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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP16307-2021
Radicación n.° 120510
(Aprobación Acta No.314)
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por la Representante Legal de SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.S. -SOLUCIÓN I.T. S.A.S.-, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, con ocasión del proceso ordinario laboral 110013105013201400573 (en adelante, proceso ordinario laboral 2014-00573).
Fueron vinculados como terceros con interés legitimo en el presente asunto, el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y todas las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral 2014-00573.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La Representante Legal de SOLUCIÓN I.T. S.A.S. solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libertad de empresa, los cuales considera vulnerados por la sentencia emitida por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación con ocasión del proceso ordinario laboral 2014-00573, la cual, a su criterio, es producto de un flagrante abuso del derecho.
Del escrito de tutela y documentos aportados al expediente tutelar, se tiene que la señora Bibiana García Zúñiga promovió demanda laboral contra SOLUCIÓN I.T. S.A.S., con el fin que se declarara que entre esa empresa y la accionante, existió un contrato de trabajo vigente desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 28 de febrero de 2013, el cual terminó por el incumplimiento del empleador en el pago de sus obligaciones. Por consiguiente, solicitó que se condenara y pagara a su favor las cesantías, intereses, primas de servicios, vacaciones, aportes a la seguridad social en pensiones y salud, correspondientes al tiempo laborado; sanción por no consignación de las cesantías; indemnizaciones por no pago de acreencias prestacionales y por despido sin justa causa; y las costas procesales.
Expresó que, esta demanda fue resuelta en primera instancia el 21 de septiembre de 2015, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, que resolvió absolver a la parte demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, e impuso costas a cargo de la accionante.
Frente a esta decisión fue interpuesto recurso de apelación, resuelto el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que revocó la decisión del a quo y resolvió lo siguiente:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2015, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de
Bogotá, y en su lugar, DECLARAR que entre la demandada y la demandante existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 01 de agosto de 2010 y el 28 de febrero de 2013, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la demandada a pagar a la demandante las siguientes sumas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Por cesantías $5.217.063
Por intereses a las cesantías $533.487
Por prima de servicios $1.268.531
Por vacaciones $2.608.531
Por sanción de no pago de intereses de las cesantías $533.487 Al pago de un día de salario por cada día de retardo, por el no pago de salarios y prestaciones debidas, a razón de $67.316 pesos diarios por concepto de sanción moratoria a partir del 01 de marzo del 2013 y hasta que se haga efectivo el pago, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la demandada a realizar los aportes correspondientes a la seguridad social en pensiones en el fondo que la actora señale y a favor de este, teniendo en cuenta el cálculo actuarial que el mismo elabore
CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra por el demandante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia
QUINTO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandada.
Por lo anterior, SOLUCIÓN I.T. S.A.S. recurrió el fallo de segunda instancia por medio del recurso extraordinario de casación; siendo así, mediante sentencia del 1 de junio de 2021, la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, decidió casar esta, solo en cuanto a la forma de liquidar la indemnización moratoria, y no la casó en lo demás. Por lo tanto, resolvió lo siguiente:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, el 21 de septiembre de 2015.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandada SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN SAS -SOLUCIÓN IT SAS- al pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002, a favor de la demandante BIBIANA GARCÍA ZÚÑIGA a razón de un día de salario por cada día de retardo, esto es, $67.316 diarios, desde el 1o de marzo de 2013 hasta el 1o de marzo de 2015, la cual asciende a la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($48.467.520); y a partir del día siguiente, es decir, del 2 del mismo mes y año, al pago de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre las sumas debidas por concepto de cesantías ($5.217.063) y prima de servicios ($1.268.531) hasta el momento en que se materialice su cancelación.
Alegó que, con la decisión objeto de reproche, la Sala de Casación Laboral de esta Corporación cometió defectos de conducta que conllevan a la violación de sus derechos fundamentales.
Por lo anterior, acude a la vía constitucional con el fin que se deje sin ningún valor ni efecto la sentencia proferida el 1 de junio de 2021 por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación. En este orden, solicita que se disponga a esta autoridad judicial, proferir un nuevo fallo, en el que SOLUCIÓN I.T. S.A.S. sea absuelta de la condena y de la indemnización moratoria.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS
1.- La Sala de Casación Laboral de esta Corporación solicitó denegar el amparo, debido a que, la decisión emitida se encuentra acorde a la ley, la constitución y al criterio jurisprudencia adoptado por dicha autoridad judicial.
