Asistente Jurídico Inteligente
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JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
STP3681-2021
Radicación n.° 115636
(Aprobación Acta No.79)
Bogotá D.C., seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021)
VISTOS
Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por ADOLFO ALEXANDER SOTELO TORDECILLA, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, con ocasión a la acción de revisión solicitada dentro del proceso penal de radicación número 54-001-60-01134-2010-02555-01 (en adelante, proceso penal 2010-02555).
ANTECEDENTES
Y
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El ciudadano ADOLFO ALEXANDER SOTELO TORDECILLA, solicita el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia e igualdad, que considera vulnerados como consecuencia de las acciones y/u omisiones de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, con ocasión a la acción de revisión solicitada dentro del proceso penal 2010-02555.
Señaló que, el día 23 de marzo de 2012 fue condenado por el Juzgado 4 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta a 448 meses de prisión, por el delito de homicidio agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Contra esta sentencia fue presentado recurso de apelación, el cual fue declarado desierto en proveído del 9 de abril de 2012
Resaltó que, promovió acción de revisión del fallo condenatorio, alegando la causal 3 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004; sin embargo, mediante providencia del 1 de junio de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta declaró infundada la causal de revisión invocada.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS
1.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín realizó una síntesis de las actuaciones desplegadas dentro del proceso penal 2010-02555, adelantado en contra del accionante por el delito de homicidio agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.
Asimismo, indicó que en el curso de las actuaciones le fueron respetadas todas las garantías constitucionales y procesales al accionante.
Advirtió que, recientemente el demandante interpuso otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos, la cual fue resuelta en primera instancia por esta Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo el Radicado No. 112671 con ponencia del Magistrado Hugo Quintero Bernate; y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de esta Corporación, bajo el Radicado No. 2020-01417 con ponencia del Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por ADOLFO ALEXANDER SOTELO TORDECILLA, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.
Previo a cualquier otra consideración, corresponde a esta Sala evaluar la existencia de temeridad en la iniciativa incoada por la parte actora.
Consagra el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en su inciso primero:
Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despacharán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
Sobre esta particular situación, con fundamento en la sentencia C-054 de 1993 de la Corte Constitucional, esta Sala ha manifestado que la actuación temeraria debe ser controlada en aras de lograr la efectividad y agilidad en el funcionamiento del Estado, pues el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100 % de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos, necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la facultad del Estado para atender los requerimientos de las demás personas que también tienen derecho a una pronta y reflexiva administración de justicia.1
Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 83, 95 y 209 de la Constitución, pues establecen que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas y los deberes de las personas de respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios y colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, y en que el Estado debe actuar regido por los principios de economía y eficacia. Igualmente, el artículo primero de la Constitución Política confirma lo anterior al consagrar la «prevalencia del interés general» como uno de los fundamentos del Estado social de derecho.2
En síntesis, como la promoción reiterada de demandas constitucionales idénticas lesiona el interés general, es deber de las autoridades jurisdiccionales, rechazarlas de plano o denegar las pretensiones3.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
La presente acción de tutela se centra en un punto específico: determinar si existe una vulneración a los derechos fundamentales del señor ADOLFO ALEXANDER SOTELO TORDECILLA, por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.
Inicialmente, y como fue puesto en conocimiento dentro del presente trámite constitucional por parte de la autoridad judicial accionada, se evidencia que no es la primera vez que el accionante acude a la vía constitucional para reclamar el amparo que eleva a través de la presente demanda de tutela, siendo el fin ultimo de estas, que se ordene un estudio exhaustivo de la acción de revisión promovida en contra del fallo condenatorio emitido dentro del proceso penal 2010-02555.
En su demanda de tutela, no mencionó la acción constitucional invocada ante esta misma Sala de Casación Penal; sin embargo, esta situación fue advertida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en el decurso del trámite constitucional.
Se evidencia entonces que, el día 22 de septiembre de 2020, la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de esta Corporación, con ponencia del Magistrado Hugo Quintero Bernate, mediante Radicado No. 112671, emitió fallo de primera instancia dentro de la acción de tutela instaurada por ADOLFO ALEXANDER SOTELO TORDECILLA, mediante la cual resolvió negar la solicitud de amparo invocada, al resultar desatinado que el actor pretenda utilizar la acción de tutela para revivir oportunidades procesales ya agotadas.
Los presupuestos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la configuración de una actuación temeraria fueron establecidos en la T162-18:
2.2.3. Ahora bien, la temeridad, en sentido estricto, se configura cuando se presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.
2.2.4. El último de los elementos antes descritos, tiene lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer su interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que “deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia”.
2.2.5. Por el contrario, la actuación no es temeraria, cuando si bien se comprueba la existencia de multiplicidad de peticiones de tutela, esta se funda en: (i) la falta de conocimiento del demandante; (ii) el asesoramiento errado por parte de abogados; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de indefensión, “propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”. En tales casos, “si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no se considera ´temeraria` y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del demandante”.
2.2.6. No obstante lo anterior, esta Corte ha determinado dos supuestos que permiten que una misma persona interponga nuevamente la acción de tutela, sin que dicha situación configure temeridad, y, por lo tanto, no procede su rechazo: (i) cuando surgen circunstancias fácticas o jurídicas adicionales; o, cuando (ii) no existió un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción constitucional sobre la pretensión incoada.
De lo previamente reseñado, se extrae que al igual que el otro escrito de tutela, el accionante insiste que, se amparen sus derechos fundamentales, y se ordene realizar nuevamente la revisión del fallo condenatorio emitido en su contra dentro del proceso penal 2010-02555.
En conclusión, la acción invocada constituye una estrategia infortunada para obtener un nuevo fallo judicial, razón por la cual no cabe duda de la temeridad de la acción.
Para la Sala no es de recibo el fin perseguido por el accionante, que sobre la base de una nueva acción de tutela y sin que se evidencie un cambio sustancial en los hechos, actores y pretensiones, solicita a esta Corporación un nuevo pronunciamiento, cuando sobre el asunto debatido existe pronunciamiento de otro Juez Constitucional, quien concedió el recurso de apelación, que se encuentra en trámite para emitir fallo de segunda instancia por parte de este Despacho.
Finalmente, se aclara que por esta ocasión no se tomarán medidas teniendo en cuenta que “… cuando se examina si con la presentación de una nueva tutela se configura la temeridad, es indispensable presumir la buena fe.”4 No obstante, se le indica que de insistir en la conducta temeraria, que en esta decisión se puso de presente, -según el caso- se ordenará la expedición de copias para que sea investigado disciplinaria o penalmente por falso testimonio (Art. 442 de la Ley 599 de 2000), conforme lo establece el inciso 2º del artículo 37 del Decreto 2591 de 19915.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. RECHAZAR la demanda de tutela formulada por ADOLFO ALEXANDER SOTELO TORDECILLA en el ejercicio de la acción, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no ser impugnada esta decisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Auto de 8 de octubre de dos mil catorce 2014, rad. 75874. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 Sentencia T- 568 de 2006 Corte Constitucional.
5 (…) El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al