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HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado ponente
AP1298-2020
Radicación No. 56711
(Aprobado Acta No. 135)
Bogotá, D.C., primero (01) de julio de dos mil veinte (2020)
ASUNTO:
Procede la Sala a resolver la petición probatoria formulada por la defensa del ciudadano colombiano Manuel Enrique Pedrozo Zambrano, reclamado por el Gobierno de Estados Unidos de América.
ANTECEDENTES:
1. Mediante Nota Verbal No. 14631 del 12 de septiembre de 2019, la representación diplomática en ese país solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Manuel Enrique Pedrozo Zambrano.
2. Con oficio DIAJI No. 24052 del día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió dicha petición al Fiscal General de la Nación, funcionario que con Resolución del 17 de septiembre de 20193, dispuso la captura con fines de extradición de Pedrozo Zambrano, quien fue aprehendido el 19 del mismo mes y año4en la ciudad de Bogotá por miembros de la Policía Nacional.
3. A través de Nota Verbal No. 1893 del 15 de noviembre de 20195, la Embajada del Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de Manuel Enrique Pedrozo Zambrano, nota que con oficio DIAJI No. 3001 del día 18 siguiente6, se envió al Ministerio de Justicia y del Derecho.
4. El 22 de noviembre de 20197, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a la Corte Suprema de Justicia la documentación ofrecida por el Estado requirente, una vez encontró reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad penal aplicable.
5. Recibida la actuación en la Corporación, con auto del 18 de febrero de 2020, se le reconoció personería a la defensora pública asignada al solicitado Pedrozo Zambrano y se dispuso agotar el término para pedir pruebas.
5.1. En uso del traslado, el representante del Ministerio Público manifestó que no se hacía necesario solicitar pruebas.
5.2. A su turno la defensa solicitó oficiar a la Fiscalía General de la Nación a fin de que informe si contra el reclamado se adelanta algún proceso penal por los mismos hechos o cursan otras investigaciones en orden a establecer si en su caso aplica lo preceptuado en el artículo 504 del Código de Procedimiento Penal.
CONSIDERACIONES
I. Cuestión previa:
1. La Corte ha señalado pacíficamente que el concepto que debe dictar al interior del trámite de extradición entre los países de Colombia y Estados Unidos de América se contrae a verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 493, 502 y concordantes del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Al respecto, cabe precisar, que el 14 de septiembre de 1979 la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los firmantes lo ha dado por terminado o denunciado tampoco se ha celebrado un nuevo tratado, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para su finalización.
No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, que lo incorporaron a la normatividad nacional, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone aplicar, para este caso, las exigencias contenidas en la Ley 906 de 2004, vigente para la época de ocurrencia de los hechos.
En razón de lo anterior, las pruebas que pueden solicitarse y practicarse serán las que conduzcan y resulten necesarias para establecer los aspectos a que hacen alusión las disposiciones en cita. A saber: (i) la validez formal de la documentación presentada, (ii) la demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) la incriminación de la conducta en los dos países, (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y (v) la prohibición de doble juzgamiento. (En ese sentido, CSJ CP001-2015 y CSJ CP166-2014, entre otros).
Así las cosas, la Corte solo está habilitada para decretar aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y útiles, únicamente en relación con las exigencias previstas en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y lo previsto en los tratados internacionales, si es del caso.
De manera que aspectos ajenos, exceden la naturaleza, alcances y limitaciones del concepto que debe rendir esta Corporación. Por ende, las pruebas que tengan como propósito la verificación de cuestiones extrañas al mismo, resultan impertinentes.
II. Del caso concreto
Puntualizados los parámetros bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en la fase judicial del trámite de extradición, es claro que la petición de defensa orientada a establecer si el reclamado Manuel Enrique Pedrozo Zambrano se encuentra vinculado a algún proceso penal, resulta procedente.
Lo anterior, por cuanto dentro del trámite de extradición, según se ha decantado en la jurisprudencia8, a la Corte le corresponde examinar para emitir el concepto, si no hay afectación de la garantía de cosa juzgada en relación con la persona solicitada, razón por la cual se debe verificar que no se haya ejercido jurisdicción respecto del hecho que sustenta el pedido de entrega, pues de así establecerse se configura una causal impeditiva de la extradición.
Con ese propósito entonces, y conforme lo requiere la defensa, se exhortará a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional informen si el reclamado Manuel Enrique Pedrozo Zambrano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.158.188, ha sido investigado, juzgado o condenado, en caso afirmativo, se indique la radicación del proceso, los hechos que motivaron la investigación, qué delitos se le imputan y el estado actual de la actuación. De existir decisiones de fondo se allegue copia con su respectiva constancia de ejecutoria.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
1. ORDENAR la práctica de las pruebas relacionadas en el acápite de consideraciones solicitada por la defensa.
Contra esta decisión no procede ningún recurso
Notifíquese y cúmplase.
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
GERSON CHAVERRA CASTRO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
JAIME HUMBERTO MORENO ACERO
FABIO OSPITIA GARZÓN
EYDER PATIÑO CABRERA
HUGO QUINTERO BERNATE
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folio 40, carpeta anexos.
2 Folio 2, carpeta anexos.
3 Folio 9 ídem.
4 Folio 12 ídem.
5 Folio 50 ídem.
6 Folio 44 ídem.
7 Folio 1 cuaderno Corte.
8 CSJ, CP, 19 feb. 2009, rad. 30374; CSJ CP 6 may. 2009, rad. 30373; CSJ, CP, 16 sep. 2009, rad. 31036, entre otros.