Aseveró que, las manifestaciones e inconformidades que ahora plantea la parte accionante no pueden ser de recibo, ya que pretende anular, vía constitucional, la esencia de la providencia dictada en sede extraordinaria, invocando para ello la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.
2.- El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario laboral de referencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, y el artículo 44 del Reglamento General de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por la Representante Legal de SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.S. -SOLUCIÓN I.T. S.A.S.-, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
viii) Violación directa de la Constitución.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La presente acción de tutela se centra en un punto específico: determinar si con la decisión emitida por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, al interior del proceso ordinario laboral 2014-00573, se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo.
Luego de examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala considera que la presente solicitud de amparo debe ser denegada, debido a que no existe una vulneración a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral 2014-00573 que pueda endilgársele al accionado.
En el presente asunto, la parte accionante censura la decisión de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, quien mediante recurso extraordinario de casación, resolvió casar parcialmente la sentencia del 30 de noviembre de 2016 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fallando en contra de las pretensiones de SOLUCIÓN I.T. S.A.S.
Esta Sala en su condición de juez de tutela de primera instancia revisó el expediente y encontró que la petición de amparo no prospera en la medida que, lo que busca la parte accionante es que, por vía de tutela, se sustituya la apreciación del análisis que al efecto hicieron los jueces designados por el legislador para tomar la decisión correspondiente.
Siendo así, resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la parte accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales dentro del proceso ordinario laboral 2014-00573, para que se impartan unos trámites sobre asuntos donde las autoridades judiciales actuaron dentro del marco de autonomía e independencia que le han sido otorgadas por la Constitución y la ley.
A partir de las alegaciones presentadas por la parte accionante, se reitera, el fundamento de la solicitud de amparo de la parte actora es el desacuerdo con la determinación adoptada por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, al casar la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral 2014-00573, al determinar que el ad quem incurrió en un error jurídico en cuanto a la forma de liquidar la indemnización moratoria a favor de la señora García Zúñiga, puesto que sede de segunda instancia, no se fijó limitante alguno a dicha sanción. Lo anterior, con base en el siguiente argumento principal:
“(…) en relación exclusiva con el tema que prosperó en casación, es imperativo modificar la condena impuesta por concepto de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, dado que el pago de un salario diario por cada día de mora sólo se causa por los primeros veinticuatro meses, esto es, hasta el 1 de marzo de 2015, y a partir del día siguiente la demandada deberá pagar únicamente sobre las prestaciones debidas (cesantías por $5.217.063 y prima de servicios por $1.268.531) intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera.
Entonces, como el salario diario de la demandante era de $67.316, aspecto sobre el que no existe controversia, se tiene que por concepto de indemnización moratoria, por los primeros 24 meses, le corresponde la suma de $48.467.520.
En este orden de ideas, se revoca la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, el 21 de septiembre de 2015, para condenar a la demandada al pago de la indemnización moratoria, a favor de la actora a razón de un día de salario por cada día de retardo, esto es, $67.316 diarios, desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 1 de marzo de 2015, la cual asciende al valor de $48.467.520; y a partir del día siguiente, es decir, del 2 del mismo mes y año, al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre las sumas debidas por concepto de cesantías ($5.217.063) y prima de servicios ($1.268.531) hasta el momento en que se materialice el pago.”
Siendo así, la circunstancia anteriormente expuesta no configura un requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisión, no habilita la interposición de la acción de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue diseñado como una instancia adicional.
Dentro de la autonomía que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, está la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensión que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que la razonabilidad de la argumentación presentada resulta relevante al momento de hacer la valoración respectiva.
Así las cosas, no puede la parte accionante, pretender que en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la autoridad judicial accionada actuó en derecho, y la acción de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral 2014-00573.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por la Representante Legal de SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.S. -SOLUCIÓN I.T. S.A.S.-, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, por las razones expuestas.
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación.
TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006.
2 Ibídem.
3 Sentencia T-522 de 2001.
4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.