Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP3685-2021
Radicación n.° 115729
Bogotá D.C., seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por ORLANDO ARIAS SERNA, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión al proceso ordinario laboral 050013105003201500186 (en adelante, proceso ordinario laboral 2015-00186).
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El ciudadano ORLANDO ARIAS SERNA solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, vida, mínimo vital, seguridad social, debido proceso e igualdad, los cuales considera vulnerados por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, al no casar la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral 2015-00186.
Narró que, nació el 27 de febrero de 1954, y que labora para la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. -en adelante INDEGA S.A.- desde el día 2 de mayo de 1977, desempeñando el cargo de operario rotativo de producción.
Agregó que, al sentir que su sistema auditivo empezó a presentar deterioro, el 24 de enero de 2012, se emitió dictamen médico por medio del cual se realizaron diversas recomendaciones a INDEGA S.A., relacionada con los niveles auditivos a los que estaba expuesto el accionante y la reubicación en un nuevo cargo.
El día, 17 de junio de 2013, la ARP Sura le notificó que contaba con una pérdida de capacidad laboral del 15.38 %, por lo que le fue concedida una indemnización de $12.224.762 COP.
Por lo anterior, interpuso demanda ordinaria laboral contra INDEGA S.A., la cual correspondió en primera instancia al Juzgado 3 Laboral del Circuito de Medellín, quien resolvió mediante sentencia del 2 de octubre de 2015:
PRIMERO: Declarar que la enfermedad profesional que padece el señor ORLANDO ARIAS SERNA […], en contra de Colpensiones es producto del incumplimiento por parte de INDEGAS S. A. de los deberes de protección y seguridad, señalados en el art. 56 del CST.
SEGUNDO: ORDENAR a la empresa INDEGAS S. A. pagar al señor ORLANDO ARIAS SERNA […], la suma de $6.443.500.oo, por concepto de los perjuicios morales.
TERCERO: se absuelve a la empresa INDEGAS S. A. de la obligación de pagar al señor ORLANDO ARIAS SERNA […], los siguientes conceptos: daño emergente, lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, perjuicio moral cónyuge y perjuicio fisiológico a la vida y relación.
CUARTO: Se condena en costas procesales a la parte vencida en el juicio […].
Esta decisión fue impugnada, por lo que, mediante sentencia de segunda instancia del 2 de febrero de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la decisión del a quo, absolviendo a la demandada de las pretensiones en su contra e impuso costas.
En virtud de esto, mediante apoderado, el señor ORLANDO ARIAS SERNA RVÁEZ interpuso recurso extraordinario de casación, por lo cual, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión SL1471-2020, resolvió no casar el fallo de segundo grado dentro del proceso ordinario laboral 2015-00186.
Por los anteriores motivos, acude al presente trámite constitucional con la finalidad que se deje sin efectos la providencia proferida el 27 de abril de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, para en su lugar, se ordene emitir un nuevo fallo que revise y estudie de fondo el presente asunto.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS
1.- La Sala de Casación Laboral de esta Corporación manifestó que la acción de amparo no debe abrirse paso, teniendo en cuenta que las decisiones dictadas se ajustaron a derecho, sin que se haya configurado una transgresión a los derechos fundamentales del accionante.
Aseveró que, la parte actora, en la demanda de casación, incurrió en errores técnicos imposibles de superar.
2.- El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín manifestó que, las actuaciones surtidas por ese Despacho dentro del proceso ordinario laboral 2015-00186, se realizaron con apego a la ley y la jurisprudencia vigente para la fecha, garantizando los derechos fundamentales de las partes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por ORLANDO ARIAS SERNA, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1.
La acción de tutela contra providencias judiciales, exige:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:
i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4.
viii) Violación directa de la Constitución.
Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La presente acción de tutela se centra en un punto específico: determinar si con la decisión emitida el 27 de abril de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, mediante la cual resolvió no casar el fallo de segundo grado dentro del proceso ordinario laboral 2015-00186 se configuran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en consecuencia, debe concederse el amparo.
Luego de examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala considera que la presente solicitud de amparo debe ser denegada, debido a que no existe una vulneración a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral proceso ordinario laboral 2015-00186 que pueda endilgársele al accionado.
En el presente asunto, la accionante censura la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a raíz del recurso extraordinario de casación presentado con ocasión a la sentencia de segunda instancia, dentro del proceso ordinario laboral 2015-00186, mediante la cual resolvió no casar el fallo de segundo grado dentro del proceso de referencia.
Esta Sala en su condición de juez de tutela de primera instancia revisó el expediente y encontró que la petición de amparo no prospera en la medida que, lo que busca el señor ORLANDO ARIAS SERNA es que, por vía de tutela, se sustituya la apreciación del análisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para tomar la decisión correspondiente.
Resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural dentro del recurso extraordinario de casación interpuesto, para que se impartan unos trámites sobre asuntos donde la autoridad judicial actúo dentro del marco de autonomía e independencia que le han sido otorgadas por la Constitución y la ley.
A partir de las alegaciones presentadas por la accionante, la Sala advierte que el fundamento de su solicitud de amparo es el desacuerdo con la determinación adoptada por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, al no casar la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral 2015-00186, debido a los errores técnicos que presentaba la demanda de casación con la que sustentó el recurso la parte actora, los cuales consideró la autoridad judicial accionada que eran imposibles de superar, por lo cual, fueron advertidos al recurrente en la sentencia atacada.
Siendo así, la circunstancia expuesta, no configura un requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Al respecto, debe recordarse que si bien las determinaciones adoptadas en el marco de los procedimientos pueden resultar contrarias a los intereses de alguno de los sujetos procesales, la ley estableció diversos mecanismos para cuestionarlas y lograr que el superior funcional estudie y evalúe el asunto.
La simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisión, no habilita la interposición de la acción de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue diseñado como una instancia adicional.
Dentro de la autonomía que se garantiza y reconoce a los funcionarios judiciales, está la de interpretar las normas para resolver el caso concreto, y esa labor permite que la comprensión que lleguen a tener distintos jueces sobre una misma norma sea diversa, y que unas interpretaciones sean mejor recibidas que otras. De manera que, la razonabilidad de la argumentación presentada resulta relevante al momento de hacer la valoración respectiva.
Así las cosas, no puede el accionante, pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la Sala de Casación Laboral de esta Corporación actuó en derecho, y la acción de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas realizadas por el juez natural en el proceso de referencia.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por ORLANDO ARIAS SERNA, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por las razones expuestas.
SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación.
TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006
2 Ibídem
3 Sentencia T-522 de 2001
4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001