Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP10759-2021
Radicación n.° 118292
(Aprobación Acta No.211)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto por el apoderado de los señores FERNANDO JOSÉ VICTORIA GUZMÁN y FERNANDO JOSÉ VICTORIA VELASCO, contra el fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el cual negó el amparo invocado contra el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali y el Juzgado 19 Penal del Circuito de la misma ciudad.
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Fueron recogidos en la decisión de primera instancia en los siguientes términos:
A.- El 28 de abril de 2017 fueron capturados por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares dentro del proceso N° 760016000000201700567. Al día siguiente el Juzgado 29 Penal Municipal en Funciones de Control de Garantías de Cali, entre otras decisiones, les impuso la medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en “la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez” (art. 307B-5 de la L.906/04).
B.- El 27 de febrero de 2020, atendiendo a la “la innegable relación que existe entre el derecho de la LIBRE LOCOMOCIÓN y el concepto de LIBERTAD, de conformidad con los parámetros nacionales e internacionales”, solicitaron al Juzgado 15 Penal Municipal la libertad por vencimiento de términos. Esto porque trascurrieron más de 120 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se hubiera instalado el juicio oral. Para ello se “explicó en detalle el CONTEO de días a la luz del numeral quinto artículo 317 de la ley 906 de 2004 y, finalmente, ofreció una argumentación, en punto a posibles controversias que se pudieran suscitar de cara a la procedencia de la LIBERTAD DE VENCIMIENTO DE TÉRMINOS, frente a una MEDIDA NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD”.
C.- El 16 de septiembre de 2020, el aludido Juzgado de control de garantías negó el levantamiento de “la prohibición de salir del país” por vencimiento de términos porque: 1.- las causales de libertad de que trata el art. 317 de la L.906/04
operan sobre medidas de aseguramiento privativas de la libertad y la que se les impuso es una no privativa de ese derecho; 2.- si bien la prohibición de salir del país constituye una limitación al derecho de locomoción, no implica privación de la libertad y, 3.- levantar la medida cautelar impuesta “dejaría huérfana la finalidad” referida a lograr la comparecencia al proceso.
Tal decisión fue confirmada por el Juzgado 19 Penal del Circuito con decisión del 3 de mayo de 2021. Además de lo argumentado por el a quo, agregó que el legislador dispuso que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad “tendrán vigencia durante toda la actuación”; luego, el vencimiento de términos sólo aplica a la detención preventiva, lo que cobra sentido porque es la que afecta en gran medida la locomoción y libertad del ciudadano.
D.- Tales decisiones, sostienen los accionantes, vulneran los derechos fundamentales invocados porque:
1.- En lo que hace a los derechos de libertad de locomoción y libertad, los Juzgados accionados, de una parte, desconocieron que “una limitación al derecho a libre locomoción es, en esencia, una restricción al derecho a la libertad, pues, la persona que la padece encuentra una restricción jurídica para el ejercicio pleno de su derecho a ser libre”. De otra parte, “entendieron el derecho a la libertad casi que desde una perspectiva negativa, esto es que la libertad existe en la medida de que no haya detención preventiva”.
2.- En cuanto al derecho a la igualdad, se les ha dado un trato discriminatorio pues “La persona detenida tiene derecho a recobrar su libertad plena por vencimiento de términos”, mientras que la que no se encuentra detenida “pero sí restringida en su libertad, NO tiene derecho a recobrar o restablecer su libertad, siendo la medida de aseguramiento de duración indefinida, pues estará vigente lo que dure el proceso”. Tal distinción “no es racional, desde el punto de vista Constitucional, sí, precisamente, lo que se pretende es que a menor riesgo menor sea la restricción a la libertad”. El hecho de que la prohibición de salir del país no sea la medida de aseguramiento más grave, “no implica que (…) no sea altamente lesiva, ya que (…) se les está privando, por no decir anulando, de forma indefinida de uno de los componentes centrales de un derecho fundamental y humano (libre circulación), que además, sirve como medio para el ejercicio de otros derechos”.
3.- En lo que respecta al debido proceso, los Jueces accionados:
a.- No solo desconocieron que el art. 317 de la L.906/04 establece el carácter preventivo y temporal de las medidas de aseguramiento, sino que inaplicaron el precedente jurisprudencial, tanto de la Corte Constitucional -contenido en las sentencias C-046/01, C-042/04, C-511/13, C-390/14, C-694/15 y C469/16- como de la Corte IDH -caso Ricardo Canese Vs Paraguay-, según el cual la libertad de locomoción constituye una manifestación del derecho a la libertad. Luego, cuando “este tipo de medidas restrictivas se prolongan de forma indefinida en el tiempo, durando, como en este caso varios años, se terminan convirtiendo en verdaderas sanciones anticipadas, lo cual contraría el derecho a ser juzgado dentro de una plazo razonable, la presunción de inocencia y la proscripción de medidas preventivas de carácter imprescriptible”.
b.- Incurrieron en defecto procedimental absoluto. Aunque tramitaron la solicitud de libertad por vencimiento de términos, “en el fondo, se apartaron del procedimiento establecido en la ley, pues la pretensión termina negándose por improcedente, sin que de fondo se hubiese examinado, entendiéndose así que los Jueces consideraron que la figura procesal establecida en el artículo 317 no es aplicable, lo cual denota el marginamiento arbitrario frente al proceso”.
