Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
Radicación nº 114331
Acta n° 10.
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por JAVIER OROZCO RENDÓN contra la Sala de Casación Laboral de Descongestión No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, seguridad social y primacía de la realidad sobre las formas, al interior del proceso ordinario laboral que promovió contra GASEOSAS LUX S.A. y RADIO CADENA NACIONAL S.A.S (RCN), radicado No. 1001310501920080063201.
A la presente actuación fueron vinculados como terceros con interés el citado empleador, así como la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 11 Laboral del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el mencionado proceso.
PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se configuran los requisitos generales y especiales de procedibilidad exigidos por la Corte Constitucional cuando se demanda por la vía excepcional de la acción de tutela una providencia judicial, específicamente contra la sentencia de 5 de marzo de 2019 emitida por la Sala de Casación Laboral de Descongestión No. 4, a través de la cual resolvió no casar el fallo de segunda instancia emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que no accedió al reconocimiento y pago de las acreencias laborales reclamadas por el actor.
ANTECEDENTES PROCESALES
Mediante auto de 14 de septiembre de 2020, esta Sala avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado de la demanda a la autoridad accionada y partes vinculadas, a fin de garantizarles sus derechos de defensa y contradicción.
RESULTADOS PROBATORIOS
1. En calidad de interviniente, la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Laborales manifestó que la demanda de tutela no cumplía con los requisitos generales de procedibilidad y que por lo tanto debía declararse su improcedencia.
Sobre el particular explicó que si la decisión de la Sala de Casación Laboral se emitió el 5 de marzo de 2019 y no compartía su contenido por considerarlo desconocedor de sus garantías fundamentales, lo pertinente hubiese sido acudir a este mecanismo de protección excepcional dentro de un término razonable y no después de un año de haber cobrado ejecutoria.
Precisó que si bien el actor afirmó haber sido notificado el 20 de enero de 2020 y que se presentaron algunas circunstancias ajenas a su voluntad que le impidieron interponer en un término razonable la tutela, entre ellas, la demora en la publicación del salvamento de voto de uno de los magistrados que integraron la Sala, la renuncia de su apoderado de confianza, su imposibilidad económica para contrata uno nuevo, así como su desplazamiento a la ciudad de Bogotá para obtener copia del fallo, el único criterio que a su juicio podría justificar de manera parcial su demora es el hecho de que la Sala accionada se hubiere tardado en la publicación del salvamento de voto, no obstante, tal situación solo hace comprensible algunos meses quedando ostensible su mora en la interposición de la demanda.
Finalmente indicó que en materia constitucional es admisible la flexibilización del requisito de inmediatez, no obstante ello opera cuando la naturaleza del derecho que se reclama es de carácter pensional, hipótesis que no se ajusta al presente caso por tratarse del pago de acreencias laborales, particularmente de carácter indemnizatorio.
2. RADIO CADENA NACIONAL S.A.S (RCN), en calidad de tercero vinculado, a través de apoderado, alegó que lo pretendido por el actor era revivir una controversia que ya fue resuelta por el juez ordinario, que no hubo vulneración del derecho fundamental al debido proceso de las partes, y que la demanda no cumplía con el requisito de inmediatez, el cual impone a quien formula el amparo el deber de acudir a la tutela en un término prudente y razonable.
3. Los demás accionados y vinculados guardaron silencio durante el término de traslado concedido.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal es competente para resolver la presente demanda de tutela, al censurarse actuaciones judiciales adoptadas por la Homóloga Laboral de esta Corporación.
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
2. La Sala, a fin de resolver los problemas jurídicos planteados, atenderá la línea jurisprudencial que ha establecido esta Corporación1, i) en lo relacionado con la necesidad de que la acción de tutela se ejerza dentro de un término razonable desde la presunta vulneración del derecho fundamental, y ii) lo equivocado que resulta tomarla como mecanismo para controvertir las actuaciones y decisiones judiciales, pues no puede entenderse como un recurso más de libre escogencia por parte del interesado y en cualquier tiempo, salvo que se trate de actuaciones que carezcan de motivación o fundamento objetivo, contrariando su voluntad para hacer imperar la arbitrariedad y el capricho del funcionario, o resulten manifiestamente ilegales.
Ello se funda en uno de los más preciados principios constitucionales (artículo 228 de la Carta Política), que orientan el desarrollo de la actividad judicial, como lo es la autonomía e independencia de los jueces, el cual igualmente se encuentra ilustrado por la seguridad jurídica.
Lo anterior porque es dentro del desarrollo o al interior de la respectiva actuación que las partes deben ejercer sus actos de postulación encaminados a superar los eventuales vicios de fondo o de estructura que se susciten en la tramitación del respectivo asunto.
Se ha aceptado la procedencia de la tutela para controvertir un trámite o providencia judicial cuando se ha incurrido en una causal de procedibilidad, es decir, si el funcionario judicial genera un perjuicio irremediable emanado de una ostensible arbitrariedad que entra en contradicción con la constitución o la ley, con trascendencia en la vulneración de un derecho fundamental de la persona, previo claro está el cumplimiento de unos requisitos de carácter formal, que determinan la procedencia del amparo, y que son definidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional (CC T-923/04 y T-116/03) en los siguientes términos:
«i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) que ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados; vi) que no se trate de sentencia de tutela.»
Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos.
3. Así, por regla general, la acción de tutela contra decisiones judiciales es improcedente, pues así lo impone la necesidad de preservar el debido proceso, el principio de juez natural y el de seguridad jurídica, sin embargo, excepcionalmente puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el trámite procesal el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en donde la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas causales generales o especiales de procedibilidad (CC. T-332/06), o cuando el mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico resulta ineficaz, evento en el cual procede como dispositivo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.
4. Bajo este panorama, a tono con el marco fáctico expuesto, el presente asunto no se aviene a ninguno de los presupuestos que permitirían un estudio constitucional de los hechos en que sustenta la vulneración a los derechos fundamentales cuyo amparo reclama JAVIER OROZCO RENDÓN.
Como bien lo indicó el delegado de la Procuraduría, una de las características más importantes de la acción de tutela es la inmediatez, pues con ella se busca la protección de los derechos fundamentales en el momento en que estén siendo afectados o amenazados con la conducta del accionado. No de otra forma se explicaría la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario.
La Corte Constitucional en la sentencia T-541 de 2006, hizo alusión a los requisitos generales que se requieren para que la acción de tutela proceda contra decisiones judiciales, entre los cuales y para el caso que aquí interesa precisó el de la inmediatez, señalando al respecto:
«La Corte ha entendido que la tutela contra una decisión judicial debe ser entendida no como un recurso último o final, sino como un remedio urgente para evitar la violación inminente de derechos fundamentales. En esta medida, recae sobre la parte interesada el deber de interponer, con la mayor diligencia, la acción en cuestión, pues si no fuera así la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las partes.
En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica.
En consecuencia, la tensión que existe entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, se ha resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de la tutela, que la misma sea interpuesta, en principio, dentro de un plazo razonable y proporcionado».
Produced by the free evaluation copy of TotalHTMLConverter
En el presente asunto tal requisito no se cumple, pues la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que se censura fue proferida el 5 de marzo de 2019 y la solicitud de protección constitucional se presentó hasta el 11 de diciembre de 2020, es decir, transcurrieron más de un (1) año y diez (10) meses de dictada la providencia, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado toda vez que si se emitió una decisión arbitraria, que atentó contra garantías fundamentales, como se desprende de lo señalado en la demanda, lo natural y lógico habría sido advertir dicha situación y rechazarla en ese mismo momento.
Ahora, si en gracia de discusión se admitiera la tesis del actor en punto a que fue notificado de la misma el 20 de enero de 2020 por haber recibido personalmente ese día copia de la decisión y del salvamento de voto, quedaría igualmente sin justificar un espacio de tiempo diez (10) meses que la Sala no puede ignorar, la naturaleza la exigencia del requisito aludido no obedece a un ánimo de establecer una regla o término de caducidad, sino que se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental (CC. T-246/15).
Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que no existe un motivo válido para la inactividad del actor con posterioridad a haber recibido copia íntegra de la decisión y el salvamento de voto, tampoco se acreditó un estado de indefensión, interdicción o incapacidad física que le impidiera formular directamente la acción de tutela, y tampoco advierte esta Sala la existencia de un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos cuyo amparo se reclaman.
Desde luego que la Sala no desconoce que no existe normatividad legal que señale de manera expresa un término para acudir a la jurisdicción para la protección de los derechos transgredidos, no obstante, ello tampoco quiere señalar que en cualquier tiempo y so pretexto de vulneración a sus garantías fundamentales, se acuda al mecanismo de amparo con el fin de desconocer el carácter legítimo de las providencias judiciales, pues ello generaría no solo inestabilidad jurídica, sino que atentaría indefectiblemente contra la inmutabilidad de la cosa juzgada, máxime cuando desde el mismo momento en que se profirió el fallo censurado, las autoridades judiciales debatieron el asunto que hoy pretende revivir el actor.
No se puede desconocer que la exigencia de acudir a tiempo ante el juez de tutela se concibe como necesaria por disposición expresa del presente constitucional, de lo contrario se atentaría flagrantemente contra la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Así las cosas, dado el desconocimiento del requisito exigido, se negará por improcedente el amparo constitucional reclamado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas No. 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Negar por improcedente el amparo constitucional reclamado.
2. Notificar a las partes de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.
Cúmplase
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Ver entre otras, STP-5074-2018, 17 abr. 2018, rad. 96314, STP1635-2018, 06 feb. 2018, rad. 96794 y STP787-2018, rad. 96314.