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FABIO OSPITIA GARZÓN
Magistrado Ponente
STP16819 – 2021
Tutela de 1ª instancia No. 119835
Acta No. 280
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
ASUNTO
Resolver en primera instancia la acción de tutela instaurada por MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DONCEL, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración de derechos fundamentales.
Se vincularon oficiosamente, el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, y como terceros con interés legítimo las partes e intervinientes del proceso laboral No. 11001310501520180012200.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
De la demanda y las pruebas recolectadas se tienen los siguientes:
1. MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DONCEL presentó demanda laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de la pensión consagrada en el Decreto 758 de 1990, en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 14 de enero de 2014, junto con el retroactivo indexado, los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 ibidem, la devolución de los aportes realizados con posterioridad al cumplimiento de las 1.000 semanas, debidamente actualizados, lo que se encuentre probado ultra y extra petita y las costas del proceso.
Subsidiariamente, solicitó imponer a la convocada a juicio el reconocimiento y pago de la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 desde el 14 de enero de 2014 y los mismos pedimentos adicionales de la pretensión principal.
“PRIMERO: ORDENAR a (…) –COLPENSIONES- a realizar la corrección de la historia laboral del señor MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DONCEL (…) incluyendo en ella los periodos comprendidos o correspondientes a julio del año 1999, y desde septiembre de 1999 a diciembre de 2001, de conformidad con la parte motiva.
SEGUNDO: CONDENAR a (…) –COLPENSIONES- a reconocer y pagar al demandante señor MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DONCEL en forma mensual y vitalicia una pensión de vejez y en cuantía inicial de (…) ($689.455) correspondiente al mínimo legal mensual vigente a partir del primero (1) de julio de 2016, mesada pensional esta, que se cancelará en trece (13) mesadas al año, hasta su inclusión en nómina con el valor que corresponda al mínimo vital mensual vigente al momento de la inclusión en nómina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: CONDENAR a (…) –COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor del demandante los intereses moratorios que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas causadas a partir del primero (1) de noviembre del año 2016 las cuales se liquidaran [sic] desde la fecha de causación de cada una de esas mesadas y hasta su momento efectivo de pago, conforme los motivos expuestos en la parte motivan.
CUARTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES a que realicé [sic] [d]el retroactivo pensional a favor del señor demandante los descuentos en salud, igualmente para que efectúe lo correspondiente a los recobros o solicitud de devolución de aportes al consorcio COLOMBIA MAYOR por los periodos comprendidos en julio de 1999 y septiembre de 1999 a diciembre de 2001, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada (…).
SEXTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones invocadas en la presente acción específicamente en cuanto al pago indexado del retroactivo, igualmente en cuanto a la solicitud de devolución de semanas o de aportes adicionales a las mil (1000) semanas solicitadas por la parte actora, conforme a los motivos expuestos”.
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia de 27 de marzo de 2019, al resolver el recurso de apelación formulado por la demandada y pronunciarse sobre el grado jurisdiccional de consulta, revocó la del a quo, para absolver a Colpensiones de las pretensiones formuladas en su contra y se abstuvo de imponer costas.
4. El demandante interpuso recurso extraordinario de casación. El 14 de abril de 2021, la Sala especializada “NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 27 de marzo de 2019, en el proceso ordinario que MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DONCEL adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES”.
5. Inconforme con estas decisiones, MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DONCEL acude al juez constitucional en procura de la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, seguridad social y mínimo vital, que considera vulnerados por la Sala de Casación Laboral.
Afirma que la accionada desconoció los artículos 24 del Decreto 3771 de 2007, 12 del Decreto 2665 de 1988, 17, 22, 32, 33 numeral 2, 39 del Decreto 1406 de 1994, 5 del Decreto 2663 de 1994, 13 del Decreto 1161 de 1994, 19 y numeral a) del artículo 8 del Decreto 3771 de 2007, 13, 24 y 31 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990.
Acusa además a la autoridad judicial accionada de incurrir en los defectos de orden,
* Fáctico por indebida valoración probatoria, porque desconoció que se realizaron cotizaciones a Colpensiones a través del Consorcio Prosperar y la demandada recibió los dineros que forman parte de la historia laboral del peticionario. Además, otorgó a las pruebas un sentido y alcance equivocado, pues estas determinaban claramente la acumulación de las semanas mínimas requeridas.
* Procedimental absoluto, toda vez que en el auto que admitió la demanda de casación se declaró que reunía los requisitos de admisibilidad, pero al dictar sentencia se afirmó lo contrario. Además, la Sala de Casación Laboral puede casar oficiosamente el asunto en virtud del artículo 336 del Código General del Proceso.
* Desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SL13542/2014.
