Asistente Jurídico Inteligente
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EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
ATP968-2021
Radicación Nº 117592
Acta No. 171
Bogotá D.C., seis (06) de julio de dos mil veintiuno (2021).
ASUNTO
La Sala decide el incidente de desacato promovido por ISABEL ROMERO CASTILLO por el presunto incumplimiento al fallo de tutela que amparó sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, vulnerado por Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.
ANTECEDENTES RELEVANTES
1. El 27 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Decisión Primera de Tutelas –Rad. 116847-, tuteló los derechos fundamentales de ISABEL ROMERO CASTILLO al debido proceso y acceso a la administración de justicia, vulnerado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro del asunto penal con radicado No. 25175-6000-688-2019-00488-00 seguido en contra de EDILSON CASTRO BARBOSA, en el cual funge como víctima.
En consecuencia, resolvió ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca que:
“(…) en un término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta decisión, resuelva la apelación formulada en el proceso penal No. 25175600068820190048001 que se sigue contra EDILSON CASTRO BARBOSA”.
2. Mediante escrito presentado por el accionante el 15 de junio de 2021, allegado a este Despacho el 17 del mismo mes y año, informó que la orden dispuesta en la mencionada sentencia de tutela no había sido cumplida y solicitó en consecuencia tomar las medidas correspondientes y pertinentes al respecto.
3. A través de auto de 21 de junio de 2021, antes de resolverse la apertura del incidente de desacato, se requirió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca para que informara acerca del cumplimiento del fallo de tutela.
4. Fue así como, la abogada asesora del Despacho del Magistrado Augusto Enrique Brunal Olarte, remitió copia del auto aprobado el 18 de junio de 2021, leído en audiencia del 25 de junio siguiente, en virtud del cual dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, resolviendo “CONFIRMAR la determinación adoptada el 21 de octubre de 2020, por el Juzgado Penal del Circuito de Funza (Cundinamarca), por los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.”
CONSIDERACIONES
1. Al tenor de lo normado en el artículo 52, inciso 2º, del Decreto 2591 de 1991, es competente este cuerpo colegiado para adoptar la decisión que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento del fallo de amparo decretado.
2. Indudablemente, la orden impartida en sede de tutela es de obligatorio acatamiento por la autoridad llamada a cumplirla, por tanto, debe hacerlo dentro del término perentorio establecido en el fallo respectivo. Si no ocurre así, además de continuar vulnerando el derecho o garantías fundamentales objeto de protección, se desconoce la providencia mediante la cual se ampararon las mismas.
En torno a tal situación y de conformidad con los principios de eficacia y efectividad, el ordenamiento jurídico radicó en cabeza del juez constitucional las facultades necesarias para obtener el cumplimiento material de la orden respectiva y sancionar por desacato al funcionario que la ha incumplido injustificadamente.
En salvaguarda de la inmediatez que debe existir entre la vulneración o amenaza del derecho constitucional prohijado y la efectividad del amparo aplicado por la jurisdicción de tutela, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 prevé:
“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia”.
Por su parte, el artículo 52 del mismo plexo normativo estableció el instituto jurídico conocido como desacato, el cual opera cuando:
“La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar”.
3. Así las cosas, la ley ofrece dos vías que, aunque diferentes, son complementarias y están orientadas a obtener el restablecimiento del derecho conculcado.
Ante ello, el juez constitucional debe proceder en su orden -según se desprende de la interpretación del artículo 27 del decreto en cita- a ejecutar los procedimientos respectivos para obtener el cumplimiento de la orden de tutela, pues su competencia se mantiene hasta cuando sea completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
Por ello, la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-939 del 2005 y en el auto No. 122 de 5 de abril del 2006, precisó lo siguiente:
“El marco reglamentario de la acción de tutela consagra entonces, un conjunto de facultades y –también- el punto cardinal conforme al cual podemos derivar un conducto regular desde donde el juez podrá determinar si es necesario, como última ratio, el inicio del incidente de desacato. Por supuesto, conforme a lo anterior encontramos que dentro de las obligaciones del juez de primera instancia se encuentra, en primera medida, verificar el cumplimiento del fallo y luego sí, podrá evaluar la necesidad de evacuar los demás recursos consignados en el artículo 27 y, en caso de considerarlo necesario, acudir al desacato.
Ahora bien, dentro de este último evento es necesario tener en cuenta, que su trámite no puede desconocer las garantías inherentes al debido proceso y el derecho de defensa, es decir, la brevedad del mismo no puede ser óbice para menguar derechos fundamentales. Sería contradictorio y lesivo de la propia Carta que los mecanismos que sirven de apoyo para asegurar la realización de una tutela, constituyeran medios para vulnerar los derechos fundamentales de aquellos que deben cumplir la orden de amparo constitucional”. (Subrayas propias).
En esta comprensión, el desacato constituye entonces “un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento…” (Sentencia T-763 de diciembre 7 de 1998).
4. De esta forma, aparece supeditado a la satisfacción de dos requisitos ineludibles y concurrentes, al punto que la ausencia de cualquiera de ellos enerva su trámite o la imposición de la sanción, según fuere el caso; exigencias consistentes, en concreto, en la verificación de la inobservancia de la orden impartida en el fallo que concedió el amparo, pero además, primordialmente, en la demostración de la responsabilidad subjetiva que le es propia, máxime en cuanto puede comportar la privación de la libertad.
En ese orden, en el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el no acatamiento del fallo de tutela, pues el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela.
5. En este caso, de acuerdo con lo informado y documentado hasta ahora, se logra verificar que se ha dado cumplimiento a la orden contenida en la sentencia de tutela de 27 de mayo de 2021, en atención a que el 18 de junio siguiente la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca profirió auto en virtud del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en proceso penal adelantado en contra de EDILSON CASTRO BARBOSA, en el cual funge como víctima la ahora incidentante.
En efecto, en el citado fallo de tutela esta Corporación consideró que los derechos de ISABEL ROMERO CASTILLO al debido proceso y acceso a la administración de justicia fueron vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, por la tardanza para presentar proyecto de decisión resolviendo recurso de apelación interpuesto contra una decisión ante el juez de conocimiento, con lo cual se incurrió en mora, por lo cual se ordenó al accionado que:
“(…) en un término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta decisión, resuelva la apelación formulada en el proceso penal No. 25175600068820190048001 que se sigue contra EDILSON CASTRO BARBOSA”.
Fue así como, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca en el proveído de 18 de junio de 2021, al cual se dio lectura en audiencia de segunda instancia del 25 del mismo mes y año, se pronunció de fondo sobre el asunto recurrido, y resolvió “CONFIRMAR la determinación adoptada el 21 de octubre de 2020, por el Juzgado Penal del Circuito de Funza (Cundinamarca), por los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.”
6. Ante tales condiciones, no ofrece duda que la autoridad demandada ejecutó materialmente la orden impartida mediante el fallo de amparo. En consecuencia, no hay lugar a sancionar por desacato a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 1, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
1. Declarar que no hay lugar a sancionar por desacato a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión, en consecuencia, se ordena el archivo del trámite incidental.
2. Notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
3. Contra la presente decisión no proceden recursos.
Comuníquese y Cúmplase,
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria