dado en la ciudad de Bogotá […], por lo que […] el proceso objeto de estudio debió ser conocido por los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá».
De igual forma, resaltó «la falta de competencia por el factor objetivo», porque el causante tenía la condición de empleado público, luego según el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, «la competencia estaría en cabeza de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, razón a ello que los fallos están viciados de nulidad absoluta y deberán declararse de esa manera».
Adujo que si bien el fallo de segunda instancia data de julio de 2019, ante la declaratoria de emergencia sanitaria decretada a partir de marzo de 2020 por la pandemia del virus Covid19, se limitó «sustancialmente el acceso a la justicia para el común de las personas, por esa razón se entiende que al momento de la interposición de la presente acción hay un plazo razonable y no se ha incumplido con el requisito de la inmediatez».
Por consiguiente, pidió, como medida orientada a restablecer las garantías superiores invocadas, que se declaren nulas las sentencias proferidas en primera y segunda instancia y se le ordene al Tribunal y al Juzgado convocado reconocerle la pensión de sobrevivientes”.
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala de Casación Laboral negó el amparo invocado tras advertir que no se cumple con el principio de inmediatez, toda vez que, entre la fecha en que se profirió la decisión del Tribunal, esto es, el 23 de julio de 2019, y la fecha en que se interpuso la petición de salvaguarda, 5 de marzo de 2021, transcurrieron, sin justificación alguna, más de 19 meses.
Así, descartó la posibilidad de que exista un riesgo inminente sobre los derechos de la tutelante que amerite la adopción de las medidas urgentes por ella perseguida.
Además, con las pruebas allegadas no se acreditó la configuración de alguno de los eventos que ha señalado la Corte Constitucional para ‘relativizar’ el requisito de inmediatez, ya que, aun cuando es cierto que a raíz de la pandemia del Covid–19 han existido múltiples restricciones para evitar la propagación del virus y que el Consejo Superior de la Judicatura suspendió temporalmente los términos judiciales, éstos siempre han estado habilitados para las acciones de tutela y están disponibles los canales tecnológicos dispuestos por esta Corporación, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia a los asociados que lo requieran.
Agregó que, igualmente, la demanda no cumple con la subsidiariedad, pues la peticionaria no interpuso el recurso extraordinario de casación contra la decisión controvertida, lo que “legalmente resultaba procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y dada la naturaleza de la prestación vitalicia desestimada en el proceso”.
Por último, no evidenció un perjuicio actual e inminente que permita al juez de tutela tomar alguna medida excepcional para superar las anteriores falencias e intervenir en el presente trámite.
LA IMPUGNACIÓN
Fue propuesta por SUGEY MILENA JULIO SOTO, a través de apoderado, quien sostiene que no interpuso el recurso extraordinario de casación ni presentó la acción de tutela antes, debido a que “no conto [sic] con una verdadera defensa técnica, pues el apoderado judicial que adelanto [sic] el proceso laboral en primera y segunda instancia, no actuó de manera diligente, ya que su papel fue meramente formal, no realizo [sic] una revisión de las pruebas y no las hizo valer ante los jueces del caso”.
Con esto, señala que “[n]o realizar un análisis profundo a la problemática planteada, no pronunciarse sobre los vicios planteados en la tutela es dejar en la impunidad la mala actuación no solo del apoderado, sino de los operadores judiciales, que en última vulnera de manera irremediable derechos fundamentales ya determinados anteriormente”.
Agregó que “es claro que al no ser reconocida [sic] su derecho a la pensión de sobreviviente se vulnera [sic] derechos al mínimo vital, seguridad social y derecho a la pensión […] no se necesita presentar prueba alguna para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales expuesto [sic] y que hoy se pretenden proteger con la acción de tutela”.
Por lo anterior, solicita:
“PRIMERO: REVOCAR fallo de primera instancia de fecha 17 de marzo del 2021 proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado de la referencia.
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en conexidad a los derechos fundamentales SEGURIDAD SOCIAL, Y PENSION (art. 48 C.P.).
TERCERO: DECLARAR que las sentencias de segunda instancia de fecha 23 de julio del año 2019 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, y la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 5º Laboral del Circuito de Santa Marta, de fecha 20 de noviembre de 2018, violaron el artículo 29 de la Constitución Política, en consecuencias [sic] se declaren NULAS.