6. Con fundamento en la situación fáctica descrita, pretende la prosperidad del amparo y, en consecuencia, se deje sin valor y efecto la sentencia SL1470-2021, para en su lugar, casar la providencia de segundo grado y confirmar la proferida el 5 de diciembre de 2018 por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Mediante auto del 6 de octubre pasado se avocó el conocimiento de la acción de tutela y se surtió el traslado a las accionadas y vinculadas, quienes se pronunciaron en los siguientes términos:
1. La Sala de Casación Laboral manifestó que la decisión del 14 de abril último fue emitida de forma unánime, con estricto apego a la Constitución Política, la ley, la jurisprudencia y los elementos probatorios acopiados, luego, no resulta arbitraria, ni desconocedora de derecho fundamental alguno, tal y como puede advertirse de los argumentos fácticos y jurídicos que la soportan.
Precisó que a la Sala no le fue posible estudiar de fondo el asunto, porque el casacionista cometió una serie de deficiencias técnicas y argumentativas que no se acompasan con los requisitos exigidos para el recurso extraordinario de casación.
Recordó que de conformidad con los artículos 90 y 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la demanda de casación debe ceñirse a los requerimientos que su planteamiento y demostración exigen, con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, por tanto, el incumplimiento de estos imposibilita el estudio de fondo de los cargos y el recurso resulta desestimable, tal como en esa ocasión ocurrió.
Destacó que por vía de tutela no es posible reabrir procesos que fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez natural, como el que aquí se discute, puesto que ello contraviene los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
2. El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá señaló que lo pretendido por el accionante es la salvaguarda de los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal Superior de esta ciudad y la Sala de Casación Laboral al revocar la sentencia emitida por ese despacho. Dijo que durante el tiempo que conoció el asunto, respetó y veló por el debido proceso y la decisión de fondo se profirió con base en la normatividad aplicable al caso y las pruebas allegadas al plenario.
3. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social afirmó que el reclamo de la tutelante no tiene vocación de prosperidad porque no demostró que se configuraran los defectos específicos de procedibilidad de la tutela contra la sentencia que cuestiona. Consideró, además, que la decisión emitida está acorde a la ley, la Constitución y al criterio jurisprudencial adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá remitió el audio del fallo proferido el 27 de marzo de 2019 dentro del proceso ordinario laboral promovido por el hoy accionante contra Colpensiones, tramitado bajo el radicado No. 11001310501520180012200.
5. El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales refirió que conforme al Decreto 2011 de 2012 carece de facultad jurídica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, siendo por tanto Colpensiones la Entidad actualmente encargada de administrar el mencionado Régimen.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 7 del canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 1° del Decreto 1983 de 2017, y el 44 del Reglamento General de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver esta acción en primera instancia, por estar dirigida contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Problema jurídico
Resolver si frente la acción de tutela promovida por MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DONCEL contra la sentencia SL1470-2021 proferida por la Sala de Casación Laboral en el proceso laboral adelantado contra Colpensiones, se configuran las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales alegadas por el tutelante.
Análisis del caso
1. La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la conducta activa u omisiva de las autoridades públicas o los particulares (artículos 86 de la Constitución Nacional y 1º del Decreto 2591 de 1991).
2. Cuando esta acción se dirige contra providencias judiciales es necesario, para su procedencia, que se cumplan los presupuestos generales fijados en la doctrina constitucional y demostrar que la decisión o actuación cuestionada incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, procedimental, fáctico, sustantivo, de motivación, error inducido, desconocimiento del precedente o violación directa de la constitución (C-590/05 y T-332/06).
3. Como quedó expuesto, la censura constitucional propuesta por la parte actora se dirige a denunciar que la providencia emitida por la Sala de Casación Laboral configura los defectos, fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Sin embargo, se observa que buena parte de los argumentos expuestos en sede casacional, sobre los cuales la Sala Especializada no se pronunció por no cumplir las exigencias mínimas de fundamentación, son los que sirven de sustento a la acción de tutela, lo cual pone al descubierto su improcedencia, ante la pretensión de utilizarla para superar errores solo imputables a la parte accionante.
La providencia censurada se fundamentó en los siguientes aspectos sustanciales:
i) El ataque tiene deficiencias técnicas y argumentativas que impiden realizar un estudio de fondo, pues de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la demanda de casación debe ceñirse a los requerimientos que su planteamiento y demostración exigen, con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia.
ii) Frente al cargo primero, precisó que el casacionista orientó la acusación por la senda jurídica y su argumentación estuvo encaminada a demostrar con la historia laboral y otros documentos, que el tutelante si pagó la proporción de los aportes pensionales y que quien incurrió en mora fue el Consorcio Colombia Mayor, motivo por el cual, adujo que la administradora no podía devolver el valor de tales cotizaciones, pues ante la tardanza en el pago, su deber era ejercer las acciones de cobro, luego, ante tal omisión debe responder por la prestación.
