Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP15094-2021
Radicación No. 119983
(Aprobado Acta No. 293)
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Decide la Sala la impugnación interpuesta por WILLIAM HERNANDO ROA GÓMEZ, contra el fallo de tutela proferido el 26 de julio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado 22 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron recogidos en la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:
El accionante refiere que está privado de la libertad cumpliendo una pena de 300 meses de prisión, impuesta por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 22 de abril de 2009, en el radicado 1100160023712007-00917-00, por el delito de acceso carnal violento en concurso, conforme a hechos ocurridos desde el año 2001 a inicios de 2006. Que la vigilancia de la pena está a cargo del Juzgado 6 de EPMS de Tunja, autoridad a la que el 26 de abril de 2019 solicitó libertad condicional adjuntando los documentos requeridos para el efecto, por reunir los requisitos del artículo 64 original del C.P., vigente para la fecha de los hechos, norma más favorable respecto de las modificaciones posteriores, en tanto solo exige las 3/5 partes de la pena y el buen comportamiento dentro del penal, prohibiendo la negativa del subrogado con fundamento en las circunstancias valoradas por el Juez fallador.
No obstante, el Juzgado 6 de EPMS de Tunja, al estudiar la solicitud de libertad, en auto del 3 de julio de 2019, dispuso aplicar el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, y en consecuencia negar el subrogado deprecado por no superarse el requisito subjetivo de valoración de la conducta punible, conforme a los elementos, circunstancias y consideraciones que tuvo en cuenta el Juez fallador para imponer la condena; situación que considera arbitraria pues el Juez aplicó una norma desfavorable, vulnerando el principio de legalidad.
Que ante las determinaciones de los accionados, el señor Roa Gómez, a través de su apoderado, el 11 de junio de 2020, solicitó nuevamente libertad condicional, enfatizando en el principio de favorabilidad y dignidad humana, desarrollados jurisprudencialmente, con el fin de que se aplicara la norma vigente para la fecha de los hechos, se valorara el proceso de resocialización y el buen desempeño en el tratamiento penitenciario, reflejado en la calificación de conducta ejemplar y el concepto favorable de la junta de evaluación del penal, conforme los parámetros desarrollados en sentencia T-640 de 2017.
En atención a la nueva petición formulada, el 30 de junio de 2020 mediante auto N° 0614, el Juzgado 6 de EPMS de Tunja resolvió no volver a efectuar estudio de libertad y estarse a lo resuelto en el interlocutorio N°0600 del 3 de julio de 2019, aseverando que la ley más favorable es el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, por lo que mantuvo la negativa fundada en la previa valoración de la conducta punible, de la cual nuevamente indicó que impedía satisfacer el requisito subjetivo, incurriendo así en una presunta vía de hecho al desconocer los principios invocados y aplicar una norma posterior y desfavorable; en razón a lo cual el 29 de julio de 2020 se apeló dicha decisión, concediéndose el recurso el 3 de noviembre.
Con base en lo anterior, el 30 de abril de 2021, el Juzgado fallador resolvió revocar el numeral segundo de la providencia de primera instancia en cuanto a la determinación de estarse a lo resuelto y en su lugar negó la libertad condicional; decisiones que en concepto del actor correspondían a una vía de hecho que estaba prolongando injustificadamente su privación de la libertad, por lo que el 11 de mayo de 2021 promovió acción de habeas corpus, la cual correspondió al Juzgado 4 de EPMS de Tunja, autoridad que negó la petición; auto confirmado el 20 de mayo por el Tribunal Superior Sala Penal, pese a estar acreditado que los Juzgados accionados han incurrido en una vía de hecho al negar el subrogado aludido.
En este orden de ideas, luego de realizar una exposición normativa y jurisprudencial sobre la libertad condicional, el principio de favorabilidad y los derechos fundamentales mencionados, el accionante solicitó la concesión del amparo constitucional deprecado y como consecuencia, que se dejen sin efecto los autos 0600 del 03 julio de 2019 y 0614 del 30 de junio de 2020, proferidos por el Juzgado 6 de EPMS de Tunja, y los de segunda instancia que los confirmaron, de fechas 28 febrero de 2020 y 30 abril de 2021, del Juzgado 22 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Para acreditar lo referido se adjuntaron copias de i) auto N°0600 del 3 julio de 2019 del Juzgado 6 de EPMS de Tunja; ii) interlocutorio del 28 febrero de 2020 proferido por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; iii) providencia N°0614 del 30 junio de 2020 del Juzgado ejecutor; iv) decisión del 30 abril de 2021, Juzgado fallador; v) acción de habeas corpus radicada el 11 de mayo 2021; vi) providencia de habeas corpus del 14 de mayo 2021 del Juzgado 4 de EPMS de Tunja; vii) impugnación de la determinación de habeas corpus de fecha 17 de mayo de 2021; y vii) decisión de segunda instancia de habeas corpus del Tribunal Superior de Tunja Sala Penal.
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar que, las autoridades judiciales accionadas cumplieron con los lineamientos normativos y jurisprudenciales que rigen la concesión de la libertad condicional.
Aseveró que, no se advierte con esta decisión un quebrantamiento a los derechos fundamentales del accionante, por el solo hecho de no acceder a su solicitud de libertad condicional.
LA IMPUGNACIÓN
WILLIAM HERNANDO ROA GÓMEZ interpuso recurso de impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, sin que se evidencie dentro del expediente las razones de su inconformidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento Interno de esta Corporación, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación impuesto por WILLIAM HERNANDO ROA GÓMEZ, contra el fallo de tutela proferido el 26 de julio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que declaró improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado 22 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
viii) Violación directa de la Constitución.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La impugnación se centra en un punto específico: determinar si la solicitud de amparo interpuesta por WILLIAM HERNANDO ROA GÓMEZ contra la negativa de los juzgados accionados de conceder el subrogado de libertad condicional, cumple con alguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Al examinar las pruebas obrantes y el marco jurídico aplicable, la Sala advierte que lo pertinente es confirmar el fallo de tutela impugnado, comoquiera que las decisiones censuradas no incurren en alguna vía de hecho, por el contrario, son fruto de autonomía e independencia propia de las autoridades judiciales, acorde con la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto, puesto a su conocimiento.
A diferencia de lo establecido por el accionante, esta Corporación evidencia que la razón principal por la cual fue denegada su solicitud de libertad condicional consistió en el análisis de requisitos establecido en el artículo 64 del Código Penal, junto con su ponderación frente a la valoración de la conducta punible realizada por el sentenciado, observaciones tales, que impidieron la concesión de beneficio de libertad condicional de WILLIAM HERNANDO ROA GÓMEZ.
Este criterio es propio de la autonomía e independencia que gozan las autoridades judiciales, además es adecuado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 y la jurisprudencia aplicable. En el presente caso, por parte de los jueces ordinarios, se tuvieron como fundamento, hechos que fueron objeto de estudio en la sentencia, por lo cual, la Sala denota que la valoración de la conducta no se apartó de la misma decisión.
Es importante aclarar que, el hecho de reportar una buena conducta y cumplir con el mínimo establecido de pena ejecutada, no es suficientes para que se otorgue la libertad condicional como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, pues es insoslayable cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la precitada norma.
Como se ha sido indicado en otras oportunidades, es función del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, analizar los requisitos para la procedencia de la libertad condicional, previa valoración de la conducta punible. Esa facultad no excluye la evaluación de la gravedad de las acciones u omisiones materializadas por el condenado, tal y como quedó registrado en el fallo condenatorio5.
Así fue determinado por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-194 de 2005 y C-757 de 2014, en las que dejó claro que el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, con sus posteriores modificaciones, conlleva valorar la conducta a la luz de la sentencia condenatoria, sin que ello implique violar el non bis in ídem.
Es competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad realizar la valoración previa de la conducta, al momento de pronunciarse sobre la solicitud de libertad condicional, lo cual es una manifestación de la actividad judicial, que está amparada por los principios de autonomía e independencia, por lo que, por regla general, el Juez Constitucional no puede inmiscuirse en esta valoración.
Por lo anterior, y como el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional, la Sala confirmará la decisión impugnada, pero aclarará el sentido, pues denegar y declarar improcedente son determinaciones diferentes, conforme fue explicado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-883 de 2008:
Denegar la acción implica un análisis de fondo, mientras que la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración. En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito lógico-jurídico esencial para que la relación procesal pudiera constituirse, el juez de instancia debió haber declarado improcedente la acción. (Resalta la Sala)
En este caso el amparo debe declararse improcedente, dado que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, en específico, el requisito de subsidiariedad, por esto se impide realizar un estudio de fondo de las razones de inconformidad que planteó el accionante con relación a la decisión objeto de la presente solicitud de amparo.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuesta.
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito.
TERCERO. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006.
2 Ibídem.
3 Sentencia T-522 de 2001
4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
5 Cfr. CSJ SCP STP12042-2017, 08 ago. 2017, rad. 93030; STP3428-2018, 06 Mar 2018, rad. 96992; STP8174-2018, 19 jun 2018, rad. 98756; STP953-2019, 29 ene 2019, rad. 102040; entre otros.