E.- En consecuencia, solicitaron a la Sala la tutela de los mencionados derechos fundamentales y que, por lo tanto: 1.- se deje sin efecto las decisiones adoptadas por los Juzgados accionados y, 2.- se les ordene “RESOLVER DE FONDO la SOLICITUD DE LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS DE LA MEDIDA NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD a la luz del marco Constitucional y Jurisprudencial expuesto”.
EL FALLO IMPUGNADO
Advirtió que, se desconoció el carácter subsidiario de la acción de tutela frente al amparo que se pretende por esta vía, al encontrarse en curso el proceso penal que cursa en contra de los señores FERNANDO JOSÉ VICTORIA GUZMÁN y FERNANDO JOSÉ VICTORIA VELASCO.
LA IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia y solicitó que el mismo sea revocado, para en su lugar conceder el amparo de sus derechos fundamentales, ordenando la libertad por vencimiento de términos con fundamento en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004.
Criticó que, la argumentación del juez de primera instancia fue carente de edificación jurídica y se desconoce en el presente asunto, el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para resolver el recurso de impugnación interpuesto por el apoderado de los señores FERNANDO JOSÉ VICTORIA GUZMÁN y FERNANDO JOSÉ VICTORIA VELASCO, contra el fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el cual negó el amparo invocado contra el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali y el Juzgado 19 Penal del Circuito de la misma ciudad.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La impugnación se centra en un punto específico: determinar si la solicitud de amparo invocada por los señores FERNANDO JOSÉ VICTORIA GUZMÁN y FERNANDO JOSÉ VICTORIA VELASCO, cumple con los requisitos necesarios para su procedibilidad.
Para resolver el problema jurídico planteado en precedencia, se analizará i) la línea jurisprudencial que respecto de la procedencia de la acción de tutela frente a procesos en curso ha establecido la Corte Constitucional y ii) el núcleo esencial de la dignidad humana y la necesaria intervención del juez constitucional para su protección.
En sentencia T-335 de 2018, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional señaló:
«3.1.4.1. La acción de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, cuando el proceso aún se encuentra en trámite, la intervención del juez constitucional está vedada toda vez que la acción de tutela no constituye -salvo que se esté ante la posible configuración de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico.»
Justamente, ha explicado la Sala que las características de subsidiaridad y residualidad que son predicables de la acción de protección constitucional, disponen como consecuencia que no pueda acudirse a tal mecanismo excepcional de amparo para lograr la intervención del juez constitucional en procesos en trámite, porque ello además de desnaturalizar su esencia, socava postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de la Rama Judicial al tenor de la preceptiva contenida en el artículo 228 de la Carta Política.
Igualmente, estableció que tampoco puede acudirse a este excepcionalísimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, cuando el amparo se concibió precisamente para suplir la ausencia de éstos y no para resquebrajar los ya existentes, lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.
Así las cosas, mientras un proceso se encuentre en curso, es decir, no se haya agotado la actuación del juez ordinario, el afectado tendrá la posibilidad de reclamar al interior del trámite el respeto de las garantías constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la tutela5.
Ahora bien, se debe precisar a la parte accionante que puede presentar la solicitud de vencimientos de términos las veces que así lo considere ante la respectiva autoridad, sin solicitar la protección constitucional, pues ello atenta contra los principios de residualidad y subsidiariedad que caracterizan este instrumento, según los cuales «esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» (artículo 86 Constitucional), precepto que es reafirmado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al decir que «la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales».
En ese sentido, es preciso recordarle a la parte actora que, al interior de los procesos penales, existen eficaces mecanismos de defensa para el restablecimiento de los derechos presuntamente lesionados.
Es más, ante eventuales decisiones desfavorables, podrán interponer los recursos ordinarios que contra ellas proceda.
Por lo anterior, no puede el juez constitucional entrometerse en los asuntos que son propios del juez natural, cuando aún la parte accionante tienen la posibilidad de reclamar lo alegado ante el juez competente, pues de lo contrario, se desbordarían los principios de subsidiariedad y residualidad que rigen este trámite constitucional tan exclusivo.
Al respecto, el máximo órgano constitucional ha señalado que «la acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura de la acción de tutela. (CC T-1343/01).
Entonces, al contar con otros medios de defensa judicial al interior del proceso penal, la petición de amparo propuesta por los señores FERNANDO JOSÉ VICTORIA GUZMÁN y FERNANDO JOSÉ VICTORIA VELASCO, está destinada a fracasar por improcedente.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
2. NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio más expedito.
3. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006
2 Ibídem
3 Sentencia T-522 de 2001
5 Cfr. Ver Corte Constitucional. Sentencias C-590 del 8 de junio de 2005 y T-332 del 4 de mayo de 2006. CSJ STP Rad. No. 31.781, 32.327, 36.728, 38.650, 40.408,41.642, 41.805, 49, 752, 50.399, 50.765, 53.544, 54.762, 57.583, 59.354, 60.917, 61.515, 62.691, 63.252, 64.107, 65.086, 66.996, 67.145, 68.727, 69.938 y 70.488.