CUARTO: DECRETAR, a la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA […] y al JUZGADO 5º LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA […] que reconozca el derecho que tiene SUGEY MILENA JULIO SOTO a la pensión de sobreviviente del causante EFRAÍN ALFONSO MARTÍNEZ CASTILLO (Q.E.P.D.)”.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en el art. 32 del Decreto 2591 de 19911, concordante con el artículo 1º del Acuerdo 001 de 2002 –modificatorio del reglamento General de la Corte Suprema de Justicia–, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la impugnación formulada contra el fallo de tutela que emitió la homóloga Sala Laboral de esta Corporación.
2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
3. En el presente evento, SUGEY MILENA JULIO SOTO cuestiona, por vía de la acción de amparo, la decisión proferida el 23 de julio de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, pues sostiene que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social.
4. Ahora bien, el reclamo de la demandante no tiene vocación de prosperar, ya que, como bien lo afirmó el a quo, la demanda no cumple con la subsidiariedad ni con la inmediatez como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
En primer lugar, como lo señaló el a quo, la accionante podía interponer el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia que resultó desfavorable a sus intereses, pues ese es el mecanismo idóneo para hacer valer sus derechos y argumentar, en pleno detalle, por qué considera que los fallos están viciados de nulidad absoluta y en cuáles errores incurrieron los juzgadores al valorar las pruebas obrantes en la actuación.
Así, no resulta válido que no haya recurrido a los mecanismos de protección de sus garantías fundamentales dentro del trámite procesal, lo que hace improcedente el amparo invocado, pues la tutela no está dispuesta para desarrollar el debate que corresponde a la causa ordinaria ni constituye una instancia adicional o paralela a la de los funcionarios competentes.
Por otro lado, aunque dicha falencia fuese superada, SUGEY MILENA JULIO SOTO debía acudir a la acción de tutela en un plazo razonable -inferior a 6 meses- a partir de la fecha en que fue proferida la sentencia de segunda instancia (STP 14 jul. 2020, Rad. 1231), lo cual no sucedió.
Adicionalmente, dicha condición no puede flexibilizarse en el presente caso en virtud de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, pues, por un lado, la decisión controvertida fue proferida en julio de 2019, con lo que el plazo de 6 meses se cumplió incluso antes de que fuera decretada la emergencia en mención y, por otro, como acertadamente lo estableció la Homóloga Sala de Casación Laboral, pese a las dificultades, siempre han estado habilitados los mecanismos para la interposición y la resolución de las acciones de tutela, puesto que es primordial garantizar el acceso a la administración de justicia a los ciudadanos que lo requieran.
Igualmente, no se evidencia que la Sala Laboral del Tribunal de Santa Marta haya incurrido en alguna vía de hecho que habilite la intervención del juez constitucional, pues en el fallo censurado se dijo lo siguiente:
“Debe la Sala comenzar por señalar que, por la fecha en que ocurrió el fallecimiento de dicho señor [Efraín Alfonso Martínez Castillo] la norma que gobierna, que regula la pensión de sobrevinientes, en este caso, es el artículo 13 de la Ley 797 del 2003, conforme a la cual son beneficiarios de la pensión de sobreviniente el cónyuge, la compañera o compañero permanente supérstite, siempre que acredite que hicieron vida marital con el causante hasta su muerte y por lo menos durante los cinco años continuos anteriores al fallecimiento.
Para los efectos de acreditar la calidad de cónyuge que le asiste a la demandante, señora SUGEY MILENA JULIO SOTO, se allegó al proceso unas declaraciones extrajuicio rendidas por Miguel Alfonso Castillo Julio, Héctor Emilio Castañeda y Juan Romelio Caldera Ortiz, fechadas los días 30 del mes de mayo de 2017.
En esas declaraciones, en líneas generales, en todas, se dice que les consta que la demandante y el señor Efraín tuvieron primero una unión libre durante cuatro años y luego contrajeron matrimonio el 20 de abril de 2012, que convivieron hasta la fecha de su fallecimiento el 24 de mayo de 2017.
Analizadas las anteriores declaraciones extra proceso, se observa que en todas se manifestó exactamente lo mismo, frente a lo cual la Sala estima que, de acuerdo con la experiencia, es poco probable, casi que imposible, que dos o más personas, de manera espontanea y libre, declaren exactamente lo mismo. Incluso, una misma persona al rendir dos declaraciones sobre un mismo hecho no lo haría de manera exacta, a menos que se trate de la lectura de un libreto, con lo cual se afectaría la espontaneidad del testimonio, remplazando la fluidez de su memoria y de su recuerdo, para encasillarse en un relato pre elaborado y adoptado comunitariamente por los varios testigos, lo cual le resta credibilidad.
No tendrían entonces, esas declaraciones extra proceso, poder demostrativo, pues, por lo dicho, no serían declaraciones responsivas, exactas y completas.
De tal declaración se extrae, con claridad, que la referida relación con la señora Griselda Chiquinquirá González efectivamente ya no se encontraba vigente a esa fecha, pues así lo afirma el causante en su declaración.
Asimismo, se observa la declaración extra proceso rendida por el señor Efraín Alfonso Martínez Castillo y por la demandante, Sugey Milena Julio Soto, fechada 5 de octubre del 2009, en la que expusieron que “convivimos en unión libre y bajo el mismo techo como compañeros permanentes desde hace 3 años”. El señor Efraín Alfonso Martínez Castillo manifiesta que su compañera mencionada anteriormente, depende económicamente de él para todas sus necesidades, ya que él es la única persona encargada de proporcionarle todo lo necesaria para su subsistencia, como alimentos, medicinas, etcétera.
A la actuación también se allegó copia del registro civil de matrimonio, donde aparece que la actora y el causante contrajeron matrimonio el día 20 de abril de 2012.
Pues bien, de lo manifestado por el señor Efraín Alfonso Martínez Castillo, en esa declaración extra proceso, se extrae que, por lo menos el 5 de octubre del 2009, ya tenía una relación de 3 años, misma que se habría prolongado por lo menos hasta el 20 de abril de 2012, tal y como consta en el registro civil de matrimonio, que obra a folio 18, lo que, si bien da fe de su calidad de cónyuge, con ello, fehacientemente, no se acredita que la relación se hubiese extendido hasta la fecha de la muerte del causante, vale decir, 24 de mayo de 2017.
También se anexó copia del certificado de afiliación a salud como beneficiaria ante la EPS Sanitas en calidad de cónyuge por parte de la actora del señor Efraín Alfonso Martínez Castillo. Al respecto cabe precisar que, aun cuando existe constancia de que la demandante se encontraba afiliada al sistema de seguridad social en salud, como beneficiaria del causante, la misma, por sí sola, no prueba, inequívocamente, la convivencia real y efectiva o vida en común entre la demandante y el causante.
[…]
Emilio Castañeda Lea, básicamente manifestó que conoció al señor Efraín hacía 11 años, en mayo del 2006 […] que convivían en la casa de la señora Sugey en San Fernando, que él también convivió con ellos desde el año 2006 hasta la muerte del señor Efraín, porque era el esposo de la hermana de la señora Sugey, que siempre lo vio con la señora Sugey, que siempre salían ellos dos, que era una relación donde el uno estaba muy pendiente del otro […] que ellos convivieron, sin casarse, 6 años, luego decidieron casarse y duraron 5 años, o sea, en total 11 años […]
El señor Miguel Alfonso Castillo Julio, hijo de la demandante, esencialmente manifestó que conoció al señor Efraín cuando tenía 13 años, en el año 2006, que no recuerda el mes, que nunca había escuchado mencionar a la señora Griselda Chiquinquirá […] que, como en el 2009, el señor Efraín se lo llevó a vivir a una casa en Villa del Mar, con su hermana, su mamá, su tío político, su tía y sus 3 hijos. Que sus tíos convivieron con ellos hasta que su tío Héctor comenzó a ganar y decidieron salirse. Que el señor Efraín había muerto el 24 de mayo de 2017, que ya habían transcurrido prácticamente dos años de haberse mudado su tío político, que después ya solamente vivía el señor Efraín, su mamá, su hermana y posteriormente el señor Efraín se fue para Bogotá y ellos se quedaron viviendo acá, que eso fue como en el año 2016, pero que no duró mucho, sino como hasta la mitad del 2016, que no sabía para dónde se fue en Bogotá, que solo lo sabía la mamá pero que el señor Efraín seguía mandando para que ellos vivieran bien económicamente […] hasta que se enfermó que mandó llamar a su mamá y ella se fue para allá […] que no recuerda cuándo fue que ellos volvieron a Santa Marta, porque estaba ocupado estudiando. Que en ese tiempo, se retiró de la casa y se mudó a donde la abuela porque le quedaba cerca de la CBN donde él estudiaba […]
Por otro lado, la demandante, Sugey Milena Julio Soto, en su interrogatorio de parte manifestó fundamentalmente que desde el 2006 vive en la organización Villa del Mar con su esposo, que esa casa es de su madre, que siempre ha vivido ahí […] que viajaban constantemente a Bogotá porque él se enfermaba mucho, que fue 3 veces a hacerle unos exámenes, a llevarlo a citas […] que conoció al señor Efraín en enero de 2006, que comenzaron a vivir juntos en noviembre de 2006 […] que el último viaje del señor Efraín a Bogotá duró un mes, no más, que ella no fue porque tuvo un impasse pero en seguida viajó […] que cuando conoció al señor Efraín tenía 65 años, que ella tenía unos 35 años. Que cuando comenzaron a vivir, él la afilió a la EPS Sanitas […]
Pues bien, del testimonio rendido por el señor Héctor Emilio Castañeda Lea, si bien manifestó que la pareja había convivido con él o que él había convivido con la pareja hasta el hecho de la muerte, esto no coincide con lo también manifestado por el hijo de la demandante en su testimonio, quien aseguró que éste se había mudado de la casa de Villa del Mar dos años antes de la muerte del finado.
De igual forma, del testimonio de Miguel Alfonso Castillo Julio, traído para demostrar la convivencia que la norma exige y quien es hijo de la demandante, afirmó que conoció al señor Efraín en 2006 y que, cuando lo conoció, éste vivió un año en una casa, es decir, hasta el 2007, y un año en otra casa, o sea, hasta el 2008, y también se mudó a otra, esto es, en el barrio Los Olivos, lo cual no coincidiría con lo narrado por su madre en el interrogatorio de parte, quien afirma que convive con el señor Efraín, bajo el mismo techo, desde el año 2006, quien además afirmó que vivieron en el barrio San Fernando.
Es decir que, de acuerdo con lo dicho por el señor Miguel Alfonso Castillo Julio en su testimonio y lo indicado por su señora madre en el interrogatorio de parte, resultaría que el señor Miguel no tendría claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual se registró esa convivencia, lo cual le restaría credibilidad a ese testimonio.
Igualmente, de lo manifestado por dicho testigo no sería posible establecer por cuánto tiempo se fue el señor Efraín para Bogotá, pues el mismo inicialmente manifestó que no duró mucho, sino hasta la mitad de 2016, hasta que se enfermó y mandó llamar a su mamá, que eso fue como dos meses nada más, lo que demoró allá solo. Y la demandante afirma que no fue más de un mes y que la última vez que fue a Bogotá fue en febrero, cuando se agravó el señor Efraín.
Además de lo anterior, encuentra la Sala que, en el interrogatorio de parte, la actora se contradice porque inicialmente aseguró que empezó a convivir con el causante en noviembre del año 2006 y posteriormente señala que su relación se compacta en el año 2007, al año siguiente de conocerse, cuando se mudaron a la carrera 21.
De acuerdo con lo anterior, ciertamente, de las declaraciones vertidas en el proceso, sí hay inconsistencias que no permiten dar la certeza de que entre la señora Sugey Milena Julio Soto hubo convivencia con el causante dentro de los 5 años anteriores a la muerte, hasta el momento de la misma, como lo exige la norma”.
En tales condiciones, para dar solución al problema jurídico planteado, el Tribunal accionado estudió la legislación aplicable al caso concreto y las pruebas obrantes en la actuación, para determinar que no hay plena certeza frente a las fechas y lugares de residencia y las circunstancias en las que la demandante asegura haber convivido con el causante.
Así, las consideraciones plasmadas en la providencia censurada devienen de una interpretación razonable, contrario al querer de la accionante, quien pretende convertir la vía constitucional en una nueva instancia, lo cual escapa a la función constitucional inherente al proceso de tutela.
Con esto, se le recuerda que la tutela: i) no está dispuesta para desarrollar el debate que corresponde a la causa ordinaria; ii) no constituye una instancia adicional o paralela a la de los funcionarios competentes; y iii) no es el escenario para imponerle al juez natural adoptar uno u otro criterio ni obligarlo a fallar de una determinada forma, pues «el juez de tutela debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial, por lo que debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable y legítima» (T-221/18).
5. Adicionalmente, no es de recibo que en la impugnación se argumente que, en realidad, la presunta vulneración a los derechos fundamentales de la accionante no se deriva solamente de las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, sino que deviene, también, de la actuación de su apoderado, en tanto, por su omisión, hoy no cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, pues esto supone un hecho novedoso.
Con esto, la accionante pretende utilizar la impugnación para atribuir afectaciones distintas a las que fueron señaladas en la demanda de tutela, siendo que los aspectos sujetos a reparo deben ser objeto de pronunciamiento por la primera instancia y, por tanto, a ellos se limita la posibilidad de recurrir la decisión (CSJ STP 21 nov. 2013, Rad. 70586).
6. Bajo este panorama, no se advierte la existencia de una vía de hecho que habilite la intervención del juez de tutela o alguna otra vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, por lo que lo procedente será confirmar el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR la sentencia impugnada.
2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÚMPLASE
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.