Manifestó que “así se entendiera que el querer del casacionista era enderezar el cargo por la vía indirecta, debe advertirse que faltó al deber de enunciar los presuntos errores de hecho o de derecho que pudo cometer el Colegiado y olvidó efectuar el análisis razonado y crítico de esos eventuales desaciertos, debidamente relacionados con las pruebas calificadas que considere no fueron apreciadas o erróneamente valoradas, dado que si bien menciona algunos elementos de juicio, incumple con la carga de contrastar su contenido real con el ejercicio valorativo del ad quem”.
ii) En cuanto al segundo cargo, precisó que la censura omitió indicar: (a) la vía por la cual dirige su ataque –directa o indirecta-, (b) el sub motivo de violación de la ley sustancial, y (c) por lo menos una disposición de orden nacional que considerara transgredida por el Tribunal, de modo que la Sala careció de un referente normativo sobre el cual pudiera emprender el análisis del caso, es decir, incumplió el deber de mencionar en forma clara, específica y concreta la normativa sustancial de alcance nacional en cualquiera de las modalidades (infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea), pues aludió al Acto Legislativo 01 de 2005 y al Acuerdo 049 de 1990, para rememorar lo considerado por el Tribunal en el fallo recurrido, pero no para argumentar su disenso.
Esto, en criterio de la Sala Especializada, impedía a la Corte realizar el estudio en sede casacional, por no existir disposición de orden sustancial con la cual confrontar la sentencia impugnada, a efectos de verificar su posible vulneración.
6. Examinada esta decisión, se advierte que la Sala accionada expuso con precisión los motivos por los cuales la demanda no satisfacía los requerimientos de sustentación mínima exigidos para su estudio de fondo.
De allí que resulte razonable concluir que lo que pretende ahora el accionante, es utilizar la tutela como instancia adicional para reintentar un recurso que fracasó por deficiencias no atribuibles a los funcionarios judiciales, pues los alegatos presentados en esta sede constitucional se circunscriben a denunciar desaciertos de orden fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, en los que la Sala Especializada no pudo incurrir por no haber realizado estudio de fondo.
Esto, porque, como ya se vio, no efectuó análisis probatorio alguno que condujera a la malinterpretación que denuncia el tutelante, ni el estudio de los preceptos jurisprudenciales relacionados con el allanamiento a la mora de Colpensiones, cuando quien incurre en la omisión de consignar oportunamente los aportes pensionales es el empleador u otra entidad diferente del trabajador, para concluir que desconoció el precedente contenido en la providencia que indica.
Tampoco es posible afirmar la configuración de defecto de orden procedimental, toda vez que la imposibilidad de estudiar de fondo del asunto obedeció – se reitera- a que la demanda no cumplía las exigencias mínimas de fundamentación que el recurso exige. Y la acción de tutela no puede ser utilizada para pretender obviar o soslayar los procedimientos o prescindir de los requerimientos adjetivos que se exigen como condición para acceder al ejercicio del derecho, por cuanto estos también cuentan “con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces” (Corte Constitucional, sentencia C-173-19).
En lo que tiene que ver con la casación, el tribunal constitucional, en sentencia C-880 de 2014, al realizar un estudio del recurso, señaló que “el fin primordial de unificar la jurisprudencia nacional, promover la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos, reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida y, adicionalmente, en el Estado Social de Derecho, velar por la realización del ordenamiento constitucional –no solamente legal- y, en consecuencia, por la realización de los derechos fundamentales de los asociados (Sentencia C- 372/11)”.
En la misma providencia, precisó que este recurso no es una tercera instancia, puesto que la Corte debe realizar un análisis de legalidad limitado y extraordinario, a partir de los errores atribuidos en la demanda a los jueces de instancia, que deben ser claramente expuestos y debidamente fundamentados por el recurrente, para que proceda su estudio (sentencias C-998/04, C-595/00, C-1065/00, entre otras).
Esto significa que la exigencia de una debida fundamentación del recurso extraordinario de casación, frente a los requerimientos señalados por el legislador en el artículo 90 del Decreto Ley 2158 de 1948 para la casación laboral, no puede calificarse, per se, de un error de tipo procedimental, ni la desestimación de los cargos, por los referidos motivos, de decisión violatoria de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso, o cualquier otra garantía de orden superior.
Lo anterior, porque en casación rige el principio de crítica o fundamentación vinculada, que implica que la demanda debe orientarse a denunciar y demostrar la existencia en concreto de los errores previstos en las causales que el recurso consagra, y que, si no se hace, o se hace deficientemente, el juez de casación no puede aprehender el estudio de fondo del cargo, por carecer de elementos de juicio para hacerlo.
En este contexto, la solicitud de amparo deviene improcedente, en virtud del principio de autonomía de la función jurisdiccional (artículo 228 de la Carta Política), que impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como la controvertida, sólo porque el accionante no la comparte, o tiene una comprensión diversa a la concretada en dicho pronunciamiento.
Se negará, por tanto, el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
1. Negar el amparo constitucional invocado por MIGUEL ÁNGEL CARVAJAL DONCEL.
2. Notificar este proveído de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, informando que puede ser apelado dentro de los tres días siguientes.
3. De no ser impugnada esta sentencia, enviar la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
FABIO OSPITIA GARZÓN
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
HUGO QUINTERO BERNATE
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria